El informe menoscaba la dimensión colectiva de la justicia, lo que impide generar cambios para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Asimismo, el documento no menciona los seis componentes esenciales e interrelacionados del acceso a la justicia: justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, provisión de recursos para las víctimas y rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Además de ser señalados en la Recomendación General N° 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), estos componentes también son aplicables a las mujeres y niñas indígenas.

Una de las causas estructurales de la injusticia contra las mujeres indígenas en Nepal es la falta de reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual implica desconocer su identidad diferenciada y su papel principal como custodias de la identidad indígena: la cultura, el patrimonio (material e inmaterial), la lengua, los conocimientos, la civilización, la biodiversidad y, las tierras, territorios y recursos. Las mujeres representan el 50,4% de la población de Nepal, de las cuales el 37,5% son mujeres adivasi janajati. Según el Censo de 2021, la población indígena representa el 35,2% de la población total de Nepal, y las mujeres indígenas constituyen aproximadamente el 18% de la población nacional.

Pilares de la soberanía y custodias de la naturaleza

A diferencia del resto de las mujeres indígenas, la Constitución les reconoce específicamente a las mujeres de la casta dalit (la posición más baja en la jerarquía de castas) derechos vinculados con la igualdad de acceso a privilegios: participación en todos los órganos del Estado sobre la base del principio de inclusión proporcional; medidas focalizadas para el empleo, la representación y la participación; provisión de recursos para las ocupaciones tradicionales, conocimientos, habilidades y tecnologías de la comunidad dalit; y asignación de tierras para las dalit sin tierra. De modo diferente, el derecho a la justicia social no está garantizado para las mujeres indígenas, mientras no sean reconocidas constitucionalmente de la misma manera que lo son las mujeres dalit.

En el caso de los Pueblos Indígenas, el acceso a la justicia está estrechamente vinculado al ejercicio colectivo de la soberanía sobre tierras, territorios y recursos naturales. Las mujeres indígenas son pilares de esa soberanía y custodias de la naturaleza, lo que constituye un elemento central de la jurisprudencia indígena. Además, desempeñan roles clave en la toma de decisiones dentro de los hogares, las comunidades y la vida cultural, ámbitos que se ven seriamente afectados por leyes y prácticas de carácter colonial. 

En el pueblo Magar, los elementos de la naturaleza reciben nombres femeninos: al Himalaya la llaman Khagar o Kuthi; a las colinas las llaman Boki; a las zonas de media montaña, Kaanta; y lo mismo ocurre con los bosques, árboles, aguas y ríos.

En el pueblo Magar, los elementos de la naturaleza reciben nombres femeninos: al Himalaya la llaman Khagar o Kuthi; a las colinas las llaman Boki.

Un ejemplo ilustrativo es el sistema de creencias del pueblo indígena Yakthung (limbu), estrechamente vinculado a la naturaleza. De acuerdo a su cosmovisión del Mundhum, Tambhungma es una deidad del bosque y el bosque le pertenece a ella (y no a los seres humanos). Tambhungma representa el poder supremo femenino que sostiene la vida física, mental y espiritual de las personas en equilibrio con la naturaleza. Cuando alguien se enferma, se debe rendir culto a esta deidad y solicitar permiso antes de utilizar los recursos del bosque. El día está destinado a los seres humanos y la noche a Tambhungma, por lo que las actividades humanas en el bosque durante la noche están estrictamente prohibidas. 

De manera similar, en el sistema consuetudinario del pueblo indígena Magar, los elementos de la naturaleza reciben denominaciones femeninas: al Himalaya la llaman Khagar o Kuthi; a las colinas las llaman Boki; a las zonas de media montaña, Kaanta; y lo mismo ocurre con los bosques, árboles, aguas y ríos. Todos reciben nombres de mujer. En este sistema, que aún se practica en Atharah Magarat (las 18 regiones o reinos del pueblo Magar) y se conoce como Kachahari, las mujeres participan en igualdad de condiciones en la gestión de tierras y recursos, incluida la toma de decisiones.

Hacia un cambio de paradigma en el derecho

Otro ejemplo de cómo la pertenencia y la identidad cultural de las mujeres indígenas se expresan de manera distinta respecto de la sociedad dominante se observa en el nombre. En las castas hindúes (religión mayoritaria en Nepal), el apellido de una mujer cambia tras el matrimonio; en cambio, en las prácticas consuetudinarias indígenas, la mujer conserva su identidad comunitaria (tanto su pertenencia colectiva, como sus derechos colectivos). Sin embargo, la legislación estatal no reconoce estos aspectos de la identidad, la pertenencia y el papel de las mujeres indígenas en las prácticas espirituales. Respetar a todas las mujeres, independientemente de su origen, casta, etnia, credo, lengua, comunidad o denominación, requiere un cambio de paradigma en el derecho.

La Constitución no define explícitamente qué se entiende por acceso a la justicia ni precisa sus seis componentes esenciales e interrelacionados, aunque reconoce el derecho a la justicia como un derecho fundamental. Si bien enumera elementos vinculados a la justicia penal, omite el derecho a un juicio justo ante un tribunal o autoridad judicial independiente, imparcial y competente, al que toda persona tiene derecho. Asimismo, atribuye a los tribunales y otros órganos judiciales la facultad de administrar justicia conforme a la Constitución, las leyes y los principios reconocidos de justicia.

Desde el punto de vista constitucional, los tribunales y demás órganos judiciales son los responsables de impartir justicia. Sin embargo, el ordenamiento no reconoce los sistemas de justicia consuetudinaria, ampliamente practicados en las comunidades indígenas (que casi no tienen acceso a la Justicia formal). La Constitución no sólo cierra la puerta a la jurisprudencia indígena, sino que también desconoce los sistemas de justicia propios que garantizan el acceso a la justicia a nivel comunitario. De este modo, se configura una barrera estructural para el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, dado que la mayoría vive en zonas rurales y los tribunales están ubicados en centros urbanos.

En consecuencia, si bien la equidad procesal es un componente esencial del acceso a la justicia, las mujeres indígenas quedan, en la práctica, excluidas de ese sistema.

Barreras estructurales: el idioma, los honorarios y la estructura judicial

Las mujeres indígenas son víctimas de violencia, trata de personas y sistemas de explotación como el kamlari (trabajo forzado de mujeres tharu). Los datos muestran que la trata de mujeres y niñas indígenas alcanza un ritmo alarmante: representan el 70 por ciento de las víctimas rescatadas por Organizaciones No Gubernamentales. Sin embargo, la “Ley de Control de la Trata y el Transporte de Personas” de 2007 no tipifica todas las formas de trata ni establece protocolos estandarizados para la identificación de víctimas. Según el informe anual de la Oficina del Auditor General (2019-2020), sólo el 19,4% de los casos de trata ha sido resuelto: el 10,4% culmina en condena y el 8,9% en absolución. Los procesos judiciales son extremadamente lentos, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia en estos casos.

Paralelamente, los procedimientos judiciales no son culturalmente adecuados para las mujeres indígenas: el idioma oficial es el khas nepalí (que no es la lengua materna de los Pueblos Indígenas), mientras que las tasas judiciales y los honorarios legales resultan prohibitivos. Además, en la composición de los tribunales están sobrerrepresentados los grupos de castas dominantes y los tribunales responden a estructuras patriarcales moldeadas por la jurisprudencia del sistema de castas hindú, que institucionaliza formas de colonización y racismo.

En consecuencia, los Pueblos Indígenas y, en especial, las mujeres se ven afectados desproporcionadamente. En la actualidad, la Corte Suprema cuenta con 19 jueces, de los cuales 17 pertenecen al grupo Khas-Arya, mientras que sólo dos son ministros indígenas. Además, estos dos jueces son indígenas newar, es decir, solamente uno de los 60 Pueblos Indígenas oficialmente reconocidos. Esta estructura de representación, junto con la impronta del sistema de castas en el ámbito judicial, limita la capacidad del sistema para garantizar un acceso efectivo a la justicia para todas las personas.

Hacia un cambio de paradigma en el derecho

En la Constitución, la disposición de la justicia social como derecho fundamental establece el derecho a participar en los órganos del Estado sobre una base inclusiva. Esto se aplica a 16 categorías de personas económica, social y educativamente desfavorecidas, incluidos los Pueblos Indígenas y los khas arya (el grupo de castas dominante). Del mismo modo, el sistema de reservas o cuotas está institucionalizado en la Constitución para sustentar la justicia social. Sin embargo, no existe garantía de que las mujeres indígenas tengan derecho a beneficiarse de esta disposición.

Como se observa, los obstáculos al acceso a la justicia para las mujeres indígenas existen y están institucionalizados en la Constitución y en las leyes, que desconocen de manera sistemática su identidad y existencia colectiva diferenciada. De este modo, la Justicia de Nepal tiende a colonizarlas, asimilarlas y subordinarlas, forzándolas a permanecer en una posición de desventaja. Asimismo, el marco constitucional y legal en materia de acceso a la justicia no reconoce la jurisprudencia indígena, la jurisprudencia feminista indígena, los sistemas de justicia propios ni el papel de las mujeres indígenas como custodias de las tierras y los territorios.

Todos estos elementos son pilares fundamentales para el ejercicio del derecho a la libre determinación, la soberanía y la libertad frente a toda forma de discriminación, marginación, exclusión y violencia estructural. Por lo tanto, el reconocimiento de la libre determinación y la no discriminación, la identidad colectiva de las mujeres indígenas, su papel como custodias de la naturaleza, la jurisprudencia indígena y la administración de justicia indígena, constituye la base del acceso a la justicia para las mujeres indígenas.

Mientras tanto, las mujeres indígenas de Nepal siguen esperando con esperanza a que estos derechos sean plenamente reconocidos.

The post El acceso a la justicia de las mujeres indígenas en Nepal appeared first on Debates Indígenas.

En medio del caos, varias viviendas de líderes políticos, incluida la del Primer Ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, fueron incendiadas y tanto él como su Ministro del Interior renunciaron. A su vez, varios parlamentarios estuvieron desaparecidos durante días. Sitios icónicos, como el edificio del Parlamento y la Corte Suprema, también fueron incendiados. Aunque un gobierno interino, formado tras negociaciones con el Movimiento de la Generación Z, está restableciendo los servicios, el Poder Judicial sigue paralizado: miles de documentos se destruyeron, entre ellos, acciones de amparo presentadas por comunidades indígenas. 

Uno de estos amparos apunta a frenar un proyecto de teleférico en una montaña sagrada que el pueblo Limbu ha identificado históricamente como Mukkumlung, renombrada hace un siglo como Pathibhara, en alusión a una diosa hindú. En las últimas décadas, Pathibhara se ha vuelto muy concurrida por peregrinos hindúes. Mukkumlung forma parte del territorio ancestral limbu y, geopolíticamente, es muy delicado al ser limítrofe con Tíbet (China) y Sikkim (India). También es geológicamente frágil, ya que forma parte del Himalaya, una de las zonas ecológicas más biodiversas del planeta. Para preservarlo, en 1997, el gobierno de Nepal declaró esta zona como Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga.

El embate del desarrollo contra los sitios sagrados

“No creo que debamos entregar nuestras tierras sagradas en nombre del desarrollo. Ni siquiera estamos dispuestos a entregar nuestro bosque comunitario, mucho menos nuestros templos, santuarios y espacios sagrados”, dice Sarita Ghale, de la comunidad Khasur, al norte de Nepal. El cortometraje Que tengas una vida tan larga como la del río explora la tensión entre la sabiduría ancestral, la agencia de los guardianes invisibles de la tierra y la fuerza implacable del “progreso” que impulsa la economía hidroeléctrica. El título en lengua gurung es una bendición de las personas mayores hacia los jóvenes: “Que vivas tanto como el árbol simal, que seas tan fuerte como las rocas del río Marsyangdi”.

Este cortometraje forma parte del proyecto documental gemelo “¿Derechos humanos más allá de lo humano?”, producido en el marco del proyecto de investigación RIVERS (2019-2026). RIVERS examina la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y el rol del derecho, a través del trabajo de campo en Nepal, Colombia, Guatemala y las Naciones Unidas. Su contraparte colombiana, Jueza entre mundos, sigue el recorrido espiritual y jurídico de la jueza indígena Belkis Izquierdo. Este retrato íntimo de Aty Seikuinduwa (“madre más allá de la oscuridad”) muestra cómo la autoridad lleva la tierra viva, los múltiples sistemas de vida y las prácticas espirituales indígenas a la sala judicial.

Tanto el gobierno nepalí (que avala el proyecto) como la empresa privada no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada.

Tanto el gobierno nepalí como la empresa no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada.

Estos films desafían los marcos jurídicos dominantes al situar en primer plano voces más-que-humanas y la jurisprudencia indígena: ofrecen una reflexión poderosa sobre el pluralismo jurídico, la espiritualidad y la resistencia al extractivismo. En sintonía con estos documentales, el proyecto del teleférico ejemplifica el último embate del “desarrollo” sobre la tierra sagrada. Registrado por la empresa Pathibhara Devi Darshan Private Limited, de un multimillonario nepalí, conectaría la base de la montaña con su cima, sobrevolando el sendero de peregrinación y afectando los bosques montanos. 

Con una inversión estimada de 21.000.000 de dólares, la empresa afirma que el teleférico facilitaría el camino de la peregrinación, impulsaría el turismo y generaría empleo, lo cual traería desarrollo al distrito de Taplejung. Sin embargo, tanto el gobierno nepalí (que avala el proyecto) como la empresa privada no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada. En efecto, ya se planifican resorts, cafeterías, hoteles y una pista de patinaje en la cima del sitio sagrado.

Violencia burocrática y legal

Como parte del proceso de paz posterior al fin de la “Guerra del Pueblo” que concluyó en 2006, Nepal ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y respaldó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. Estos instrumentos reconocen a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos colectivos (a la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales) y establecen el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sobre decisiones que los afecten.

Inicialmente, Nepal fue celebrado como un líder regional en la protección de los derechos indígenas: fue el primer país asiático en ratificar el Convenio 169 y, en su Constitución de 2015, reconoció explícitamente los derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez,  los artículos 26 y 34 protegen los derechos de las comunidades a preservar sus sitios religiosos y sus prácticas culturales. También, ratificó la Convención del Patrimonio Mundial de 1978 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2010.

Los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen sistemáticamente la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Casi 20 años después, el liderazgo de Nepal ha demostrado ser un falso amanecer. Un informe reciente, “Hanging by a Thread: Indigenous Peoples’ Rights in Renewable Energy Transition”, publicado por Accountability Council y la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal, documenta cómo los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen sistemáticamente la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Al aprobar el proyecto del teleférico, el gobierno de Nepal también ha autorizado la tala de miles de árboles, la destrucción del hábitat de especies animales amenazadas y, en consecuencia, la eliminación de la misma razón por la que se creó el Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga. Más recientemente, se ha enviado a la policía armada para reprimir las protestas, lo que incluyó el uso de gases lacrimógenos dentro de las casas en plena noche, la destrucción de cámaras de vigilancia, la detención y agresión física a habitantes y la apertura de fuego contra quienes protestaban, hiriendo a varias personas. A su vez, se iniciaron causas judiciales contra los manifestantes por “generar disturbios”.

¿Podría la Corte de Nepal establecer un referente jurídico en el sur de Asia?

Nepal está impulsando reformas muy necesarias en múltiples frentes. En medio de violencia ejercida por el propio Estado, el futuro legal de Mukkumlung descansa en manos de la Corte Suprema de Nepal que, literalmente, está renaciendo de sus cenizas. ¿Podría este alto tribunal transformar el liderazgo “de papel” de Nepal en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en una verdadera jurisprudencia progresista que permita que la montaña sagrada limbu gane su batalla legal?

La innovadora jurisprudencia indígena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia podría ofrecer nuevas vías legales para los casos nepalíes sobre daños a tierras indígenas vinculados a proyectos de desarrollo y de transición verde. Desde que su Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural, Colombia ha construido un sólido cuerpo de jurisprudencia multicultural. Sin embargo, recién en 2014 el Poder Judicial nombró a su primera magistrada auxiliar indígena, Belkis Izquierdo Torres, lo que constituyó un hito histórico. Cuatro años más tarde, la magistrada se convirtió en una de las 31 juezas del Tribunal de Paz, junto a otras tres juezas indígenas. 

“Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un ser sintiente, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido, ha sido dañado y está aún dolorido”.

“Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido y está aún dolorido”.

Creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la JEP investiga y juzga casos vinculados al conflicto armado, que afectó de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes. Fueron estas comunidades las que lograron incluir el Capítulo Étnico (añadido tardíamente) que garantiza el reconocimiento de sus derechos y territorios en el proceso de justicia transicional. En coherencia con su mandato centrado en las víctimas, este tribunal ha elaborado una metodología participativa de investigación territorial.

Como explica Belkis Izquierdo en el cortometraje: “Es necesario salirse [los jueces] un poco del cuadro de la oficina para sentir el Territorio, oler el Territorio. Nuestro conocimiento indígena no sólo viene de la razón humana, viene de los Territorios, porque el conocimiento está territorializado”. La idea de que la tierra misma pueda ser portadora de saber jurídico contrasta fuertemente con la jurisprudencia nepalí sobre derechos indígenas. La jueza añade: “Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un ser sintiente, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido, ha sido dañado y está aún dolorido. Y que es necesario que tenga una voz en el proceso judicial para que se reconozcan los daños, para que se repare”.

Una lucha para transformar el carácter del Estado

La jurisprudencia indígena colombiana marca un hito jurídico: no sólo reconoce que los seres humanos pueden sufrir daño, sino también los sitios sagrados, los seres espirituales y sus interrelaciones. Los territorios indígenas en Colombia son titulares de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esto es una novedad dado que antes estos derechos eran reservados únicamente para los individuos y los grupos afectados por el conflicto.

En la misma línea, la Corte Suprema de Nepal podría realizar una visita in situ o una misión de constatación de hechos a Mukkumlung. En la última década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios tribunales superiores latinoamericanos han realizado visitas a comunidades indígenas y afrodescendientes para recabar evidencia y escuchar a todas las partes involucradas. La primera visita in situ de la Corte Interamericana se realizó en 2012, en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador: los jueces viajaron en avión y canoa para realizar audiencias en la comunidad amazónica. Desde entonces, el tribunal ha realizado 15 visitas in situ, seis de ellas a comunidades indígenas.

Aunque las comunidades indígenas de Nepal permanecen escépticas respecto del sistema judicial (al que perciben como estructuralmente sesgado contra los casos indígenas), pocas alternativas quedan más allá de recurrir a los tribunales nacionales. Durante una audiencia en la Corte Suprema en 2025 sobre el proyecto del teleférico, un abogado de la empresa desestimó las reivindicaciones indígenas: “Es como escuchar ficción y poesía. Su argumento pertenece a la edad de piedra”. La ironía es cuán arcaicos resultan esos comentarios racistas en comparación con prácticas jurídicas innovadoras, como las de Colombia, donde la pluralidad de sistemas de conocimiento se integra en litigios ambientales e indígenas.

Como reflexionó Shree Linkhim, uno de los jóvenes líderes indígenas del movimiento #NoCableCar: “El movimiento indígena va mucho más allá de frenar teleféricos e hidroeléctricas. En el fondo, la lucha tiene que ver con transformar el carácter del Estado nepalí”. Si los movimientos indígenas se comprenden como una resistencia permanente, el histórico fallo colombiano de Belkis representa un momento monumental al que Nepal podría aspirar. Que alguna vez lo alcance dependerá de cómo evolucionen el carácter y las prácticas del Estado y del Poder Judicial a la luz del levantamiento del Movimiento de la Generación Z y de las elecciones de 2026, que prometen reconfigurar el panorama político del país.

The post Cuando el territorio sagrado se encuentra con el derecho: relatos de resistencia legal desde Nepal y Colombia appeared first on Debates Indígenas.

El presente artículo se centra en la comunidad Magar de Dungeshwor y en la metodología culturalmente sensible aplicada para llevar a cabo las encuestas comunitarias. Este proceso dio lugar a la creación de un proyecto definido y gestionado por la propia comunidad, orientado a promover su desarrollo autodeterminado mediante el empoderamiento colectivo. El proyecto trabaja activamente en la preservación de su lengua y cultura, al mismo tiempo que revitaliza sus instituciones tradicionales de autogobierno.

La recolección de datos en las comunidades magar

Con una población que supera los 2.000.000 de personas, lo que representa casi el 7 por ciento del total nacional, el Pueblo Indígena Magar es uno de los más numerosos de Nepal. La encuesta comunitaria se llevó a cabo en la comunidad del municipio de Dungeshwor, en el distrito de Dailekh (al oeste de Nepal), en estrecha colaboración con la Federación Nepalí de Nacionalidades Indígenas (NEFIN) – Dailekh y con la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal (LAHURNIP).

Fundada en 1995 por abogados indígenas, LAHURNIP trabaja por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas en Nepal. Su compromiso es proteger, promover y defender sus derechos, impulsando la implementación efectiva del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Para ello, emplea diversas estrategias como las herramientas de la Iniciativa Navegador Indígena, que permiten monitorear el reconocimiento y cumplimiento de esos derechos.

Los objetivos del taller nacional fueron establecer un entendimiento común sobre derechos y desarrollo indígena, y brindar a los asistentes las habilidades necesarias para recolectar datos de acuerdo con la metodología del Navegador Indígena.

Los objetivos del taller fueron establecer un entendimiento sobre derechos indígenas y brindar las habilidades necesarias para recolectar datos.

Por su parte, NEFIN es una organización autónoma y representativa de los Pueblos Indígenas de Nepal, creada en 1991. Cuenta con filiales distritales en todo el país, entre ellas NEFIN-Dailekh, que apoya a los Pueblos Indígenas del distrito en la promoción y defensa de sus derechos. Lahurnip apoya el interés de NEFIN-Dailekh en monitorear la situación de los Pueblos Indígenas a nivel comunitario. La Iniciativa Navegador Indígena se alineó con esta agenda, lo que llevó a la realización de encuestas comunitarias en dos comunidades Magar del distrito.

Para iniciar la recolección de datos, LAHURNIP organizó un taller nacional de tres días dirigido a comunidades interesadas en generar sus propios datos. Entre los participantes hubo líderes comunitarios, representantes de gobiernos locales y delegados de NEFIN-Dailekh. Los objetivos fueron establecer un entendimiento común sobre derechos y desarrollo indígena, y brindar a los asistentes las habilidades necesarias para recolectar datos de acuerdo con la metodología del Navegador Indígena.

Participación comunitaria en la implementación de la encuesta

Durante el taller, expertos temáticos y un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos capacitaron a los participantes sobre los 12 dominios de derechos indígenas presentes en los cuestionarios. La formación incluyó nociones sobre derechos humanos y libertades fundamentales, derechos de las mujeres y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, funcionarios de la Oficina Nacional de Estadística orientaron a los asistentes sobre el uso y la calidad de los datos en el desarrollo de las políticas públicas.

Tras el taller, NEFIN-Dailekh presentó un plan para realizar una encuesta en dos comunidades Magar. Con base en experiencias previas, se eligió la técnica de grupos focales como método. LAHURNIP recomendó incluir entre 15 y 25 participantes diversos en cada grupo, con al menos un 33 por ciento de representación femenina. Durante los grupos focales, los participantes recibieron una orientación sobre los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en la UNDRIP y una introducción a los ODS. De este modo, los miembros de la comunidad tomaron conciencia de sus derechos y aprendieron a monitorear su cumplimiento.

La implementación de encuestas comunitarias no es un proceso lineal: requiere un profundo conocimiento de las comunidades involucradas, comprensión del contexto y sensibilidad hacia la vida cotidiana de los participantes.

La implementación de encuestas comunitarias requiere un conocimiento de las comunidades, comprensión del contexto y sensibilidad hacia la vida cotidiana.

La recolección de datos demandó dos días de trabajo continuo con los participantes, lo que dificultó mantener a las mismas personas en ambas jornadas. Además, algunas preguntas resultaban demasiado técnicas para los miembros de la comunidad. Para lograr una participación activa se usaron diferentes herramientas, incluyendo debates apoyados en una revisión bibliográfica, que ayudaron a estimular el diálogo y la producción de datos. Por ejemplo, se formularon preguntas sencillas sobre certificados de nacimiento (un tema que despertó interés entre las mujeres), documentos de ciudadanía, títulos de propiedad y ocupaciones tradicionales.

Cabe destacar que la implementación de encuestas comunitarias no es un proceso lineal: requiere un profundo conocimiento de las comunidades involucradas, comprensión del contexto y sensibilidad hacia la vida cotidiana de los participantes. A su vez, las respuestas fueron contrastadas con otras fuentes de datos disponibles y los resultados se consolidaron en un borrador. El siguiente paso fue realizar un taller con la comunidad para contrastar la información y, a continuación, se envió la encuesta para su revisión a un representante de LAHURNIP. Finalmente, los datos verificados se subieron y se publicaron en el portal del Navegador Indígena.

Revivir el patrimonio y la autogobernanza desde la acción comunitaria

La encuesta puso en evidencia una situación preocupante para las comunidades Magar: la pérdida de su patrimonio cultural. “La encuesta alcanzó a 1.797 personas de nuestra comunidad y reveló hallazgos alarmantes. Descubrimos que nuestro patrimonio cultural y lingüístico, junto con nuestras instituciones consuetudinarias, están perdidos. Siglos de dominación colonial y políticas estatales de asimilación han erosionado nuestra lengua, tradiciones e identidad indígena. En respuesta, decidimos comenzar un trabajo para proteger y promover nuestra identidad, lengua y patrimonio cultural”, explicó la coordinadora local Rama Kumari Thapa.

Las comunidades indígenas que han realizado encuestas con el Navegador Indígena pueden utilizar los resultados para defender sus derechos a nivel local y diseñar soluciones a los problemas identificados, a través de un fondo de pequeñas subvenciones del Navegador Indígena. Actualmente, LAHURNIP acompaña a tres comunidades en este proceso, entre ellas la comunidad Magar en el municipio de Dungeshwor. En un taller de formulación de proyectos organizado por LAHURNIP, los participantes magar utilizaron los datos de la encuesta para identificar los principales desafíos de su comunidad.

“Descubrimos que nuestro patrimonio cultural y lingüístico están perdidos. Siglos de dominación colonial y políticas estatales de asimilación han erosionado nuestra lengua, tradiciones e identidad indígena”, explica la coordinadora Rama Kumari Thapa.

“Siglos de dominación colonial y políticas estatales de asimilación han erosionado nuestra lengua, tradiciones e identidad indígena”, explica la coordinadora Rama Kumari Thapa.

La comunidad Magar decidió que la mejor manera de elaborar una propuesta y monitorear la ejecución de las actividades era conformar un Comité de Implementación del Proyecto, integrado por miembros de la comunidad. Este comité definió los objetivos y actividades a realizar y, con el apoyo de LAHURNIP, preparó una propuesta para recibir un apoyo económico durante un año, en línea con los requisitos del Navegador Indígena.

A partir de la discusión de los resultados de la encuesta comunitaria y de los hallazgos preocupantes, la comunidad resolvió que la subvención debía centrarse en promover su desarrollo autodeterminado mediante el empoderamiento colectivo, el restablecimiento de la institución del autogobierno y, la preservación, al mismo tiempo, de su lengua y su cultura.

Una esperanza para la comunidad

Designada para gestionar la implementación de uno de estos proyectos financiados con pequeñas subvenciones, la lideresa Magar Thapa Magar expresa su esperanza en el proceso: “Como mujer indígena activista de la comunidad en el distrito de Dailekh, siempre me he sentido profundamente vinculada a las luchas de mi pueblo. Durante años fui testigo de la pérdida gradual de nuestro patrimonio cultural, lingüístico e identitario. Pero ahora las cosas están cambiando positivamente gracias al proyecto comunitario del Navegador Indígena”.

En el marco de esta iniciativa, la comunidad Magar de la aldea Oiru logró reestablecer el Bheja, su institución tradicional del autogobierno. Aunque estas instituciones existían en otras zonas magar, habían desaparecido hace mucho tiempo en Dungeshwor. El proyecto no sólo generó conciencia en la comunidad sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, sino que además le proporcionó herramientas y oportunidades para dialogar con el gobierno local y defender su propia agenda de desarrollo.

Como parte del proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades de participación comunitaria para vincular a la comunidad Magar del municipio rural de Dungeshwor con las autoridades locales. Como resultado, en 2024 el gobierno local asignó fondos para proteger el patrimonio cultural magar (incluyendo danzas, cantos y vestimentas tradicionales) y apoyar actividades destinadas a preservar su lengua.

Los datos como camino hacia la autodeterminación y la revitalización cultural

La experiencia de la comunidad Magar en Dungeshwor demuestra cómo la recolección de datos liderada por sus miembros, basada en metodologías culturalmente sensibles y guiada por marcos de derechos indígenas, puede evaluar y documentar de manera efectiva los desafíos que enfrentan, como la pérdida del patrimonio cultural. A través de encuestas comunitarias estructuradas, lograron generar información valiosa que no sólo concientizó a sus integrantes sobre sus derechos, sino que además produjo datos desagregados y confiables para respaldar su labor de incidencia.

De manera crucial, los datos recopilados se convirtieron en la base para diseñar e implementar iniciativas concretas, dirigidas por la comunidad, para preservar su lengua, cultura y sistemas de gobernanza. Como resultado, la comunidad logró establecer el Nepal Magar Sang a nivel de gobierno local, que ahora está activo y funcionando de manera independiente. También se formó una Organización de Mujeres Magar de Nepal para promover sus derechos. Ambas organizaciones implementaron actividades vinculadas al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con un fuerte énfasis en el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos. 

Paralelamente, los esfuerzos por revitalizar y promover la lengua materna Magar aseguraron asignaciones presupuestarias del gobierno local. Más significativamente, el proyecto apoyó la reactivación de la institución tradicional conocida como Veja, lo que marcó un paso fundamental hacia el restablecimiento de la gobernanza tradicional. Sin dudas, este ha sido un paso fundamental en el ejercicio de su derecho a la libre determinación y en la recuperación del control sobre su propio futuro.

The post Empoderamiento a través de los datos: el camino de una comunidad de Nepal hacia la libre determinación appeared first on Debates Indígenas.

La primera ola fue la migración masiva de los grupos hindúes Bahun-Chetri hacia las colinas tras la invasión musulmana en el norte de la India después del siglo XIV y la introducción del sistema de castas entre los indígenas newar por el rey Jaysthiti Malla. La segunda ola fue la colonización del rey Prithvi Narayan Shah en el siglo XVIII que resultó en la pérdida de autonomía y el despojo de territorios indígenas. Una tercera ola fue la introducción de la jurisprudencia hindú con la promulgación del primer código civil de Nepal en 1854, que clasificó a los Pueblos Indígenas como castas bebedoras de licor dentro de la jerarquía hindú, diferenciando entre “masinya” (esclavizables) y “namasinya” (no esclavizables).

En una cuarta ola, se dio la nacionalización de los bosques en 1956 y la abolición del sistema de tenencia comunal de tierras Kipat en 1963. En una quinta ola, en la década de 1970, se introdujo el modelo de conservación tipo fortaleza: se crearon parques nacionales, reservas de vida silvestre, áreas de caza, zonas de conservación y bosques comunitarios sin presencia indígena. Finalmente, la sexta ola fue la aplicación de la teoría del dominio eminente y la agresión en nombre del desarrollo desde los años 70.

Del despojo a la resistencia

En los últimos 250 años, el Estado ha arrebatado las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas mediante agresiones, guerras, tratados y apropiación de tierras sin reconocimiento de propiedad, aplicando doctrinas similares a la terra nullius (“tierra de nadie”) y regalian doctrine (“jurisdicción real”). Por ello, los indígenas nepalíes luchan por recuperar sus tierras y volver a ser sus guardianes. No obstante, esta lucha no solo es cuesta arriba, sino que se ha convertido en una guerra prolongada e invisible que ha consumido varias generaciones y podría consumir muchas más en el futuro.  

Antes de 1951, la resistencia contra el Estado comenzó con las rebeliones de los pueblos Yakthung (Limbu), Magar, Tamang, Tamu (Gurung) y Sherpa contra los gobernantes autocráticos Rana, así como con la creación de la Tharu Kalyankari Sabha por los indígenas tharu en 1950. Durante el régimen autocrático del Panchayat sin partidos políticos (1960-1990), la resistencia de los Pueblos Indígenas continuó a través del movimiento Setamagurali. Posteriormente, los Pueblos Indígenas participaron en la Guerra Popular Maoísta (1996-2006) por la autonomía y el derecho a la autodeterminación con derecho a la secesión. Sin embargo, el Partido Maoísta no cumplió su promesa durante la redacción y promulgación de la Constitución en 2015.

En particular, los yakthung (Limbu) y tharu intensificaron su lucha por la autonomía, pero fueron brutalmente reprimidos por el gobierno. Por ello, la revitalización de esta agenda inconclusa ha cobrado un nuevo impulso. Actualmente, los Pueblos Indígenas se encuentran divididos en tres principales grupos:  aquellos que luchan incansablemente por la autonomía con autodeterminación, autogobierno consuetudinario y custodia de tierras, territorios y recursos; los que son miembros y líderes de los principales partidos políticos, dominados por los grupos de castas mayoritarias, que se oponen firmemente a este movimiento; y un grupo intermedio que no puede renunciar a su identidad indígena ni a sus derechos colectivos, pero que tampoco persigue la autonomía y el autogobierno con autodeterminación. En su lugar, se conforman con derechos culturales, incluidos la autonomía cultural.  

Las luchas pacíficas de los indígenas nepalíes

Durante los últimos años, los Pueblos Indígenas nepalíes llevaron adelante distintas luchas con el objetivo de fortalecer sus procesos autonómicos. Si bien los resultados fueron heterogéneos, estas luchas demuestran que el deseo de autodeterminación continúa latente.

– Durante el primer mandato de la Asamblea Constituyente elegida entre 2008 y 2012, los Pueblos Indígenas formaron un Caucus Indígena que logró plantear eficazmente la cuestión de las áreas autónomas, protegidas y especiales para los indígenas. Sin embargo, tras la disolución de la primera Asamblea Constituyente, el Caucus Indígena fue prohibido en la segunda Asamblea, lo que provocó la desaparición del movimiento por la autonomía.

– Los tharu de Baridya iniciaron el reconocimiento legal del Barghar, su sistema de autogobierno consuetudinario, mediante una ley del Municipio de Baridya. Posteriormente, otros municipios también reconocieron formalmente este sistema.  

– El pueblo Newa declaró el Estado Autónomo Newa en 2009, aunque han enfrentado dificultades para implementarlo. El municipio de Kirtipur aprobó una ley que declaraba la autonomía cultural de la ciudad.

– Los newa del Valle de Katmandú, su territorio ancestral, protestaron contra el proyecto de ley gubernamental que intentaba eliminar su autogobierno consuetudinario Guthi, fusionándolo con instituciones religiosas hindúes.  

En Ramechap, los majhi se oponen al Proyecto de Energía Hidroeléctrica de Sunkoshi y a la desviación de recursos hídricos hacia el río.

– Los tharu lograron con éxito la aprobación de una ley en Morang que declaraba a Gramthan como su sitio sagrado.  

– En Dhorpatan, los magar kham protestan contra la instalación de una Reserva de Caza en sus tierras ancestrales sin su Consentimiento Previo, Libre e Informado. Se enfrentan cara a cara con la policía armada y el Ejército de Nepal, que busca establecer una base militar en la zona.  

– En Ramechap, los majhi se oponen al Proyecto de Energía Hidroeléctrica de Sunkoshi y a la desviación de recursos hídricos hacia el río.  

– Los khambu (Rai) en Koshi protestaron contra el plan gubernamental de destruir una roca sagrada llamada Khuwalung en el río Koshi. Debido a la fuerte presión de la comunidad, el gobierno finalmente se retractó.

Cinco casos de luchas violentas 

En primer lugar, debemos destacar que los magar, tharu, tamang, tamu (gurung), majhi, khambu (rai) y yakthung (limbu) fueron pilares del Ejército de Liberación Popular del CPN-Maoísta, que llevó a cabo la Guerra Popular entre 1996 y 2006. Este fue un movimiento basado en la lucha de clases y dirigido por no indígenas. Como resultado, alrededor de 17.000 personas murieron. Sin embargo, una vez terminado el conflicto, los maoístas abandonaron la promesa de autonomía, autodeterminación y secesión para los Pueblos Indígenas.

En segundo lugar, el 24 de agosto de 2015, miles de miembros de la comunidad Tharu se manifestaron en sus tierras ancestrales exigiendo una provincia autónoma separada de Tharuhat/Tharuwan, lo cual había sido rechazado en la Constitución de Nepal, promulgada sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado. La policía lanzó gases lacrimógenos y los manifestantes mataron a ocho de los agentes. En represalia, la policía llevó a cabo arrestos arbitrarios, detenciones, torturas y malos tratos contra los tharu, acusándolos de asesinato y robo. Según el informe de Amnistía Internacional “Nepal: torturas y confesiones forzadas”, los detenidos fueron obligados a firmar confesiones bajo coacción.  

En tercer lugar, un manifestante yakthung fue asesinado y dos resultaron heridos por disparos de las fuerzas de seguridad durante el Movimiento No Koshi en Biratnagar. Anteriormente, otros dos indígenas habían sido asesinados por la policía durante el movimiento por la autonomía de Limbuwan. La Policía Armada utilizó balas prohibidas, balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y bastones contra los manifestantes.  

Si el gobierno está dispuesto a usar una fuerza excesiva, cometer crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos para proteger teleférico, ¿hasta dónde llegarían si los Pueblos Indígenas declararan su autonomía o se rebelaran con las armas?

Si el gobierno está dispuesto a cometer crímenes de lesa humanidad para proteger teleférico, ¿hasta dónde llegarían si los Pueblos Indígenas declararan su autonomía o se rebelaran con las armas?

En el mismo sentido, durante el Movimiento No Cable Car, dos personas recibieron disparos en el pecho y los pulmones, sufrieron fracturas en el fémur y en el hombro por golpes con la culata de rifles, y fracturas en las manos y heridas profundas en el cuello provocadas por khukuris (grandes cuchillos “gurkha”). Además, se registraron agresiones con bastones y piedras, así como torturas infligidas por la policía y los vigilantes contra niños, niñas, mujeres, familiares y visitantes en horas de la medianoche. Todo esto ocurrió mientras el gobierno apoyaba con la fuerza policial armada la construcción de un teleférico en el sitio sagrado Mukkumlung, del pueblo Yakthung.  

Finalmente, en Bojeni, cerca del Valle de Katmandú, la policía amenazó con disparar a mujeres tamang que protestaban contra la construcción de una subestación de alta tensión. La comunidad ha sido aterrorizada por las fuerzas de seguridad, que han amenazado con desalojarlos. Lo que se desprende de estos conflictos entre los Pueblos Indígenas y el Estado es que, si el gobierno está dispuesto a usar una fuerza excesiva, cometer crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos para proteger teleférico, ¿hasta dónde llegarían si los Pueblos Indígenas declararan su autonomía o se rebelaran con las armas?

Obstáculos para lograr la autonomía 

Existen obstáculos tanto externos como internos para la realización de la autonomía en Nepal. Entre los obstáculos externos podemos mencionar: el racismo creciente y persistente; la continuidad de la colonización, el Brahmanismo, es decir, la dominación de la casta bahun (los sacerdotes hindúes de las colinas), que representan sólo el 12% de la población total de Nepal; la hinduización y sanscritización; la militarización y globalización, la criminalización indígena y el patriarcado hindú.

Entre los obstáculos internos se encuentran: los Bansha Gaddar o los traidores del clan; los cuadros de los “niños y niñas de ojos azules”, es decir, los líderes y seguidores de los principales partidos políticos controlados por los grupos de castas dominantes; la mentalidad cautiva de algunos Pueblos Indígenas y la desconexión entre la generación más joven y los ancianos. En este sentido, se dice que los Pueblos Indígenas saben cómo “dar”: dar tierras, dar territorios, dar recursos, dar su sangre, pero no saben cómo tomar de los demás. En cambio, los grupos dominantes saben cómo tomar sin devolver nada. Incluso la educación “moderna”, los empleos en el extranjero, las principales religiones y los medios de comunicación están contribuyendo a la degradación de la autonomía indígena.  

Las personas del grupo dominante nunca se cansan de hablar de democracia, federalismo, estado de derecho, justicia y derechos humanos. Sin embargo, sus mentalidades, políticas, acciones y prácticas reflejan exactamente lo contrario. Para los Pueblos Indígenas, estos grupos no son más que colonizadores, depredadores, agresores del desarrollo, dictadores, antifederalistas y antiindígenas. Ellos establecen las reglas del juego y las aceptan si ganan, pero las rechazan si pierden, creando nuevas reglas y repitiendo el mismo ciclo vicioso.

La esperanza en las nuevas generaciones

Existe una luz de esperanza en la implementación efectiva de los compromisos nacionales e internacionales sobre autonomía y autodeterminación. Aunque el movimiento indígena rechaza la Constitución de Nepal de 2015 por ser racista y depredadora con los Pueblos Indígenas, su Artículo 56(5) establece que se promulgará una ley para la creación de áreas autónomas, especiales y protegidas. La Corte Suprema de Nepal ha emitido una orden para su implementación en línea con los compromisos internacionales. Sin embargo, el gobierno no ha mostrado avances en este sentido.

Paralelamente, Nepal ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). En este sentido, la CEDAW recomendó a Nepal en 2018 y 2025 a enmendar su Constitución en línea con la UNDRIP para reconocer explícitamente el derecho a la autodeterminación  y los derechos de las mujeres indígenas. Si Nepal implementa estas recomendaciones de manera genuina y significativa, los Pueblos Indígenas podrían vivir su modo de vida colectivo en Shangri-La.

Tras estos avances, ya no es necesario luchar por el reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación con autonomía y autogobierno consuetudinario. Ahora, se necesita su aplicación en Nepal, lo cual no ha sido fácil desde el siglo XV. La nueva generación de indígenas nepalíes está en una encrucijada: o tomar el camino que conduzca a la realización de la autonomía o tomar el camino de la desaparición definitiva de los Pueblos Indígenas en Nepal.

The post Entre el eclipse y la resistencia: experiencias de autonomía de los Pueblos Indígenas de Nepal appeared first on Debates Indígenas.

Según el informe del censo poblacional de 2021, los Pueblos Indígenas, también conocidos como Adivasi Janajati, representan el 35,08 por ciento de la población total de Nepal, que es de 29.164.578 habitantes. Sin embargo, expertos, académicos y organizaciones indígenas sostienen que su población supera el 50 por ciento. Asimismo, existen 60 pueblos reconocidos oficialmente, mientras que el censo de 2021 identificó 19 pueblos adicionales que aún no han sido reconocidos por el Estado.

Los Pueblos Indígenas de Nepal han sufrido siglos de discriminación sistemática, colonización, racismo, exclusión y marginación en los ámbitos social, cultural, político y económico. Durante los últimos 250 años, los esfuerzos de modernización los han perjudicado gravemente: la construcción del Estado, la nacionalización de tierras y recursos, la asimilación cultural, la reorganización territorial, la centralización del poder, el desarrollo de infraestructuras, el trabajo forzoso y el paso del feudalismo al capitalismo. La sociedad nepalí sigue estando altamente estratificada, con un sistema de castas hindú impuesto por el Estado que favorece a las castas superiores, Bahun y Chhetri, quienes ocupan posiciones clave en las estructuras estatales. Casi la mitad de la población perteneciente al 90 por ciento de los Pueblos Indígenas vive en la pobreza extrema.

Compromisos legales versus amenazas

La Política Nacional de Cambio Climático de Nepal, sancionada en 2019, tiene como objetivo reducir las vulnerabilidades de las comunidades indígenas, fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y movilizar recursos financieros internacionales de manera justa para contribuir a la prosperidad socioeconómica de la nación mediante la construcción de una sociedad resiliente al clima. En el mismo sentido, su Estrategia a Largo Plazo para Emisiones Netas Cero de 2021 tiene como objetivo alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2045.

Durante la 28° Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 2023 en Dubái, Nepal se comprometió a alcanzar emisiones netas cero y a utilizar plenamente el potencial hidroeléctrico para asegurar energía limpia. El plan de transición energética descrito en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de 2020 pretende generar 15.000 MW de energía limpia para 2030. Sin embargo, sólo busca generar 5.000 MW utilizando recursos nacionales.

Como respuesta, los Pueblos Indígenas defienden su autodeterminación frente a las amenazas que representan los proyectos de energía limpia: los desalojos forzosos, la militarización y el daño ambiental.

Los Pueblos Indígenas defienden su autodeterminación frente a las amenazas que representan los proyectos de energía limpia: los desalojos forzosos, la militarización y el daño ambiental.

Nepal ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. A su vez, la Constitución de 2015 se compromete a implementar tratados internacionales y a garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a una vida digna, identidad y participación en los procesos de toma de decisiones. En 2023, la Corte Suprema  ordenó al gobierno implementar el Convenio 169, la UNDRIP, los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en los proyectos de desarrollo. Sin embargo, no han habido cambios significativos en la práctica.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha expresado su preocupación por la ausencia de leyes que garanticen los derechos de los Pueblos Indígenas a poseer, utilizar y desarrollar sus tierras y recursos tradicionales dado que enfrentan una exclusión sistémica. Como respuesta, defienden su autodeterminación frente a las amenazas que representan los proyectos de energía limpia: los desalojos forzosos, la militarización y el daño ambiental. Además, ponen en peligro su identidad cultural, espiritualidad y medios de vida. A pesar de todo esto, el gobierno y las corporaciones continúan impulsando estos proyectos en nombre del desarrollo y la descarbonización de la economía.

Estudios de caso: el costo humano de los proyectos energéticos

Actualmente, hay 81 proyectos hidroeléctricos en operación, 180 en construcción y 311 en fase de estudio para licencias. El Estado, entidades privadas, instituciones públicas y organismos financieros internacionales están invirtiendo en estos proyectos, al tiempo que refuerzan su compromiso de actuar como bancos climáticos. Si bien casi todos los proyectos están ubicados en territorios indígenas, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de las comunidades afectadas ha sido sistemáticamente ignorado. En consecuencia, la búsqueda de proyectos de energía renovable está revelando el lado oscuro de esta transición: se afecta desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas.

1. Línea de transmisión Bharatpur-Bardaghat

La línea de transmisión eléctrica de 220 kilovatios Bharatpur-Bardaghat, financiada por el Banco Mundial, forma parte del Proyecto de Transmisión y Comercio de Electricidad entre Nepal y la India. Implementado por la Autoridad de Electricidad de Nepal, una corporación estatal, el proyecto causó impactos negativos significativos en las comunidades indígenas y locales: daños a viviendas, escuelas, sitios culturales, tierras agrícolas y el medio ambiente, además de riesgos para la salud y la seguridad. Por esta razón, el 18 de octubre de 2021, las comunidades afectadas presentaron una queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial.

Al año siguiente, la Junta del Banco Mundial aprobó la realización de una investigación sobre el proyecto. Las partes involucradas acordaron resolver la disputa mediante un proceso de resolución, y el Acuerdo de Resolución de Disputas se firmó el 11 de abril de 2023. Sin embargo, nueve firmantes se retiraron del proceso y aquellos insatisfechos con la resolución presentaron una demanda contra el proyecto ante la Corte Suprema, con el apoyo de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Nepaleses (LAHURNIP). El caso aún está pendiente.

2. Línea de transmisión del Corredor Marshyangdi 

El proyecto de línea de transmisión de 220 kV del Corredor Marshyangdi en el distrito de Lamjung ha suscitado preocupaciones significativas sobre los derechos indígenas. El Banco Europeo de Inversiones ha financiado 95.000.000 de euros: la inversión más amplia en el sector hidroeléctrico de Nepal. El proyecto ha incumplido el derecho al CLPI, lo cual viola las cláusulas sociales y ambientales del propio banco y su contrato financiero con la Autoridad de Electricidad del país. En 2018, las comunidades afectadas presentaron una queja ante la oficina de rendición de cuentas de la institución, la cual emitió un informe de investigación que identificó graves violaciones de derechos humanos y recomendó medidas correctivas, incluido el cese del proyecto hasta que las mismas se abordaran.

Aunque el banco suspendió los desembolsos adicionales, las comunidades afectadas continúan exigiendo la implementación de las recomendaciones del informe. A pesar de ello, la Autoridad de Electricidad de Nepal y el banco siguen adelante con el proyecto, respaldados por las fuerzas de seguridad. El apoyo legal y estratégico a las comunidades está siendo proporcionado por LAHURNIP y Accountability Counsel, una organización estadounidense que les exige a los bancos de desarrollo que respeten sus políticas sociales, ambientales y de derechos humanos.

3. Línea de transmisión Tamakoshi-Katmandú

En el municipio de Shankharapur, las comunidades tamang han protestado durante los últimos cinco años contra la línea de transmisión Tamakoshi-Katmandú de 200/400 kilovatios y su subestación, financiadas por el Banco Asiático de Desarrollo. La subestación se está construyendo en un área densamente poblada, mientras que la línea de transmisión atraviesa hogares, tierras y sitios sagrados. En enero de 2023, la Autoridad de Electricidad de Nepal desplegó fuerzas de seguridad para iniciar los trabajos de inspección, lo que provocó protestas y la detención de 10 líderes comunitarios, incluidas mujeres y un menor de edad. Hasta el momento, las demandas de Consulta Libre, Previa e Informada han sido ignoradas.

El gobierno también estableció un campamento de la Policía Armada para intimidar a la comunidad, arrestar a sus miembros y criminalizar la resistencia, lo que intensificó aún más las tensiones. El uso de fuerzas de seguridad para reprimir las protestas indígenas se ha convertido en un patrón preocupante. El 16 de enero de 2025, 18 manifestantes fueron brutalmente golpeados y arrestados, seis de ellos fueron detenidos durante nueve días y forzados a firmar acuerdos para cesar las protestas. El 4 de febrero, LAHURNIP presentó una queja formal ante el mecanismo de quejas del Banco Asiático de Desarrollo.

Un llamado a una transición verdaderamente justa

La transición de Nepal hacia las energías renovables no debe darse a costa de los derechos de los Pueblos Indígenas. Una transición justa no se trata únicamente de reducir las emisiones de carbono: debe centrarse en los derechos, la dignidad y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas que han protegido a la Tierra durante siglos y lo seguirán haciendo para el bienestar de las nuevas generaciones.

Los casos de Nawalparasi, Lamjung y Shankharapur son sólo algunos ejemplos de cómo esta transición está afectando negativamente a los Pueblos Indígenas de Nepal. Es una obligación del Estado aplicar el Convenio N° 169 de la OIT, la UNDRIP y las órdenes judiciales para garantizar que la transición sea realmente justa para los Pueblos Indígenas. Es imperativo que los responsables políticos, los desarrolladores y las instituciones financieras internacionales respeten la autodeterminación y la soberanía de los Pueblos Indígenas.

¿Se convertirá la transición energética de Nepal en un modelo de justicia ambiental o se seguirá priorizando el crecimiento económico a costa de los derechos indígenas? La respuesta depende de si los actores responsables están dispuestos a escuchar las voces de quienes tienen más que perder en esta transición.

The post El costo invisible de una “transición justa”: derechos indígenas y energías renovables en Nepal appeared first on Debates Indígenas.