La desaparición forzada de Brooklyn Rivera plantea varias interrogantes. En primer lugar, desde una la dimensión personal: ¿donde y como está el Ta upla? En segundo lugar, desde una dimensión colectiva, sobre el futuro de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y los derechos colectivos sobre la  tierra, territorio, recursos naturales, la libre determinación, la resistencia y el espacio democrático en Nicaragua. Finalmente, una dimensión global que lleva a preguntarnos sobre la capacidad del sistema internacional de derechos humanos para prevenir la erosión progresiva de derechos fundamentales en contextos de cierre democráticos.

Un líder del movimiento indígena regional

Brooklyn Rivera Bryan es un líder histórico del pueblo Miskitu, que durante más de cinco décadas, ha dedicado su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes a nivel nacional y en América Latina. De este modo, se ha convertido en una de las principales figuras del movimiento indígena de Nicaragua. Como dirigente de la organización indígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka), ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los derechos territoriales, la autonomía política y la identidad cultural en la Costa Caribe.

En 1960, Brooklyn comenzó su trayectoria como defensor de los derechos colectivos en la Costa Caribe. Durante la década de 1980, se convirtió en una figura central de la resistencia indígena miskitu (la llamada “contra indígena”) en el contexto del conflicto armado interno nicaragüense. Este período estuvo marcado por graves violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas: desplazamientos forzados, violencia generalizada y operaciones militares como la conocida “Navidad Roja”. Hasta la fecha, estos hechos son recordados por la memoria colectiva y siguen siendo denunciados por las organizaciones indígenas como graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en total impunidad.

En consecuencia, su trayectoria política está estrechamente vinculada al proceso de reconocimiento de la existencia de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la Constitución Política de Nicaragua de 1987. Posteriormente, fue una de las caras visibles de la lucha y la conquista de las autonomías regionales, establecidas con el Estatuto de Autonomía de 1987: uno de los avances más importantes en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Centroamérica.

El líder que luchó por la participación política

Tras el fin del conflicto armado, Rivera desempeñó un papel clave en la transición de la lucha armada hacia la participación política institucional de los Pueblos Indígenas dentro del sistema democrático nicaragüense, al consolidar a YATAMA como la principal fuerza política indígena de la Costa Caribe. Un hito importante ocurrió en 2005, cuando esta organización obtuvo una sentencia histórica y sin precedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se reconoció la violación del derecho a la participación política de los Pueblos Indígenas tras su exclusión de las elecciones municipales de 2000. No obstante, a más de 20 años de la adopción de esta decisión, el Estado de Nicaragua no ha dado cumplimiento pleno a las medidas ordenadas por el tribunal interamericano.

En 2007, Rivera fue elegido diputado de la Asamblea Nacional mediante una alianza política entre YATAMA y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este acuerdo contemplaba iniciativas legislativas y administrativas sobre el reconocimiento y la protección de los derechos indígenas en la Costa Caribe y toda Nicaragua. Sin embargo, la relación política se deterioró por el incumplimiento respeto al proceso de demarcación de las tierras comunales, la autonomía regional y denuncias de irregularidades electorales. Mientras en 2015 Rivera fue despojado de su escaño legislativo, en 2016 fue nuevamente electo diputado por la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte bajo la bandera del partido indígena YATAMA. En 2021, nuevamente fue electo para el período legislativo 2022-2026, reafirmando así el respaldo de las comunidades indígenas a su liderazgo y su historia.

La trayectoria de Brooklyn Rivera refleja no sólo la historia de un líder político, sino la evolución de la lucha de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe y Nicaragua por el reconocimiento de sus derechos, su autonomía y su supervivencia cultural en un contexto político adverso. Por eso, su liderazgo ha estado marcado por distintas etapas que reflejan la historia del país: la resistencia armada, las demandas ante instancias internacionales, la participación en procesos de diálogo y la concreción de acuerdos políticos. Y siempre, Brooklyn Rivera persiguió el objetivo de alcanzar las legítimas reivindicaciones históricas de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

La detención arbitraria y la desaparición forzada

La última declaración pública de Brooklyn Rivera se escuchó en abril de 2023, durante la 22° sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, realizada en New York. En esa ocasión, el líder se dirigió al Foro como representante parlamentario y dirigente principal del pueblo Miskitu, se refirió a los avance alcanzado en el derecho internacional y nacional, así como los retrocesos en la implementación local por la falta de voluntad política de los Estados: “La grave situación de despojo de los territorios, el saqueo de los bienes ancestrales, la desarticulación de las estructura tradicionales, la suplantación de autoridades propias y la depredación del entorno ambiental. Se debe agregar el incremento de violaciones de los derechos humanos a los líderes y defensores”.

En represalia, el Gobierno de Nicaragua le negó la entrada al país. Tras permanecer varias semanas en el exilio decidió regresar y lo informó mediante un video publicado en redes sociales en junio de 2023: “Yo no tenía ninguna intención de quedarme fuera. Por esa razón tuve que viajar por otras rutas y posteriormente por el territorio de la Mosquitia, que, dicho sea de paso, está en dos países: Honduras y Nicaragua. Moviéndome entre mi gente, tanto en el norte como en el sur, logré entrar al país y estoy desde hace una semana en la Mosquitia nicaragüense”. El Ta Upla recalcó que este territorio no es sólo de un país y que los pueblos tienen una tradición de intercambio, vínculos familiares y actividades culturales y sociales con el pueblo Miskitu que vive también en Honduras. “Para nosotros no existen fronteras”, concluyó.

El 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional en su casa de la ciudad de Bilwi, a donde se había trasladado para estar junto a su pueblo. Desde entonces, se encuentra en condición de desaparición forzada.

El 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional. Desde entonces, se encuentra en condición de desaparición forzada.

Pese al impedimento migratorio impuesto por las autoridades nicaragüenses, el ingreso de Brooklyn Rivera a Nicaragua no constituyó un acto ilegal, sino el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos tanto por el derecho constitucional como por el derecho internacional de los derechos humanos y de los Pueblos Indígenas a la libre determinación. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son claros al reconocer que los Pueblos Indígenas transfronterizos pueden desarrollar libremente sus actividades de intercambio.

Meses después, el 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional en su casa de la ciudad de Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a donde se había trasladado para estar junto a su pueblo. Posteriormente, el Gobierno le canceló la personería jurídica a YATAMA (sin un debido proceso); los bienes de la organización fueron ocupados; y los directivos, miembros, familiares y comunitarios fueron perseguidos. Desde entonces, Brooklyn Rivera se encuentra en condición de desaparición forzada. 

El silencio del gobierno de Nicaragua

Han transcurrido 30 meses desde la detención arbitraria de Brooklyn Rivera. Aún no hay información oficial sobre su condición de salud y su ubicación: dos prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. La ausencia de información oportuna constituye una violación de estándares internacionales básicos, incluyendo los establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgaron medidas cautelares en octubre de 2023. Cuatro meses después, en febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de Brooklyn Rivera y requirió al Estado de Nicaragua que “de forma inmediata proceda a su liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”.

Mientras el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio, el derecho internacional sostiene que los Estados tienen obligaciones especiales cuando se trata de la protección de defensores de derechos humanos y representantes de Pueblos Indígenas.

Se han activado todos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y regional. Mientras tanto, el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio.

Paralelamente, diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por la desaparición de Brooklyn y han solicitado información oficial detallada que permita determinar su paradero: la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Amnistía Internacional y, organizaciones y líderes de Pueblos Indígenas de todos los continentes.

Asimismo, se han activado todos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y regional. Mientras tanto, el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio. El derecho internacional sostiene que los Estados tienen obligaciones especiales cuando se trata de la protección de defensores de derechos humanos y representantes de Pueblos Indígenas. Particularmente, cuando su labor está vinculada a la defensa del territorio y los recursos naturales, cuando existe el riesgo de que su desaparición tenga motivaciones políticas o cuando su ausencia puede generar efectos desproporcionados sobre la representación colectiva de sus pueblos, como lo sugiere este caso.

Violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

En la última década, la situación de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua se ha deteriorado de manera progresiva y sostenida. Este deterioro afecta derechos fundamentales como la tierra y el territorio; la libre determinación; la vida, la integridad personal y la autonomía. Además, está estrechamente vinculado a la invasión sistemática de los territorios indígenas, el aumento de los conflictos violentos con los colonos, la minería y el tráfico ilegal de madera, así como al cierre de los espacios cívicos y al establecimiento de un modelo de control autoritario en el país.

Esta situación ha generado un clima permanente de violencia, inseguridad y desplazamiento en las comunidades indígenas, afectando de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En este sentido, entre 2020 y 2023, se registraron al menos tres masacres contra comunidades miskitu y mayangna ubicadas en la Reserva de la Biósfera Bosawás, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte: en las comunidades de Alal (2020), Kiwakumbaih (2021) y Wilu (2023). Estos ataques armados dejaron como saldo al menos 20 indígenas asesinados, así como denuncias de torturas, violencia sexual, quema de viviendas, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria sin precedentes.

En Nicaragua, se ha reportado la injerencia política mediante la imposición de autoridades comunales afines al partido de gobierno, la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios, que debilitan las formas tradicionales de autoridad.

En Nicaragua, se ha reportado la imposición de autoridades comunales afines al gobierno y la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios.

Paralelamente, se vive un patrón de represión y criminalización contra líderes indígenas, autoridades territoriales, defensores de derechos humanos y líderes religiosos. Estas acciones incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de intimidación y otras medidas represivas destinadas a debilitar el liderazgo comunitario. Este contexto refuerza la percepción de que la detención de Rivera podría tener un efecto inhibidor sobre otros líderes.

También se han documentado medidas como la prohibición arbitraria de ingreso al país, destierros de facto, cancelación de documentos, expulsiones y otras formas que han sido denominadas “muerte civil”, que buscan excluir a líderes indígenas de la vida política y social. La situación también refleja serias afectaciones al derecho a la libre determinación y al régimen de autonomía indígena. Se han reportado prácticas de injerencia política mediante la imposición de autoridades comunales y territoriales afines al partido de gobierno, así como la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios indígenas, debilitando las formas tradicionales de autoridad.

Una prueba de vida de Brooklyn Rivera

La detención arbitraria y desaparición forzada del líder indigena Brooklyn Rivera es un reflejo del deterioro del respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas en Nicaragua. Mediante la violencia contra las comunidades y la persecución de los liderazgos, el régimen sandinista nicaragüense busca debilitar los mecanismos de protección de sus territorios; sus formas de organización política, social y cultural; y sus prácticas tradicionales de vida, desapareciendo liderazgos y representantes.

La acciones de la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben orientarse a exigir que las autoridades nicaragüenses brinden prueba de vida de Brooklyn Rivera, su liberación inmediata e incondicional, la restitución de sus derechos fundamentales y el respeto de los derechos políticos de organización Yatama, como la legítima organización de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Asimismo, debe garantizarse el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos en Nicaragua.

El caso de Brooklyn Rivera se convierte en un símbolo de los desafíos actuales que enfrentan los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua. Y, en especial, es una afrenta a los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y de la región.

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Cuando Valentina afirmó su derecho a contactar a un abogado, los agentes desestimaron la solicitud alegando que “no se trataba de un allanamiento, sino de una inspección”. Luego, exigieron las contraseñas para acceder a sus teléfonos, computadoras y discos externos, a lo que ella se negó. La operación duró cuatro horas y terminó con la confiscación de todos sus dispositivos. Valentina fue una de las más afortunadas: evitó la detención y logró salir del país. Desde entonces, ha denunciado lo que considera una campaña de represión contra los Pueblos Indígenas en Rusia, que remite a la persecución de líderes indígenas durante la dictadura de Iósif Stalin en la primera mitad del siglo XX. 

De defensora de los derechos indígenas a presa política

Las redadas terminaron en la detención de dos activistas. Una de ellas es Daria Egereva, mujer selkup de Siberia occidental, cuyo caso ha generado la indignación internacional del movimiento indígena. Las autoridades la acusan de “pertenecer a una organización terrorista”, cargos ampliamente considerados como fabricados. Al criminalizar el activismo pacífico, las autoridades buscan borrar las narrativas que se apartan del discurso aprobado por el Estado. De ser condenada, Daria enfrenta hasta 20 años de prisión, una pena que, dada la brutalidad ampliamente documentada del sistema penitenciario ruso, podría equivaler en la práctica a una condena de por vida.

Daria tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos indígenas. Siguiendo los pasos de su madre, comenzó a involucrase en este ámbito cuando era estudiante universitaria. Durante más de dos décadas, trabajó incansablemente para empoderar a jóvenes selkup y de otros Pueblos Indígenas en toda Rusia: los alentó a sentirse orgullosos de su herencia cultural, a comprender y reivindicar sus derechos, y a participar en el movimiento indígena global. Para muchos jóvenes activistas, Daria se convirtió en un modelo a seguir y en una mentora: un ejemplo de liderazgo arraigado en la comunidad.

En la última década, Daria se consolidó como una de las representantes indígenas más reconocidas de Rusia en los procesos globales sobre clima y biodiversidad. Como experta técnica en cambio climático, desempeñó roles de liderazgo en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC) y, desde 2023, fue una de sus copresidentas. También contribuyó activamente a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).

La detención de Daria Egereva señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas.

La detención de Daria señala una tendencia preocupante: el uso de la legislación antiextremista y antiterrorista para reprimir a la sociedad civil independiente.

A pesar de su amplio trabajo a nivel  internacional, Daria se mantuvo profundamente vinculada a su propia comunidad. Desde hace años es una firme defensora de la protección de la cultura selkup y de la implementación de los derechos indígenas reconocidos en la legislación rusa. Sus esfuerzos incluyeron impulsar el uso de la lengua selkup (en peligro de desaparición) como idioma de enseñanza en las escuelas; apoyar redes de mujeres indígenas emprendedoras y; fortalecer la participación comunitaria en decisiones que afectan al territorio, a la cultura y los medios de vida.

Nada en las actividades de Daria sugiere una promoción de la violencia o de acciones subversivas. Por el contrario, mantuvo un diálogo constructivo con las autoridades a nivel local y, en el plano internacional, participó en los mismos mecanismos y procesos de Naciones Unidas en los que el propio gobierno ruso también interviene. La diferencia clave es que Daria representaba una voz independiente, que cuestionaba la imagen idealizada del bienestar indígena promovida por las autoridades rusas y sus aliados. Su detención señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas. 

Cuando la única voz es la del Estado

Las redadas de diciembre no fueron un hecho aislado, sino parte de una arquitectura de represión en constante escalada sobre los Pueblos Indígenas de Rusia. Tras un breve período de liberalización y democratización desde finales de la década de 1980 hasta comienzos de los 2000, durante el cual floreció un movimiento indígena independiente, las autoridades comenzaron a reforzar el control en la década de 2010. Este giro se aceleró drásticamente después de la decisión del presidente Vladímir Putin de invadir Ucrania: una medida que ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas, que perdieron una gran cantidad de jóvenes en la movilización hacia el frente de combate.

En este clima autoritario, los activistas indígenas enfrentan la vigilancia, el hostigamiento judicial y una presión constante para desvincularse de los mecanismos internacionales de derechos humanos. No es casual que las redadas del 17 de diciembre se produjeran poco después de que Daria Egereva y otros activistas regresaran de la COP climática de la Organización de Naciones Unidas en Brasil. La magnitud, el momento y la coordinación de la operación apuntan a un esfuerzo deliberado por eliminar los últimos espacios de organización indígena autónoma. El resultado fue inmediato. Los activistas mantienen un perfil bajo o abandonaron el país. Quienes aún permanecen se ven obligados a enfrentar una elección imposible: el silencio y la conformidad con las autoridades, o la criminalización.

El presidente de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

El presidente de RAIPON se negó a solidarizarse con los activistas allanados y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

A medida que las voces indígenas independientes son silenciadas, la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON), controlada por el Gobierno ruso, emerge como la voz dominante o, más bien, la única voz oficialmente permitida de los Pueblos Indígenas del país. La dirigencia de RAIPON, seleccionada desde 2013 bajo la supervisión gubernamental, mantiene estrechos vínculos con las grandes empresas extractivas, entre ellas, Nornickel, uno de los conglomerados industriales más contaminantes del mundo. Sus actividades han afectado durante años las tierras y aguas indígenas, además de destruir los medios de vida de las comunidades de Rusia.

En línea con el Gobierno, RAIPON nunca critica las políticas estatales ni los abusos corporativos que afectan a las comunidades indígenas. En una declaración difundida seis semanas después de las redadas de diciembre, el presidente de RAIPON se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas, una postura que generó conmoción entre numerosos líderes indígenas a nivel internacional. 

¿El golpe final?

Para quienes vieron sus hogares invadidos, sus dispositivos incautados y a sus seres queridos detenidos, esto fue más que una operación legal: fue un mensaje. Como señaló la defensora del pueblo Saami Valentina Sovkina, las autoridades rusas han optado por métodos especialmente duros para silenciar a activistas de los derechos indígenas que defienden pacíficamente su entorno ancestral, sus medios de vida y su cultura.

Las redadas del 17 de diciembre bien podrían ser recordadas como el momento en que el movimiento indígena independiente en Rusia fue llevado al borde de la extinción. Sin embargo, el coraje de quienes continúan alzando la voz, ya sea desde el exilio o bajo amenaza en su propio país, nos recuerda que la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas en Rusia no ha terminado. Sus voces, aunque perseguidas, siguen siendo una parte vital de la comunidad global de derechos humanos.

Debido al contexto político que vive el país, los autores prefieren mantener el anonimato.

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