En Sør-Varanger, la frontera nacional más reciente tiene ahora 200 años. La presencia sámi es mucho más antigua. La historia de los sámi skolt muestra el costo humano de la política de poder en el Norte. Esto explica por qué la confianza, los derechos y una participación real son fundamentales cuando se adoptan nuevas decisiones. En efecto, el Informe Climático Sámi del Consejo Sámi muestra que los ecosistemas y los medios de vida en Sápmi ya están cambiando: los patrones estacionales son menos previsibles, las condiciones de pastoreo varían y el territorio es más difícil de interpretar. 

Para quienes dependen de estos sistemas, esto no es un escenario a futuro, es la realidad presente. Al mismo tiempo, las medidas para hacer frente al cambio climático (como la producción de energía, la infraestructura y la extracción de recursos) están aumentando la presión sobre esas mismas áreas. El conflicto se origina cuando se les impone a las comunidades que asuman tanto el impacto del cambio climático como la carga de la transición.

Los ecosistemas mejor conservados del mundo 

El impacto directo del extractivismo en el territorio Sápmi tiene implicancias directas para la biodiversidad. En el Ártico, está estrechamente vinculada al uso del territorio a lo largo del tiempo. En las áreas sámi, los medios de vida como el pastoreo de renos dependen de territorios amplios y conectados, así como de la capacidad de adaptación. Cuando el territorio se fragmenta, tanto los ecosistemas como las prácticas se ven afectados. 

La investigación internacional refleja esta situación. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) muestra que los ecosistemas gestionados por Pueblos Indígenas suelen estar entre los mejor conservados a nivel mundial. Como señala una de sus evaluaciones: “La naturaleza gestionada por Pueblos Indígenas se está degradando más lentamente que en otras tierras”. 

En este sentido, el IPBES también reconoce las cosmovisiones indígenas como parte de su marco de conocimiento. En el contexto sámi, esto incluye el birgejupmi: la capacidad de gestionar, adaptarse y vivir bien dentro de los límites de los recursos disponibles a lo largo del tiempo. No se trata de una medida ambiental aislada. Es una forma de relacionarse con el territorio y la responsabilidad, desarrollada a lo largo del tiempo. Por lo tanto, proteger la biodiversidad requiere proteger las condiciones que hacen posible este tipo de gestión.

Proyectos extractivos sin consulta previa

Frente a este contexto, la cuestión es cómo se toman las decisiones en estas circunstancias. En todo el Ártico, los grandes proyectos avanzan en territorios indígenas o en sus proximidades. El problema no es si el desarrollo debe producirse, sino cómo se produce y en qué momento se garantiza la participación: con demasiada frecuencia, la consulta llega tarde y, para entonces, la decisión ya está definida. El proceso continúa, pero con una capacidad de incidencia limitada. 

Esto es visible en Sápmi, en el norte de Noruega. El proyecto minero de Nussir contempla la extracción de cobre en un área sámi, incluido el vertido de residuos mineros en un fiordo utilizado para la pesca. El proyecto sigue procedimientos formales, pero genera preocupación por sus impactos a largo plazo en los ecosistemas marinos y en los medios de vida locales. Por otro lado, la electrificación de Melkøya implica sustituir la energía basada en gas en una importante planta de gas natural licuado (GNL) por electricidad proveniente de la red continental. Si bien se presenta como una medida climática, requiere grandes cantidades de energía y ha impulsado nuevos desarrollos de infraestructura.

Cuando cambia la orientación, cambia la confianza. Los proyectos pueden ser correctos y carecer de legitimidad entre los afectados. Aquí es donde la consulta se vuelve crítica. Sin embargo, se ubica en etapas tardías cuando las decisiones ya han sido adoptadas.

Cuando cambia la orientación, cambia la confianza. Los proyectos pueden ser correctos y carecer de legitimidad entre los afectados. Aquí es donde la consulta se vuelve crítica.

Tanto en el proyecto minero de Nussir como en la electrificación de Melkøya, las decisiones siguen procedimientos formales, pero en la práctica continúan siendo objeto de disputa. El conflicto no se limita a los proyectos en sí, sino a cómo se toman las decisiones y en qué momento se ejerce la influencia. En el caso de Melkøya, el proyecto se presentó inicialmente como un esfuerzo integral: medidas climáticas, desarrollo energético y estabilidad regional. Posteriormente, estos elementos se trataron como procesos separados. 

Formalmente, esto es coherente. Pero en la práctica, no se percibe de ese modo. Las personas no experimentan la gobernanza en etapas, sino el impacto total de orientaciones y procesos diseñados de antemano para alcanzar un objetivo específico. Cuando cambia la orientación, cambia la confianza. Los proyectos pueden ser formalmente correctos y, aún así, carecer de legitimidad entre los afectados. Aquí es donde la consulta se vuelve crítica. Sin embargo, con frecuencia se ubica en etapas tardías del proceso, cuando las decisiones clave ya han sido adoptadas. Lo que queda es ajuste, no influencia.

Confianza, legitimidad y seguridad

Cuando las decisiones se cierran antes de que la participación sea real, la consulta no puede construir legitimidad a posteriori. Esto no es sólo una cuestión jurídica: es un asunto de estabilidad. El Ártico se presenta cada vez más como una región de seguridad. Pero la estabilidad no se construye únicamente con presencia: depende de la confianza. Y cuando los procesos se perciben como impulsados desde fuera, la distancia entre las instituciones y las comunidades aumenta. Con el tiempo, esto debilita la estabilidad. Por ello, la legitimidad es una condición para la seguridad. 

Para las comunidades indígenas, la seguridad tiene un alcance más amplio. Incluye el acceso al territorio, los sistemas alimentarios, la lengua y los medios de vida. Estos elementos forman parte de la biodiversidad, no están separados de ella. La resiliencia se vive en las comunidades. Sápmi es, además, un territorio transfronterizo. Las comunidades sámi en Rusia ya se ven afectadas por la guerra y por violaciones del derecho internacional. Esto hace que la seguridad sea una cuestión inmediata y concreta. Las decisiones adoptadas en un lugar pueden tener efectos directos en otros. En este contexto, la participación no puede ser solo formal: debe ser efectiva.

Para quienes definen las políticas en el Ártico, la dirección tiene que ser clara: la participación debe darse desde el inicio, las alternativas deben ser reales y el conocimiento debe compartirse. Los desacuerdos deben abordarse antes de que las decisiones sean definitivas. 

Para quienes definen las políticas en el Ártico, la dirección tiene que ser clara: la participación debe darse desde el inicio, las alternativas deben ser reales y el conocimiento debe compartirse. 

Si los derechos indígenas han de aplicarse en la práctica, la participación debe darse en etapas tempranas, antes de que se adopten decisiones clave. Debe incluir una capacidad real de incidencia, especialmente cuando están en juego el uso del territorio, los medios de vida y los ecosistemas. Esto no sustituye la autoridad del Estado, sino que permite que los derechos indígenas sean operativos en la práctica. La participación también requiere capacidades. Las instituciones indígenas necesitan acceso a conocimientos independientes para evaluar los impactos en igualdad de condiciones. Sin ello, la participación se vuelve formal en lugar de real. 

Como se observa, las expectativas claras mejorarán los resultados. Y los buenos procesos reducirán los conflictos, fortalecerán las decisiones y construirán confianza. Para quienes definen las políticas en el Ártico, la dirección tiene que ser clara: la participación debe darse desde el inicio, las alternativas deben ser reales y el conocimiento debe compartirse. Los desacuerdos deben abordarse antes de que las decisiones sean definitivas. Las decisiones deben ser reconocidas por las personas a las que afectan. De ahí surge la aceptación. No sólo de la información, sino de una participación real y de una capacidad efectiva de incidencia. 

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A modo de ejemplo, podemos mencionar el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia en torno al contrato de servicios de mantenimiento en la Base Espacial Pituffik: el denominado “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en virtud del Tratado del Atlántico Norte, relativo a la defensa de Groenlandia”. La clase política groenlandesa siempre supo que la motivación principal del contrato de mantenimiento era la propia defensa de Estados Unidos, algo que no había sido reconocido oficialmente. Esto puede observarse en el debate de mayo de 2020 en el Parlamento de Groenlandia (Inatsisartut), en el contexto de la primera manifestación del presidente Donald Trump de comprar Groenlandia. 

Desde 2013, existía un conflicto en torno al contrato de mantenimiento en Pituffik y, los miembros del Parlamento debatían los beneficios para Groenlandia y su población, que habían sido significativos hasta que el contrato fue adjudicado a una empresa estadounidense. El conflicto se solucionó en 2020 cuando  una declaración negociada señaló: “En vista del papel clave de Pituffik y de Groenlandia en la seguridad groenlandesa, estadounidense y transatlántica”. Esto resultaba valioso para Groenlandia, mientras que para Estados Unidos era importante que se reconociera que también contribuía a la seguridad de Groenlandia y de la OTAN. De este modo, quedó establecido en un documento oficial que Pituffik y Groenlandia desempeñan un papel clave en la seguridad de Estados Unidos.

Un lugar en la mesa

Esta negociación no habría sido posible si el Gobierno de Groenlandia no hubiera tenido un lugar en la mesa. Desde la década de 1970, Groenlandia ha trabajado de manera sostenida para participar en las decisiones relativas a la presencia militar de Estados Unidos en su territorio, logrando gradualmente un mayor acceso. Este proceso culminó en 2013, cuando Groenlandia tuvo la capacidad de suspender la cooperación oficial con el Gobierno de Estados Unidos como respuesta a la adjudicación del contrato del mantenimiento en Pituffik a una empresa estadounidense. Se trata de un ejemplo claro de lo que significa tener verdaderamente un lugar en la mesa. 

Con el creciente interés de Estados Unidos en Groenlandia desde 2019 (evidenciado, entre otros factores, por el estilo de Trump), el Gobierno groenlandés ha consolidado ese lugar, y Dinamarca ya no puede tomar decisiones sobre su posición y su estatus sin consultarla. Sin embargo, de modo opuesto, para los Pueblos Indígenas y las poblaciones colonizadas, el desafío adicional ha sido precisamente la ausencia de ese lugar en la mesa. Groenlandia hoy ocupa una silla, aunque quizá con la salvedad de que debe compartirla con Dinamarca. 

Si bien los Estados suelen hablar de colaboración con los Pueblos Indígenas y gobiernos subestatales porque es lo correcto, con frecuencia equiparan la colaboración con escuchar, consultar o solicitar aportes una vez que las decisiones ya han sido tomadas. En ocasiones, las decisiones estatales se imponen de arriba hacia abajo, vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas, aun cuando podrían contar con su acuerdo si existiera una comprensión común del conflicto. Un principio clave en la cooperación entre Estados y Pueblos Indígenas es el consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, este principio se vuelve inviable cuando la información clasificada no llega a los Pueblos Indígenas.

Colaboración y cooperación

La colaboración implica que todas las partes trabajan hacia un mismo objetivo. Sin embargo, los Estados y los Pueblos Indígenas no siempre persiguen los mismos fines y, con frecuencia, se encuentran en situaciones de conflicto. Por ello, no resulta honesto hablar de colaboración o consulta al intentar vincularse con Pueblos Indígenas y con las organizaciones que los representan.

En cambio, si los Estados ponen el foco en la cooperación para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, el enfoque será más transparente. Reconocer la existencia de intereses y aspiraciones diferentes es el primer paso en cualquier negociación. La cooperación supone que las partes no necesariamente buscan lo mismo, pero pueden trabajar conjuntamente para que cada una alcance sus propios objetivos. Esto aplica tanto en contextos de conflicto y posconflicto como en el ámbito de la política de defensa y seguridad.

Contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas. Por eso, los Estados deben ceder parte de los privilegios asociados a su autoridad y monopolio.

Contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas.

Lamentablemente, dado que los grupos históricamente marginados deben luchar constantemente por espacios de poder, se generan exigencias adicionales para que las comunidades indígenas de Groenlandia se formen en la terminología de seguridad y defensa. Cuando los conocimientos, prioridades y experiencias indígenas pueden traducirse a un lenguaje que un general de cuatro estrellas comprenda, es más probable que sean escuchados. Por ejemplo, el jefe del Comando Ártico Conjunto en Groenlandia entiende que la cooperación con cazadores y pescadores es una necesidad operativa, y la expresa en términos propios del vocabulario militar. 

En este sentido, contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas. Por eso, los Estados deben ceder parte de los privilegios asociados a su autoridad y monopolio. Del mismo modo, en materia de seguridad nacional, la seguridad indígena debe ser reconocida como igual de importante que la seguridad del Estado.

El consentimiento libre, previo e informado, y la disputa de narrativas

Es fundamental que el intercambio de información garantice que las organizaciones indígenas y los gobiernos subestatales comprendan las decisiones del Estado y puedan aportar soluciones más adecuadas basadas en sus conocimientos desde el territorio. Sobre todo, esto exige una cooperación real y no instancias de participación posteriores a la toma de decisiones (algo que, lamentablemente, se ha vuelto muy frecuente en los últimos años). En algunos contextos, será necesario introducir reformas legislativas en las normas que regulan quiénes pueden acceder a información clasificada y quiénes pueden compartirla. Asimismo, las organizaciones y gobiernos indígenas deben analizar en profundidad los sistemas de defensa y seguridad de sus Estados, con el objetivo de comprender el lenguaje y los criterios con los que se establecen prioridades.

Por otro lado, existe un número creciente y cada vez más diverso de actores que participan en asuntos de seguridad nacional en el Ártico (incluidas organizaciones indígenas y gobiernos subestatales), muchas veces con escasa o nula experiencia en el manejo de la información clasificada. En este contexto, cabe preguntarse por qué el intercambio de información resulta tan relevante, en particular, en relación con los derechos indígenas.

En las “guerras híbridas”, además de la competencia geoestratégica, se disputa la influencia en el ámbito internacional. En este tipo de dinámicas, los Pueblos Indígenas pueden convertirse en piezas relevantes de disputas de narrativas.

En las “guerras híbridas”, se disputa la influencia internacional y los indígenas pueden convertirse en piezas relevantes de disputas de narrativas.

Una de las razones es el aumento de lo que se denomina “guerra por debajo del umbral”: formas de agresión entre Estados que no alcanzan el nivel de conflicto armado abierto. Esto también se conoce como “guerra híbrida”, en donde, además de la competencia geoestratégica, se disputan el posicionamiento y la influencia en el ámbito internacional. En este tipo de dinámicas, los Pueblos Indígenas pueden convertirse en piezas relevantes dentro de disputas de narrativas. Por ejemplo, Finlandia, en su política de desarrollo y exterior, afirma promover y defender los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño le recordó recientemente la obligación de respetar los derechos del pueblo Sámi. 

Este tipo de contradicciones puede transformarse en herramientas narrativas utilizadas contra los países occidentales, especialmente cuando estos critican a otros Estados, como China, por situaciones como la de los uigures.  Estados Unidos también ha recurrido a este tipo de argumentos en Groenlandia para justificar su interés en apoyar la independencia frente al pasado colonial danés. Asimismo, Canadá y los países nórdicos han impulsado procesos de verdad y reconciliación, en los que la seguridad nacional y la cohesión estatal constituyen factores relevantes.

El riesgo de la guerra híbrida en la transición verde 

Por último, es importante señalar que estos riesgos no son exclusivos del Ártico. Existe un creciente peligro de campañas de influencia destinadas a debilitar la relación entre organizaciones indígenas y gobiernos. En América Central y América del Sur, la acción de los Estados nación ha estado motivada con frecuencia por el interés en explotar los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas. Cuando los Estados ponderan sus intereses frente a los derechos de los Pueblos Indígenas, la balanza suele inclinarse a favor de aquéllos. 

La transición hacia energías limpias y renovables ha incrementado la demanda de minerales críticos, y en este escenario no sólo intervienen los Estados. Por ejemplo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) consideran estratégicos determinados minerales y cadenas de suministro. Esto ha llevado a algunos gobiernos a acelerar procesos de aprobación que originalmente estaban diseñados para proteger el ambiente y los derechos indígenas. En ocasiones, los Estados justifican las vulneraciones de estos derechos en nombre de la seguridad nacional y de prioridades estratégicas. A su vez, estas situaciones pueden ser utilizadas como herramientas en campañas de influencia.

Groenlandia, por ejemplo, estaba en cierta medida protegida debido a la dificultad de traducir automáticamente el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje en gran escala están cambiando esta realidad.

Groenlandia estaba protegida debido a la dificultad de traducir el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje a gran escala están cambiando esta realidad.

Este tipo de narrativas puede prevenirse y, por ende, mitigarse el riesgo de guerra narrativa, mediante estrategias de información adecuadas. De este modo, la cooperación y la participación oportuna de organizaciones indígenas y gobiernos subestatales pueden reducir el riesgo de que los desacuerdos sean explotados. Asimismo, el intercambio de información clasificada contribuye a que tanto los Estados como las organizaciones indígenas operen con un entendimiento compartido de la situación.

La amenaza de la desinformación y de la influencia extranjera nociva está en aumento con el avance de la inteligencia artificial. Groenlandia, por ejemplo, estaba en cierta medida protegida debido a la dificultad de traducir automáticamente el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje a gran escala están cambiando esta realidad. En la medida en que los Estados, sus aliados y las organizaciones regionales actúan de manera cada vez más estratégica para posicionarse en el escenario geopolítico, con mayor frecuencia se dejan de lado los derechos de los Pueblos Indígenas en favor de esos intereses. 

Algunos de los siguientes aportes fueron presentados durante el seminario del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2025. Los aportes han sido formateado como un memorando.

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Facilitado por Albert Barume, el actual Relator Especial, el evento reunió representantes de Pueblos Indígenas, Estados Patrocinadores, altos funcionarios de la ONU, y Organizaciones No Gubernamentales, así como a los anteriores titulares del mandato: el profesor James Anaya, el embajador Francisco Cali Tzay y la activista Victoria Tauli-Corpuz, quien participó a través de un mensaje por video. Asimismo, se rindió un homenaje con un minuto de silencio al primer Relator, Rodolfo Stavenhagen, reconociendo su legado fundamental en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Bajo el lema “25 años promoviendo los derechos de los Pueblos Indígenas: impacto, lecciones aprendidas y futuro del mandato”, el aniversario puso en relieve la trayectoria de un mecanismo que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos indígenas.

Un mecanismo independiente con impacto real

Al inaugurar el encuentro, el Dr. Albert K. Barume subrayó que el aniversario no solo era una ocasión para celebrar, sino también para “examinar las brechas persistentes en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar la relevancia del mandato en un contexto global marcado por presiones crecientes sobre los derechos humanos y el multilateralismo.

Desde su creación, el mandato ha realizado 51 visitas oficiales a países, ha elaborado 62 informes temáticos y ha intervenido en más de mil comunicaciones dirigidas a Estados, empresas y otros actores. A través de estas acciones, ha documentando violaciones, ha visibilizado patrones estructurales de discriminación y ha contribuido a la interpretación del derecho internacional en materia indígena.

Durante la apertura del evento, la Secretaria General Adjunta para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, destacó que el mandato ha sido “un mecanismo crítico e independiente”, que ha contribuido a abordar la discriminación estructural y a reforzar la rendición de cuentas. No obstante, advirtió que en todas las regiones continúan, e incluso se agravan, las violaciones de derechos, impulsadas en gran parte por modelos de desarrollo extractivos que avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

Tierra, criminalización y empresas: desafíos persistentes

A lo largo del evento, se coincidió en una serie de diagnósticos: la expansión de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura (incluidos aquellos vinculados a la transición “verde”) sigue generando desplazamientos forzados de comunidades enteras, pérdida de territorios, criminalización de líderes indígenas y diversos tipos de violencias, en particular contra mujeres y defensoras indígenas.

En este contexto, Joan Carling, defensora de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Directora Ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), describió el mandato como un “salvavidas” para muchos defensores indígenas perseguidos injustamente. A su vez, relató casos concretos en países como Filipinas y Guatemala en los que las intervenciones del Relator Especial contribuyeron de manera decisiva a liberar a personas criminalizadas por defender sus territorios.

El papel de los Estados y la cooperación internacional

Una vez más, México y Guatemala, los Estados patrocinadores históricos del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reafirmaron su apoyo político. Por su parte, la embajadora de México ante Naciones Unidas, Alicia Bárcena, recordó el papel fundamental del mandato en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y destacó avances recientes en su país, como la reforma constitucional que reconoce a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

Desde Guatemala, la Coordinadora Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas, Ana Pérez Conguache, subrayó la importancia de las visitas in situ de los Relatores Especiales para poder escuchar a las personas afectadas y dialogar con los Estados. Asimismo, la Coordinadora destacó las recomendaciones realizadas, aunque reconoció que persisten fenómenos graves como la criminalización de liderazgos indígenas.

Un legado colectivo y una agenda para el futuro

Uno de los momentos centrales del evento fue el repaso histórico del mandato a través de un vídeo conmemorativo, que destacó las contribuciones de los cinco Relatores Especiales: Rodolfo Stavenhagen, James Anaya, Victoria Tauli-Corpuz, Francisco Calí Tzay y, actualmente, Albert Barume. Desde los derechos territoriales y la libre determinación hasta el impacto del cambio climático y la criminalización, el enfoque de cada Relator Especial ha dejado un legado normativo y político de gran alcance.

En el diálogo con antiguos titulares del mandato, todos coincidieron en que el mayor valor del mandato del Relator Especial radica en amplificar las voces de los Pueblos Indígenas, cerrar la brecha entre normas y práctica, y fortalecer la coordinación con otros mecanismos de la ONU, como el Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en un contexto de crecientes desafíos para el sistema internacional de derechos humanos y sus mecanismos de promoción y protección.

Al cerrar el evento, ante los desafíos que vive el sistema internacional de derechos humanos, Albert Barume, afirmó que los próximos años exigirán una estrategia de defensa: “No podemos dar por sentado los logros de estos 25 años. Salvaguardarlos es una responsabilidad colectiva”. De este modo, el Relator Especial destacó que es momento de resguardar lo ya conquistado, incidir en el seguimiento de las recomendaciones y garantizar los recursos financieros suficientes.

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Me honra dirigirme a este 25.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas y entablar un diálogo con todas las personas participantes en relación con la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Celebro que este diálogo se lleve a cabo durante la primera semana del Foro, lo que contribuye a garantizar una participación más amplia e inclusiva de representantes y aliados de los Pueblos Indígenas.

En primer lugar, deseo felicitarla, señora Presidenta, por su reelección como Presidenta del 25.º período de sesiones. Asimismo, deseo a todos los miembros del Foro Permanente, en particular a quienes se incorporan por primera vez, los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones.

Señora Presidenta, estructuraré mi intervención en torno a tres puntos: en primer lugar, el tema de esta sesión, relativo a la salud en contextos de conflicto; en segundo lugar, una visión general de la labor de mi mandato durante los últimos quince meses; y, en tercer lugar, algunas reflexiones sobre el contexto global más amplio que incide en los derechos de los Pueblos Indígenas.

I. Reflexión sobre el tema del 25.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

En contextos de conflicto, los Pueblos Indígenas suelen sufrir algunas de las consecuencias más graves, aun cuando han contribuido en menor medida a las crisis que los rodean. Sus tierras son militarizadas u ocupadas, sus comunidades son desplazadas, sus líderes son amenazados y el acceso a la alimentación, al agua, a la atención de la salud y a la educación se ve interrumpido. En estas circunstancias, la salud debe entenderse en un sentido amplio e integral: no solo como el acceso a servicios médicos, sino como la posibilidad de vivir con dignidad, en paz, con continuidad cultural y con control sobre sus tierras y recursos ancestrales.

II. Panorama general de las actividades del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Señora Presidenta, como usted sabe, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas forma parte del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos Procedimientos Especiales están integrados por expertos independientes en derechos humanos encargados de evaluar, informar y asesorar sobre cuestiones de derechos humanos, ya sea de manera temática o por país.

El mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas funciona como un mecanismo de protección y se estructura en torno a cuatro pilares principales: (1) estudios temáticos, (2) visitas a países, (3) atención de denuncias de violaciones o abusos de derechos humanos, y (4) la realización de actividades adicionales, como la cooperación técnica, la sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de buenas prácticas.

II.1. En cuanto a los estudios temáticos, en septiembre de 2025 presenté mi primer informe al Consejo de Derechos Humanos. Centrado en el reconocimiento, este informe destaca tres pasos acumulativos que un Estado debería adoptar para reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares específicos de derechos:

En primer lugar, un Estado debería reconocer formalmente las injusticias históricas diferenciadas que han enfrentado los Pueblos Indígenas que se autoidentifican dentro de su territorio. El reconocimiento es esencial para la reparación; un Estado no puede remediar aquello que no reconoce. En segundo lugar, un Estado debería adoptar disposiciones constitucionales o legales que reconozcan explícitamente a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos diferenciados. Esto incluye la incorporación de normas internacionales pertinentes en el derecho interno y la ratificación de los instrumentos internacionales correspondientes. Por último, un Estado debería llevar a cabo el registro administrativo de los Pueblos Indígenas dentro de su territorio para garantizar su integridad cultural y evitar su identificación errónea con otros grupos sociales, como minorías, pueblos tribales, personas marginadas o empobrecidas, campesinado y comunidades locales.

En octubre de 2025, presenté mi segundo informe temático a la Asamblea General de las Naciones Unidas, centrado en la protección jurídica de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. El informe enfatiza que la mayoría de los Pueblos Indígenas viven actualmente en las pocas áreas restantes de sus tierras ancestrales tras haber sufrido desplazamientos reiterados durante décadas, si no siglos. Por lo tanto, dado que ya no queda territorio al cual replegarse, los Pueblos Indígenas están alzándose cada vez más contra nuevas incursiones. El informe también destaca una alta demanda global por las tierras de los Pueblos Indígenas, impulsada principalmente por cinco factores: los minerales para la transición, los mercados de carbono, la expansión de áreas protegidas y de conservación, las iniciativas de transición energética y los intereses geopolíticos o de seguridad internacional que involucran territorios indígenas. 

El aumento de la demanda de las tierras de los Pueblos Indígenas está dando lugar a una mayor persecución y criminalización de quienes defienden sus derechos, especialmente de líderes indígenas. Graves violaciones de derechos humanos —incluidas la detención arbitraria, la tortura, las desapariciones forzadas, la militarización y los asesinatos ilegítimos— afectan cada vez más a comunidades indígenas en todo el mundo. En mi informe, exhorto a los Estados a cambiar el paradigma y adoptar un nuevo enfoque, reconociendo la libre determinación de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios como un activo valioso tanto para la seguridad nacional como internacional. Los defensores de las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas deberían ser considerados aliados en la búsqueda de la justicia, la sostenibilidad y la paz.

En 2026, mi informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas mantendrá su énfasis en los derechos sobre la tierra mediante el análisis de las prácticas de los Estados relacionadas con la demarcación y el registro, con el objetivo de identificar y compartir enfoques o prácticas eficaces.

Me gustaría anunciar formalmente que, durante mi mandato como Relator Especial, informaré sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Estos informes tendrán como objetivo monitorear, documentar y dar seguimiento al impacto de los cinco factores antes mencionados que contribuyen a la alta demanda de las tierras de los Pueblos Indígenas.

Mi informe en preparación para 2026 al Consejo de Derechos Humanos abordará las violaciones históricas y contemporáneas contra la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas, un tema que fue puesto en conocimiento del mandato por víctimas que consideraban que sus experiencias no habían sido suficientemente reconocidas ni reparadas. Además, este informe tiene como objetivo apoyar la implementación integral de la Recomendación General N° 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue ampliamente debatida durante el Foro del año pasado. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que han presentado las más de 70 contribuciones recibidas hasta el momento para este informe.

II.2. En relación con el segundo pilar del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, relativo a las visitas a países, deseo informar al Foro que en septiembre de 2025 realicé una visita oficial a Botswana, donde el nuevo presidente, Duma Boko, exabogado de Pueblos Indígenas, está situando los derechos humanos en el centro de las reformas legales y de políticas en curso.

Las injusticias históricas sufridas por los Pueblos Indígenas en Botswana durante décadas deberían informar y orientar las reformas que se están llevando a cabo. En consecuencia, mi informe de misión subraya la urgente necesidad de reforzar la protección, incluido el reconocimiento constitucional y legal, el disfrute efectivo de los derechos sobre la tierra, el acceso igualitario a la justicia y a los servicios, así como las garantías para las lenguas y culturas indígenas. Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno de Botswana por su cooperación, así como al Equipo de las Naciones Unidas en el País (UNCT) por su apoyo durante esta visita.

Este año, realizaré una visita oficial a Australia del 2 al 13 de noviembre. Agradezco al Gobierno de Australia y a todas las personas que han aportado contribuciones en la preparación para este viaje. También deseo reconocer a los Gobiernos de Brasil y Guatemala por extender invitaciones para visitas oficiales, que lamentablemente no pudieron concretarse debido a las limitaciones presupuestarias de las Naciones Unidas que restringen mi mandato a una misión por país al año. Asimismo, extiendo mi agradecimiento al Gobierno de Nueva Zelanda por su invitación para una misión en 2027.

Insto a más países de África, Asia, Europa y América del Norte a invitar al mandato. Las visitas a países permiten al Relator Especial interactuar directamente con los gobiernos y con los Pueblos Indígenas, y ofrecer recomendaciones prácticas basadas en la observación directa.

Para concluir esta sección sobre las misiones a países, deseo enfatizar que el mandato aún enfrenta escasez de recursos, principalmente debido a la persistente insuficiencia de financiamiento del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esta limitación financiera restringe las visitas y actividades, lo que hace que la cooperación y el seguimiento por parte de los Estados sean aún más importantes.

Es fundamental que se dé un seguimiento efectivo a las misiones a países de un Relator Especial. En consecuencia, insto a todas las partes interesadas a aprovechar esta ventana de oportunidad para avanzar en los derechos de los Pueblos Indígenas en Botswana y apoyar tanto al Gobierno como a los Pueblos Indígenas para traducir la voluntad política en una implementación efectiva de los derechos.

II.3. El tercer pilar de las actividades del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que permite al mandato recibir denuncias de violaciones y abusos de derechos humanos directamente de los Pueblos Indígenas y entablar diálogo con los Estados y otros actores respecto de dichas alegaciones. Deseo informar que, en los últimos quince meses, el mandato ha enviado más de 65 comunicaciones a Estados, entidades del sector privado y otros actores. Los 29 Estados involucrados son, en orden alfabético: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burundi, Camerún, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Kenya, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tanzania y Vietnam.

Las comunicaciones recientes y destacadas han abordado las experiencias del pueblo indígena Ogiek en Kenya, los desafíos que enfrentan los maoríes en Nueva Zelanda, la situación de los Pueblos Indígenas en la región de Chittagong Hill Tracts en Bangladesh y la del pueblo Guaraní-Kaiowá en Brasil. También han cubierto protestas y represión que involucran a Pueblos Indígenas en Panamá y Ecuador, así como los efectos de proyectos extractivos e industriales sobre comunidades indígenas en México, Kenya, Indonesia y Tanzania.

El mandato también ha abordado comunicaciones con empresas privadas, instituciones financieras y otros actores no estatales involucrados en proyectos relacionados con la extracción de combustibles fósiles, la petroquímica, emprendimientos geotérmicos, la minería y la conservación. Estas comunicaciones subrayan que las empresas, inversores y otras entidades deben ejercer la debida diligencia y respetar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

En los últimos quince meses, el mandato ha enviado 14 comunicaciones a empresas y otros actores no estatales, entre ellos Tullow Oil, Gulf Energy (afiliada Auron Energy E&P), Sikder Group, PROMAN, KFW IPEX-Bank, Gas y Petroquímica de Occidente S.A., Sempra Infraestructura, Mexico Pacific Limited, LNG Alliance Pte Ltd Singapore, Instalaciones Energéticas Cosalá, Epcilon LNG, Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro y el Grupo Banco Mundial.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas por el mandato muestran cinco tendencias principales que se repiten de manera consistente en distintas regiones. En primer lugar: existe una regresión generalizada, ya que muchos países están retrocediendo respecto de estándares consolidados sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente en busca de beneficios políticos y económicos inmediatos. Esto incluye el incumplimiento generalizado de decisiones judiciales y el aumento del discurso de odio contra los Pueblos Indígenas.

Número dos: la criminalización de líderes y defensores indígenas, con riesgos agravados para las mujeres indígenas líderes. En África, Asia, América Latina, Europa y otras regiones, la reducción del espacio cívico y las restricciones a la protesta pacífica han dado lugar a que los Pueblos Indígenas sean percibidos como amenazas a los intereses nacionales. Numerosos líderes y personas indígenas, como Daria Egereva y muchas otras, son objeto de asesinatos, detenciones arbitrarias y se ven obligados a vivir en la clandestinidad. Número tres: existe una presión creciente sobre los territorios indígenas debido a las industrias extractivas, el desarrollo de infraestructura, los esfuerzos de conservación y los proyectos relacionados con el clima que avanzan sin una consulta adecuada o sin el consentimiento libre, previo e informado, lo que da lugar a desplazamientos. Número cuatro: muchos territorios de los Pueblos Indígenas han sido ocupados por grupos armados no estatales, redes de tráfico criminal y organizaciones extremistas o terroristas. Esto ha dado lugar a un aumento de la violencia, particularmente dirigida contra las mujeres, y ha llevado a que los Pueblos Indígenas sean clasificados injustamente como terroristas, enemigos del Estado o percibidos como amenazas a la seguridad e intereses nacionales. Número cinco: los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario siguen siendo particularmente vulnerables.

Señora Presidenta, existen indudablemente tensiones crecientes entre los Pueblos Indígenas y los Estados. En consecuencia, insto a los Estados a revisar con prontitud su relación con los Pueblos Indígenas con el fin de promover la asociación y la reconciliación, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

II.4. El cuarto pilar del mandato consiste en promover buenas prácticas, generar conciencia y fortalecer capacidades. El mandato va más allá de documentar violaciones; busca fomentar la implementación y avanzar en la justicia, el reconocimiento y la reconciliación. Con ese fin, he trabajado con diversas organizaciones de Pueblos Indígenas, ámbitos académicos, organizaciones de la sociedad civil, mecanismos regionales de derechos humanos como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y agencias de las Naciones Unidas, incluidas la UNESCO y la OMS, abordando temas como el Decenio de las Lenguas Indígenas y la desclasificación de la hoja de coca como sustancia estupefaciente, la cual es sagrada para los Pueblos Indígenas.

III. Reflexiones sobre las tendencias globales en materia de derechos humanos y su impacto en los Pueblos Indígenas

Señora Presidenta, me gustaría reflexionar sobre cómo la situación global de los derechos humanos afecta los derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy estamos presenciando una era en la que los estándares de derechos humanos a menudo son ignorados o activamente resistidos. Esta tendencia surge de un creciente escepticismo respecto del multilateralismo y de la importancia del derecho internacional. El derecho internacional sustenta los derechos de los Pueblos Indígenas como naciones, lo que los hace más vulnerables si los marcos multilaterales se debilitan o se dejan de lado.

Señora Presidenta, el 25.º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas coincide con el 25.º aniversario del establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Me complace anunciar que este hito será conmemorado con un evento paralelo el viernes 24 de abril. El evento contará con la participación de actores destacados, incluidos antiguos titulares del mandato como el profesor James Anaya y el embajador Cali. No se trata solo de una ocasión para mirar hacia atrás y evaluar su impacto y extraer lecciones aprendidas, sino también de reflexionar sobre el futuro del mandato y renovar nuestro compromiso colectivo con una implementación más sólida, una colaboración más profunda y una rendición de cuentas más significativa.

Hace veinticinco años, cuando se estableció el mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, vivíamos en una era de cumplimiento, en la que argumentos jurídicos sólidos basados en el derecho internacional producían resultados y los llamados a la reparación tenían una influencia significativa. La mayoría de los países aún consideraban el derecho internacional como la fuerza que unía a ocho mil millones de personas —independientemente de su raza, cultura, nivel de desarrollo o religión— en una sola familia humana. Hoy, esa unidad comienza a fracturarse; el derecho internacional es cuestionado y las potencias buscan cada vez más sus propias esferas de influencia e intentan imponer su dominio sobre otros.

En un contexto global caracterizado por el incumplimiento o el cuestionamiento de las normas internacionales, solo queda una opción para los Pueblos Indígenas: mantenerse firmes y seguir exigiendo el respeto de sus derechos. A pesar de los retrocesos y del desdén por normas establecidas, los Pueblos Indígenas deben permanecer firmes y alzar la voz, negándose a ser silenciados o marginados. Los derechos nunca se otorgan en bandeja de plata: se conquistan gracias a defensores y víctimas que se levantan frente a las violaciones. La incidencia persistente de los Pueblos Indígenas es esencial para mantener la visibilidad y garantizar que sus voces sean escuchadas en el escenario global.

Con el objetivo de ajustar el mandato a este nuevo contexto global, he introducido nuevos elementos. He establecido equipos jurídicos regionales para brindar a los Pueblos Indígenas un mayor apoyo y un acceso más cercano al mandato en su defensa de los derechos humanos. Me complace anunciar que más de diez jóvenes abogados indígenas se han incorporado a equipos regionales en África, América Latina, Asia y otras partes del mundo. Estos equipos se centran en las comunicaciones para fortalecer la capacidad de respuesta del mandato y asegurar que los Pueblos Indígenas se sientan más vinculados a él.

Señora Presidenta, para concluir, quisiera una vez más reconocer la labor del Foro y reafirmar mi compromiso, como titular del mandato, de fortalecer la colaboración con otros mecanismos de las Naciones Unidas relacionados con los Pueblos Indígenas. Sigo creyendo en la capacidad de los Pueblos Indígenas para superar desafíos y dar forma a sus futuros, tal como lo garantiza el derecho internacional. Tras veinticinco años de este mandato y veinticinco períodos de sesiones de este Foro, queda claro que los derechos de los Pueblos Indígenas ya no se encuentran en los márgenes del sistema internacional. Este es uno de los logros que deben preservarse y por los que hay que seguir luchando.

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En primer lugar, en muchas instituciones suele haber sólo uno o pocos investigadores en etapas iniciales dentro de los estudios sámi, lo que limita las oportunidades de intercambio académico, retroalimentación y acompañamiento entre pares. En segundo lugar, la investigación en estudios sámi puede enfrentar un apoyo limitado dentro de los ámbitos académicos, lo que influye en las oportunidades de colaboración, visibilidad y desarrollo profesional. En tercer lugar, la dispersión de los investigadores en distintas instituciones, tanto dentro como fuera del territorio Sápmi, implica que existen grandes distancias físicas entre quienes trabajan en este campo. 

Estos tres factores pueden contribuir a experiencias de aislamiento. Frente a este escenario, la construcción de una comunidad de investigación aparece como una estrategia clave que puede beneficiar tanto investigadores indígenas como no indígenas. Estas condiciones particulares no son exclusivas de los estudios sámi, sino que reflejan características estructurales más amplias de los entornos de investigación indígena en el Ártico. 

El caso de NorrSam

Este sentimiento de aislamiento puede tener consecuencias en las carreras académicas de investigadores en etapas iniciales sobre estudios sámi. No conocen a científicos de otras instituciones; no reciben información sobre eventos, investigaciones y seminarios que se desarrollan en otros espacios académicos; y experimentan la falta de apoyo. Además, este déficit dificulta la comunicación de la investigación, especialmente en un campo como los estudios sámi, donde la divulgación puede generar comentarios negativos por parte del público. En este contexto, también se vuelve más difícil brindarse apoyo mutuo y ayudarse a identificar oportunidades laborales y de publicación. 

Un ejemplo concreto del potencial de la cooperación en el ámbito de los estudios sámi es la red NorrSam, creada por investigadores en etapas iniciales hace aproximadamente 15 años. Una de sus impulsoras, Anna-Lill Drugge, señala que una red como NorrSam puede incidir en el campo al cuestionar estructuras, métodos y teorías, a partir de la cooperación entre departamentos e instituciones. En el marco de la red, los miembros de NorrSam también colaboraron en la investigación y la escritura de artículos, incluyendo aportes sobre la ética de la investigación indígena. Cuando sus integrantes  finalizaron el doctorado y siguieron trabajando en la academia, la red fue perdiendo impulso. 

Había muchos investigadores en etapas iniciales interesados en formar parte de la red y sus actividades, pero la falta de apoyo estructural, institucional y financiero dificultó la continuidad de su organización.

Había muchos investigadores interesados en formar parte de la red, pero la falta de apoyo estructural, institucional y financiero dificultó su continuidad.

En 2020, Paulette van der Voet y otros nuevos doctorandos de la Ubmejen universitiähta (Universidad de Umeå) intentaron revitalizar NorrSam. Al comienzo, la red creció rápidamente en línea debido a la pandemia. Si bien el trabajo virtual ofreció ciertas ventajas, la primera sensación real de conexión surgió cuando se organizaron coloquios híbridos y sus miembros comenzaron a encontrarse físicamente en otros espacios. Había muchos investigadores en etapas iniciales interesados en formar parte de la red y sus actividades, pero la falta de apoyo estructural, institucional y financiero dificultó la continuidad de su organización. 

Este tipo de iniciativas requiere una planificación considerable, tanto para el desarrollo de las actividades como para la obtención de financiamiento. En un contexto en el que las y los doctorandos enfrentan fuertes presiones para completar sus tesis en plazos acotados, destinar tiempo a la construcción de redes y a la organización de actividades que no contribuyen directamente a la finalización del doctorado puede resultar difícil de justificar.

Un simposio en territorio sámi

Este interés y la necesidad de generar oportunidades de articulación también se reflejan en el primer simposio para investigadores en etapas iniciales que trabajan sobre cuestiones sámi en Gaskeuniversiteete (Universidad de Mid Sweden), organizado por la investigadora posdoctoral Ekaterina Zmyvalova. La iniciativa busca crear un espacio de referencia para investigadores en etapas iniciales que trabajan sobre cuestiones indígenas en esta universidad ubicada en el área sámi del sur. 

La organización de este tipo de simposios resulta desafiante en ausencia de financiamiento específico y sostenido. Al mismo tiempo, existen oportunidades que requieren una búsqueda activa, en un escenario en el que la universidad y el área de derecho respaldan este tipo de investigaciones y colaboraciones. En este contexto, el campo del derecho apoyó los esfuerzos organizativos y, en 2026, Ekaterina logró asegurar financiamiento para un nuevo simposio con el apoyo del Barents Secretariat y la Stiftelsen Lars Hiertas Minne.

Estos simposios constituyen una plataforma clave para la construcción de vínculos académicos duraderos. Su continuidad podría contribuir a que investigadores en etapas iniciales consoliden redes de investigación sólidas y de apoyo mutuo.

La continuidad de estos espacios podría contribuir a que investigadores en etapas iniciales consoliden redes de investigación sólidas y de apoyo mutuo.

Se espera que esta iniciativa continúe desarrollándose y que el simposio logre consolidarse como un espacio de encuentro anual para conectar y apoyar a investigadores en etapas iniciales. El primer simposio ha dado lugar a resultados académicos concretos: contribuciones en el Yearbook of Polar Law, Current Developments in Arctic Law y el Arctic Yearbook 2025, que abordan la necesidad de fortalecer la cooperación entre investigadores de este campo. Además, las investigadoras Oila Mirkka y Ekaterina Zmyvalova han presentado un artículo completo en el International Journal on Minority and Group Rights. 

Más allá de estos resultados, varios participantes han iniciado nuevas colaboraciones y se han brindado apoyo mutuo. Estos avances muestran cómo estos simposios constituyen una plataforma clave para la construcción de vínculos académicos duraderos. La continuidad en la organización de estos espacios podría contribuir aún más a que investigadores en etapas iniciales consoliden redes de investigación sólidas y de apoyo mutuo.

Una inversión al fortalecimiento de los estudios indígenas en el Ártico

Finalmente, las redes de investigación también contribuyen a una investigación más ética sobre cuestiones indígenas. Las iniciativas colaborativas entre investigadores y comunidades indígenas son fundamentales en la ética de la investigación indígena. Muchos investigadores en etapas iniciales se acercan a estos temas con el objetivo de que las comunidades puedan beneficiarse de sus investigaciones. Sin embargo, en ocasiones puede resultar difícil trabajar dentro de un marco de ética de investigación indígena cuando no hay muchos colegas cercanos que comprendan estos enfoques, lo que hace aún más importante la participación en redes de investigación. 

Asimismo, a medida que la investigación colaborativa y participativa adquiere mayor relevancia, también aumenta el cansancio o fatiga de la investigación entre las comunidades indígenas. Las redes de investigación pueden ser una respuesta a esta problemática. En lugar de que las comunidades reciban repetidamente las mismas preguntas, los investigadores pueden coordinarse y colaborar. En conjunto, este tipo de redes conformadas por investigadores indígenas y no indígenas puede contribuir a una investigación más ética.

Las iniciativas como redes y simposios generan espacios de colaboración, visibilidad y apoyo mutuo, y pueden contribuir al desarrollo del campo a largo plazo.

Las iniciativas como redes y simposios generan espacios de colaboración, visibilidad y apoyo mutuo, y pueden contribuir al desarrollo del campo a largo plazo.

En conclusión, los ejemplos de NorrSam y de los simposios en la Universidad de Mid Sweden muestran que organizar y sostener este tipo de iniciativas no está exento de desafíos. Requiere un esfuerzo continuo, un fuerte compromiso personal y, la capacidad de buscar financiamiento de manera activa. La necesidad de postular reiteradamente a fondos puede resultar tanto demandante e incierta, e implica una carga adicional para investigadores en etapas iniciales que ya se desenvuelven en entornos académicos exigentes. 

No obstante, las iniciativas como redes y simposios generan espacios de colaboración, visibilidad y apoyo mutuo, y pueden contribuir al desarrollo del campo a largo plazo. En este sentido, el trabajo invertido en sostener este tipo de cooperación debería ser entendido por las instituciones como una inversión en futuras oportunidades de investigación y en el fortalecimiento de los estudios indígenas en el Ártico.

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En la Conferencia de las Partes realizada al norte de Brasil, 24 países reaccionaron ante el hecho de que la decisión principal, la decisión Mutirão, omitiera cualquier referencia directa a los combustibles fósiles, reflejando la oposición de los países productores y las divisiones entre los bloques negociadores. En respuesta, estos países emitieron la Declaración de Belém sobre la transición fuera de los combustibles fósiles, en la que se exige una acción coordinada entre los Estados para acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y anclar la acción climática en enfoques basados en la ciencia y en los derechos.

Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y cumplir las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente requerirá una cooperación internacional sin precedentes para garantizar que ningún país ni comunidad quede atrás. Según los organizadores, la conferencia se guió por un conjunto de principios centrados en la acción, la evidencia científica y la participación inclusiva. Es un espacio para los gobiernos y las partes interesadas que están comprometidas con el avance de una transición justa, ordenada y equitativa que permita alejarse de los combustibles fósiles, priorizando la implementación y las soluciones prácticas en lugar de continuar con el diagnóstico o la persuasión.

Una conferencia climática centrada en los combustibles fósiles

La conferencia se estructuró en torno a tres pilares temáticos. El primero se centró en superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, promoviendo la diversificación económica y la reconversión productiva. El segundo eje abordó la necesidad de transformar la oferta y la demanda, impulsando el cambio de combustible, la soberanía energética y el acceso equitativo a la energía, junto con la eliminación gradual de los factores que impulsan la demanda. Asimismo, se propuso la reducción progresiva de la extracción de combustibles fósiles, incluyendo las responsabilidades medioambientales, la distribución equitativa de impactos, la cobertura de costes y la gestión de activos varados, así como la reorientación de los subsidios hacia las energías limpias. 

Finalmente, el tercer pilar estuvo orientado a promover la cooperación internacional y la diplomacia climática para cerrar las brechas en la implementación, la gobernanza y la cooperación, incluidos los desafíos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). De este modo, la conferencia se propuso abordar las barreras jurídicas internacionales, en particular aquellas vinculadas a los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

Los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin estrategias específicas para reducir tanto su producción como su uso, limitar el calentamiento a 1,5 °C está cada vez más fuera del alcance.

Los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A diferencia de otras cumbres climáticas, que a menudo abordan múltiples asuntos en materia de mitigación, adaptación y financiación, este evento se enfocó exclusivamente en los combustibles fósiles. La conferencia buscó reunir a gobiernos, sociedad civil, Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes, trabajadores, jóvenes, academia y actores privados para codiseñar políticas viables y hojas de ruta orientadas a avanzar más allá de la energía fósil.

Este enfoque es fundamental porque los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin estrategias específicas para reducir tanto su producción como su uso, limitar el calentamiento a 1,5 °C está cada vez más fuera del alcance. Las proyecciones gubernamentales indican que la producción planificada de combustibles fósiles superaría los niveles compatibles con el Acuerdo de París en más de un 120 % para 2030. Para 2050, podría ser unas 4,5 veces superior a la compatible con una trayectoria de 1,5 °C. Estas proyecciones ponen de relieve la urgencia de una acción global coordinada para eliminar progresivamente el carbón, el petróleo y el gas.

Implicaciones para los derechos de los Pueblos Indígenas

Uno de los objetivos principales de la Conferencia era crear un espacio de diálogo entre gobiernos, expertos, la sociedad civil y los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para intercambiar puntos de vista sobre las vías hacia una transición justa. La Conferencia fue concebida explícitamente como un foro de diálogo y definición de agenda, en el que se plantearon propuestas; entre ellas, la posible creación de un panel global de expertos para acelerar la transición fuera de los combustibles fósiles, aunque ninguna fue formalmente adoptada. 

Si bien este enfoque inclusivo reconoció el papel de los Pueblos Indígenas y creó oportunidades para su participación, no estableció salvaguardas concretas, ni garantizó su autoridad en la toma de decisiones, ni incorporó mecanismos de rendición de cuentas que aseguren el respeto de los derechos indígenas en el proceso de transición energética. Un ejemplo de este reconocimiento parcial es que se realizó una ceremonia indígena en la inauguración de la conferencia antes del presidente: miembros del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuentan con una larga trayectoria en la protección de sus territorios ancestrales, abrieron el evento con un ritual tradicional de armonización, celebrado en su idioma y acompañado de instrumentos ancestrales. 

Se plantearon temas relevantes para los Pueblos Indígenas: la necesidad de una participación significativa en las estrategias de transición energética; la valoración de los conocimientos y liderazgos indígenas; y la preocupación por los impactos socioeconómicos.

Los representantes indígenas destacaron la importancia de ser incluidos en cualquier esfuerzo futuro para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.

Paralelamente, delegaciones indígenas de la Amazonía de toda Latinoamérica y otras regiones del mundo acudieron a la conferencia con el objetivo explícito de presionar para que se adoptaran medidas más contundentes. Esta amplia participación refleja la frustración por la falta de compromisos significativos en los procesos climáticos mundiales y el reclamo generalizado por una transición basada en derechos, que aborde las causas fundamentales de la crisis. Sin embargo, estos elementos se quedaron en el ámbito de la presión política, en lugar de convertirse en compromisos respaldados por los Estados.

En lugar de adoptar decisiones vinculantes, la Conferencia funcionó principalmente como un espacio político y de definición de la agenda. En este contexto, se plantearon varios temas relevantes para los Pueblos Indígenas: la necesidad de una participación significativa en las estrategias de transición energética; la importancia de basar tales estrategias en marcos de derechos humanos y justicia; la valoración de los conocimientos y liderazgos indígenas; y la preocupación por los impactos socioeconómicos de la eliminación gradual de los combustibles fósiles en los territorios afectados. Los representantes indígenas también destacaron la importancia de ser incluidos en cualquier esfuerzo futuro para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.

Oportunidades y expectativas de la conferencia

Los representantes indígenas instaron a la Conferencia a rechazar la reproducción de la violencia extractiva a través de la minería “verde” y abordar las barreras estructurales que impiden el acceso a la justicia. En este sentido, los Pueblos Indígenas de las siete regiones socioculturales presentaron una posición estructurada: el pleno respeto del derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado; la protección jurídica de sus territorios y aguas; el fin del de extractivismo, incluidas la minería “verde” y la geoingeniería; una financiación climática directa, accesible y sostenida para estrategias de transición justa lideradas por los Pueblos Indígenas; y la valoración de los sistemas de conocimiento y la gobernanza indígenas como fundamentos de la acción climática.

Además, los Pueblos Indígenas pidieron que estas normas y propuestas quedaran reflejadas de forma explícita en el informe final de esta Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Asimismo, los líderes y lideresas exigieron incluir salvaguardas mínimas para garantizar una participación significativa con poder de decisión, la protección de los defensores indígenas, la trazabilidad de las inversiones relacionadas con la transición y, garantías para la seguridad y la soberanía energéticas de los Pueblos Indígenas.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, lo que supone un paso de los compromisos generales hacia una planificación más operativa.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón.

La conferencia supuso un cambio en el enfoque, ya que el documento de “conclusiones” reconoció a los Pueblos Indígenas como participantes del proceso y como actores relevantes en el acceso a la financiación y las soluciones energéticas. Sin embargo, este reconocimiento sigue siendo limitado y, en gran medida, instrumental: se hace referencia a los indígenas junto a una amplia gama de partes interesadas, prestando una atención superficial a sus derechos. En efecto, el documento no incorpora la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado, o la protección de los territorios y los sistemas de gobernanza indígenas como elementos fundamentales de la transición. En consecuencia, los incluye pero no refleja un enfoque basado en los derechos que sitúe a los Pueblos Indígenas como actores centrales en la toma de decisiones para configurar vías de transición equitativas.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, lo que supone un paso de los compromisos generales hacia una planificación más operativa. Entre los resultados se incluyen la creación de líneas de trabajo específicas (como las dependencias macroeconómicas y financieras; y la armonización entre productores y consumidores) junto con la puesta en marcha de un panel científico internacional para respaldar la formulación de políticas basadas en datos empíricos. Finalmente, la conferencia puso especial énfasis en la necesidad de abordar los factores estructurales que impulsan la dependencia de los combustibles fósiles: las restricciones fiscales, la carga de la deuda y las asimetrías en la arquitectura financiera mundial. 

De cara al futuro

Si bien no se adoptaron acuerdos vinculantes, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles reunió a más de 50 países en un esfuerzo compartido y contribuyó a redirigir el debate mundial hacia pasos concretos: la reforma de los subsidios, la reestructuración financiera y el fortalecimiento de la cooperación internacional. De manera crucial, subrayó que el desafío central ya no es si se deben eliminar gradualmente los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo de forma coordinada, económicamente viable y fundamentada en la justicia. Particularmente, para los Pueblos Indígenas y otras comunidades de primera línea cuyos territorios y medios de vida se ven más directamente afectados.

La conferencia abrió un posible nuevo espacio político en la gobernanza climática mundial, situando la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el centro del debate internacional y poniendo de relieve las cuestiones de justicia, deuda y desarrollo. Sin embargo, tal como lo demuestran los casos presentados, el impulso político por sí solo resulta insuficiente sin una rendición de cuentas estructural.

En Santa Marta, los Pueblos Indígenas ejercieron una influencia significativa en la configuración del tono y el enfoque del evento, contribuyendo a orientar el discurso hacia la justicia territorial, los límites de los mercados de carbono y los riesgos del extractivismo “verde”. No obstante, su influencia sigue siendo desigual: no fueron involucrados de manera estructural en los procesos de toma de decisiones y no surgieron compromisos vinculantes para salvaguardar sus derechos.

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