Establecido en 1996, el Consejo Ártico es el principal foro intergubernamental de cooperación y producción de conocimientos que busca responder a las necesidades de sus habitantes en cuestiones de desarrollo sostenible y protección ambiental. Por un lado, está integrado por los ocho Estados Árticos: Canadá, el Reino de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, la Federación de Rusia, Suecia y Estados Unidos. Por otro lado, incluye a los Pueblos Indígenas mediante la categoría de los Participantes Permanentes: la Asociación Internacional Aleut, el Consejo Ártico Athabaskan, el Consejo Internacional Gwich’in, el Consejo Circumpolar Inuit, la Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) y el Consejo Sami. La presidencia del Consejo Ártico rota cada dos años y es ejercida por el ministro de Relaciones Exteriores del país que ocupa la presidencia pro tempore. El mandato del Consejo excluye explícitamente la seguridad militar. 

Las actividades del Consejo se desarrollan a través de seis Grupos de Trabajo y un Grupo Experto independiente que abarcan desde el cambio climático hasta la respuesta ante emergencias, y desde la salud mental hasta el desarrollo sostenible. Estos grupos proporcionan una base amplia y científicamente sólida de conocimientos sobre la cual pueden tomarse decisiones informadas. Asimismo, elaboran buenas prácticas y recomendaciones para operaciones seguras y sostenibles. El Consejo Ártico también cuenta con Observadores provenientes de Estados no árticos, de organizaciones intergubernamentales, interparlamentarias, globales, regionales y no gubernamentales. 

El singular estatus de Participantes Permanentes

Un aspecto destacado de la estructura del Consejo Ártico es el modelo de participación de los Pueblos Indígenas a través de la categoría de Participantes Permanentes, tal como se reconoce en el documento fundacional del Consejo, la Declaración de Ottawa (1996). Los Participantes Permanentes tienen derecho a consulta plena en relación con las negociaciones y decisiones del Consejo, y realizan valiosas contribuciones a sus actividades. Participan en todos los niveles del Consejo Ártico, impulsan y lideran proyectos, y contribuyen al trabajo técnico y a los procesos políticos. Con el objetivo de fortalecer aún más su participación en los Grupos de Trabajo, los Participantes Permanentes promueven la creación de copresidencias permanentes en dichos grupos.

La Declaración de Ottawa reconoce los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas del Ártico y, destaca su importancia, así como la de la ciencia y la investigación árticas, para la comprensión colectiva del Ártico circumpolar. Desde la creación del Consejo Ártico, los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas han ocupado un lugar significativo dentro del Consejo. El Consejo Ártico se construyó sobre la base de la Estrategia para la Protección Ambiental del Ártico y surgió como un reconocimiento institucional de las voces de los Pueblos Indígenas en la gobernanza del Ártico. Esta estructura singular permite que representantes indígenas influyan directamente en las recomendaciones de política, aunque no cuenten con derechos formales de voto.

La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

La Secretaría de los Pueblos Indígenas (IPS) del Consejo Ártico, establecida en 1994, es una secretaría de apoyo para los seis Participantes Permanentes del Consejo. Dirigida por una junta integrada por miembros de cada una de las organizaciones de Participantes Permanentes y tres representantes estatales, la IPS funciona en conjunto con la Secretaría del Consejo Ártico, aunque opera bajo su propio mandato y presta servicios al Consejo de acuerdo con sus funciones específicas. Su principal mandato es facilitar la participación activa y la consulta plena de los Participantes Permanentes en el Consejo Ártico, aunque sus funciones son diversas: la provisión de apoyo administrativo, la coordinación de comunicaciones, la asistencia en reuniones y el respaldo a iniciativas relacionadas con las culturas indígenas y la protección ambiental.

En 1994, la Secretaría de los Pueblos Indígenas fue establecida como una institución de apoyo a las organizaciones de Pueblos Indígenas en el marco de la Estrategia para la Protección Ambiental del Ártico. Posteriormente, la Declaración de Ottawa dispuso que la IPS continuara funcionando bajo el marco del Consejo Ártico para apoyar a las organizaciones indígenas, que lucharon intensamente para incorporar las voces indígenas en la estructura del Consejo Ártico durante su creación. Como resultado de ese trabajo, los Pueblos Indígenas pasaron a ocupar un lugar central dentro del Consejo. Los Participantes Permanentes han expresado su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico. A lo largo de los años, los Participantes Permanentes también se han centrado en garantizar que la IPS se fortalezca y pueda cumplir plenamente su mandato. La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

El importante papel de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico

Desde su creación, el Consejo Ártico incluye la consulta plena a las seis organizaciones de Pueblos Indígenas en sus estructuras de toma de decisiones. De este modo, el consenso constituye una buena práctica para las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y, a lo largo de su existencia, ha inspirado otros procesos de negociación internacional. La participación indígena en el Consejo Ártico no fue una concesión simbólica de los Estados, sino el resultado de la lucha política y  procesos de negociación. La participación indígena no es meramente simbólica, sino esencial para garantizar que la gobernanza del Ártico refleje las realidades y prioridades de quienes viven en la región.

En artículos publicados en 2025, la presidenta internacional del Consejo Circumpolar Inuit, Sara Olsvig, y el presidente del Consejo Sami, Per Olof Nutti, se refieren al Consejo Ártico como un modelo único de gobernanza internacional, moldeado de manera significativa por los Pueblos Indígenas del Ártico. Ambos destacan el papel histórico de la movilización política indígena en la consolidación del sistema de Participantes Permanentes y sostienen que la participación indígena es esencial para la legitimidad, la eficacia y el desarrollo futuro de la cooperación ártica. 

Tanto Sara Olsvig como Per Olof Nutti presentan al Consejo Ártico como un modelo distintivo de gobernanza internacional en el que los Pueblos Indígenas ocupan un papel institucionalizado e influyente que va más allá de una participación simbólica: no son simplemente actores interesados, sino actores políticos y agentes diplomáticos por derecho propio, que han contribuido activamente a moldear el desarrollo de la cooperación ártica. Ambos sitúan este papel en los procesos de movilización indígena internacional iniciados en la década de 1970, cuando las organizaciones indígenas comenzaron a construir una cooperación política transnacional en el Norte circumpolar y, posteriormente, exigieron con éxito un rol formal dentro de las emergentes estructuras de gobernanza ártica.

El importante papel de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico

Un tema central es la importancia de la “posición inusualmente fuerte e influyente” que representa el estatus de Participante Permanente, el cual permite a los Pueblos Indígenas participar de manera directa y continua en los procesos de toma de decisiones junto a los ocho Estados árticos. Olsvig destaca que este modelo de participación es único y singular a nivel internacional, y que surgió gracias a una persistente incidencia indígena que sostenía que la gobernanza del Ártico no podía ser legítima sin su representación. De manera similar, Nutti argumenta que la participación indígena es fundamental para asegurar que la gobernanza del Ártico refleje las realidades, prioridades y sistemas de conocimiento de las comunidades árticas. Los artículos subrayan que los conocimientos, prioridades y perspectivas indígenas se han integrado profundamente en el trabajo científico, la gobernanza ambiental y la formulación de políticas del Consejo.

Al mismo tiempo, Nutti introduce una mirada más crítica respecto de las limitaciones de la actual estructura de gobernanza, señalando que la participación de los Participantes Permanentes en el consenso no está plenamente formalizada sobre el papel, aunque reconoce la considerable influencia informal que han adquirido. Por ello, el artículo promueve debates sobre reformas que fortalezcan aún más la autoridad indígena dentro de las instituciones de gobernanza del Ártico.

En conjunto, Olsvig y Nutti sostienen que la legitimidad, la eficacia y la resiliencia futura del Consejo Ártico dependen de mantener y fortalecer la participación indígena. Presentan al Consejo como un ejemplo poco común de cooperación internacional inclusiva, en el que los Pueblos Indígenas han logrado una influencia institucional significativa y donde sus conocimientos, derechos y capacidad de acción política están integrados en las estructuras de gobernanza. Al mismo tiempo, enfatizan que el futuro de la cooperación ártica dependerá de continuar fortaleciendo este modelo inclusivo y colaborativo, así como de mantener el foco en las necesidades, derechos y resiliencia de las comunidades del Ártico.

Para conocer más véase los capítulos sobre el Consejo Ártico en El Mundo Indígena 2025

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En el centro de esta tensión se encuentra Polar Lithium, una empresa conjunta entre la corporación Nornickel y la estatal rusa Rosatom, responsable del desarrollo de Kolmozerskoye, el mayor yacimiento de litio del país, ubicado en la región de Murmansk, en la frontera con Finlandia. Aunque el proyecto promete fortalecer la posición estratégica de Rusia en el mercado mundial del litio, también genera importantes preocupaciones para el pueblo Sámi, cuyos territorios ancestrales se ven directamente afectados.

El rol del litio en la economía global y el nuevo enfoque de Rusia

El litio suele ser denominado como el “oro blanco” o el “nuevo petróleo” de la revolución renovable y está transformando los mercados globales. Actualmente, la producción de baterías representa el 74 por ciento de la demanda mundial de este metal y se estima que crezca drásticamente a medida que aumente la adopción de vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía renovable. Para 2030, se espera que la demanda de litio aumente 18 veces con respecto a 2021 y se proyecta un asombroso incremento de 60 veces para 2050. Cabe destacar que el 80 por ciento de los yacimientos globales de litio se encuentran en tierras de importancia histórica para los Pueblos Indígenas.

Conociendo que la creciente demanda de materias primas puede reconfigurar el poder geopolítico, Rusia ha priorizado el desarrollo de su capacidad doméstica para reducir la dependencia de las importaciones. Además de poseer grandes reservas del mineral, que representan el 10 por ciento del total mundial, el país tomó control de dos de los cuatro yacimientos de Ucrania luego de la invasión de 2022. Yacimientos previamente abandonados por falta de viabilidad ahora son considerados críticos para fortalecer la cadena de suministro nacional. Por ello, Rusia está impulsando proyectos de minería de litio en los yacimientos Zavitinskoye, Polmostundrovskoye, Kovyktinskoye, Yaraktinskoye y Kolmozerskoye, con planes de desarrollo acelerado entre 2023 y 2030 para cubrir la creciente demanda interna.

Se espera que el yacimiento de Kolmozerskoye produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías. El proyecto cuenta con una licencia de uso de 20 años con una inversión inicial de 19 millones de dólares.

Se espera que el yacimiento produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías.

En febrero de 2023, Polar Lithium recibió los derechos exclusivos para explotar Kolmozerskoye. Este proyecto se ubica en la región de Murmansk y forma parte de los planes geopolíticos de Rusia para reducir la dependencia de las importaciones de litio y de componentes de baterías. Se espera que el yacimiento produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías. Adjudicado mediante una subasta por la Agencia Federal Rusa para la Gestión de Recursos Subterráneos, el proyecto cuenta con una licencia de uso de 20 años con una inversión inicial de 19 millones de dólares. 

Durante 2023 y 2024, Polar Lithium completó perforaciones exploratorias extensas en la región: un total de 184 pozos que suman más de 40 kilómetros. Este ambicioso plan indica un posible giro estratégico de Nornickel desde la explotación del níquel hacia la minería de litio. Rosatom también está construyendo una fábrica en Kaliningrado que producirá baterías para 50.000 vehículos eléctricos por año a partir de 2025. Además, se planea una segunda planta, aunque su ubicación todavía no ha sido revelada.

La amenaza de Nornickel a las comunidades árticas

Nornickel es el principal productor mundial de níquel, paladio y platino, y la mayor empresa minera y metalúrgica de Rusia. Impulsada por las tendencias del mercado global y las presiones geopolíticas, esta gigante minera (que cuenta con un polémico historial de daños ambientales y sociales) se posicionó rápidamente como un actor clave de la minería a nivel mundial y de la extracción de litio en el Ártico.

Aunque la infraestructura existente y su dominio en la minería ártica le otorgan una ventaja, la historia de Nornickel es preocupante. Incidentes como el catastrófico derrame de diésel en Norilsk en 2020 evidencian su negligencia ambiental. La empresa también ha emitido metales pesados a la atmósfera y vertido aguas químicas residuales en ríos cercanos. Estos antecedentes plantean dudas sobre si su incursión en la energía verde es realmente un paso hacia la sostenibilidad o, simplemente, una nueva fase de explotación de recursos con el único objetivo de aumentar sus ganancias.

La construcción de infraestructura e instalaciones que permitan la extracción de los recursos representa una amenaza para las comunidades indígenas nómadas dado que reducen significativamente sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos.

La infraestructura y las instalaciones representan una amenaza para las comunidades nómadas dado que reducen sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos.

Así como el proyecto promete grandes beneficios económicos y estratégicos, también plantea graves riesgos para los ecosistemas árticos y las comunidades indígenas que habitan tradicionalmente en la región. La construcción de infraestructura e instalaciones que permitan la extracción de los recursos representa una amenaza creciente para las comunidades indígenas nómadas dado que reducen significativamente sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos. Si bien Nornickel ha adoptado los principios Environmental, Social, and Governance, sus inversiones en reducción de emisiones han sido criticadas por superficiales y no abordar el daño ambiental sistémico. En este contexto, Kolmozerskoye corre el riesgo de perpetuar ciclos de injusticia social.

La minería del litio también representa un nuevo camino de daño ambiental y amenaza ecosistemas ya afectados por el cambio climático y la actividad industrial. En efecto, la técnica de extracción prevista será la minería a cielo abierto que es una de las más destructivas. Este método implica la remoción masiva de vegetación, suelo y roca, lo cual contamina el aire y las fuentes de agua, y causa una gran pérdida de biodiversidad. Además, estas operaciones podrían acelerar la degradación del permafrost (suelo que permanece congelado) y liberaría gases de efecto invernadero atrapados. En conjunto, estas operaciones desestabilizarían aún más el clima.

Derechos indígenas y la ilusión del consentimiento

Las formas de vida de las comunidades indígenas del Ártico dependen del pastoreo de renos, la pesca y la caza, y son especialmente vulnerables. De hecho, la minería de litio ya ha desplazado comunidades y ha erosionado prácticas culturales ligadas a la tierra. La región de Kolmozero, que albergaba campamentos de pastoreo y una estación meteorológica vital para los pueblos Sámi y Komi, ha sido profundamente afectada: al anunciarse la extracción del mineral, las comunidades se vieron obligadas a abandonar sus tierras ancestrales. La cooperativa Tundra, que cuenta con 20.000 renos, corre el riesgo de colapsar debido a la destrucción del hábitat y la contaminación.

La desconfianza persistente hacia los proyectos industriales se ve agravada por la participación superficial de las comunidades indígenas. Las decisiones sobre la industria extractiva suelen tomarse a puertas cerradas, sin una consulta real sobre las necesidades o intereses de los pueblos afectados. Aunque Nornickel asegura que promueve un “mundo más limpio” y que involucra a los Pueblos Indígenas, los residentes sámi han denunciado la superficialidad del proceso: sólo se consultó a 50 personas sámi, a pesar de que la región alberga a unos 2.500 personas.

En manos de empresas como Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción subyacente y la erosión sistemática de los derechos y la autonomía indígenas.

En manos de Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción y la erosión de los derechos indígenas.

Si bien Nornickel afirma respetar el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), en la práctica, las comunidades suelen quedarse sin opciones. En lugar de establecer un diálogo genuino, Nornickel presenta “acuerdos preferenciales”, que presionan de facto a las comunidades a reubicarse. Peor aún, las estructuras de gobernanza existentes, incluidas las leyes rusas y marcos internacionales como el Consejo Ártico, han fallado en proteger los derechos indígenas y han dejado a las comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación y el desplazamiento. Al evitar una consulta genuina, las operaciones de Nornickel refuerzan esta brecha.

De más está decir que estas prácticas que simulan el consentimiento socavan la soberanía indígena y perpetúan la injusticia sistémica. Aprovechando la vulnerabilidad económica de las comunidades, las empresas ofrecen incentivos menores, mientras que la simulación de consentimiento legitima sus actividades. El resultado es una transacción profundamente desigual que deja a las comunidades indígenas con las promesas incumplidas y la carga de la explotación. En manos de empresas como Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción subyacente y la erosión sistemática de los derechos y la autonomía indígenas.

Claves para una transición que respete los derechos indígenas

El enfoque de Transición Justa enfatiza la equidad y la inclusión de las poblaciones más postergadas en el camino hacia una economía verde. En el Ártico, este enfoque debe asegurar que las comunidades indígenas, los ecosistemas y los actores locales sean priorizados en lugar de marginados, y debe incluir:

Gobernanza participativa: los Pueblos Indígenas, incluidos los sámi, deben estar activamente involucrados en todos los niveles de toma de decisiones de los proyectos extractivos. Esto requiere mecanismos formales de consulta y consentimiento con poder de veto sobre proyectos que afecten sus tierras.

Mecanismos de reparto de beneficios: los ingresos generados por la extracción de litio deben distribuirse equitativamente con las comunidades. Esto puede materializarse a través del pago de regalías, inversiones en infraestructura local y financiamiento de programas de preservación cultural. Parte de las ganancias de proyectos como Kolmozerskoye debería destinarse a iniciativas comunitarias en energías renovables, educación y salud, con el objetivo de empoderar a los Pueblos Indígenas para forjar su propio futuro sostenible.

Protección legal de los derechos indígenas: se deben fortalecer los marcos legales que designen zonas prohibidas para la actividad industrial en áreas cultural o ecológicamente significativas.

Custodia ambiental: las operaciones mineras deben cumplir con estrictas normas ambientales, auditorías independientes y obligatorias, y monitoreo en tiempo real de los impactos ecológicos.

Hacia una Transición Justa

A medida que las naciones buscan cumplir sus objetivos climáticos, los riesgos para los ecosistemas y pueblos del Ártico nunca han sido tan altos. La región es vista como un sitio clave para proyectos de energía verde, como parques eólicos, energía solar e hidroeléctrica. Las comunidades indígenas, una vez más, quedan atrapadas en medio de las guerras verdes.

En este contexto, Nornickel se presenta como el líder de la ambición energética verde de Rusia, pero arrastra un legado de destrucción ambiental y violaciones a los derechos indígenas. El proyecto Kolmozerskoye subraya la necesidad de un diálogo global sobre la ética de la extracción de recursos en el Ártico. Las preguntas clave siguen abiertas: ¿se escuchará la voz de los Pueblos Indígenas del Ártico en la discusión sobre el futuro de sus territorios o la energía verde se alcanzará a costa de sus ecosistemas? Estas preguntas son relevantes dadas las presiones económicas y geopolíticas que impulsan la extracción, incluyendo la participación de corporaciones respaldadas por el Estado.

Como ocurre con otros megaproyectos extractivos intensivos, el desarrollo de proyectos verdes tiene el potencial de generar conflictos con las comunidades locales. Así, puede reproducir procesos históricos de despojo y colonialismo, y socavar décadas de avances arduamente logrados. La frontera del litio en el Ártico refleja las contradicciones de una economía verde dependiente de prácticas intensivas en recursos, y encarna la paradoja de la sostenibilidad: los recursos necesarios para construir un futuro sostenible podrían contribuir a la destrucción del planeta. El desarrollo sostenible requiere más que innovación tecnológica: exige equidad, responsabilidad y respeto ecológico. Sin estas medidas, la búsqueda del “oro blanco” podría dejar como legado la devastación en lugar del progreso.

Debido al contexto político que vive el país, los autores prefieren mantener el anonimato.

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