En tercer lugar, el respaldo al plebiscito de 2016, donde los territorios de mayor presencia étnica votaron por el SÍ, demuestra el compromiso y la esperanza de estas comunidades en la salida negociada al conflicto. Finalmente, es necesario realizar un balance sobre la implementación del Capítulo Étnico, contrastando avances estructurales (como la representatividad indígena en la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad) frente a los evidentes rezagos en los indicadores étnicos del Acuerdo.

Los Pueblos Étnicos en la Negociación del Acuerdo de Paz

Tras más de medio siglo de conflicto armado, el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP es reconocido globalmente por su carácter integral, al incorporar de forma transversal el enfoque de género y un Capítulo Étnico. Este logro fue resultado de la resistencia histórica, participación e incidencia de las organizaciones de mujeres y Pueblos Étnicos. Desde la instalación de la Mesa de Conversaciones en La Habana en noviembre de 2012, los Pueblos Indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros vieron en el fin de la confrontación una oportunidad para detener las violaciones a sus derechos individuales y colectivos en los territorios; por ello, reclamaron decididamente un espacio en el diálogo para exigir garantías en el proceso y defender la pervivencia física y cultural de sus pueblos. 

Muestra de ello, fue la Carta de los Pueblos Indígenas de Colombia a las FARC-EP enviada el 16 de mayo de 2013 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte Del Cauca (ACIN) al entonces comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, en la que denunciaban el exterminio y los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta guerrilla en sus territorios; exigían el cese al reclutamiento, el minado y la violencia; al tiempo que reafirmaban su autonomía y gobierno propio bajo la consigna: “Cuente con nosotros para la paz. No nos cuente para la guerra”.

El Capítulo Étnico definió como principios rectores la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así como la protección de los derechos sobre las tierras, territorios y recursos.

El Capítulo Étnico definió como principios rectores la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

La alianza interétnica, sumada a múltiples movilizaciones, cartas e incidencia política nacional e internacional, demostró la voluntad de paz de los Pueblos Étnicos. No obstante, su exigencia central radicaba en asegurar que una paz estable y duradera debía garantizar el respeto a sus gobiernos propios, sus derechos territoriales y su integridad cultural. De esta manera, el Capítulo Étnico no estuvo previsto desde el inicio de las negociaciones, sino que fue producto de la lucha, resistencia y persistencia de las organizaciones indígenas y afrocolombianas, que, a través de sus delegados, lograron negociar sus contenidos a pocos minutos de anunciarse el texto final del Acuerdo.

El Capítulo Étnico definió como principios rectores la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así como la protección de los derechos sobre las tierras, territorios y recursos, e incorporó salvaguardas para evitar que la implementación fuera en detrimento de los derechos étnicos ya reconocidos. Este capítulo no constituye un anexo o una declaración dentro del Acuerdo Final, sino un marco interpretativo de obligatorio cumplimiento para las políticas, programas y proyectos derivados de sus seis puntos (Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las drogas ilícitas, Víctimas e Implementación). Sin embargo, en ocasiones, el racismo estructural conduce a que se interprete como una cláusula secundaria o se desconoce su carácter vinculante.

El conflicto armado, las cifras y el SÍ en los territorios étnicos

En Colombia, más de 10 millones de personas figuran en el Registro Único de Víctimas, lo que representa cerca del 20% de la población nacional. Dentro de este universo, el impacto sobre los Pueblos Étnicos es desproporcionado: se registran 718.782 víctimas indígenas que corresponden al 6,91% del total de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el impacto real adquiere una dimensión alarmante al medirlo sobre su propia población: más del 30,22% de los indígenas de Colombia son víctimas del conflicto armado. Se trata, además, de una cifra conservadora, pues el subregistro persiste debido a las barreras de acceso a las instituciones, la ausencia de intérpretes lingüísticos y las presiones armadas en los territorios.

Cerca de un tercio de la población indígena colombiana ha sido víctima del conflicto armado, un indicador crítico que exige respuestas institucionales inmediatas: acciones integrales orientadas a la garantía de derechos, la atención de emergencias humanitarias, la prevención de nuevas violaciones, el acceso a la justicia y la reparación, y la transformación territorial mediante la implementación del Acuerdo de Paz. Esta situación crítica de los Pueblos Indígenas había sido advertida por las organizaciones indígenas y la Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009, al declarar el riesgo de exterminio físico y cultural de 34 Pueblos Indígenas y constatar que los impactos de la guerra han afectado desproporcionadamente sus estructuras organizativas, su autonomía y el ejercicio de su gobierno propio.

Las regiones con población mayoritariamente indígena y afrodescendiente respaldaron masivamente el Acuerdo Final, con la esperanza de transformar siglos de violencia e injusticia histórica.

Las regiones con mayoría indígena y afrodescendiente respaldaron masivamente el Acuerdo Final, con la esperanza de transformar siglos de violencia e injusticia histórica.

Con este contexto, el 2 de octubre de 2016 se realizó el Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz que buscaba la aprobación del texto acordado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. Con una abstención del 62%, el NO se impuso por un estrecho margen (50,21 % frente al 49,78 % del SÍ), lo que impidió la entrada en vigor inmediata del documento y abrió una fase de renegociación de aspectos del Acuerdo con sectores de la oposición. No obstante, los resultados evidenciaron que, en los municipios donde ganó el SÍ, la proporción de población étnica fue 4,5 veces mayor que en aquellos donde triunfó el NO, coincidiendo con los territorios de mayor ruralidad, altos índices de pobreza e históricamente más azotados por el conflicto armado.

Esta votación reflejó la voluntad de paz de los Pueblos Étnicos en Colombia. Salvo contadas excepciones, las regiones con población mayoritariamente indígena y afrodescendiente respaldaron masivamente el Acuerdo Final, con la esperanza de transformar siglos de violencia e injusticia histórica. En última instancia, los resultados del referendo de 2016 dejaron de manifiesto que los territorios que vivieron con mayor rigor los impactos directos de la guerra fueron, precisamente, los más dispuestos a apostar de manera decidida a una salida negociada al conflicto armado. 

La implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

El Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz ha sido decisivo para marcar un camino hacia los ajustes jurídicos, institucionales y de política pública requeridos para la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de su implementación. A diez años de la firma del Acuerdo, el balance es agridulce. Por un lado, la implementación redujo la violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas por las FARC-EP, así como las confrontaciones armadas con la fuerza pública en territorios indígenas. De igual forma, la aprobación de leyes e instrumentos de política pública para dar viabilidad a los seis puntos del Acuerdo permitió la participación de los Pueblos Indígenas y el establecimiento de un marco normativo para la garantía de sus derechos.

Por otro lado, la implementación del Acuerdo Final, en medio de la persistencia del conflicto y la presión de otros actores armados por ocupar los territorios que antes controlaban las FARC-EP, produjo que en varias regiones indígenas la violencia se recrudeciera. Mientras la implementación iniciaba su curso, el avance real en cifras respecto a los indicadores étnicos en los seis puntos del Acuerdo de Paz no ha sido el esperado.

Según la plataforma oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el seguimiento del Acuerdo de Paz, los compromisos con los Pueblos Étnicos registran un avance inferior: al 31 de agosto de 2026, la implementación del Capítulo Étnico (49,2%) se encontraba por debajo del promedio general (58,83%) y de los indicadores de género (53,7%), lo que evidencia la necesidad de acelerar su ejecución. Estas cifras, más que dar cuenta de un fracaso o justificar el abandono del Acuerdo, marcan la urgencia de fortalecer su implementación integral en los territorios étnicos, garantizando la participación efectiva de los pueblos y un enfoque reforzado a diez años de su firma.

El legado: transformación, participación e hitos

Más allá de los avances cuantitativos, el legado fundamental del Capítulo Étnico radica en la transformación estructural de la institucionalidad nacida del Acuerdo de Paz, destacando la vinculación directa de profesionales y líderes indígenas en órganos clave de la justicia transicional y la verdad. La presencia de magistrados e integrantes ancestrales en la Jurisdicción Especial para la Paz —Ana Manuela Ochoa Arias (Kankuamo), Belkis Izquierdo (Arhuaco), Miller Hormiga (Totoró) y Juan José Cantillo Pushaina (Wayuu)—, junto a la comisionada Patricia Tobón Yagarí (Embera) en la Comisión de la Verdad, superó visiones paternalistas y consolidó el reconocimiento de los Pueblos Étnicos como sujetos políticos plenos en el diálogo institucional.

Esta representatividad derivó en hitos operativos decisivos: el Sistema Integral para la Paz adecuó de manera concertada sus metodologías y creó instancias especializadas, como la Comisión Étnica de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre los principales avances destacan la apertura del Macrocaso 09 (crímenes contra pueblos y territorios étnicos), la imposición de sanciones propias restaurativas a exintegrantes del Batallón La Popa en favor de las comunidades Wiwa, Kankuamo y afrocolombianas, y la publicación del capítulo Resistir no es aguantar en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. A pesar de los desafíos, estas transformaciones abren un camino inédito para saldar deudas históricas y avanzar en las adecuaciones necesarias de la institucionalidad estatal para la garantía de derechos indígenas. 

Los Pueblos Indígenas han mantenido un compromiso histórico e inquebrantable con la paz en Colombia. Más allá de sufrir los impactos desproporcionados del conflicto armado, son actores políticos fundamentales en la transformación del país y la construcción de la nación. Por ello, la implementación del Acuerdo de Paz no puede quedar a la deriva: debe fortalecerse mediante medidas concretas que garanticen su ejecución en los territorios indígenas, asegurando su participación activa, la consulta previa y, la plena salvaguarda de sus derechos fundamentales y colectivos.

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Camilo Niño Izquierdo (CNI): La autonomía es uno de los principios y estándares de derecho de los Pueblos Indígenas y comprende varias esferas. Milenariamente, hemos luchado para que las diferencias se reconozcan y sean vinculantes en el Estado colombiano. Hablar de autonomía es hablar de ser indígena desde sus espacios, desde sus territorios. Es ella la que sostiene la pervivencia y la permanencia de los pueblos. Y en ese “sus territorios” está el derecho fundamental que tenemos los Pueblos Indígenas al reconocimiento integral, que hoy no es pleno. El territorio es el derecho de todos los derechos: sin él no podrían materializarse los demás. Es allí donde están los sistemas de conocimiento, donde se ejercen las prácticas espirituales y culturales, donde están la gobernanza, el gobierno propio, la salud y la educación.

LGS: Desde la Constitución de 1991 existe un reconocimiento importante de esa autonomía. Más de 30 años después, ¿cuál es el estado real?

CNI: Colombia tuvo un avance significativo con la Constituyente de 1991. Los Pueblos Indígenas quedamos como un actor principal, y eso se materializó en el reconocimiento de los territorios, la protección constitucional de la figura de resguardos, la creación de las entidades territoriales indígenas, la participación política y la vinculación de estándares internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Colombia consagró derechos en su máxima expresión. Ahora, ¿qué se ha podido avanzar? En materia territorial, ya había habido avances antes del 91, porque el resguardo es anterior a la Constitución. Fue en los años ochenta cuando más territorio se reconoció bajo esa figura. Después se han reconocido más resguardos, pero sobre menos tierra: más resoluciones y menos hectáreas. Entonces se consagraron más derechos, pero en la práctica el territorio titulado sigue sin protegerse del todo.

LGS: Entonces, ¿dónde está la brecha entre el reconocimiento constitucional y el ejercicio real?

CNI: Podríamos hablar de dos grandes desafíos que no se han podido superar: por un lado, la adecuación institucional; por otro, la adecuación normativa necesaria para agilizar los procedimientos. Pero detrás de ambos está la voluntad política. Un ejemplo de la adecuación normativa es la modificación del Decreto 2164 de 1995, que durante 30 años reguló la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos mediante procedimientos que ralentizaban su tramitación. Nos demoramos más de cinco años discutiendo su modificación. El decreto que lo reemplazó, el 1392, se firmó el 22 de diciembre de 2025, pero, para aplicarlo, la Agencia Nacional de Tierras debe expedir sus instructivos internos. Esos instructivos definen, en la práctica, qué se le exige a una comunidad. Estamos en agosto y todavía no hemos podido discutirlos. Además, es allí donde a veces terminan apareciendo requisitos que el decreto no contempla. 

En relación a la adecuación institucional, la Agencia Nacional de Tierras tiene una Dirección de Asuntos Étnicos, pero no una subdirección indígena. Esa Dirección atiende conjuntamente a Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y, además, se encarga de la adquisición de predios. Tal como están diseñados los requisitos, hoy resulta mucho más fácil adquirir un predio a través de la Agencia para un particular que para un Pueblo Indígena. Parece que hubiera una carga adicional cuando se trata de nosotros.

LGS: ¿Puede existir autonomía efectiva sin seguridad jurídica y control real sobre el territorio?

CNS: No es posible hablar de autonomía sin territorio. La seguridad jurídica va más allá de un título. La Agencia Nacional de Tierras otorga el título de un territorio colectivo bajo una resolución que cumplió con todo un procedimiento. Esa resolución queda inscrita ante la Superintendencia de Notariado y Registro, pero eso no quiere decir que haya protección integral. El caso más conocido es el del pueblo Nukak, que tiene un territorio reconocido por el Estado y una resolución que le otorga el derecho, pero no puede ejercerlo porque otros actores están incidiendo sobre él. También, en Putumayo se le reconoció el territorio al pueblo Inga, pero allí no vive ni un inga: fueron desplazados, y dentro de ese territorio están otros. Por eso, insistimos en que los territorios se deben proteger de manera integral.

LGS: Las entidades territoriales indígenas son una de las expresiones más concretas de esa autonomía. ¿Son un punto de llegada o una herramienta dentro de un proceso más amplio?

CNI: Colombia tiene una deuda histórica. La Constitución dejó establecido que se deben crear las entidades territoriales indígenas, y mientras eso sucedía, se incorporó el artículo 56 transitorio para irlas desarrollando. Después de 34 años, todavía no se ha resuelto su puesta en funcionamiento. Hubo avances. El Decreto 1953 de 2014, que nace de una movilización, habilita que los Pueblos Indígenas administremos directamente los recursos del Sistema General de Participaciones y se los quita a los municipios, que antes los recibían y hacían convenios con los resguardos. El año pasado, tras una gran movilización nacional impulsada por los pueblos amazónicos se materializaron ocho entidades territoriales indígenas, además de una en La Guajira. Lo que se busca es que los pueblos ejerzan su autonomía y su gobernanza, y cuenten con financiación directa, bajo la misma vigilancia que cualquier entidad territorial. Para mí es un punto de partida, más que de llegada. Esto estaba enunciado en la Constitución desde hace 34 años: es un desarrollo del bloque de constitucionalidad, no la obra de un gobierno. Los decretos crean las entidades territoriales, pero no dicen cuándo ni cómo entran a funcionar. Ese es el desafío.

LGS: Un mismo territorio puede estar atravesado por competencias distintas, como la superficie, el subsuelo, un área protegida o un título minero. ¿Qué le pasa a la autonomía cuando esas decisiones están fragmentadas?

CNI: El reconocimiento va más allá del título que se otorga, porque muchas veces se reconoce pero no es vinculante. En la práctica, los municipios no reconocen la figura de resguardo, porque para una autoridad local es muy difícil reconocer a otra que está en su mismo nivel. Y una autoridad indígena, además de serlo según la costumbre, tiene que cumplir con el procedimiento ante la alcaldía y quedar inscrita ante el Ministerio del Interior. Sin ese requisito, usted no es autoridad. Además, está el tema de las concesiones minero-energéticas. El ejemplo más claro es Putumayo: concentra las mayores solicitudes de ampliación, constitución y saneamiento de resguardos, de protección territorial ancestral y de restitución de tierras, al mismo tiempo que las mayores solicitudes de exploración y explotación minero-energética. En ese choque suele prevalecer lo que se define como interés nacional.

LGS: ¿Y qué sucede con la figura de parques nacionales naturales?

CNI: Un resguardo no protege el subsuelo; la única figura que lo hace son los parques nacionales naturales. Nosotros parece que viviéramos en dos metros: alcanzamos a mirar un poco y hacia abajo, apenas donde pisamos, pero nada más. Y es ahí, debajo de donde pisamos, donde está lo que el Estado concesiona. Nosotros hablamos de que debe existir una protección integral del espacio aéreo, del espectro electromagnético que usan las comunicaciones y del subsuelo. Por eso, la autonomía es limitada: llega hasta donde el otro me lo permite. En territorios superpuestos con parques, cualquier actividad de los pueblos requiere una certificación de que no afecta la misionalidad del parque. Ahí hay una pérdida de autonomía, aun cuando nos llamemos coadministradores. Algunos hermanos son críticos frente a la figura de parque nacional natural, mientras que otros la ven como una oportunidad, porque ha protegido territorios. Es el caso de Yaigojé Apaporis, donde la Corte Constitucional confirmó el parque y frenó a la minera Cosigo, o de la Sierra Nevada, frente a la represa que se quería construir en Los Besotes. La nación u’wa, en cambio, exige que el parque desaparezca.

LGS: Hay anuncios del nuevo gobierno sobre revertir las entidades territoriales indígenas y, un lenguaje público que las presenta como “territorios federados” o como una amenaza a la unidad del país. ¿Cómo leen ese escenario para la autonomía indígena?

CNI: Hay una gran preocupación. En el derecho existe el principio de progresividad y no regresividad. Hay mucho ruido en los medios y falta pedagogía. Se dice que las entidades territoriales indígenas van a ser otros gobiernos, como si se estuviera creando un Estado dentro del Estado colombiano. En esa desinformación hay actores presionando para que se vea así. La realidad es que reconocerlas y ponerlas en funcionamiento es una obligación del Estado. Está en la Constitución Política, no es algo nuevo. Derogar esa figura en un Estado con 115 Pueblos Indígenas, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, es incumplir la propia Constitución. 

Mientras tanto, el gobierno ya está derogando instrumentos: revocó la resolución que reservaba la microcuenca de La Baja, fuera del páramo de Santurbán, y otras del Ministerio de Trabajo que reconocían derechos laborales. Muchos instrumentos relacionados con los Pueblos Indígenas salieron al final del periodo presidencial anterior, y eso nos alerta sobre la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se reservaron más de un millón y medio de hectáreas frente a la minería y los hidrocarburos. También hubo rumores de que el país se saldría del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se consagra el derecho fundamental a la consulta previa.

LGS: ¿Han sentido alguna apertura del gobierno actual, al menos para sentarse a dialogar?

CNI: Hasta ahora el gobierno no nos ha buscado, apenas están nombrando directores y subdirectores. Pero consultar el Plan Nacional de Desarrollo es una obligación del Estado y, para ello, tenemos que sentarnos. Existe el escenario de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y estamos en disposición de hacerlo. De lo contrario, activaremos otras rutas de exigencia. Siempre hemos buscado el diálogo y la concertación, pero también el ejercicio pleno de la autonomía y la movilización. Todo lo que hemos conseguido ha sido producto de una exigencia histórica. Hemos sobrevivido más de 500 años y hemos comprendido que los gobiernos son temporales, que el Estado es el que continúa. Y conviene tener las cifras claras: hoy son 974 resguardos indígenas, con más de 35 millones de hectáreas. Van a ser cuatro años en los que nos tocará defender lo que logramos. Un gobierno puede derogar un instrumento, pero no puede borrar los años de lucha.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se observó una progresividad en el reconocimiento de derechos étnico-territoriales y de gobernanza ambiental de las comunidades indígenas. Una de sus prioridades fue la protección y garantía de los derechos territoriales, culturales y ambientales de los Pueblos Originarios, con “avances normativos en materia de autonomía territorial, fortalecimiento de los sistemas de conocimiento propio y reconocimiento de las autoridades ambientales”. Además, en los últimos cuatro años se impulsaron las reclamaciones de tierra en resguardos indígenas, a través de reparaciones colectivas, restablecimiento de derechos territoriales étnicos y restitución de tierras. Actualmente, los territorios colectivos legalizados en calidad de resguardos acumulados son un total de 935.

La política del racismo y la estigmatización

Durante la campaña política, el proyecto de extrema derecha se perfiló a través de discursos de discriminación, amenazas y estigmatización. El racismo apareció, de manera oportunista, en los comentarios hacia la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, la mayora indígena y senadora del pueblo Nasa, Aida Quilcué. Abelardo de la Espriella declaró que la lideresa era incapaz de asumir el rol de segunda dignataria del país: “¿Ustedes se quedarían tranquilos si al señor Cepeda le pasa algo y asume su fórmula vicepresidencial? Se las dejó ahí, analícenlo. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con Colombia”.

A ello se le sumaron declaraciones estigmatizantes, con amenazas y posibles restricciones a la legítima protesta y movilizaciones de los Pueblos Indígenas: “Conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad o van a saber también lo duro que muerde el tigre. Yo ese desorden de los indígenas y esa extorsión constante y esa presión no la voy a permitir. Son los dueños del 33% de la tierra en Colombia y siguen exigiendo más, una deuda ancestral que, a juicio de ellos, no hay como pagar. Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.

Estas falsas afirmaciones ya han generado discriminación, odio y racismo entre sus votantes, desconociendo los procesos históricos de restitución de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas sistemáticamente vulnerados y segregados de la política nacional, a pesar de sus aportes al cuidado y restauración de ecosistemas vitales para la pervivencia, no solo de sus gentes, sino de las comunidades humanas y no humanas del país. Ello sin mencionar la instrumentalización y fractura de los procesos organizativos y comunitarios, utilizando el descontento de algunas comunidades por incumplimiento de compromisos del gobierno saliente, y adhiriendo liderazgos indígenas a su campaña con el objetivo de sumar capital político e intentar matizar las amenazas y estigmatización racista.

Propuestas que afectan a las Pueblos Indígenas

Desde su plan de gobierno, el proyecto político de extrema derecha anunció peligrosos retrocesos en la garantía y protección de los derechos colectivos relacionados con la consulta previa, libre e informada. En consecuencia, desconoce la jurisprudencia vigente sobre este derecho y, paralelamente, le da vía libre a los procesos extractivistas que generarían un alto impacto en los ecosistemas bioculturales de todo el país. 

En materia de “Economía”, sus propuestas sugieren que los licenciamientos ambientales y la consulta libre, previa e informada a las comunidades son trabas y cargas para el sector empresarial, por lo que propone licenciamientos express y acelerar las consultas. En cuanto a la “Política Minero-Energética”, expone supuestos tratamientos al sector extractivista a través de prejuicios ideológicos y desvaloriza los esfuerzos por adelantar procesos de transición energética justa y popular, que ya habían avanzado en el actual gobierno en consulta con las comunidades locales.

La falta de mención al pluriculturalismo y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas.

La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional.

En materia rural, en el apartado sobre “El Campo”, el programa de gobierno señala que se ha producido una “falsa reforma agraria” que desconoce los alcances de los procesos de restitución y entrega de tierras a comunidades rurales y, particularmente, resguardos indígenas. Propone, además, “ampliar la frontera agrícola productiva”, seguramente, a través de monocultivos industriales extensivos, lo cual pondría en alto riesgo ecosistemas esenciales para la pervivencia e integridad de los territorios indígenas y sus recursos vitales. 

Finalmente, en la sección sobre cultura se propone “apoyo fiscal a nuevas empresas de acción cultural y a mega eventos culturales y deportivos que atraigan ingresos del exterior”. De este modo, se reduciría la cultura a las lógicas de mercado. La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas. Eventualmente, la ausencia de recursos podría afectar la protección de conocimientos propios, revitalización de lenguas y pervivencia de prácticas ancestrales, que aportan de forma directa a su supervivencia física.

Designaciones que anuncian el huracán

Adicionalmente, los recientes nombramientos en carteras ministeriales claves para la protección de los derechos de las comunidades étnicas, como es el Ministerio del Interior y el de Ambiente, parecen ser el preludio de futuras decisiones ultraderechistas. Estas políticas que significan un giro de 180 grados podrían materializarse de forma temprana a través de una suerte de fast track vía decretos presidenciales durante los primeros 90 a 100 días del nuevo gobierno,  que entrará en vigor a partir del 7 de agosto.

En primer lugar, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, en 2018, como senador fue coautor del Proyecto de Ley Estatutaria 134, que pretendía reglamentar el derecho a la consulta previa. Este proyecto buscaba regular los procedimientos, plazos, competencias de autoridades y sus efectos, así como la coordinación entre el Estado y las comunidades étnicas. En el debate sobre el articulado, se presentaron críticas en cuanto a posibles mecanismos restrictivos para el ejercicio de este derecho, sin además prever consultas amplias a las comunidades directamente afectadas. En consecuencia, Lara Restrepo podría generar una agenda legislativa que busque restringir la consulta previa y otros derechos colectivos.

Por su parte, el ministro designado para la cartera de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, ya había hecho declaraciones sobre la consulta previa como un mecanismo “absolutamente transaccional”. Incluso había llegado a decir que “el tiempo de la consulta previa no puede seguir como un mecanismo extorsivo”, suscitando una grave deslegitimación de este derecho. Desde su perspectiva, las consultas han generado dificultades para el desarrollo de infraestructura. De más está decir que este tipo de declaraciones podría incentivar la estigmatización de las comunidades indígenas por, presuntamente, ir en contra del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que desconoce los proyectos de vida propios y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos para su bienestar. 

Alertas que se encienden hacia el futuro

Probablemente, en los primeros meses de gobierno, la designación de ministros con estos perfiles facilitará la ejecución de políticas que busquen materializar el modelo extractivo a gran escala propuesto en el plan de gobierno. Fue justamente lo que anunció Abelardo de la Espriella en campaña: “¡En el gobierno del tigre vamos a explotar el subsuelo a lo que da!”. Esta postura no solo desconoce, sino que también amenaza modelos alternativos de bienestar que se han ido consolidando por la gobernanza territorial en las comunidades étnicas, a través de apuestas propias para el sostenimiento mismo de la vida.

Finalmente, quisiera alertar, como advirtió la oposición liderada por Iván Cepeda, sobre posibles represiones y criminalización a la protesta social en el gobierno entrante. Esto podría traducirse en la limitación de las diversas expresiones de la movilización indígena y popular. La historia colombiana cuenta con procesos emblemáticos de Minga indígena que han jalonado la movilización civil en las carreteras y calles del país con el objetivo de exigir respeto y garantía de los derechos colectivos étnico-territoriales y de autodeterminación de los pueblos, esenciales para la construcción de paz desde una perspectiva territorial en Colombia.

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Laura Galvis (LG): Cuando hablamos de conflicto y paz, solemos hacerlo desde categorías estatales o jurídicas. ¿Qué principios indígenas considera fundamentales para comprender las raíces profundas de la violencia contra los Pueblos Indígenas?

Leonor Zalabata Torres (LZT): Para hablar del conflicto, es necesario partir del pensamiento y de las formas de vida que existen en el mundo. Los Pueblos Indígenas somos culturas de paz. Nuestra forma de vivir pacífica se ve interrumpida cuando factores externos transforman negativamente nuestra manera de estar en el mundo. El conflicto no tiene que ver con una supuesta vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas, sino con factores externos que vulneran nuestra forma de pensar y de vivir. Nuestra forma de vida se ha desarrollado a lo largo del tiempo y sigue siendo válida hoy. Los Pueblos Indígenas poseemos tradiciones antiguas que no están detenidas en el pasado; por el contrario, son profundamente contemporáneas en la evolución de la humanidad. Hemos aprendido otras lenguas, hemos sabido adaptarnos sin abandonar lo que somos. Esa capacidad de adaptación no implica renunciar a nuestros principios, sino dialogar con el mundo sin perder el equilibrio.

En Colombia existen más de sesenta lenguas indígenas y, paradójicamente, los Pueblos Indígenas somos la población más bilingüe del país. Muchos hemos aprendido el castellano como lengua nacional, sin dejar de hablar, cuando no nos fue arrebatada, nuestra lengua materna. Esa condición no es una pérdida automática de identidad, también es una forma de continuidad cultural. El castellano se ha convertido en un vehículo a través del cual el pensamiento indígena continúa transmitiéndose a la sociedad colombiana. Aun cuando algunas lenguas se han debilitado, el espíritu de las culturas indígenas continúa circulando, adaptándose y dialogando, sin desaparecer.

El problema surge cuando esos equilibrios se trastocan, a veces incluso sin mala intención. Cuando se interviene sin conocer ni entender lo que significa una cultura, se interrumpen procesos de desarrollo humano que ya existían. Ahí es donde se generan conflictos profundos. El despojo territorial es una de las expresiones más claras de esa ruptura: al separar a los pueblos de sus territorios, se rompe también una relación histórica con la vida.

Nuestros conocimientos no son abstractos ni meramente simbólicos. Somos pueblos con un conocimiento profundo del territorio, de las plantas, del clima, de las energías que sostienen la vida. Esas prácticas han sido efectivas durante siglos, mucho antes de la conquista, aunque no siempre las explicamos en los lenguajes dominantes. Que no se comprendan desde afuera no significa que no funcionen; significa que responden a otra racionalidad.

LG: ¿Cómo comprenden los Pueblos Indígenas la concepción de paz?

LZT: Para nosotros, la paz no es algo que se decreta. Tiene que ver con la estabilidad de la vida, con nuestras costumbres, con la forma en que nos relacionamos con el territorio, con los otros y con el mundo. Valores como el agua, el aire y la tierra no son bienes individuales, son bases comunes de la vida colectiva. Cuando esos valores se subordinan a una idea de desarrollo que mide todo en términos de producción o rentabilidad, se rompe el equilibrio. Por eso, cualquier reconocimiento que no entienda a las paz como relación profunda con la vida queda incompleto. Es como intentar reconocer un espíritu sin cuerpo: se nombra, pero no se sostiene. Sin territorio, sin lengua y sin prácticas vivas, la paz se vuelve una idea vacía, desconectada de la experiencia real de los pueblos.

LG: En Colombia, el conflicto armado suele narrarse como un fenómeno de seis décadas. ¿Qué cambia cuando el conflicto se piensa desde una temporalidad indígena, donde la guerra no comienza con los actores armados, sino con rupturas más antiguas?

LZT: Cuando el conflicto se piensa desde una temporalidad indígena, el punto de partida cambia radicalmente. No estamos hablando de 60 años, sino de siglos: un tiempo en el que no se nos permitió continuar nuestro propio desarrollo, y se nos obligó a defendernos permanentemente para existir. La identidad indígena va por dentro. Tiene que ver con los conocimientos, las prácticas y una relación profunda con la naturaleza, el territorio y el cosmos. Esa identidad se ha mantenido, pese a la imposición de un mismo sistema de pensamiento, al abandono forzado de nuestras lenguas y costumbres y a la negación de nuestros sistemas de conocimiento. 

En lugar de permitir que cada cultura se desarrollará desde su propio pensamiento, se impuso una sola idea de desarrollo y de evolución económica. Esto generó una profunda interrupción de nuestras formas de vida y nos redujo, durante siglos, a la defensa permanente del derecho a ser. El derecho a tener vino después, cuando lo tangible empezó a reconocerse. Desde un punto de vista esencial, el desarrollo humano debió basarse en el reconocimiento de que somos hermanos diferentes. La falta de ese reconocimiento sigue alimentando un conflicto que no es solo histórico, sino también estructural y global.

LG: A lo largo de su trayectoria, ha insistido en que el reconocimiento constitucional de Colombia como un país pluriétnico, multicultural y de pluralismo jurídico abrió el camino para una participación indígena más amplia. ¿Cómo evalúa el impacto de ese reconocimiento, tanto en la vida nacional como en los espacios multilaterales?

LZT: Desde nuestra experiencia como Pueblos Indígenas, el reconocimiento constitucional de Colombia en 1991 no fue sólo un cambio jurídico interno. Marcó un punto de inflexión. Durante muchos años se habló de la “integración a la vida nacional” como si implicara dejar de ser lo que éramos. Con la Constitución de 1991 se entendió que no se trataba de integrarnos subordinándonos, sino de reconocer la diversidad cultural y el pluralismo jurídico como principios que el Estado debe proteger. Ese reconocimiento también abrió la proyección internacional. Nos permitió a los Pueblos Indígenas colombianos relacionarnos con otros pueblos del mundo sin renunciar a nuestros gobiernos propios ni a nuestras formas de pensamiento. En ese sentido, el mundo se volvió más pequeño y empezamos a reconocernos en luchas comunes con Pueblos Indígenas de otras regiones. 

LG: Desde esa experiencia, ¿qué papel desempeñan hoy los marcos y mecanismos internacionales, en particular el Sistema de Naciones Unidas, en la protección de los Pueblos Indígenas y en la construcción de una paz de alcance global?

LZT: El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han sido fundamentales para ampliar derechos. Estos espacios adquieren valor en la medida en que contribuyen de manera real a la paz y al respeto de los Pueblos Indígenas. Han ayudado a visibilizar y a enfrentar un conflicto político profundo, relacionado con el territorio, el desarrollo y el reconocimiento de los Pueblos Indígenas, que durante décadas fue tratado únicamente como un problema de gobernanza interna. En contextos como el colombiano, ese conflicto político terminó derivando en un conflicto armado. 

Durante mucho tiempo, los derechos humanos se pensaron casi exclusivamente desde una lógica individual. Para los Pueblos Indígenas, esa mirada es incompleta. Nuestros derechos también son colectivos y ambientales porque el agua, el aire, la tierra y la estabilidad del territorio no pertenecen a una sola persona, sostienen la vida de todos. Los mecanismos internacionales han contribuido a que esta visión empiece a ser reconocida y discutida en escenarios globales.

Nuestra participación empieza a ser permanente, tanto en la vida nacional como en la internacional, porque también hemos comprendido que esa presencia constante es necesaria. Sin embargo, la humanidad todavía no asume plenamente que los derechos colectivos y ambientales, y las prácticas que los sostienen, deberían entenderse como principios para una paz de alcance global. Los Pueblos Indígenas nunca hemos dejado de pensar en la paz. Una paz que no es sólo nuestra, sino también la de los países y las regiones del mundo. Estamos en todas partes y, a lo largo del tiempo, hemos sostenido prácticas que permiten vivir de otra manera y convivir en equilibrio. Esas prácticas no pertenecen solamente al pasado: son aprendizajes que la humanidad necesita recuperar si quiere construir una paz duradera.

LG: Actualmente, los territorios indígenas están en el centro de las transiciones energéticas, de la disputa por los minerales y de la crisis climática. ¿Qué conflictos están emergiendo de esas presiones globales?

LZT: Cuando hoy se habla de transición energética, crisis climática o minerales estratégicos, pareciera que nos encontráramos ante algo completamente nuevo. Pero para mí no lo es tanto. En muchos sentidos, se trata de la misma historia, pero con otro mecanismo. Antes eran otros recursos, ahora son los llamados minerales críticos o las energías limpias. Cambian los nombres, cambia el discurso, pero los territorios que se ponen en el centro siguen siendo los mismos. Y, con ello, reaparecen los conflictos por la tierra, por los límites territoriales y por el control de los espacios donde vivimos.

A esto se suma la crisis climática, que algunos todavía niegan porque la ven como un costo económico. Pero sus impactos ya están ahí. El deshielo de los nevados, por ejemplo, no es una discusión teórica: afecta directamente las fuentes de agua, los ciclos de la naturaleza y la vida de comunidades enteras. Se reconoce que la crisis existe, pero no se sabe cómo evitarla, repararla ni adaptarse realmente. Y en ese vacío vuelven a imponerse decisiones que no parten del cuidado de la vida, sino del poder y del capital. Ahí es donde los Pueblos Indígenas volvemos a quedar expuestos, aun cuando históricamente hemos protegido esos territorios.

Todavía persiste la idea de que quienes deben aprender son los Pueblos Indígenas, como si otros sectores de la sociedad ya tuvieran todas las respuestas. Sin embargo, los valores de los que he venido hablando, el cuidado del aire, del agua, de los nacimientos de los ríos, no pertenecen a una cultura en particular. Sostienen la vida colectiva. Si se cuidan, benefician a todos. El aire puro no es sólo para quien lo protege: circula libremente en el tiempo y en el espacio. Estas son prácticas que los Pueblos Indígenas hemos sostenido a lo largo del tiempo, no para controlar la naturaleza, sino para mantener los equilibrios que permiten la vida.

Yo veo algunos avances, por ejemplo, en espacios como las conferencias climáticas, donde se ha ampliado la participación de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas y se discuten acuerdos y marcos jurídicos. Eso es importante. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: una idea de desarrollo que justifica casi todo, incluso la violencia, con tal de avanzar económicamente. Mientras no se cuestione esa lógica, estos conflictos seguirán apareciendo, aunque les pongamos nombres nuevos.

LG: En su reflexión, la paz no parece depender sólo de mecanismos formales de resolución de conflictos, sino también de una relación más profunda con la vida. ¿Qué lugar ocupan ahí la conciencia y la cosmovisión indígena?

LZT: Muchas veces se piensa que todo se resuelve con mecanismos, normas o expertos, y eso es importante, pero no es suficiente. Hay prácticas que se difunden porque responden a intereses concretos y otras que existen simplemente porque son una forma de vida. Tener conciencia no es sólo informarse y conocer reglas. También es ir un poco más allá. Tener identidad implica ir más allá. En el caso de los Pueblos Indígenas, ese más allá está en la naturaleza y en el cosmos. Los referentes humanos, la ciencia, la filosofía y el derecho son importantes y aportan claridad, pero no siempre logran sostener ese equilibrio profundo que necesita la persona y la humanidad. Son asuntos que no siempre encajan en categorías claras, pero que vale la pena seguir pensando y conversando. Por eso es importante que estos diálogos existan.

LG: En distintos espacios se habla de una transformación del liderazgo indígena, especialmente, con la mayor visibilidad de las mujeres y las juventudes. ¿Qué cambios está viendo en la relación entre poder, territorio y participación en los Pueblos Indígenas?

LZT: Para mí, este tema no se puede entender separando a las mujeres de los hombres ni a los jóvenes de los mayores. En nuestras culturas, el equilibrio siempre ha estado en la complementariedad. Mujeres, hombres, jóvenes, niños y personas mayores cumplimos funciones distintas, pero necesarias entre sí. No es una división por categorías, sino una relación viva. La participación de las mujeres indígenas ha crecido, es cierto, y también su visibilidad política. Pero no porque estemos separándonos del movimiento indígena, sino porque ese complemento se ha fortalecido. Muchas hemos podido participar porque contamos con el apoyo de nuestros hombres indígenas y porque existe una historia colectiva de trabajo por la defensa de la cultura, el territorio y la identidad.

En ese proceso, la juventud indígena desempeña un papel fundamental. Tiene la fuerza, la energía y la capacidad de dinamizar los pueblos: puede fortalecer el camino o desviarlo. Hoy los jóvenes estudian, asisten a universidades, aprenden otras lenguas y adquieren otros conocimientos, pero eso no significa que la visión indígena se haya cerrado. Al contrario, ha sido una visión abierta que dialoga con otros saberes sin renunciar a lo propio.

Por eso digo que no estoy aquí sólo por ser mujer, ni siquiera por ser indígena. Estoy aquí porque ha habido un desarrollo político colectivo, una construcción compartida de pensamiento y acción. Lo que realmente importa es tener una visión indígena, una filosofía viva, no solo una representación externa. Ese es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos hoy.

LG: Colombia entrará a formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir  del 1° de enero de 2026 y usted asumirá esa representación. ¿Qué significado tiene este momento, no sólo para el país, sino también para los Pueblos Indígenas del mundo?

LZT: La llegada de Colombia al Consejo de Seguridad no es una decisión improvisada ni el resultado de una sola coyuntura: es un proceso que se viene construyendo desde hace muchos años. Que hoy esa representación pueda ser asumida por una mujer indígena tiene un sentido político profundo, no como logro personal ni como gesto simbólico, sino como una forma de visibilizar a los Pueblos Indígenas en uno de los espacios más importantes de la toma de decisiones globales. Es reconocer que tenemos una experiencia real en la construcción de paz, una experiencia que no nace únicamente de los acuerdos, sino de una forma de vida que, históricamente, ha buscado resolver los conflictos sin destruir la vida.

Colombia ha sido un país resiliente en materia de paz. A pesar de la violencia y los conflictos armados, ha insistido en el diálogo como camino. Llevar esa experiencia al Consejo de Seguridad implica una gran responsabilidad, pero también deja una herencia importante: que los Pueblos Indígenas del mundo sean vistos y escuchados, y que se reconozca que sus prácticas y visiones pueden contribuir a la construcción de una paz de alcance global. Ese es, para mí, el sentido más profundo de este momento.

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En medio del caos, varias viviendas de líderes políticos, incluida la del Primer Ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, fueron incendiadas y tanto él como su Ministro del Interior renunciaron. A su vez, varios parlamentarios estuvieron desaparecidos durante días. Sitios icónicos, como el edificio del Parlamento y la Corte Suprema, también fueron incendiados. Aunque un gobierno interino, formado tras negociaciones con el Movimiento de la Generación Z, está restableciendo los servicios, el Poder Judicial sigue paralizado: miles de documentos se destruyeron, entre ellos, acciones de amparo presentadas por comunidades indígenas. 

Uno de estos amparos apunta a frenar un proyecto de teleférico en una montaña sagrada que el pueblo Limbu ha identificado históricamente como Mukkumlung, renombrada hace un siglo como Pathibhara, en alusión a una diosa hindú. En las últimas décadas, Pathibhara se ha vuelto muy concurrida por peregrinos hindúes. Mukkumlung forma parte del territorio ancestral limbu y, geopolíticamente, es muy delicado al ser limítrofe con Tíbet (China) y Sikkim (India). También es geológicamente frágil, ya que forma parte del Himalaya, una de las zonas ecológicas más biodiversas del planeta. Para preservarlo, en 1997, el gobierno de Nepal declaró esta zona como Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga.

El embate del desarrollo contra los sitios sagrados

“No creo que debamos entregar nuestras tierras sagradas en nombre del desarrollo. Ni siquiera estamos dispuestos a entregar nuestro bosque comunitario, mucho menos nuestros templos, santuarios y espacios sagrados”, dice Sarita Ghale, de la comunidad Khasur, al norte de Nepal. El cortometraje Que tengas una vida tan larga como la del río explora la tensión entre la sabiduría ancestral, la agencia de los guardianes invisibles de la tierra y la fuerza implacable del “progreso” que impulsa la economía hidroeléctrica. El título en lengua gurung es una bendición de las personas mayores hacia los jóvenes: “Que vivas tanto como el árbol simal, que seas tan fuerte como las rocas del río Marsyangdi”.

Este cortometraje forma parte del proyecto documental gemelo “¿Derechos humanos más allá de lo humano?”, producido en el marco del proyecto de investigación RIVERS (2019-2026). RIVERS examina la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y el rol del derecho, a través del trabajo de campo en Nepal, Colombia, Guatemala y las Naciones Unidas. Su contraparte colombiana, Jueza entre mundos, sigue el recorrido espiritual y jurídico de la jueza indígena Belkis Izquierdo. Este retrato íntimo de Aty Seikuinduwa (“madre más allá de la oscuridad”) muestra cómo la autoridad lleva la tierra viva, los múltiples sistemas de vida y las prácticas espirituales indígenas a la sala judicial.

Tanto el gobierno nepalí (que avala el proyecto) como la empresa privada no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada.

Tanto el gobierno nepalí como la empresa no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada.

Estos films desafían los marcos jurídicos dominantes al situar en primer plano voces más-que-humanas y la jurisprudencia indígena: ofrecen una reflexión poderosa sobre el pluralismo jurídico, la espiritualidad y la resistencia al extractivismo. En sintonía con estos documentales, el proyecto del teleférico ejemplifica el último embate del “desarrollo” sobre la tierra sagrada. Registrado por la empresa Pathibhara Devi Darshan Private Limited, de un multimillonario nepalí, conectaría la base de la montaña con su cima, sobrevolando el sendero de peregrinación y afectando los bosques montanos. 

Con una inversión estimada de 21.000.000 de dólares, la empresa afirma que el teleférico facilitaría el camino de la peregrinación, impulsaría el turismo y generaría empleo, lo cual traería desarrollo al distrito de Taplejung. Sin embargo, tanto el gobierno nepalí (que avala el proyecto) como la empresa privada no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada. En efecto, ya se planifican resorts, cafeterías, hoteles y una pista de patinaje en la cima del sitio sagrado.

Violencia burocrática y legal

Como parte del proceso de paz posterior al fin de la “Guerra del Pueblo” que concluyó en 2006, Nepal ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y respaldó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. Estos instrumentos reconocen a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos colectivos (a la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales) y establecen el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sobre decisiones que los afecten.

Inicialmente, Nepal fue celebrado como un líder regional en la protección de los derechos indígenas: fue el primer país asiático en ratificar el Convenio 169 y, en su Constitución de 2015, reconoció explícitamente los derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez,  los artículos 26 y 34 protegen los derechos de las comunidades a preservar sus sitios religiosos y sus prácticas culturales. También, ratificó la Convención del Patrimonio Mundial de 1978 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2010.

Los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen sistemáticamente la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Casi 20 años después, el liderazgo de Nepal ha demostrado ser un falso amanecer. Un informe reciente, “Hanging by a Thread: Indigenous Peoples’ Rights in Renewable Energy Transition”, publicado por Accountability Council y la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal, documenta cómo los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen sistemáticamente la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Al aprobar el proyecto del teleférico, el gobierno de Nepal también ha autorizado la tala de miles de árboles, la destrucción del hábitat de especies animales amenazadas y, en consecuencia, la eliminación de la misma razón por la que se creó el Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga. Más recientemente, se ha enviado a la policía armada para reprimir las protestas, lo que incluyó el uso de gases lacrimógenos dentro de las casas en plena noche, la destrucción de cámaras de vigilancia, la detención y agresión física a habitantes y la apertura de fuego contra quienes protestaban, hiriendo a varias personas. A su vez, se iniciaron causas judiciales contra los manifestantes por “generar disturbios”.

¿Podría la Corte de Nepal establecer un referente jurídico en el sur de Asia?

Nepal está impulsando reformas muy necesarias en múltiples frentes. En medio de violencia ejercida por el propio Estado, el futuro legal de Mukkumlung descansa en manos de la Corte Suprema de Nepal que, literalmente, está renaciendo de sus cenizas. ¿Podría este alto tribunal transformar el liderazgo “de papel” de Nepal en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en una verdadera jurisprudencia progresista que permita que la montaña sagrada limbu gane su batalla legal?

La innovadora jurisprudencia indígena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia podría ofrecer nuevas vías legales para los casos nepalíes sobre daños a tierras indígenas vinculados a proyectos de desarrollo y de transición verde. Desde que su Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural, Colombia ha construido un sólido cuerpo de jurisprudencia multicultural. Sin embargo, recién en 2014 el Poder Judicial nombró a su primera magistrada auxiliar indígena, Belkis Izquierdo Torres, lo que constituyó un hito histórico. Cuatro años más tarde, la magistrada se convirtió en una de las 31 juezas del Tribunal de Paz, junto a otras tres juezas indígenas. 

“Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un ser sintiente, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido, ha sido dañado y está aún dolorido”.

“Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido y está aún dolorido”.

Creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la JEP investiga y juzga casos vinculados al conflicto armado, que afectó de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes. Fueron estas comunidades las que lograron incluir el Capítulo Étnico (añadido tardíamente) que garantiza el reconocimiento de sus derechos y territorios en el proceso de justicia transicional. En coherencia con su mandato centrado en las víctimas, este tribunal ha elaborado una metodología participativa de investigación territorial.

Como explica Belkis Izquierdo en el cortometraje: “Es necesario salirse [los jueces] un poco del cuadro de la oficina para sentir el Territorio, oler el Territorio. Nuestro conocimiento indígena no sólo viene de la razón humana, viene de los Territorios, porque el conocimiento está territorializado”. La idea de que la tierra misma pueda ser portadora de saber jurídico contrasta fuertemente con la jurisprudencia nepalí sobre derechos indígenas. La jueza añade: “Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un ser sintiente, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido, ha sido dañado y está aún dolorido. Y que es necesario que tenga una voz en el proceso judicial para que se reconozcan los daños, para que se repare”.

Una lucha para transformar el carácter del Estado

La jurisprudencia indígena colombiana marca un hito jurídico: no sólo reconoce que los seres humanos pueden sufrir daño, sino también los sitios sagrados, los seres espirituales y sus interrelaciones. Los territorios indígenas en Colombia son titulares de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esto es una novedad dado que antes estos derechos eran reservados únicamente para los individuos y los grupos afectados por el conflicto.

En la misma línea, la Corte Suprema de Nepal podría realizar una visita in situ o una misión de constatación de hechos a Mukkumlung. En la última década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios tribunales superiores latinoamericanos han realizado visitas a comunidades indígenas y afrodescendientes para recabar evidencia y escuchar a todas las partes involucradas. La primera visita in situ de la Corte Interamericana se realizó en 2012, en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador: los jueces viajaron en avión y canoa para realizar audiencias en la comunidad amazónica. Desde entonces, el tribunal ha realizado 15 visitas in situ, seis de ellas a comunidades indígenas.

Aunque las comunidades indígenas de Nepal permanecen escépticas respecto del sistema judicial (al que perciben como estructuralmente sesgado contra los casos indígenas), pocas alternativas quedan más allá de recurrir a los tribunales nacionales. Durante una audiencia en la Corte Suprema en 2025 sobre el proyecto del teleférico, un abogado de la empresa desestimó las reivindicaciones indígenas: “Es como escuchar ficción y poesía. Su argumento pertenece a la edad de piedra”. La ironía es cuán arcaicos resultan esos comentarios racistas en comparación con prácticas jurídicas innovadoras, como las de Colombia, donde la pluralidad de sistemas de conocimiento se integra en litigios ambientales e indígenas.

Como reflexionó Shree Linkhim, uno de los jóvenes líderes indígenas del movimiento #NoCableCar: “El movimiento indígena va mucho más allá de frenar teleféricos e hidroeléctricas. En el fondo, la lucha tiene que ver con transformar el carácter del Estado nepalí”. Si los movimientos indígenas se comprenden como una resistencia permanente, el histórico fallo colombiano de Belkis representa un momento monumental al que Nepal podría aspirar. Que alguna vez lo alcance dependerá de cómo evolucionen el carácter y las prácticas del Estado y del Poder Judicial a la luz del levantamiento del Movimiento de la Generación Z y de las elecciones de 2026, que prometen reconfigurar el panorama político del país.

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Estos mensajes, publicados en mayo de 2022 por la agencia de noticias N-TV, fueron llamativos porque salieron a la luz poco antes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en Alemania.  Tras años de esfuerzos de la sociedad civil, en 2021, Alemania había decidido ratificar el Convenio 169 que protege los derechos indígenas. La ratificación tenía como objetivo expresar la solidaridad de la República Federal de Alemania con los Pueblos Indígenas a nivel mundial y, se esperaba que la potencia europea respetara, protegiera y cumpliera sus derechos en su política económica internacional. 

Sin embargo, la creciente demanda de carbón colombiano por Alemania dio un nuevo impulso a El Cerrejón, la mina de carbón más grande de América Latina, que en 2021 había anunciado un cierre gradual por la baja demanda del mineral. Desde ya que la reactivación de la mina ha tenido graves consecuencias para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que viven en la zona.

El Cerrejón y el pueblo Wayúu

El Cerrejón está ubicada en el departamento de La Guajira, en la región caribe de Colombia, en territorio ancestral wayúu. Este Pueblo Indígena es el más numeroso de Colombia: cuenta con más de 300.000 personas en La Guajira y también habita en el estado venezolano de Zulia, al otro lado de la frontera. El complejo minero fue establecido en 1976 tras la firma de un Acuerdo de Asociación entre el Estado colombiano, a través de Carbocol, y la International Colombia Resources Corporation (Intercor), una compañía subsidiaria de Exxon. 

De este modo, la extracción de carbón comenzó en 1983. Durante varias décadas, dos transnacionales mineras, Anglo American y BHP Billiton, se repartieron equitativamente la participación accionaria en la empresa. Finalmente, entre 2000 y 2002, el Estado colombiano vendió su participación a través de Carbocol y, en la actualidad, la empresa Carbones del Cerrejón, encargada de operar la mina, es propiedad de la transnacional suiza Glencore.

En una de las regiones más secas de América del Sur tropical, desaparecieron varios ríos, que son las principales fuentes de agua. Las emisiones de polvo fino de la minería y el alto contenido de mercurio afectan la salud de los habitantes.

La compañía desvió el arroyo Bruno a un nuevo cauce para explotar el carbón que hay debajo.

Desde su inicio, las comunidades locales en la esfera de influencia de El Cerrejón han sufrido severos impactos ambientales, sociales y culturales a causa de la mina. Aproximadamente 35 comunidades indígenas y afrodescendientes fueron reubicadas de sus territorios históricos. Las actividades de la mina contaminaron el suelo, el aire y el agua. En una de las regiones más secas de América del Sur tropical, desaparecieron varios ríos, que son las principales fuentes de agua. Las emisiones de polvo fino de la minería y el alto contenido de mercurio afectan la salud de los habitantes: casi todos los wayúu sufren enfermedades respiratorias y erupciones en la piel. 

Desde 2013, la empresa Cerrejón se propuso desarrollar un nuevo tajo minero de nombre “La Puente”, para expandir la extracción de carbón. Con este propósito había sido necesario el desvío del arroyo Bruno: un afluente relevante del único río importante de esta región árida, el río Ranchería, que fluye a través de la coregión de concesión minera del Cerrejón. La compañía desvió el arroyo Bruno al norte de su cauce natural, para explotar el carbón que hay debajo. Ante esta situación de escalada, varias comunidades locales, tanto wayúu como afrodescendientes, denunciaron que no habían sido consultadas.

El conflicto por el Arroyo Bruno

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia reconoció que la empresa Carbones del Cerrejón y las instituciones del Estado amenazaron los derechos al agua, la soberanía alimentaria y la salud del pueblo Wayúu, al haber autorizado y realizado la desviación del cauce natural del arroyo Bruno para ampliar la mina. Así, la Corte suspendió la ampliación de la zona de explotación de carbón realizada sin consulta por el complejo El Cerrejón. Todo el proceso legal estuvo acompañado de amenazas, que recibieron los demandantes.

La sentencia SU 698/17 fue considerada como un éxito jurídico para los demandantes en la Corte Constitucional, la cual justificó su decisión con los efectos sobre el clima y la salud de los habitantes de la zona, así como con sus derechos culturales protegidos en el marco constitucional de Colombia. También consideraba la relevancia espiritual del río. Para los wayúu, los ríos no sólo son fuentes de vida, sino entidades sagradas. Como lo explicaba la abogada Mateus Parra: “Una de las deidades supremas de los wayúu vive en los ríos. Cuando el río se va, esta diosa ya no puede ser invocada”. 

Las empresas utilizaron un mecanismo de derecho público internacional, que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado anfitrión.

Las empresas utilizaron un mecanismo de derecho público internacional, que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado anfitrión.

En su sentencia, la Corte pidió a la empresa, a las autoridades y a los afectados que busquen juntos una solución sobre los aspectos más controvertidos. En lugar de acatar la decisión, Anglo American y Glencore emprendieron acciones legales contra Colombia a nivel internacional. Las empresas utilizaron un mecanismo de derecho público internacional, que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado anfitrión. La base de tal reclamo es que el Estado ha alterado las condiciones bajo las cuales se realizó la inversión, menoscabando sus expectativas legítimas de ganancia. Las empresas consideraron que la decisión de la Corte constituía una medida equivalente a una expropiación indirecta sin indemnización, a pesar de que se basó en normas constitucionales nacionales, principalmente para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.

El uso de mecanismos de arbitraje internacional (ISDS) muestra cómo la defensa de los derechos indígenas choca con el régimen global de protección de inversiones, que concede recursos legales asimétricos a favor de las empresas frente a los Estados. En su demanda al arbitraje de diferencias entre el Estado y el inversor, Glencore y Anglo American calificaron la sentencia SU-698/17 como “discriminatoria e irrazonable”, utilizando tratados bilaterales para proteger sus intereses económicos sobre los derechos humanos. 

El incumplimiento del espíritu de la sentencia de la Corte

En abril de 2022 salió a la luz un informe elaborado por la Mesa Técnica Interinstitucional, presidida por el Ministerio de Ambiente, que concluye que el Arroyo Bruno permanecerá desviado en el canal artificial. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo explicaba: “La Mesa espera dar por satisfecho el ‘propósito de la sentencia de la corte’. A su vez, advierten que las recomendaciones en ‘el tema cosmogónico, espiritual y cultural de la etnia wayuu’ ya fueron incluidas en el estudio con los aportes de la comunidad de La Horqueta. A cambio de la destrucción definitiva del ecosistema natural del arroyo Bruno, la empresa ofrece como medidas de ‘compensación’ construir un sitio para rituales y ampliar viveros”. 

Este resultado fue interpretado por las organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo como un incumplimiento del espíritu de la sentencia de la Corte y una anticipación de los arbitrajes internacionales iniciados por Glencore y Anglo American contra el Estado colombiano. Sin embargo, los procedimientos de arbitraje internacional iniciados por las compañías contra la decisión del Tribunal Constitucional fueron archivados en 2023. Esto ocurrió en el contexto de las negociaciones con Gustavo Petro sobre el futuro de la mina, como parte de una “transición energética” planificada por el nuevo gobierno.

Un informe de Censat Agua Viva estima que El Cerrejón consume cerca de 30.000.000 de litros de agua al día, el 40% del agua disponible en la zona, mientras miles de familias carecen de acceso a agua potable.

El Cerrejón consume cerca de 30.000.000 de litros de agua al día, el 40% del agua disponible en la zona, mientras miles de familias carecen de acceso a agua potable.

De este modo, avalada por decisiones administrativas, la empresa suiza Glencore siguió desviando el cauce del arroyo. El apoyo institucional ha sido interpretado por las organizaciones de derechos humanos como una “captura del Estado”: el lobby de los ejecutivos de El Cerrejón habría influido en las entidades para torcer el resultado de la Mesa de Trabajo Interinstitucional (creada por orden de la misma Corte) y lograr que esta avalara el desvío del arroyo. Así, se ignoró la oposición de las comunidades.

Un informe de Censat Agua Viva estima que El Cerrejón consume cerca de 30.000.000 de litros de agua al día, el 40% del agua disponible en la zona, mientras miles de familias carecen de acceso a agua potable. La deprivación hídrica ha sido tan severa que en 2023 el presidente Gustavo Petro acusó públicamente a la empresa de ser corresponsable de la muerte de “miles de niños wayúu” por hambre y sed. Aunque sus palabras fueron objeto de debate político, ilustran la magnitud de la crisis humanitaria percibida a nivel nacional. Sumado a esto, ni El Cerrejón ni la Mesa Interinstitucional consideraron la conexión espiritual de los wayúu con los ríos.

La Guerra de Ucrania y la importación alemana

Históricamente, El Cerrejón fue operada por un consorcio de tres gigantes mineros: Anglo American, BHP Billiton y Glencore. Cuando en enero de 2022, Glencore adquirió la totalidad de la mina, asumió la plena responsabilidad por sus impactos sociales y ambientales. Semanas después, la guerra en Ucrania disparó la demanda de carbón colombiano desde Alemania. Este repunte contrasta con las acciones legales de la empresa: mientras aprovechaba el boom, litigaban contra Colombia mediante el mecanismo ISDS por “pérdidas” derivadas de la protección constitucional del arroyo Bruno.

Para 2023, la producción aumentó el 12% y Glencore anunció su intención de operar la mina hasta 2034. Hasta agosto de 2025, Glencore sigue siendo el único propietario, pese a las demandas internacionales y las presiones políticas. La producción actual ronda los 24 millones de toneladas anuales (2024). Si bien esta cifra está por debajo del pico histórico de 32 millones de toneladas alcanzado en 2015, representa una reactivación significativa respecto a los niveles previos a la guerra en Ucrania, cuando la mina se encaminaba a un cierre gradual. Sin embargo, este desarrollo contrasta con la tendencia europea a reducir progresivamente el consumo de carbón en favor de energías renovables. El carbón de El Cerrejón es un recurso en declive estructural, pero su extracción sigue dejando huellas irreversibles en el desierto guajiro.

Hasta ahora, el historial de la mina muestra un patrón: desplazamientos forzados, contaminación, promesas de compensación incumplidas y un uso extensivo del discurso de la Responsabilidad Social Empresaria.

La mina muestra un patrón: desplazamientos forzados, contaminación, promesas de compensación incumplidas y uso del discurso de la Responsabilidad Social Empresaria.

El caso El Cerrejón adquirió aún mayor relevancia con la entrada en vigor en enero de 2023 del Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG): la “Ley alemana de debida diligencia en las cadenas de suministro”. Esta norma obliga a las grandes empresas alemanas a garantizar que sus cadenas globales estén libres de graves violaciones de derechos humanos y daños ambientales. En la práctica, esto significa que compañías importadoras de carbón de El Cerrejón como EnBW, Uniper y STEAG ahora deben responder por las denuncias de las comunidades wayúu. 

Este marco también representa un test sobre la eficacia de las normas internacionales frente a la realidad de los abusos. Hasta ahora, el historial de la mina muestra un patrón: desplazamientos forzados, contaminación, promesas de compensación incumplidas y un uso extensivo del discurso de la Responsabilidad Social Empresaria. Glencore y sus socios han desplegado múltiples iniciativas de “sostenibilidad”, pero los críticos alemanes y colombianos denuncian que se trata de greenwashing. El Bundestag alemán ha cuestionado cómo las afirmaciones de Glencore de cumplir con los Principios Rectores de la ONU contrastan con informes sobre enfermedades, hambre y desplazamiento en La Guajira.

Gobernanza y luchas sociales

El conflicto alrededor del Cerrejón no puede entenderse sólo como una disputa ambiental. Es un espacio relacional donde confluyen la visión desarrollista del Estado colombiano, los intereses de una multinacional y la supervivencia de un Pueblo Indígena. En este espacio, los actores movilizan diferentes tipos de poder (económico, jurídico y simbólico) y negocian constantemente sentidos, como el concepto mismo de “desarrollo”.

La negociación no se da entre bloques monolíticos. Las demandas wayúu han evolucionado desde un reclamo inicial por indemnizaciones económicas hacia una exigencia sofisticada de derechos étnicos: autonomía, territorio ancestral y el derecho a definir su propio modelo de desarrollo. Esta “política de reivindicación identitaria” les ha permitido articularse con el proyecto minero, sin subyugarse por completo, utilizando el marco multicultural de la Constitución de 1991 para ganar legitimidad. 

Las empresas alemanas ya no pueden alegar ignorancia sobre la procedencia de su carbón. El desafío es si la ley se convertirá en una herramienta efectiva para los wayúu o si quedará atrapada en un entramado de burocracia y declaraciones simbólicas.

Las empresas alemanas ya no pueden alegar ignorancia sobre la procedencia de su carbón. 

A pesar de estas dinámicas internas y de las estrategias divisivas de la empresa, el pueblo Wayúu ha resistido mediante bloqueos de vías férreas, demandas judiciales y alianzas internacionales. En 2015, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les otorgó medidas cautelares para proteger a niños y niñas wayúu de la desnutrición y la sed. En 2019, la Corte Constitucional colombiana reconoció que la contaminación de El Cerrejón violaba derechos fundamentales: la T-614 de 2019 estableció que El Cerrejón vulneraba los derechos fundamentales a la salud, al agua, a la alimentación y a un ambiente sano. Sin embargo, la implementación de las sentencias ha sido lenta y selectiva.

En este contexto, el rol de Alemania adquiere especial importancia: como país importador, y ahora regulador a través del LKSG, sus decisiones influyen directamente en la dinámica local. Las empresas alemanas ya no pueden alegar ignorancia sobre la procedencia de su carbón. El desafío es si la ley se convertirá en una herramienta efectiva para los wayúu o si quedará atrapada en un entramado de burocracia y declaraciones simbólicas.

La doble moral de la transición energética

El Cerrejón simboliza los dilemas de la transición energética global: mientras Europa busca reducir su dependencia del gas ruso y avanzar hacia fuentes de energía “limpias”, recurre en el corto plazo al carbón colombiano, profundizando la crisis en las comunidades indígenas. El impacto en el pueblo Wayúu es sólo un caso de los muchos que ocurren en Latinoamérica.

La historia reciente muestra cómo las luchas locales por el agua, la salud, la tierra y la espiritualidad se conectan con debates globales sobre la responsabilidad empresarial, la justicia climática y la soberanía. La presidencia de Gustavo Petro ha colocado nuevamente el tema en la agenda nacional, vinculando el hambre y la sed de los niños wayúu con la voracidad minera. En Alemania, la entrada en vigor del LKSG ofrece una oportunidad inédita para que los abusos documentados no queden sin respuesta.

La pregunta central sigue abierta: ¿será posible que un marco jurídico transnacional obligue a Glencore a respetar los derechos indígenas, o seguirá imponiéndose la lógica del capital global? En cualquier caso, la lucha de los wayúu continúa siendo un recordatorio de que la transición energética no será justa si se ignora a quienes pagan el precio más alto.

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Mediante metodologías participativas, fueron las propias comunidades quienes lideraron el proceso, generando información clave para la planificación y la incidencia política desde sus prioridades. La herramienta les permitió visibilizar su realidad a nivel internacional y consolidar alianzas estratégicas. Además, impulsaron un proyecto comunitario para mejorar el sistema de agua en una zona importante de su territorio. Durante este proceso, se revitalizaron prácticas tradicionales como la minga y el uso del Mapa Parlante. Todo ello reafirma su autonomía y capacidad de autogestión frente a modelos externos de desarrollo.

El autorreconocimiento ancestral del pueblo Misak

El Resguardo de Guambía se localiza en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, en la parte alta de la cordillera Central de los Andes. Este territorio representa sólo una fracción del antiguo territorio ancestral Pubenence: hoy reivindicado por los misak como sujeto histórico y base para la construcción de un nuevo relato universal, enraizado en su memoria colectiva.

Misak, en Namtrik Namuy Wan (la lengua misak), quiere decir “gente”. Los shures y shuras (los mayores) manejan la categoría del ser misak misak, es decir, la relación de la gente humana con la gente de la naturaleza. Esta relación nos plantea otra categoría que lo contiene todo: el nupirauk o el territorio que integra el cosmos, el suelo y el subsuelo. 

En los años 80, los misak hicieron un llamado a los indígenas y no indígenas de Colombia a pensar en un mundo posible, regido por el respeto mutuo: “Recuperar la tierra para recuperarlo todo. Esto es de nosotros y de ustedes también”.

Los misak hicieron un llamado a pensar un mundo regido por el respeto mutuo: “Recuperar la tierra para recuperarlo todo. Esto es de nosotros y de ustedes también”.

El fundamento de su sabiduría ancestral proviene de las enseñanzas del orden natural: del lenguaje del nupirauk, a partir del cual se han orientado los principios identitarios del pueblo Misak. Estos principios se encuentran expresados en valores comunitarios, como la lata-lata (ayuda mutua), el mayailai (la abundancia para todos) y la alik-minga (trabajo comunitario festivo). 

En tiempos de la república, aun cuando no gozaban de derechos ni eran reconocidos en la Constitución Nacional, la lucha por la recuperación de parte de su territorio usurpado llevó a los misak a legislar para sí mismos en su territorio. Por este camino, en los años 80, hicieron un llamado a los indígenas y no indígenas de Colombia a pensar en un mundo posible, regido por el respeto mutuo: “Recuperar la tierra para recuperarlo todo. Esto es de nosotros y de ustedes también”.

El diálogo intercultural: un motor para iniciar las encuestas

La relación inicial entre el pueblo Misak y el Navegador Indígena es fruto de la conexión establecida en el año 2020 entre el Grupo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y la Ala Kusrei Ya Misak Universidad (Casa Minga de Pensamiento), a través de la Fundación ARTE +. Esta colaboración se centró en la creación de piezas de comunicación con la participación colectiva de estudiantes y profesores misak, y los “solidarios” (los no indígenas que acompañan la lucha indígena). 

Entre las producciones realizadas por esta cooperación se destacan el documental radiofónico “Caminando desde Guambía, el Territorio Puben”, compuesto por cuatro capítulos que han sido utilizados como material de estudio por un grupo de jóvenes misak; el video animado “Caminando la Memoria”, creación colectiva basada en el escrito de Taita Abelino Dagua Raíz y retoño; el podcast sobre los 10 años de la Ala Kusrei Ya Misak Universidad (hablado en Namtrik Namuy Wan) y el documental Piwam Mera  (Las Voces del Agua), llevado a cabo con la participación de sabedores misak —sembrador de agua, médico tradicional (espiritual), partera, recuperadora de semillas y la gobernadora del cabildo—.

Las autoridades misak manifestaron su interés en el proyecto: reconocieron su potencial para visibilizar su historia, fortalecer alianzas con otras comunidades indígenas y contar con el respaldo de organizaciones a nivel global.

Las autoridades misak reconocieron el potencial para visibilizar su historia, fortalecer alianzas con otras comunidades indígenas y contar con respaldo a nivel global.

En mayo de 2023, se socializó la propuesta del Navegador Indígena “Hacia el pleno y efectivo reconocimiento y la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas”. El encuentro contó con la participación de las autoridades del Resguardo de Guambía, los representantes de IWGIA y la Fundación ARTE +. En un diálogo franco y directo, se profundizó en el propósito y el alcance de la encuesta comunitaria, la cual se aprobó para ser subida en la plataforma del Navegador Indígena. 

Las autoridades misak manifestaron un profundo interés en el proyecto: reconocieron su potencial para visibilizar su historia a nivel internacional, fortalecer alianzas con otras comunidades indígenas y contar con el respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel global. Asimismo, se acordó aplicar la encuesta en el cabildo de Ovejas Kaltunk Chak y en el municipio de Caldono (Cauca), dado que esta comunidad misak sufre la continua vulneración de su derecho a establecer su territorio como resguardo.

Metodología participativa, lengua propia y reflexión colectiva

En primer lugar, se acordó utilizar la metodología de grupos focales, seleccionando cabildantes y autoridades zonales con experiencia en los temas a tratar. Los Tatas gobernadores designaron como coordinadora general a Mama Nancy Tumiñá, quien lideró el proceso con el apoyo de tres comuneros. Los cuatro dirigentes recibieron capacitación sobre la estructura de la encuesta y la metodología para recopilar la información y los comentarios concluyentes. 

Durante el proceso de capacitación, se evidenció la importancia de emplear el namtrik namuy wam (la lengua propia Misak) para garantizar una participación más activa, profunda y cómoda por parte de los encuestados. Se acordó también conformar cuatro grupos el primer día para que cada uno pudiera responder varias temáticas de la encuesta. Al día siguiente, reunidos en asamblea, se revisarían y aprobarían colectivamente las respuestas dadas en cada grupo. Cada miembro del equipo coordinador asumió la responsabilidad de ser mentor de uno de los cuatro grupos temáticos.

Una de las reflexiones más significativas surgió frente a la pregunta sobre pobreza, basada en estándares internacionales. La respuesta colectiva de las comunidades Misak, tanto de Guambía, como de Ovejas Kaltun Chak, fue contundente: “La pregunta no se adapta a la formación dada por nuestros mayores. No encontramos en estas categorías una relación con nuestro pensamiento. No vivimos en la pobreza: somos un pueblo digno. En los pequeños espacios de tierra que tenemos, sembramos nuestras huertas o yatules. Somos un pueblo arrinconado que no puede desarrollar plenamente sus talentos ni su economía. Por eso, somos un pueblo que lucha por sus derechos”.

La validación comunitaria

Tras el procesamiento y validación de los datos con la colaboración del equipo de ARTE +, la información recolectada a través de las encuestas sirvió como base para elaborar un compendio que fue socializado en el territorio de Guambía. Este trabajo fue realizado por la consultora Diana Mendoza, quien tiene un conocimiento amplio de la Iniciativa Navegador Indígena y ha hecho la encuesta nacional sobre Colombia. 

La socialización del compendio coincidió con el empalme entre los cabildos de 2023 y 2024, lo que permitió la inclusión de nuevos cabildantes y sus aportes. En este espacio se expresó inconformidad frente a proyectos de instituciones gubernamentales que han intervenido en el territorio diseñando planes sin la participación comunitaria, con resultados injustificados. Uno de los principales hallazgos derivados de la recolección de datos fue la problemática en la distribución de agua en una de las zonas de mayor impacto para la comunidad, identificada como una necesidad prioritaria.

De este modo lo expresó la coordinadora Misak: “Vienen muchos talleres, formaciones, capacitaciones, pero materiales no. ¿Cómo podemos cubrir nuestras necesidades si no hay materiales? Por ejemplo, la tubería: queremos mejorar los acueductos, pero no tenemos los recursos suficientes”. A esta preocupación se sumó el testimonio de una cabildante recién electa: “El ingeniero construyó la bocatoma justo donde pasa la gente, las motos y el ganado. No pensó en la comunidad, sólo pensó en cumplir con el contrato. Ahora tomamos agua sucia”.

La ampliación de la red de agua

En respuesta a estas inquietudes y con el acompañamiento de un asesor de ARTE +, del comité ambiental, y de los tatas gobernadores del cabildo, se diseñó técnicamente el proyecto para ampliar el caudal de la red de agua —de tres a seis pulgadas— y reforestar el cauce que abastece el tanque reservorio. Este proyecto fue presentado al Navegador Indígena con el fin de recibir apoyo mediante una pequeña subvención de la Unión Europea.  Ante la posibilidad de dar solución a esta necesidad sentida por la comunidad, el Cabildo de Guambía se comprometió a cofinanciar la obra con recursos y con trabajo comunitario a través de la minga.

La intervención benefició a cuatro veredas y a diversas instituciones comunitarias, entre ellas la Casa del Cabildo, la Misak Universidad, la Casa de Plantas Medicinales Sierra Morena y el cementerio. Finalmente, también se conectó a la red el colegio Mama Manuela, que no estaba incluido en el plan. El proyecto se inició bajo el liderazgo de los Tatas gobernadores del periodo 2023 y concluyó con su entrega a la comunidad por parte de la Mama gobernadora elegida para el periodo 2024. 

La hoja de ruta, orientada a fortalecer la autonomía alimentaria, propone: la recuperación y rematriación de semillas nativas y criollas, así como el impulso de sistemas de reconversión ganadera y de producción de traspatio.

La hoja de ruta propone la recuperación y rematriación de semillas nativas y criollas, así como el impulso de sistemas de reconversión ganadera y de producción de traspatio.

En el territorio de Guambía, en diciembre de 2024, se llevó a cabo una jornada de incidencia apoyada por el proyecto del Navegador Indígena. La actividad contó con la participación de entidades estatales adscritas al Ministerio de Agricultura y tuvo como objetivo la construcción conjunta de una hoja de ruta estratégica. Esta hoja de ruta, orientada a fortalecer la autonomía alimentaria, propone: la recuperación y rematriación de semillas nativas y criollas, así como el impulso de sistemas de reconversión ganadera y de producción de traspatio. Como resultado, se logró la firma de acuerdos con el Ministerio, que iniciará en 2025 la implementación de acciones enfocadas en la recuperación de semillas y asistencia técnica, y proyecta para 2026 el desarrollo de los componentes de ganadería sostenible y traspatio. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Agricultura ha sido demandado por incumplimiento de lo acordado.

Finalmente, la experiencia junto al Navegador Indígena, le permitió al pueblo Misak participar en un reciente encuentro de pueblos del Abya Yala con el objetivo de compartir experiencias y propuestas con las delegaciones de los pueblos Mapuche (Chile), Nación Wampis, Asháninka y Quechua (Perú), Morelos (México), Kichwa del Río Anzu (Ecuador), Salinas de Lomerío (Bolivia) y Wayúu (Colombia). De este modo, cumplió así con una parte de los objetivos planteados y dejó abierta la posibilidad de mantener activa la retroalimentación de la encuesta.

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Desde las montañas de la Sierra Nevada, el desierto de la Guajira, la costa pacífica y las cordilleras andinas hasta la selva Amazónica, Colombia es habitado por más de 116 Pueblos Indígenas. Estos pueblos fueron y siguen siendo víctimas del conflicto armado y socio-político, y del desplazamiento forzado que esto ha generado. El impacto para estos pueblos es muy grave porque representa el desarraigo y la ruptura de su vida comunitaria. Además el desplazamiento aumenta su situación de vulnerabilidad y marginalidad en el contexto urbano y rural del mundo occidental, donde enfrentan discriminacion y racismo estructural.  

En este contexto, el pueblo Je’eruriwa debió superar varias adversidades. Tras sufrir la violencia del conflicto armado, tuvo que soportar la revictimización y la negación de sus derechos de parte de la entidad a cargo de su reparación y dignificación durante casi una década. Luego, llevó su lucha hasta la Corte Constitucional hasta obtener un fallo favorable. El pueblo Je’eruriwa se reúne y alza la voz para celebrar, pero no puede parar la lucha porque ahora hay que hacer cumplir la sentencia y volver a obtener su territorio.

Garantías que no se reflejan en la realidad indígena

Mientras que en el papel los derechos de la población desplazada y de los Pueblos Originarios son muy claros, y hay muchas políticas públicas y sentencias favorables a su protección, la realidad es otra. La Corte Constitucional ha venido reconociendo la afectación diferencial de los Pueblos Indígenas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en el Auto 004 de 2009 y varios autos posteriores, todos en seguimiento a una sentencia T-025 de 2004, que declaró la situación de víctimas de desplazamiento forzado como un Estado de Cosas Inconstitucionales.

En estos autos, la Corte llamó la atención sobre el riesgo de exterminio físico y cultural que corren los Pueblos Indígenas desplazados por la fuerza y denunció el silencio y la inacción del Estado ante la violencia desplegada contra ellos. En uno de estos autos de seguimiento, los se’eruriwas están enlistados como uno de los Pueblos Indígenas que se encuentra en exterminio físico y cultural. Por ende, se ordenó al Ministerio del Interior a crear un Plan Pilotaje de Salvaguarda y, a la Unidad para Víctimas, priorizar a este pueblo en el marco de los programas de reparación colectiva. Sin embargo, ninguno de los dos organismos ha cumplido hasta la fecha.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior está sobrecargada: ni responde a los derechos de petición (solicitud formal reglamentada a la cual cualquier entidad tiene la obligación de responder dentro de 15 días hábiles) ni cumple con los compromisos adquiridos. Si no insistimos durante semanas, no cumplen con convocar reuniones interinstitucionales ni llevar las actas. La Unidad para las Víctimas supuestamente ha priorizado nuestro pueblo, pero no ha llegado a ningún resultado.

El pueblo del agua y del tigre

El pueblo Je’eruriwa somos un pueblo originario de la quebrada Waniya, un pequeño afluente del bajo Río Caquetá, en el departamento del Amazonas de Colombia. Recién fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior en 2017 dado que contamos con nuestra propia lengua, cosmovisión, territorio de origen, usos y costumbres propios. 

Somos del territorio sagrado del Yuruparí. Somos gente de agua y gente de tigre, nietos de la boa de agua (ide jĩno). Nuestras prácticas ancestrales y actividades socioculturales están ligadas al ciclo de las épocas de nuestro calendario y a nuestra Ley de Origen, la cual se ha transmitido de generación en generación para convivir sana, física y espiritualmente, con el resto de la humanidad, los recursos naturales, la madre tierra y los ayawaroa (espíritus).

A lo largo de la historia sufrimos violentas guerras intertribales y la destructiva colonización europea. Previamente, tras indicaciones chamanísticas sobre la invasión española, una parte de nuestros ancestros se aislaron selva adentro y hoy son denominados como un pueblo en aislamiento voluntario. De la parte que no se aisló, sólo sobrevivieron dos personas, una mujer y un hombre, que fueron acogidos, pero marginalizados, por el pueblo Camejeya. Más tarde, durante la explotación del caucho y la llegada de los misioneros católicos, se volvieron a repetir los hechos violentos y los ataques hacia nuestra cultura y espiritualidad. 

Sin embargo, los je’eruriwas no nos dejamos vencer y luchamos por la pervivencia de nuestro pueblo. Así, a inicios de los años 70, logramos reorganizarnos y asentarnos, ya de manera independiente, en un predio privado, que compramos en la trocha entre los ríos Mirití Paraná y Apaporis. Ahí vivíamos en armonía con la naturaleza y con los Pueblos Indígenas vecinos. Cazábamos, pescábamos, cultivábamos nuestras chacras y nos curábamos con las plantas medicinales de la selva. Teníamos nuestra maloca, a donde invitábamos a otros pueblos a mambear y realizar bailes y prácticas espirituales, según nuestro calendario ecológico. Allí, nuestros sabios y mayores transmitían el conocimiento ancestral a las nuevas generaciones.

La lucha por renacer

Todo cambió en 1986, cuando nuestra vida en unión fue interrumpida por la incursión de unas 35 personas armadas de las FARC-EP: detuvieron las actividades de la comunidad, realizaron formación en la maloca, impusieron su himno y llevaron a cabo prácticas de tiro con personas reclutadas. Los guerrilleros nos amenazaron: quien sea un sapo (traidor) iba a ser inmediatamente fusilado. Pronto, empezaron a apropiarse de nuestros víveres y gasolina. Como también intentaron reclutar a algunos menores de edad, nuestros padres nos enviaron a una escuela de los Curas Capuchinos.

Tras un tiempo bajo ocupación, el comandante a cargo nos ordenó abandonar nuestra tierra inmediatamente por la amenaza del ejército colombiano de bombardear o enfrentar a la FARC-EP. Fue un momento de mucha zozobra: todos huimos con lo mínimo que teníamos puesto, dejando atrás nuestras tierras, sitios y elementos sagrados, cultivos, nuestras raíces, nuestro presente y nuestro futuro. Cada núcleo familiar buscó su manera de sobrevivir: algunos en la selva, otros encontraron refugio en las cabeceras municipales o en resguardos indígenas de otros pueblos de la Amazonía. Hubo intentos de volver a unirnos, pero no se logró.

Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo tuvo un impacto devastador para nuestra cultura. Nuestra niñez había estado expuesta al mundo blanco y debíamos transmitir nuestros conocimientos ancestrales.

Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo y las huidas individuales tuvieron un impacto devastador para nuestra cultura.

Entre 2000 y 2016, nuevamente volvimos a vivir amenazas personales y desplazamientos forzados por nuestro liderazgo en defensa del ambiente, de la autonomía de los Pueblos Indígenas y contra el reclutamiento forzado. Poco a poco, fuimos huyendo de la Amazonía hacia la ciudad de Villavicencio, otros municipios de Meta y, finalmente, a Medina (Cundinamarca). Si bien esta región del centro-oriente es muy diferente a nuestro territorio ancestral, posee algunas características parecidas en cuanto a vegetación y ha servido como refugio para otros pueblos amazónicos. 

Tuvimos que volver a empezar de cero. Nuestro hermano sabio Pejriwaca compró un predio, nos reorganizamos, fortalecimos nuestra unión familiar y comunitaria, y buscamos nuevas tierras para constituir un resguardo y asegurar nuestra pervivencia. Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo y las huidas individuales hacia las ciudades tuvieron un impacto devastador para nuestra cultura. Nuestra niñez (nuestro futuro) había estado expuesta al mundo blanco y debíamos crear un nuevo espacio para practicar y transmitir nuestros conocimientos ancestrales y nuestra lengua propia.

La victoria judicial

En 2018, declaramos nuestro desplazamiento de 1986 con el fin de ser reconocidos como sujeto de reparación colectivo y obtener una respuesta integral frente al daño causado por el desarraigo de nuestro territorio ancestral. El camino no fue fácil. Comenzamos a ser víctimas de la negación constante con argumentaciones falsas, inconstitucionales y una completa falta de enfoque diferencial por parte de la Unidad para las Víctimas: paradójicamente, este organismo creado por el Estado colombiano para apoyarnos, negaba nuestra existencia y sostenía que existíamos desde 2017 cuando fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior.

No bajamos los brazos. Agotamos todos los pasos judiciales a través de la reposición, apelación y solicitud de revocatoria, con la esperanza de un cambio a partir de la llegada del primer gobierno progresista de Colombia. Lamentablemente, nuestra petición no tuvo eco. Así, en 2024 interpusimos una acción de tutela, el mecanismo en Colombia para reclamar una violación de la Constitución. Otra vez tuvo que pasar por todas las instancias, evidenciando que las instancias más bajas siguen desconociendo los derechos y la realidad de los Pueblos Originarios. Finalmente, procedimos ante la Corte Constitucional para que revisara nuestro caso y velara por nuestros derechos fundamentales.

La Corte aprobó, revisó y llegó a la conclusión de que la Unidad para Víctimas había violado durante años nuestro derecho al debido proceso, identidad cultural y reparación integral. En un fallo ejemplar, ordenó a reconocer nuestra preexistencia, incluirnos en el Registro Único de Víctimas como Sujeto de Reparación Colectiva y la implementación de medidas de reparación sin barreras adicionales. Como pueblo preexistente, celebramos este fallo histórico y exigimos a la Unidad de Víctimas y a todas las entidades que cumplan los fallos favorables y derechos estipulados para los Pueblos Originarios. Especialmente de los que se encuentran en exterminio físico y cultural.

Mientras tanto seguimos gritando: “Somos sujeto de reparación colectivo, somos pueblo, somos historia. Somos el pueblo Je’eruriwa”.

Para más información sobre nuestro caso, revisar el sitio de la Corporación Jurídica Yira Castro y la Sentencia T-185 de la Corte Constitucional de 2025.

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En 2008, se presentó un caso emblemático para la autonomía y la gobernabilidad propia de los Pueblos Originarios de Colombia. En el curso de una gran movilización, la Guardia Indígena, el sistema de autoprotección comunitaria de los pueblos del Cauca, identificó y retuvo al cabo del Ejército Nacional Jairo Danilo Chaparral Santiago, quien portaba un arma y se había hecho pasar por estudiante universitario. Tras una consulta interna y ante acusación de haber ingresado de forma clandestina y sin autorización al territorio indígena, las comunidades decidieron aplicar la sanción (armonización) prevista por el Derecho Propio, que consistió en 20 latigazos.

Por esta situación, Chaparral presentó una denuncia contra las autoridades indígenas y, en especial, contra Feliciano Valencia, quien en ese entonces era el representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. El cabo argumentó que había sufrido humillaciones y daños físicos que no correspondían a un procedimiento legal, sino a un acto de violencia arbitraria. De hecho, el militar argumentó que la Jurisdicción Indígena no tenía competencia sobre él, por tratarse de un miembro activo del Ejército Nacional.

Un fallo paradigmático para la justicia indígena

El camino no fue fácil. En una primera instancia, el juez consideró que lo que se le aplicó había sido un procedimiento legítimo dentro de la Jurisdicción Indígena y absolvió a Feliciano Valencia. Sin embargo, en septiembre de 2015, el Tribunal Superior de Popayán revocó ese fallo y condenó a Valencia a 18 años de prisión por secuestro simple agravado y lesiones personales. Dos años más tarde, el 28 de junio de 2017, tras presentar un recurso de casación, Feliciano Valencia volvió a la libertad ya que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió, al reconocer que la retención y la sanción del cabo del Ejército habían ocurrido dentro del uso legítimo de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI).

El fallo terminó sentando jurisprudencia sobre la relevancia de la JEI a nivel nacional. En un país donde hasta 1991 los indígenas eran considerados menores de edad y salvajes que debía ser civilizados, el caso de Feliciano representó un debate jurídico y político que aún sigue abierto: si el artículo 246 de la Constitución Política establece que las Autoridades Indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la cosmogonía propia, los usos y costumbres tradicionales. A pesar del fallo, en la práctica sigue habiendo obstáculos a su real implementación y a su articulación con la Justicia Ordinaria, la Justicia Militar y la Justicia Especial para la Paz. 

El debate sigue teniendo actualidad, ya que en octubre de 2024 fue radicado un proyecto de Ley Estatutaria conocido como Ley de Coordinación, que busca favorecer la armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional con el fin de reforzar el reconocimiento de los sistemas propios correspondientes a los 116 Pueblos Indígenas presentes en Colombia.

El largo camino para alcanzar la Justicia

Ya han transcurrido 34 años desde la adopción de la Nueva Constitución hasta el presente. Es poco tiempo, si se considera que, para dejar atrás la antigua Constitución política de 1886 a la nueva, Colombia tuvo que esperar casi un siglo de guerra civil casi permanente durante el cual la sociedad cambió profundamente, pero el poder se mantuvo en las manos de los pocos de siempre. En cambio, es mucho tiempo, si se tiene en cuenta que el proceso constituyente difundió en el país una euforia generalizada y un sentimiento de estar cerca de alcanzar un Estado Social de Derecho, en contradicción con la promoción de Colombia como “la más antigua y duradera democracia de América Latina”. 

Efectivamente, la Constitución de 1991, renombrada “la Constitución de los Derechos Humanos”, tuvo en su momento un carácter casi revolucionario: no solo por el contexto de conflicto armado de casi tres décadas, sino porque coincidió con la firma de Acuerdos de Paz y con el desarme de algunos grupos armados guerrilleros como el Movimiento 19 de Abril (M-19), en cuyas filas había militado el actual presidente, Gustavo Petro, y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), que tuvo en el departamento del Cauca su origen y epicentro operativo. 

El artículo 246 promovió el reconocimiento de los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas. Este cambio de paradigma significó el reconocimiento constitucional del estatus de sujetos colectivos de derecho y la diversidad étnico-cultural.

El artículo 246 promovió el reconocimiento de los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas a través del pluralismo jurídico.

Surgido a mediados de los años ’80 para proteger las comunidades indígenas frente al accionar de los grupos armados y para defender los avances logrados en términos de recuperación de tierra y constitución de Cabildos Indígenas impulsados por el CRIC, el Movimiento Armado Quintín Lame se desmovilizó entre 1990 y 1991 a raíz de dos factores: la solicitud de las mismas comunidades indígenas, que consideraban que la resistencia armada ya no era una estrategia acorde a la coyuntura histórica; y el espacio de participación que se abrió con el proceso constituyente.

Gracias a la resistencia del Movimiento Armado Quintín Lame se conquistaron los “derechos étnicos” a través de artículos constitucionales en los cuales se reconocía su identidad colectiva, sus creencias y prácticas espirituales, su territorialidad y su autonomía. Entre ellos, el artículo 246 promovió el reconocimiento de los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas a través del pluralismo jurídico. Este cambio de paradigma significó el reconocimiento constitucional del estatus de sujetos colectivos de derecho (una figura jurídica inexistente hasta ese entonces) y la diversidad étnico-cultural del país. Así, Colombia se transformó en un Estado plurinacional y multicultural.

Una lucha vigente

Ocurrido casi 20 años después de la adopción de la Constitución Política, el caso de Feliciano Valencia —y la aclamación popular que acompañó su liberación tras un fallo histórico—, demostraron que el tiempo había transcurrido lentamente y que algo se había quedado en el camino: la implementación práctica de lo acordado y la articulación material y sistemática entre el Sistema Judicial Nacional y la Justicia Especial Indígena. 

Esta contradicción evidente no era algo nuevo para Colombia. Lamentablemente el país está acostumbrado a ver cómo los derechos se reducen al papel y los procesos de paz quedan triturados. Ya sucedió a finales de los 80 con el genocidio político del partido de izquierda Unión Patriótica, nacido a raíz de una primera desmovilización de las FARC-EP; continuó en los años 90 y 2000, con la ola paramilitar que se expandió justo después de la adopción de la Nueva Constitución, lo que arrojó al país a una de sus épocas más oscuras; y se confirmó en la última década, con la reconfiguración del conflicto armado debido a la falta de implementación de los Acuerdos de Paz de 2016.

La cuestión de la Justicia Especial Indígena continúa siendo objeto de debates. En 2024, se radicó un proyecto de ley estatutaria, que busca favorecer la armonización entre la JEI y el Sistema Judicial Nacional.

La JEI continúa siendo objeto de debates. En  2024, se radicó un proyecto de ley estatutaria, que busca favorecer su armonización con el Sistema Judicial Nacional.

En este contexto, la lucha impulsada por el Consejo Regional Indígena del Cauca y su Sistema de Justicia Propia sigue vigente y es un ejemplo de cómo los derechos se conquistan y se implementan en autonomía, a pesar de las dificultades, obligando al Estado a cumplir con sus responsabilidades constitucionales. 

La cuestión de la Justicia Especial Indígena, por su parte, continúa siendo objeto de debates. En octubre de 2024, se radicó un proyecto de ley estatutaria, conocido como Ley de Coordinación, que busca favorecer la armonización entre la JEI y el Sistema Judicial Nacional con el fin de reforzar el reconocimiento de los sistemas propios correspondientes a los 116 Pueblos Indígenas presentes en Colombia. La apuesta sigue siendo la misma: lograr una verdadera democracia, fortalecer la autonomía y reivindicar la diversidad.

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Nelson Cucuñame: Podríamos entender el sistema de Justicia Propia a través de tres elementos muy importantes que lo componen. En primer lugar, la Ley de Origen o Ley Natural, que se refiere a las normas naturales establecidas por la misma naturaleza. En segundo lugar, el Derecho Propio, que es la Constitución del pueblo, es decir la acción para remediar todos los hechos de desarmonía, todas las afrentas contra la Ley de Origen. Y en tercer lugar, las sabidurías y los conocimientos, que son las prácticas que ya ejerce cada pueblo, cada organización, cada institución propia en la administración de justicia. Estos tres elementos son las fuentes de derecho que sostienen y fundamentan todo un ejercicio de administración de los sistemas de Justicia Propia.

DI: ¿Cuáles son los alcances y los límites de la Justicia Especial Indígena?

NC: El único límite que ha puesto la Corte Constitucional son los delitos de Lesa Humanidad. El artículo 246 de la Constitución Política le reconoce la función jurisdiccional a las Autoridades Indígenas y no le pone otros límites, incluso ante asuntos de macrocriminalidad como es el narcotráfico, el accionar de los grupos armados, los reclutamientos o los feminicidios. Entonces, no hay limitaciones en el marco de la administración de la Justicia Propia.

DI: ¿Cuál es el principal obstáculo para la implementación de la JEI?

Sofía Campos: El mismo desconocimiento del sistema judicial sobre los claustros de derecho. En líneas generales, no se suele enseñar la Jurisdicción Especial Indígena porque “es un asunto de indígenas”. Entonces, el desconocimiento parte desde la misma academia que no le ha dado el reconocimiento necesario, lo cual es grave. Una segunda dificultad es que, si bien la Constitución Política de 1991 creó la JEI, no se brindaron las garantías ni los recursos económicos para su aplicación. La Jurisdicción Especial para la Paz lleva ocho años y posee infraestructura, un financiamiento, una dinámica y una organización. En cambio, hace 34 años que la Jurisdicción Especial Indígena no posee equipamiento, papelería, oficinas ni un archivo. Prácticamente, es algo simbólico que sólo reconoce a las autoridades indígenas.

DI: ¿Cómo se desarrolla el ejercicio de la Justicia Especial Indígena?

NC: Las Autoridades Indígenas son también las autoridades judiciales y se articulan con un equipo jurídico y con la Guardia Indígena, que hacen todo el procedimiento técnico de investigar los procesos y acoger las pruebas, en el respeto de los derechos de las víctimas y de los victimarios. De acuerdo a las pruebas, la Autoridad Indígena ejecuta las decisiones tomadas por toda la comunidad a través de la Asamblea.

DI: ¿Cómo se implementa la Justicia Especial Indígena en el contexto del conflicto armado interno?

SC: Antes que nada, debemos tener en cuenta la violencia que se abate contra las comunidades indígenas. El artículo 246 de la Constitución Política establece que las Autoridades Indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales: este fue un logro de la incidencia de los tres constituyentes indígenas y es un salvaguarda porque les brinda poder judicial a las Autoridades Indígenas frente a los actores armados. Sin duda alguna, el artículo 246 es un reconocimiento  a la seguridad territorial  a través de la Autoridad Indígena, es una salvaguarda para las guardias indígenas y una forma de autoprotección que, desde lo judicial, ha llevado al control territorial frente al poder que tienen los grupos armados.

DI: ¿Cuáles son los principios que orientan la JEI para enfrentar situaciones de “desarmonía”?

NC: Para los Pueblos Indígenas hay un principio que se llama colectividad e implica que si una persona comete una desarmonía al interior de su comunidad, se genera una afectación colectiva. Por eso, a la hora de definir la situación y de conocer el caso, no miramos a la persona individualmente, sino que miramos de manera colectiva. Por eso, a la hora de la aplicación de la sanción (o del remedio o la condena) buscamos formas de involucrar a toda la comunidad en el proceso para acompañar a esta persona.

DI: ¿Por qué no hablan de “delito”?

NC: No hablamos de delito, sino de enfermedad: el mismo victimario es una persona enferma que hay que rodear y acompañar para ayudarle a salir de ese error, de esa enfermedad, para que pueda, a través de sus propias acciones, restaurar los daños causados al interior de la comunidad. Es decir, que hay una responsabilidad comunitaria para ayudar a corregir ese daño cometido. La sanción o el remedio puede consistir en trabajos comunitarios, en la devolución de bienes, en formación pedagógica o formación política en la comunidad, y también puede prever la pérdida de derechos políticos al interior de los territorios.

DI: ¿Cuál ha sido el camino para posicionar la Justicia Especial Indígena?

NC: Siempre, en los Pueblos Indígenas, ha existido el Sistema de Justicia Propia. En 1991, se traza una política pública para proteger este ejercicio de jurisdicción como un derecho constitucional. A partir de allí, hemos constituido entidades como las mesas interjurisdiccionales y departamentales, donde se sienta toda la rama seccional de la Judicatura, todos los auxiliares de Justicia a nivel nacional y las organizaciones nacionales indígenas para plantear la política, las estrategias y las acciones que permitan fortalecer la Jurisdicción Indígena en Colombia. En medio de las dificultades, hemos ido planteando alternativas y caminos que finalmente den la garantía material a los Pueblos Indígenas: no solamente la garantía institucional y normativa, sino también una garantía presupuestal para administrar justicia, algo que hasta ahora sigue haciendo falta.

SC: La incidencia del CRIC ha logrado materializar la Justicia Especial Indígena: no se ha quedado en el formalismo de la ley y la Constitución, sino que la ha hecho realidad. Para ello, puso a dialogar a las instituciones con las comunidades étnicas para que entiendan la visión de la Justicia Propia.

DI: ¿Cuáles son los criterios que la Corte Constitucional ha establecido para que un caso sea asumido por la Jurisdicción Especial Indígena? 

SC: Una cosa es la Justicia Propia y otra cosa es la Jurisdicción Especial Indígena. La JEI es un elemento del Derecho Ordinario  Constitucional que reconoce la aplicabilidad de la Justicia Propia. A lo largo de 1993, la Corte Constitucional comenzó a desarrollar una línea  jurisprudencial según la cual la Autoridad Indígena debe establecer cuatro elementos limitantes: un elemento objetivo, un elemento subjetivo, un elemento territorial y un elemento institucional. Es decir, que tiene que demostrar estos cuatro elementos para que un caso penal en cabeza de un juez o de la Fiscalía como ente acusador pueda ser llevado a la Jurisdicción Especial. Han sido elementos muy limitantes, pero que no han impedido exonerar a comuneros indígenas de otras responsabilidades jurídicas. Al mismo tiempo, la articulación implica que una orden de captura que emana la Autoridad Indígena sea recibida por la Fiscalía, y se vuelva un hecho.

DI: ¿Cómo se lleva a cabo la articulación entre Justicia Especial Indígena y la Justicia Ordinaria? 

SC: En el estado actual, el artículo 246 de la Constitución Política establece que la ley determinará las formas de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional. Esto ha llevado a que la misma Corte Constitucional haya establecido que el solo hecho del reconocimiento de la justicia propia de los Pueblos Indígenas a nivel constitucional, sea de por sí una jurisdicción, y que la articulación con las otras jurisdicciones se dé en el respeto de lo que emanen las Autoridades Indígenas. 

DI: ¿La Justicia Especial Indígena fue una guía para el desarrollo de la Justicia Especial para la Paz?

NC: La Justicia Especial para la Paz (JEP) es el organismo que surgió tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Y es importante entender que esta justicia transicional ha tomado muchos de los elementos que venía manejando la Jurisdicción Especial Indígena. Estos elementos restaurativos permiten la reconciliación, el perdón y la nueva armonía en los territorios de las partes, tanto afectantes como afectados. Así, la JEP ha reconocido la JEI como una de las entidades que administra justicia y que debe ser protegida y acompañada, no solamente por el Estado, sino también por organizaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

DI: ¿El modelo plurijurisdiccional de Colombia podría funcionar en otros países y regiones donde hay presencia de población migrante acostumbrada a otro modelo de justicia?

NC: Sí, se podría dinamizar de manera respetuosa y recíproca en la línea de entender lo pluriétnico y lo plurijurisdiccional. Hay que hacer un trabajo de pedagogía alrededor del asunto de la interculturalidad y la plurijurisdiccionalidad: con la academia, con abogados, politólogos y sociólogos, pero también hay que formar a los funcionarios públicos. Es fundamental entender que un sistema distinto puede existir y funcionar, que no es el imperio de la norma y de la ley que rige para todo el territorio. También existen otros tipos de personas con otros modos de vida y otros tipos de sistemas de justicia, cuyos fueros siguen acompañándolas donde estén. En este sentido, deben ser acogidos y respetados en el marco de la dignidad humana, y de los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

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