La desaparición forzada es una forma de tortura continuada que se empleó contra disidentes políticos y guerrilleros en los años sesenta y setenta, tanto en México como en otras regiones de Abya Yala. A partir de 2006, empezó a ser utilizada de forma generalizada por agentes armados legales e ilegales como estrategia de castigo, control territorial y terror, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició lo que coloquialmente se conoce como “guerra contra el narco”. Esta estrategia militarizó la sociedad, implicó una mayor circulación de armas en el país e, incorporó técnicas de tortura y de manejo de los cuerpos que los militares habían aprendido en el marco de los conflictos armados. 

Si bien fueron los gobiernos de derecha los que iniciaron la “guerra contra las drogas”, los gobiernos de centro izquierda de Andres Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheimbaum (2024 – ) han dado continuidad a esta estrategia, dándole más poder e impunidad al ejército mexicano. A pesar de que la retórica utilizada por estos gobiernos ha puesto en el centro la lucha contra la desigualdad, los derechos de las mujeres, de las víctimas y los Pueblos Indígenas, en la práctica han continuado las políticas de militarización de la seguridad pública, de despojo y violación a los derechos humanos por parte cuerpos policiales, militares y migratorios. Esto denunciaron los colectivos de búsqueda en sus movilizaciones durante el Mundial de Fútbol. 

Más de 70.000 cuerpos sin identificar

Entre las demandas de este movimiento se encuentra la identificación de los más de 70.000 cuerpos que están bajo custodia estatal: en morgues, instituciones de servicios periciales, hospitales y fosas comunes de fiscalías. Si faltan 133.000 personas y el Estado tiene bajo su custodia los restos de 70.000 personas, las familias saben que muchos de sus seres queridos podrían estar esperando ser identificados para regresar a casa. La respuesta estatal a esta demanda ha sido que no se cuenta con los recursos económicos ni materiales para llevar adelante esta tarea. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se refirió a esta realidad como “la crisis forense mexicana”.

Sin embargo, el saldo de la organización de la Copa del Mundo habla por sí solo: no hay dinero para buscar e identificar a las personas desaparecidas, pero sí para invertir 1.323 millones de dólares en obras de infraestructura para hacer posible el Mundial de Fútbol. Ante esta realidad, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron las calles de las tres ciudades en donde se realizó el mundial al clamor de “México, campeón en desaparición”. Mientras las sedes mundialistas se llenaron de carteles que anunciaban que la pelota regresaba a casa, las familias exigían: “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”. 

Violencias en territorios indígenas, despojos y desapariciones

En el contexto del Mundial de Fútbol, los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscaban mostrar este otro rostro de los llamados gobiernos de la “Cuarta Transformación”: gobiernos de centro-izquierda que han continuado con políticas de muerte e impunidad y han posibilitado que, solo en los seis años de gobierno de López Obrador y los dos primeros años de Claudia Sheibaum, hayan desaparecido 67.000 personas. Si bien no tenemos la cifra exacta de cuántos de estos desaparecidos pertenecen a Pueblos Originarios, debido a que no se cuenta con datos desglosados por origen étnico, sí sabemos que las violencias extremas tienden a concentrarse en territorios pobres y racializados, donde habitan las comunidades.

Las historias de personas indígenas desaparecidas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Chihuahua dan cuenta de un continuum de violencias que incluye la violencia estructural, que antecede a la desaparición forzada y forma parte del agravio. El racismo contribuye a concentrar las desapariciones en las regiones más pobres y marginadas del país. La estructura colonial ubica a determinados cuerpos en ciertos territorios, que reciben menos recursos y menos atención en las políticas públicas. En una sociedad racista y racializada como la mexicana, la identidad indígena es un factor que duplica las posibilidades de sufrir violencias. La denuncia, la búsqueda y el acceso a la justicia se vuelven un desafío mayor cuando no se habla el español (y no se cuenta con traducción) y escasean los recursos para trasladarse a las ciudades en donde se encuentran las instituciones judiciales y de búsqueda.  

Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Esta es la otra cara del México mundialista: en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Por eso, nos referimos a las múltiples ausencias de indígenas desaparecidos porque, además de su ausencia física en las comunidades de las que formaban parte, hasta hace poco había una falta de reconocimiento a su identidad étnica en estadísticas oficiales sobre la desaparición, además de un silencio sobre el fenómeno en las movilizaciones indígenas. Muchos de sus cuerpos han terminado en fosas comunes estatales sin que existan expedientes forenses que permitan a sus familiares encontrarlos. 

En paralelo a los miles de jóvenes indígenas anónimos que han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado y desaparecidos, o han sido asesinados por resistirse al reclutamiento, están las historias documentadas por organismos internacionales de 46 defensores indígenas del territorio que, desde 2019, han sido asesinados o desaparecidos por defender sus territorios del despojo por parte de proyectos mineros o desarrollistas. Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar al tomar las calles y recordar a los aficionados que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta. 

Los colectivos de familias buscadoras ante el Mundial

La Ciudad de México fue la encargada de acoger la ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente en el Estadio Azteca, sede mundialista ubicada en la zona de Santa Úrsula Coapa, un Pueblo Originario cuyo territorio quedó fragmentado por la construcción del recinto deportivo. Por tercera vez en su historia, el pueblo de Santa Úrsula ha tenido que albergar un mundial de fútbol mientras el acceso a su territorio es restringido y obstaculizado. Además, en el marco de este mundial, tal y como sucedió en las ocasiones anteriores, el contexto social de México no es el que el gobierno ha querido vender al mundo.

Frente a una ciudad que es cada vez más hostil para sus habitantes y una FIFA bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias, las personas que buscan a un ser querido desaparecido prepararon una agenda de movilizaciones y acciones de memoria para agrietar la cancha de pasto verde y alzar sus demandas de justicia. Así, incluso bajo amenazas y acciones represivas por parte del gobierno, las familias buscadoras encontraron la manera de unirse a la euforia mundialista sin atacarla, porque, como ellas mismas dicen, sus hijos e hijas, esposos y esposas, hermanos y hermanos, y amigos y amigas también son fanáticos y fanáticas del fútbol. Por eso, las familias buscadoras han salido a la calle a expresar que no quieren que haya otro Mundial sin que sus seres queridos estén de regreso en casa. 

Estas acciones de protesta se han llevado a cabo tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey (las tres ciudades sede del Mundial en nuestro país) y han ocupado planas de medios a nivel nacional e internacional. El caso de Guadalajara ha sido de los más sonados, no solo por las movilizaciones, sino porque los colectivos de búsqueda han documentado que en las inmediaciones del Estadio Akron se han localizado varias fosas clandestinas. 

Las movilizaciones y acciones de las familias han sido múltiples: la caminata y velada nocturna previas al partido inaugural; la marcha llevada a cabo el día de la inauguración, en la que algunas familias lograron llegar a las inmediaciones al Estadio Azteca tras cruzar el cerco que les impedía el acceso; las intervenciones gráficas y visuales de la cultura mundialista; los carteles con el rostro de las personas desaparecidas como las figuritas del álbum Panini; las pegas masivas de fichas de búsqueda; las “cascaritas [como se llama en México a los partidos entre amigos] por la memoria y contra el olvido”; la creación de la botarga del “Ajolote buscador” (un anfibio endémico de las lagunas del Valle de México y divinidad en el mundo mexica).

Ante este clima de protestas, actos memoriales, actividades culturales y celebraciones interreligiosas, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy alejada de lo que podría esperarse: llegó incluso a insinuar que los colectivos habían acudido a las manifestaciones con financiamiento ilícito. En lugar de comprometerse a investigar las desapariciones de personas (muchas de ellas ocurridas durante su gobierno), el discurso oficial anunció que se investigaría dicho financiamiento, hecho que fue denunciado por las familias buscadoras como revictimizante. 

En consecuencia, el discurso oficial, los cercos policiales y los diversos intentos de limitar las protestas fueron parte de la respuesta estatal y federal. Entre los hechos destaca la lamentable acción represiva cometida por parte de la policía de la Ciudad de México contra familias buscadoras y personas solidarias que se encontraban realizando una acción pacífica sobre una de las avenidas que conectan directamente el centro de la ciudad con el Estadio Azteca, el día que se jugaba el partido entre México y Ecuador. Como resultado, Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en 2024, fue herido. Mientras tanto, las movilizaciones por la memoria y contra el olvido continúan.

¡Todxs al Estadio!: crónica de la marcha nocturna pre-inauguración

El 10 de junio del 2026 tuvo lugar una caminata en Ciudad de México que, bajo el lema “Iluminemos la búsqueda”, salió de la estación del tren ligero Registro Federal con la intención de llegar al Estadio Azteca. A las ocho de la noche comenzamos a marchar, con una presencia masiva de medios nacionales e internacionales. Una de las familiares coordinadoras del evento agarró el megáfono y gritó: “¡Pedimos a todas las personas que dejen su rostro al descubierto!”. Esta petición resaltaba el carácter pacífico de la manifestación y buscaba evitar que actores externos desprestigiasen el interés genuino de la acción. 

Unos metros antes de llegar al límite de la ‘última milla’ –un perímetro de acceso restringido alrededor del estadio, al que solo lxs vecinxs y el público de los partidos tenían acceso–, la caminata se volvió más cautelosa. Lxs manifestantes nos agarramos de los brazos y decidimos seguir caminando. Mientras recorríamos esos últimos metros, a lo lejos comenzó a perfilarse una imagen extraña. En una subida de la calzada se veía un reflejo de luces que bloqueaba el paso. Algunas pensamos que podían ser los flashes de las cámaras de la prensa, pero conforme nos acercamos, la visión se volvió más nítida. Al menos diez hileras de policías obstaculizaban el paso, mientras la luz de las farolas se reflejaba en la superficie de sus escudos. De un lado, entonces, quedaba la coraza policial; del otro, las familias con sus megáfonos gritando: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”.

Cuando quedamos en frente de las hileras de policías, las familias mantuvieron los ánimos. Algunas cantaron y oraron en colectivo, mientras otras improvisaron un altar, en el que se fueron depositando las veladoras de la caminata. También se organizaron cascaritas en medio de la calzada. Poco a poco, y conforme avanzaba la noche, la concentración comenzó a dispersarse y los alrededores del estadio se vaciaron de manifestantes. Sin embargo, al igual que el Mundial estaba a punto de comenzar, las acciones de protesta frente al mismo también se dieron por inauguradas.

¡Hagamos que suceda!: la cascarita por la memoria y contra el olvido

En las inmediaciones de la Glorieta de las y los Desaparecidos, así renombrada por las familias buscadoras, el asfalto se ha transformado de manera espontánea en el estadio donde hoy se juega el partido “por la memoria y contra el olvido”. Pintura blanca delimita la cancha. Las porterías son señaladas por un par de mochilas. En la cancha, las y los jugadores portan jerseys de la selección nacional intervenidos a modo de visibilización y denuncia: algunos llevan impresos los rostros y nombres de personas desaparecidas; otros, consignas de denuncia contra la crisis de desaparición. Los equipos no se enfrentan como rivales: colaboran para “meter gol contra el olvido”. Cada gol marcado es un gol por la memoria.

Entre el público aficionado y los jugadores se levantan mantas y pancartas con los rostros y nombres de quienes nos hacen falta, aquellos y aquellas por quienes se juega esta cascarita. Verónica, Benita y Dioni, mujeres buscadoras pertenecientes al colectivo “Uniendo Esperanzas”, juegan en el equipo retador. En sus jerseys portan a sus hijos desaparecidos: Diego Maximiliano, Fernando Iván y Guillermo David. La alineación de su equipo se completa con Leo, el pequeño nieto de Benita, y un grupo de mujeres y hombres jóvenes que las acompañan solidariamente en la búsqueda de sus hijos. Con destreza y tenacidad, entregan todo en la cancha.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

El marcador sigue en juego. Los equipos van entrando a la cancha según su turno. Cada gol es celebrado. Toda falta de solidaridad está “fuera de lugar”. En un momento de tensión en la cancha, la hermana Pao, árbitro voluntaria del partido y religiosa católica acompañante de las familias buscadoras, marca con firmeza una tarjeta roja contra la injusticia. Rápidamente, pone de nuevo el balón en juego, no sin antes recordarle a todos los presentes que este partido es colaborativo. Entre los retadores se encuentran jugadores que también entregan todo en la cancha por diversas causas justas. La colaboración entre todos los jugadores es estratégica para meter goles por la justicia.

A unos instantes de que caiga la lluvia, el último gol de esta jornada de fútbol callejero mexicano es anotado. Se acaba la cascarita. Las y los jugadores corren a resguardarse de la lluvia donde les sea posible. Sin embargo, este no es el fin del partido principal. El que a diario juegan las familias buscadoras. La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La posibilidad de jugar un partido más

Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol, las familias buscadoras no dejaron de levantar sus voces, de meter goles por la memoria y de recordar a la ciudadanía que la nación mexicana está incompleta y fracturada: nos faltan al menos 133.000 personas desaparecidas. Ante un nacionalismo futbolero, que muchas veces mostró poca empatía hacia el dolor de las familias, los colectivos de búsqueda mostraron la otra cara del México mundialista. Ante un gobierno y una sociedad que niegan la crisis de desapariciones, las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos continúan de-velando el rostro de un México profundamente herido.

Los territorios indígenas siguen siendo despojados, ocupados y convertidos en estadios de fútbol o en cementerios clandestinos, mientras que el gobierno inunda los medios de comunicación con propaganda indigenista sobre leyes y políticas públicas, que no responde a las políticas reales de despojo, violencia e impunidad que viven los Pueblos Originarios de México.

Mientras este país intenta ocultar su rostro lacerado por la desaparición, por las fosas clandestinas y por las múltiples violaciones a derechos humanos, las familias buscadoras no dejan de hacer visibles los nombres y rostros de las más de 133.000 personas que nos faltan. Sus acciones y movilizaciones son actos por la memoria y contra el olvido. Esperemos que cada una de esas ausencias no sea recordada solo por las familias que buscan a diario, sino también por aquellos que creemos que todas las personas merecen una cancha justa, un recuerdo digno y la igual oportunidad de ver (o jugar) un partido con aquellos a quienes aman.

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El profesor rural cajamarquino solo pudo gobernar 1 año y 132 días, entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022. Fue destituido de manera irregular por “permanente incapacidad moral” y acusado de un supuesto “golpe de Estado” que nunca llegó a concretarse. Al no estar tipificada esa conducta como delito, la imputación fue  modificada posteriormente como “conspiración para la rebelión”. La destitución de Pedro Castillo permitió al denominado “pacto mafioso” designar gobiernos títeres bajo su influencia directa, como los de Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí León (2025-2026) y José María Balcázar (2026).

El voto rural y el voto de la costa

Desde el primer gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, Perú vive una crisis de representación política caracterizada por el colapso del sistema de partidos políticos. En ese marco, el proceso electoral de 2026 fue diseñado por el fujimorismo para generar las mejores condiciones para su conveniencia. La Ley 30.995 redujo drásticamente los requisitos de inscripción de partidos: se pasó de exigir alrededor de 700.000 firmas de adherentes a aproximadamente 25.000 afiliados (0,1 % del padrón electoral). Esa reducción estuvo vigente entre 2019 y comienzos de 2024, lo que permitió que decenas de organizaciones iniciaran o culminaran su inscripción.

Como resultado, el Registro de Organizaciones Políticas llegó a tener 43 partidos habilitados para las elecciones de 2026, un récord histórico. Además, la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fragmentó aún más la oferta electoral, que alcanzó 35 candidaturas presidenciales y una boleta de sufragio interminable. En este contexto, Keiko Fujimori se postuló por cuarta vez a la presidencia, a pesar de arrastrar graves acusaciones por corrupción y de haber permanecido tres periodos en prisión preventiva por presunto lavado de activos y aportes irregulares en el caso Odebrecht. Entre 2018 y 2020, Keiko acumuló 16,5 meses de encarcelamiento. “La acusación central fue anulada en 2025 por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron designados por un Congreso con una fuerte influencia fujimorista”, puntualiza el politólogo Omar Coronel. 

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa.

Los resultados electorales muestran un país dividido, fragmentado y, hasta se podría decir, polarizado y desconfiado del régimen democrático. En la primera vuelta, Keiko Fujimori pasó al balotaje con 17,8% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) accedió con apenas 12,03%. Ambos candidatos representaron menos del 30 por ciento de los votos válidos en primera vuelta. La gran mayoría de los 35 candidatos quedó por debajo de 10 por ciento, lo que grafica la dispersión y pulverización del voto. Aunque en el balotaje Roberto Sánchez se impuso por un estrecho margen en el territorio nacional, la ventaja de Fujimori entre los votantes peruanos del exterior revirtió el resultado final.

Juntos por el Perú ganó en 18 de las 25 circunscripciones regionales (24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao), mientras que Fuerza Popular ganó solo en siete. Por otra parte, Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

La agenda indígena y ambiental a la deriva

En el debate electoral el tema indígena y ambiental estuvo ausente y sin propuestas concretas. Esto refleja el deterioro del tema en la última década, un periodo marcado por la profunda inestabilidad política en el que Perú llegó a tener ocho presidentes en 10 años. Entre los principales retrocesos se destacan las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a través de la Ley 31.973 de 2024, conocida como Ley Antiforestal, a pesar de las advertencias sobre sus nefastas consecuencias. La reacción ciudadana fue enorme y la norma fue criticada incluso por instituciones públicas. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la ley por una mayoría de cinco votos contra dos, manteniendo en vigencia la disposición más nefasta de la norma: la Única Disposición Complementaria Final.

Manuel Pulgar Vidal, de la World Wide Fund for Nature (WWF), resume el debate electoral: “En estos diez años hemos visto un debilitamiento de las exigencias ambientales en el país. También es una consecuencia indirecta de que Perú haya tenido por diez años tanta inestabilidad política. Esto ha hecho que incluso en los medios de comunicación el tema ambiental esté absolutamente ausente. Ningún partido de gobierno tiene una sólida agenda ambiental en sus planes ni un funcionario sólido que pueda describir elementos básicos de la agenda ambiental”. Por otra parte, un factor grave de preocupación para las comunidades indígenas y para la naturaleza es el incremento de la criminalidad, en particular de la minería ilegal. Frente a este fenómeno, los candidatos no exhibieron propuestas firmes y, más bien, se mostraron condescendientes.

Por su parte, Isabel Calle, Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala:“La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la Amazonía, la gobernabilidad y la seguridad nacional. A ella se suman la tala ilegal, el tráfico de fauna, el tráfico de tierras y la expansión desordenada de actividades que operan al margen de la ley. Estas actividades no son únicamente problemas ambientales: son expresiones de redes criminales que capturan territorios, corrompen instituciones, generan violencia y deterioran la confianza ciudadana. Combatirlas exige mucho más que operativos aislados. Requiere inteligencia financiera, presencia efectiva del Estado, fortalecimiento institucional, coordinación entre niveles de gobierno y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales. 

El modelo peruano y la desigualdad estructural

Quienes observan a la distancia los indicadores macroeconómicos se sorprenden del “modelo peruano” que aparece como exitoso y prometedor. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país fue una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Entre 2000 y 2019, el Producto Bruto Interno prácticamente se triplicó por el auge de las exportaciones mineras, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica, lo cual se reflejó en el aumento del presupuesto público. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual y se ha concentrado en Lima y la costa. Muchas provincias andinas y amazónicas mantienen economías basadas en actividades de baja productividad y escasa presencia estatal.

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para una distribución más equitativa de los ingresos. Alrededor de siete de cada diez trabajadores se desempeñan en empleos informales, con bajos salarios y sin acceso a seguridad social, pensiones o protección frente al desempleo. Otro factor es la desigualdad en el acceso a servicios públicos. Aunque el presupuesto nacional aumentó de manera importante en las últimas dos décadas, la calidad de la educación, la atención de salud, el acceso al agua potable, al saneamiento y a internet siguen siendo muy desiguales; incluso, entre distritos de una misma región. 

Además, el Perú mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y una elevada dependencia de actividades extractivas y de la economía informal. Esto limita la capacidad redistributiva del Estado y reduce los recursos disponibles para sostener políticas públicas universales y de largo plazo. En efecto, uno de los rasgos que caracterizan al país es la persistencia de desigualdades históricas y culturales. La población indígena, afroperuana y rural sigue enfrentando barreras de acceso a servicios, mercados y oportunidades. Estas brechas responden a procesos de larga duración, asociados al centralismo, la exclusión territorial y la discriminación.

Las advertencias sobre la deriva autoritaria

El escenario que proyecta el fujimorismo en el poder es el mismo de los últimos años: las normas a favor de la criminalidad y el paquete de leyes a favor de la amnistía y la impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales están creando las condiciones para un régimen de terror. El analista y fotógrafo Ezio Macchione advierte: “No veo motivos para el optimismo. Veo un país cansado, fracturado, con miedo, con enormes urgencias acumuladas y con una clase política que ha demostrado una y otra vez estar muy por debajo de la gravedad del momento. Y veo, sobre todo, el riesgo de confundir orden con autoritarismo, seguridad con represión, estabilidad con silencio, gobernabilidad con captura del Estado”.

Por su parte, Omar Coronel, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, escribe: “Desde 2022, el país ya era gobernado por una coalición autoritaria donde el fujimorismo tuvo un rol protagónico; las elecciones de 2026 le dan a ese liderazgo la legitimidad de las urnas. La presidenta cuenta con el respaldo de los gremios empresariales, de las Fuerzas Armadas y de una Policía beneficiadas por garantías de impunidad ante violaciones de derechos humanos. Si gobierna con baja popularidad y es sacudida por protestas sociales, su historial sugiere que recurrirá a la represión como principal herramienta de gobernabilidad, con el apoyo de los principales medios de comunicación. El fujimorismo es, a fin de cuentas, la amenaza a la democracia más organizada del país y con los aliados más poderosos”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia”.

En el mismo sentido, el analista norteamericano Steven Levitsky pone el énfasis en la concentración del poder: “Fujimori controlaría el Ejecutivo, tendría peso en el Congreso y, como sabemos, influencia en otras instituciones, incluido el Poder Judicial, las autoridades electorales y sectores de las fuerzas armadas y de seguridad. Además, contaría con un gobierno amigo en Washington bajo la administración de Donald Trump. Eso le daría la posibilidad de consolidar mucho poder, y la oposición tendría que organizarse y trabajar de manera mucho más seria si quiere defender derechos básicos y un sistema competitivo en el Perú”. 

Del mismo modo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú advierte: “La democracia peruana tendrá que seguir luchando, en primer lugar, para mantener o recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”. En tanto, la activista social y comunitaria Nury García señala: “Pienso en el desafío de una nueva articulación política que pueda conectar memoria, precarización, violencia criminal, extractivismo, desigualdad, crisis ecológica, cuidados y nuevas formas de sufrimiento social. Es el desafío de poder producir un sujeto político amplio, sin borrar las memorias específicas de cada lucha”. 

La salida es colectiva

Un primer desafío de orden pragmático es que la oposición en el Congreso que defiende los derechos humanos y las libertades democráticas se mantenga unida y coordine plataformas vivas con los movimientos sociales y la sociedad civil. Para tal fin, será clave sostener una movilización persistente, activa y no violenta, para evitar darle al gobierno el pretexto represivo que busca. El movimiento indígena y las organizaciones de la sociedad civil corren el riesgo de ser avasalladas por el poder autoritario si se mantienen fragmentadas, en aislamiento, cada una con su agenda particular, sin construir diálogos y alianzas fructíferas que ensanchen el horizonte de cada perspectiva. 

El sectarismo, el oportunismo y el individualismo siguen siendo lastres que dividen y debilitan la capacidad de resistencia y de lucha de quienes defienden derechos y libertades en un mundo cada vez más asolado por el negacionismo, la vocación autoritaria, tanto de izquierda como de derecha, y la polarización a favor de intereses transnacionales. Juega a favor de los sectores populares que las promesas e ilusiones electorales del fujimorismo comenzarán a contrastar con la realidad y con las expectativas. De no ser atendidas y satisfechas generará descrédito e incrementará la frustración.

El pobre discurso de asunción de mando presidencial y el primer gabinete de ministros evidencia la ausencia de cuadros políticos y técnicos con capacidad para hacer un buen gobierno. Asimismo, el amplio pedido de facultades para legislar por decreto hace evidente que el gobierno de Keiko Fujimori desea tomar decisiones claves entre bambalinas, de espaldas a la ciudadanía y al escrutinio público.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se observó una progresividad en el reconocimiento de derechos étnico-territoriales y de gobernanza ambiental de las comunidades indígenas. Una de sus prioridades fue la protección y garantía de los derechos territoriales, culturales y ambientales de los Pueblos Originarios, con “avances normativos en materia de autonomía territorial, fortalecimiento de los sistemas de conocimiento propio y reconocimiento de las autoridades ambientales”. Además, en los últimos cuatro años se impulsaron las reclamaciones de tierra en resguardos indígenas, a través de reparaciones colectivas, restablecimiento de derechos territoriales étnicos y restitución de tierras. Actualmente, los territorios colectivos legalizados en calidad de resguardos acumulados son un total de 935.

La política del racismo y la estigmatización

Durante la campaña política, el proyecto de extrema derecha se perfiló a través de discursos de discriminación, amenazas y estigmatización. El racismo apareció, de manera oportunista, en los comentarios hacia la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, la mayora indígena y senadora del pueblo Nasa, Aida Quilcué. Abelardo de la Espriella declaró que la lideresa era incapaz de asumir el rol de segunda dignataria del país: “¿Ustedes se quedarían tranquilos si al señor Cepeda le pasa algo y asume su fórmula vicepresidencial? Se las dejó ahí, analícenlo. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con Colombia”.

A ello se le sumaron declaraciones estigmatizantes, con amenazas y posibles restricciones a la legítima protesta y movilizaciones de los Pueblos Indígenas: “Conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad o van a saber también lo duro que muerde el tigre. Yo ese desorden de los indígenas y esa extorsión constante y esa presión no la voy a permitir. Son los dueños del 33% de la tierra en Colombia y siguen exigiendo más, una deuda ancestral que, a juicio de ellos, no hay como pagar. Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.

Estas falsas afirmaciones ya han generado discriminación, odio y racismo entre sus votantes, desconociendo los procesos históricos de restitución de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas sistemáticamente vulnerados y segregados de la política nacional, a pesar de sus aportes al cuidado y restauración de ecosistemas vitales para la pervivencia, no solo de sus gentes, sino de las comunidades humanas y no humanas del país. Ello sin mencionar la instrumentalización y fractura de los procesos organizativos y comunitarios, utilizando el descontento de algunas comunidades por incumplimiento de compromisos del gobierno saliente, y adhiriendo liderazgos indígenas a su campaña con el objetivo de sumar capital político e intentar matizar las amenazas y estigmatización racista.

Propuestas que afectan a las Pueblos Indígenas

Desde su plan de gobierno, el proyecto político de extrema derecha anunció peligrosos retrocesos en la garantía y protección de los derechos colectivos relacionados con la consulta previa, libre e informada. En consecuencia, desconoce la jurisprudencia vigente sobre este derecho y, paralelamente, le da vía libre a los procesos extractivistas que generarían un alto impacto en los ecosistemas bioculturales de todo el país. 

En materia de “Economía”, sus propuestas sugieren que los licenciamientos ambientales y la consulta libre, previa e informada a las comunidades son trabas y cargas para el sector empresarial, por lo que propone licenciamientos express y acelerar las consultas. En cuanto a la “Política Minero-Energética”, expone supuestos tratamientos al sector extractivista a través de prejuicios ideológicos y desvaloriza los esfuerzos por adelantar procesos de transición energética justa y popular, que ya habían avanzado en el actual gobierno en consulta con las comunidades locales.

La falta de mención al pluriculturalismo y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas.

La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional.

En materia rural, en el apartado sobre “El Campo”, el programa de gobierno señala que se ha producido una “falsa reforma agraria” que desconoce los alcances de los procesos de restitución y entrega de tierras a comunidades rurales y, particularmente, resguardos indígenas. Propone, además, “ampliar la frontera agrícola productiva”, seguramente, a través de monocultivos industriales extensivos, lo cual pondría en alto riesgo ecosistemas esenciales para la pervivencia e integridad de los territorios indígenas y sus recursos vitales. 

Finalmente, en la sección sobre cultura se propone “apoyo fiscal a nuevas empresas de acción cultural y a mega eventos culturales y deportivos que atraigan ingresos del exterior”. De este modo, se reduciría la cultura a las lógicas de mercado. La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas. Eventualmente, la ausencia de recursos podría afectar la protección de conocimientos propios, revitalización de lenguas y pervivencia de prácticas ancestrales, que aportan de forma directa a su supervivencia física.

Designaciones que anuncian el huracán

Adicionalmente, los recientes nombramientos en carteras ministeriales claves para la protección de los derechos de las comunidades étnicas, como es el Ministerio del Interior y el de Ambiente, parecen ser el preludio de futuras decisiones ultraderechistas. Estas políticas que significan un giro de 180 grados podrían materializarse de forma temprana a través de una suerte de fast track vía decretos presidenciales durante los primeros 90 a 100 días del nuevo gobierno,  que entrará en vigor a partir del 7 de agosto.

En primer lugar, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, en 2018, como senador fue coautor del Proyecto de Ley Estatutaria 134, que pretendía reglamentar el derecho a la consulta previa. Este proyecto buscaba regular los procedimientos, plazos, competencias de autoridades y sus efectos, así como la coordinación entre el Estado y las comunidades étnicas. En el debate sobre el articulado, se presentaron críticas en cuanto a posibles mecanismos restrictivos para el ejercicio de este derecho, sin además prever consultas amplias a las comunidades directamente afectadas. En consecuencia, Lara Restrepo podría generar una agenda legislativa que busque restringir la consulta previa y otros derechos colectivos.

Por su parte, el ministro designado para la cartera de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, ya había hecho declaraciones sobre la consulta previa como un mecanismo “absolutamente transaccional”. Incluso había llegado a decir que “el tiempo de la consulta previa no puede seguir como un mecanismo extorsivo”, suscitando una grave deslegitimación de este derecho. Desde su perspectiva, las consultas han generado dificultades para el desarrollo de infraestructura. De más está decir que este tipo de declaraciones podría incentivar la estigmatización de las comunidades indígenas por, presuntamente, ir en contra del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que desconoce los proyectos de vida propios y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos para su bienestar. 

Alertas que se encienden hacia el futuro

Probablemente, en los primeros meses de gobierno, la designación de ministros con estos perfiles facilitará la ejecución de políticas que busquen materializar el modelo extractivo a gran escala propuesto en el plan de gobierno. Fue justamente lo que anunció Abelardo de la Espriella en campaña: “¡En el gobierno del tigre vamos a explotar el subsuelo a lo que da!”. Esta postura no solo desconoce, sino que también amenaza modelos alternativos de bienestar que se han ido consolidando por la gobernanza territorial en las comunidades étnicas, a través de apuestas propias para el sostenimiento mismo de la vida.

Finalmente, quisiera alertar, como advirtió la oposición liderada por Iván Cepeda, sobre posibles represiones y criminalización a la protesta social en el gobierno entrante. Esto podría traducirse en la limitación de las diversas expresiones de la movilización indígena y popular. La historia colombiana cuenta con procesos emblemáticos de Minga indígena que han jalonado la movilización civil en las carreteras y calles del país con el objetivo de exigir respeto y garantía de los derechos colectivos étnico-territoriales y de autodeterminación de los pueblos, esenciales para la construcción de paz desde una perspectiva territorial en Colombia.

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Finalmente, otra incógnita es si el conflicto sirvió para frenar las medidas estructurales de modificación del modelo económico (que inicialmente implicaba el retroceso en conquistas sociales) o si, más bien, le sirvió a las organizaciones movilizadas para potenciar la demanda de renuncia del presidente (pedido central en la última parte del conflicto). Sobre esto último, varios líderes de organizaciones y de comunidades campesinas explicaban que la demanda se canalizaría en la renuncia del primer mandatario, siguiendo la consecuente sucesión constitucional del vicepresidente, Edman Lara, y una convocatoria a nuevas elecciones en el plazo de tres meses. Algunos incluso proponían la habilitación del ex presidente Evo Morales, por ahora, negada por la Justicia.

Un presidente que nadie vio venir

Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, llegó a la primera magistratura como una completa sorpresa. De familia de izquierda y guerrillera, su padre fue presidente y jefe del antiguo Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), gracias a un insólito acuerdo político con el ex dictador de derecha Hugo Banzer, tras las elecciones de 1989. En 2025, Paz Pereira ganó el ballotage contra el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga con los votos que quedaron dispersos por la desaparición del MAS: estos votantes, de extracción popular, nunca habrían optado por un candidato de la ultraderecha como “Tuto”.

Asumido el cargo, Paz desactivó temporalmente la emergencia de la escasez de combustible, a través de acuerdos con Estados Unidos y países aliados de la región. Sin embargo, muy pronto empezó a firmar decretos y resoluciones destinadas a desmontar lo que él mismo llamó “Estado tranca”. En realidad, se trató de medidas que favorecían a los sectores de poder económico de la región del Oriente, dando la espalda a su electorado en la zona andina. Así, aprobó la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y dictó el Decreto Supremo 5503, que a través de 121 artículos establecía un procedimiento fast-track de flexibilización en la aprobación de contratos de inversión extranjera en infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales, sin aprobación parlamentaria ni consentimiento previo de los Pueblos Indígenas afectados. Además, eliminó casi en su totalidad el subsidio a los hidrocarburos líquidos, lo cual duplicó el precio de la gasolina y triplicó el del diésel. 

Justamente en estos primeros días se puede rastrear uno de los antecedentes del conflicto posterior. El presidente y su gobierno plantearon una posición distante del vicepresidente, Edman Lara, un ex policía de gran aceptación popular. Incluso antes de la asunción, Lara acusó al presidente, a través de sus redes sociales, de incumplir las promesas acordadas y construir un gobierno sin su participación. Cuando la reyerta escaló, el gobierno aprobó un decreto que eliminó las atribuciones constitucionales del vicepresidente y le quitó casi todo el financiamiento. Mientras Paz acusaba a Lara de ser una persona no apta para el cargo, un sector no despreciable de su electorado leyó esto como una traición de clase: sobre todo los sectores populares andinos representados por campesinos, comerciantes, cuentapropistas, transportistas y trabajadores, que son más refractarios a las clases medias y altas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, considerados por ellos como de “derecha”.

Una sumatoria de demandas

La composición de la movilización fue cambiando con el tiempo. En abril, el presidente aprobó de manera completamente inconsulta la Ley 1720, con la que se pretendía convertir las pequeñas propiedades agrarias en medianas a través de un trámite administrativo y otorgar una moratoria de verificación de la función económica y social de predios medianos. El gobierno y los sectores del agronegocio intentaron posicionarla como una norma beneficiosa para el campesinado pequeño, aunque era evidente que estaba dirigida de manera directa a los terratenientes del Oriente. En efecto, el principal empresario y senador de esta región se encargó de difundir y defender su aprobación. 

En este contexto, la primera protesta fue protagonizada por las organizaciones campesinas del Norte Amazónico que iniciaron una marcha exigiendo la abrogación de la Ley 1720. En el camino se sumaron organizaciones indígenas del departamento del Beni, que se desmarcaron de los acuerdos asumidos por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) con el gobierno, el cual intentaba restarle peso a la marcha campesina. A su vez, esta movilización despertó a los mineros cooperativistas y al magisterio con sus propias peticiones. Hasta aquí, el gobierno había procesado las protestas como un conjunto de conflictos sectoriales atribuidos a la herencia de los “20 años del MAS” y al intento de desestabilización de líderes políticos, desplazados del poder y ligados al ex presidente Evo Morales. 

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales.

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana presentó su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social.

Abrogada parcialmente la ley 1720 y firmado el decreto 5613, que habilita la dotación de áreas fiscales de vocación forestal a las comunidades campesinas e indígenas amazónicas, el gobierno declaró que las movilizaciones ya no tenían carácter reivindicativo, sino político. Especialmente porque empezó a emerger con mayor fuerza el pedido de renuncia del presidente: una demanda de la cual se despegaron las organizaciones indígenas tras la abrogación parcial de la Ley 1720. Adicionalmente, el gobierno aprobó una resolución ministerial que otorgaba a los mineros la regularización de contratos en áreas protegidas y territorios indígenas, sin consulta previa. De este modo, se consolidó la violación de los derechos indígenas establecidos en la Constitución, con la única intención de neutralizar uno de los sectores más fuertes de la protesta. 

Por su parte, el 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: adquirió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales. En esta nueva etapa, las organizaciones movilizadas fueron otras: los cocaleros del Chapare, que iniciaron una marcha hacia La Paz, y los campesinos de la histórica “Túpac Katari”, que aglutina a los denominados “ponchos rojos”, uno de los sectores más combativos del país. Los bloqueos se extendieron por casi toda la zona andina y el campesinado comunitario se incorporó masivamente a las movilizaciones en sus territorios. Ahora sí, la demanda excluyente fue la renuncia de Rodrigo Paz por la comercialización de combustibles líquidos de mala calidad, la falta de dólares y la creciente inflación. 

Un conflicto que parecía nunca acabar

Otra arista del conflicto es el impacto en los sectores populares andinos por la alianza de Rodrigo Paz con los sectores de poder del Oriente (tras la victoria electoral). Sumado a las medidas de corte neoliberal que afectan las conquistas sociales inscriptas en la Constitución, las clases populares procesaron este acuerdo como una traición al voto que lo llevó a Paz a ganar las elecciones. A esto se agregó la ausencia de los elementos simbólicos indígenas en los símbolos del Estado y un cambio en el lenguaje y prácticas con las que el gobierno se relacionó con los sectores movilizados: sin interlocutores que entendieran las problemáticas sociales, el conflicto no encontraba salida y se extendía en el tiempo.

El gobierno apostó siempre al diálogo, sin ceder a la demanda de renuncia presidencial, y encaró al conflicto como sectorial. Durante varias semanas, la renuncia presidencial fue la única forma de levantar los casi 100 cortes de ruta que comenzaban a asfixiar a La Paz, la sede de gobierno. El lenguaje xenófobo y discriminatorio hacia los movilizados se impuso en las redes sociales y los medios de comunicación, completamente volcados hacia el gobierno. Por su parte, los movilizados respondieron con una agresividad solo justificada por la impotencia.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional.

Como sucede en otros conflictos liderados por la región andina, la polarización se expresó en las fisuras históricas de Bolivia, principalmente de orden étnico y regional.

De este modo, el gobierno apeló a la estrategia del desgaste y evitó dictar el estado de excepción, para no activar otros sectores y generar un caos mayor. Si bien la ausencia de represión armada (como la vivida en tiempos de Jeanine Añez o Gonzalo Sánchez de Lozada, con un reguero de muertos, heridos y detenidos) mantuvo la protesta dentro de los carriles institucionales manejables, la extensión del conflicto le generó al presidente un daño político importante en el conjunto de la sociedad, que le exigía sacar el Ejército a las calles.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional. En Santa Cruz, el bloqueo fue leído como una medida que, en realidad, iba dirigida contra ese departamento, en tanto proveedor de muchos productos consumidos en Occidente. Mientras que, desde la intelectualidad indígena de las ciudades, sobre todo aimara y quechua, el conflicto habría hecho aflorar el racismo y la discriminación contra la población originaria de los Andes, que era nuevamente postergada en la gestión pública. Asimismo, se planteaba de modo generalizado que las conquistas incorporadas en la Constitución estaban en peligro.

El rol de Evo Morales

Dentro de los ejes de descalificación mediática, el gobierno le endilgó a Evo Morales estar detrás de una intentona sediciosa y de financiar los bloqueos  a través del narcotráfico, con el único objetivo de lograr su habilitación para unos supuestos comicios post renuncia presidencial. En realidad, salvo por la movilización de los cocaleros del Chapare, el ex presidente tuvo más participación mediática que en las acciones concretas, en tanto está enfrentado a varios de los sectores que protestaron. Si bien confluyeron en la demanda principal del conflicto, la multiplicidad de actores articulados por la Central Obrera Boliviana y los campesinos fue mayor a la movilización del sector cocalero, desde su histórico enclave del Chapare hacia la sede del gobierno. 

Los momentos de mayor tensión se vivieron durante mayo, con la entrada de diferentes marchas a La Paz y el bloqueo total de la ciudad. Las organizaciones multiplicaron las agresiones contra comercios que no cerraban e, incluso, de ciudadanos de a pie que rechazaban la radicalidad de las medidas y el pedido de renuncia a solo seis meses de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz. A nivel nacional, los bloqueos paralizaron la economía y provocaron, de manera directa e indirecta, la muerte de 22 personas: tanto por  impedir el paso en los puntos de bloqueo a las ambulancias (lo que imposibilitaba la atención médica) como por la escasez de insumos que no llegaron a los hospitales para pacientes en situación crítica. 

La sociedad urbana también le reprochó al Presidente una ineficiente gestión de la crisis, que desnudó la falta de conocimiento acerca de cuáles sectores reclamaban, sobre todo, en lo relacionado a la tierra y territorio. En este caso, la vocería fue manejada por el senador y empresario terrateniente Branko Marincovic, del partido Alianza Libre del ex candidato presidencial de extrema derecha Jorge “Tuto” Quiroga. Este fue otro de los ingredientes que potenció a los movilizados, puesto que veían en Marincovic a un descendiente de extranjeros, terrateniente, blanco y de la región oriental, promoviendo una reforma que claramente perjudicaba al campesinado pequeño, con argumentos poco creíbles ante la sociedad. 

La tregua y la incertidumbre

El conflicto finalizó con la firma del acuerdo el 26 de junio, que si bien no representa una agenda política del movimiento popular, podría ser una bisagra en el relacionamiento entre el Estado y un amplio espectro social sobre sus conquistas históricas: soberanía nacional; respeto a los Pueblos Indígenas; consulta y participación en las decisiones que puedan afectarles; y la no autorización de actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Un punto fundamental fue el compromiso de Rodrigo Paz de no entregar los recursos naturales (gas y litio) ni privatizar las empresas estratégicas nacionales. Finalmente,  el resarcimiento por la afectación de vehículos por los combustibles en mal estado, medidas para proteger la canasta familiar, recomposición salarial y previsional. 

A casi un mes de la firma del acuerdo, es evidente que varias de las demandas no fueron solucionadas. En lo político, el presidente, Rodrigo Paz, no renunció y declaró el estado de excepción, que, de todos modos, no fue el mecanismo para desmontar los bloqueos. Además, la atomización en el Congreso se mantiene y las organizaciones populares no se han recompuesto ni fortalecido: negociaron demandas puntuales y volvieron a sus regiones. En lo económico, no existe claridad en la política de desarrollo, que combina discursos altisonantes con una indispensable dependencia de créditos internacionales para cubrir los huecos presupuestarios que dejó la caída de la renta gasífera.

El correr de los días y los meses demostrará quién venció a quién en este conflicto. El gobierno está reponiendo lentamente varios de los puntos de su agenda económica: dejar fluctuar el tipo de cambio para “sincerar” su cotización; proponer normas que atraigan la inversión extranjera directa; y la flexibilización de impuestos y trabas estatales. La conversión de la pequeña propiedad en mediana, que dio origen al conflicto, ha sido recientemente repuesta a partir de dos proyectos de ley, con varios retoques y una salvaguarda expresa para la propiedad colectiva de los territorios indígenas. No se sabe si se trata de una iniciativa del agronegocio o del propio gobierno. En este último caso, sería realmente jugar con fuego, sin haber salido aún de la crisis generada por los bloqueos.

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Siguiendo la misma lógica que los gobiernos anteriores, la actual gestión prorrogó la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en este territorio. Durante la presentación de la Cuenta Pública, el presidente Kast señaló: “La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile. Su gente merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver florecer su tierra. En esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo. Para lograrlo, estas medidas se acompañan con el diseño de una política indígena coherente que hemos estado trabajando”.

En este marco, no llama la atención que la propiedad y explotación de las tierras indígenas se hayan convertido en el foco del anuncio de lo que será la política indígena de este gobierno: “Una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”. Con este objetivo, se reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras y se reordenará el sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones a valor de mercado y trazabilidad en cada compra. 

Tierras indígenas y la institucionalización del despojo

La Ley Indígena (Ley N° 19.253) fue promulgada en 1993 bajo el gobierno de Patricio Aylwin, una vez recuperada la democracia. Si bien se han señalado algunas limitaciones en su forma de definir las tierras indígenas, cualquier modificación ha sido evaluada como una posible amenaza, especialmente en un contexto en el que no existe reconocimiento constitucional ni representación política de los Pueblos Indígenas en los espacios del Estado-nación. Esta ley crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y, establece normas sobre la protección, el fomento y el desarrollo de los indígenas. A su vez, define como tierras indígenas a aquellas que se poseen bajo los títulos de merced, título de comisario u otros que se enumeran en el artículo 12, así como las correspondientes a la ocupación histórica. 

En ese contexto, la propuesta de reformar la ley para permitir arriendos e hipotecas se presenta bajo el lenguaje de la libertad individual y de la igualdad ante el mercado. Sin embargo, la ley vigente ya permite arrendar tierras indígenas individuales por un plazo de hasta cinco años y constituir gravámenes con la autorización de la CONADI. Asimismo, prohíbe el arrendamiento de tierras comunitarias y protege a ambas frente a enajenaciones, embargos y adquisiciones externas. En efecto, cuando las restricciones a las tierras indígenas desaparecieron en Chile, principalmente entre 1943 y 1947, se enajenó cerca de una quinta parte de ellas. Más tarde, durante la dictadura, los arriendos a 99 años privaron a familias y comunidades indígenas del uso de sus predios. 

El actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

El actual gobierno busca reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sin considerar las recomendaciones sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

Para llevar adelante esta reforma, el Poder Ejecutivo ha señalado que reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno de Gabriel Boric “abandonó sin resultados”, en alusión a las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPPyE). Esta Comisión, creada por Decreto Supremo Nº 14, tenía como principal mandato “realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo Mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, con el objeto de cuantificar dicha demanda”. 

Para abordar este mandato, la CPPyE realizó un diagnóstico exhaustivo de la demanda de tierras, las brechas existentes en esta materia y las limitaciones del mecanismo vigente. El diagnóstico concluyó que este mecanismo ha sido utilizado “prácticamente en su totalidad” por comunidades Mapuche de las cuatro regiones señaladas, representando un 99,59% de las compras realizadas hasta 2024 y manteniendo más de 1.100 solicitudes pendientes de resolución. En ese contexto, la Comisión recomendó avanzar hacia un nuevo sistema de tierras que armonizara la Ley Indígena con el Convenio Nº 169 de la OIT, incluyendo mecanismos de reparación territorial, criterios de priorización, reformas institucionales y herramientas para fortalecer la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche. 

Dado que estas medidas impactaban directamente a comunidades y organizaciones mapuche, se configuró la susceptibilidad a una afectación directa, lo que obligó al Estado a realizar un proceso de consulta. Sin embargo, este proceso fue ampliamente rechazado por las comunidades y quedó sin efecto. De esa forma, el actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo. 

Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originario bajo presión

Sin embargo, la política del gobierno de José Antonio Kast trasciende el anuncio de la reforma de la Ley Indígena. Más bien, el foco en la tierra y su propiedad debe entenderse como parte de una estrategia mayor que busca limitar los derechos de los Pueblos Indígenas y la toma de decisiones de las comunidades sobre los recursos. Desde una mirada neoliberal,  estos recursos deben ser explotados por capitales privados; al mismo tiempo, la propiedad de la tierra se encuentra asociada a una política de seguridad. Así, en paralelo a este anuncio, el Ejecutivo ha impulsado cambios a la denominada Ley Lafkenche. 

Por su parte, la Ley 20.249 (2008) creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) para resguardar los usos consuetudinarios y ceder su administración a las comunidades indígenas que los han habitado ancestralmente. Si bien los ECMPO no suponen propiedad sobre esos territorios, deben contar con un plan de administración que permita la coexistencia de diferentes actores vinculados a la pesca (industrial y artesanal), al turismo y a la navegación. Este plan debe ser aprobado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) en una instancia final. Sin embargo, las comunidades han debido enfrentar la oposición de empresas pesqueras, principalmente salmoneras, y las propias instancias aprobatorias del Estado. En este marco, se ha instalado un discurso que cuestiona la eficiencia de las comunidades, las solicitudes desproporcionadas, la paralización de inversiones y la apropiación exclusiva del borde costero. 

Las organizaciones indígenas han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas.

Lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.

Sólo en 2024, el 80% de las solicitudes presentadas por comunidades o asociaciones de comunidades indígenas han sido rechazadas en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde las instituciones representantes del Estado han sido las principales opositoras a la creación de nuevos espacios costeros marinos. De esa forma, los rechazos se sustentan fundamentalmente en cuestiones políticas más que técnicas, pues el CRUBC interviene antes de que las comunidades presenten sus planes de administración. De hecho, la evidencia disponible rechaza la idea de que los ECMPO hayan paralizado a la industria salmonera, la cual continuó expandiendo su producción y sus exportaciones.

Organizaciones indígenas, como la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, han insistido en esta inversión de responsabilidades y han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas. Más bien, sostiene que lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.  

Políticas indígenas y mercado: dos caras de la misma moneda

En cuatro meses de gobierno, la mercantilización de las tierras indígenas y de los recursos valorados por las empresas se perfila como el eje en la formulación de las políticas indígenas. En el caso de las tierras, la protección colectiva debe justificarse frente a la libertad contractual. En cuanto a los espacios costeros, el uso consuetudinario debe justificar su extensión frente a la inversión. En ambos casos, la carga de la prueba recae sobre los Pueblos Indígenas para demostrar que no son “recursos inutilizados”. No se trata, por lo tanto, de dos políticas aisladas. 

En Chile, el mercado se presenta como sinónimo de desarrollo, mientras que los derechos colectivos se convierten en restricciones que deben corregirse. Así, la tierra deja de ser entendida como base material de la continuidad histórica y cultural de los Pueblos Indígenas; al mismo tiempo que el maritorio deja de ser reconocido como espacio de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional. Así, el problema no radica en discutir mecanismos para mejorar las condiciones de vida de las familias y comunidades indígenas. El punto crítico es que esas necesidades no pueden utilizarse para debilitar los derechos colectivos ni para impedir la decisión de las comunidades sobre sus territorios con la excusa del desarrollo.

Por ello, los primeros meses de este gobierno no sólo abren una discusión legislativa sobre la Ley Indígena o la Ley Lafkenche, sino que también plantean una pregunta más profunda sobre el respeto de la política indígena en Chile y la aplicación de los derechos garantizados a nivel internacional. Si el punto de partida es la seguridad, la inversión y la certeza para los privados, los derechos indígenas quedan relegados bajo la mirada de un Estado colonial. En consecuencia, lo que está en juego no es sólo la propiedad, la tierra o el borde costero, sino la posibilidad de imaginar una relación distinta entre el Estado, el mercado y los Pueblos Indígenas, en la que sus derechos no sean la moneda de cambio. Por ahora, todo indica que estamos lejos de ese horizonte.

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Si bien históricamente el pueblo costarricense ha optado por candidatos presidenciales de centro, la elección de 2026 demostró un viraje a un gobierno conservador, con propuestas de “mano dura” a los crecientes desafíos que sufre el país. De igual manera, los diversos Pueblos Indígenas de Costa Rica mostraron un comportamiento similar al resto de la población. En las Juntas Electorales de Boruca (de mayoría indígena Brunka) y Amubri (de mayoría Bribri), el apoyo a la presidenta electa rondó el 57%. A nivel nacional, se estima que un 58% de la población que votó en territorios indígenas lo hizo por Laura Fernández. 

El amplio apoyo de la población indígena a un gobierno conservador genera una serie de interrogantes: a qué razones respondió y si este gobierno representa un avance o retroceso en materia de derechos de los Pueblos Indígenas. Las dudas aparecen porque la Presidenta electa prometió “continuidad” al gobierno anterior, cuya retórica buscó deslegitimar los procesos de recuperación de tierras de los Pueblos Indígenas. Además, anunció el interés de avanzar con el controversial proyecto hidroeléctrico el Diquís. Este último fue suspendido en el 2011 durante la visita del ex Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Y, posteriormente, fue cancelado en el 2016.

El voto indígena a una presidenta conservadora

La presidenta contó con un amplio apoyo en las zonas costeras y rurales. Históricamente, estas zonas han tenido un lugar secundario en las prioridades de la política e inversión pública. Esta situación contrasta con lo que se percibe que ocurre en el valle central, la región del país que concentra más del 60% de la población y tiene cuatro de las principales ciudades, incluida la capital. Los ocho Pueblos Indígenas, que habitan 24 territorios legalmente reconocidos en Costa Rica, se encuentran a largas distancias de la capital. La mayoría de estos territorios se encuentran en el Pacífico y el Atlántico Sur, dentro de los cantones con menor índice de desarrollo humano del país. La retórica populista de la anterior y actual administración resonó en un amplio sector de la población que no se ha visto representada ni escuchada por los gobiernos centrales. 

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una serie de crecientes retos: una crisis educativa catalogada como el “apagón educativo”; una creciente desigualdad, dado que es es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); un aumento en el costo de vida; y la creciente e insólita crisis de inseguridad. En los últimos tres años, durante la administración de Chaves Robles, tuvo las tasas de homicidio más altas de su historia: 907 homicidios en 2023; 880 en 2024; y 873 en 2025. En efecto, el año 2023 fue el más violento de la historia del país, con una tasa de homicidios de 17,1 por cada 100,000 habitantes. La mayoría de estos homicidios están vinculados a disputas territoriales del crimen organizado y el narcotráfico.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder.

La escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En siete décadas, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir en la estructura de poder.

Los Pueblos Indígenas no son ajenos a esta creciente violencia. Dos defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas fueron asesinados en un contexto de defensa de tierras indígenas. El líder Sergio Rojas del pueblo Bribri fue asesinado en el 2019 por su defensa y liderazgo en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente por personas no indígenas. En un contexto similar, el líder del pueblo Brörán (Teribe), Jerhy Rivera, fue asesinado en 2020. Rojas y Rivera habían cumplido un rol fundamental en la defensa de las tierras indígenas en Costa Rica, de las cuales alrededor del 43% están en manos de personas no indígenas.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder: el país nunca ha tenido un ministro o viceministro indígena, y en la Asamblea Legislativa solo una persona autoidentificada como indígena ha ocupado un curul (escaño) recién durante el periodo 2022-2026. Esta ausencia no responde únicamente al tamaño poblacional (apenas 1,8% de la población nacional se identifica con un pueblo específico), sino a un sistema electoral que no prevé mecanismos diferenciados de participación para los Pueblos Indígenas.

Un plan de gobierno que no promete nada nuevo

En este contexto, el plan de gobierno de Laura Fernández promete “garantizar la dignidad humana de nuestra población indígena”, incluyendo el compromiso de fortalecer la participación política mediante “mecanismos de consulta eficientes y eficaces”. Esta consigna parece vacía de contenido debido a que promete algo que, jurídicamente, ya existe: desde 2018, Costa Rica cuenta con un mecanismo de consulta construido junto a los ocho Pueblos Indígenas.

El plan también promete “fortalecer el modelo de gobernanza” de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), una institución fundada en 1973 que arrastra décadas de cuestionamientos. Tras su visita a Costa Rica en 2021, el entonces Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, documentó que la CONAI es “otra institución impuesta a los Pueblos Indígenas por el Estado y es inoperante”. Este pronunciamiento reafirmó la posición del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), que dos décadas antes ya había señalado que “en el pasado no ha cumplido sus funciones y tareas”.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional  que fue del 30,92%.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%.

La promesa de “continuar con la recuperación y devolución de tierras” hereda un historial de bajo cumplimiento. El plan diseñado desde 2014 por el Ministerio de Justicia y Paz ha avanzado con lentitud frente a un problema de fondo: cerca del 43% del territorio legalmente reconocido a los Pueblos Indígenas permanece en manos de personas no indígenas. Este problema es central y crítico. Existen territorios indígenas como China Kichá del pueblo Bribri y Altos de San Antonio del pueblo Ngöbe, en los cuales los indígenas tienen control de solamente entre el 2 y el 3 por ciento de las tierras que legalmente les pertenecen. La falta de mecanismos efectivos, recursos e interés político han generado conflictos que costaron la vida a los líderes Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

Frente a este historial, las promesas de campaña de Laura Fernández fueron recibidas con desconfianza. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) acusó a la entonces candidata de instrumentalizar las demandas de sus comunidades: ”Repudiamos la práctica de Laura Fernández y Fernando Zamora utilizando nuestras necesidades y derechos como mecanismo de campaña”. La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional que fue del 30,92%.

Una contradicción para los Pueblos Indígenas

¿Hasta dónde llega la “continuidad” que promete la nueva presidenta? Laura Fernández ofrece una pista importante. Nombró al expresidente Rodrigo Chaves Robles, quien terminó su periodo presidencial en mayo del 2026, como ministro de la Presidencia y de Hacienda. Este es un movimiento sin precedentes recientes en la política costarricense: mantuvo al expresidente como principal operador político y económico del nuevo gobierno. De este modo, extendió su inmunidad frente a investigaciones abiertas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

En consecuencia, el panorama que deja este ciclo electoral aparenta ser de continuidades más que de rupturas. En este punto existe una contradicción para los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Por un lado, un gobierno que ganó con amplio respaldo en territorios indígenas y que incluye en su plan de gobierno promesas explícitas de participación política, fortalecimiento institucional y devolución de tierras. Por otro, la continuidad de un gobierno cuya retórica y acciones dejaron entrever la falta de apoyo a los temas clave hacia las demandas de recuperación territorial.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución de tierras a los Pueblos Indígenas.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la devolución de tierras a Pueblos Indígenas.

En balance, el respaldo electoral de las comunidades indígenas a Laura Fernández no parece, entonces, resultado de una identificación profunda con su agenda hacia los Pueblos Indígenas. Más bien, podemos observar un reflejo de dinámicas más amplias, como el abandono histórico de las zonas rurales y costeras alejadas del Valle Central y la fatiga con un sistema de partidos tradicionales percibido como ajeno.

Los próximos cuatro años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución efectiva de tierras a los Pueblos Indígenas. Por otro lado, se podrían materializar las advertencias de organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), acerca de promesas de campaña que solo instrumentalizan las necesidades indígenas, sin atender sus causas estructurales. El elevado abstencionismo en los territorios indígenas sugiere que buena parte de la población ya no espera que ninguna de las dos respuestas provenga de las urnas. 

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cuando nos destapamos la cara y somos otros, ya no nos reconocemos”

Visión de Pupide

Más de la mitad del norte del Chaco paraguayo se caracteriza por tener un clima semiárido con temperaturas cálidas, con inviernos secos. Son parte del bioma los pastizales tropicales y subtropicales, las sabanas, especialmente al este y los bosques de quebracho y arbustos hacia el centro y el oeste. En el extremo oeste, las sabanas arbustivas configuran la vegetación de la región de los médanos, un ecosistema único en Sudamérica. En el noreste, el cerrado chaqueño da paso a la transición con la región del bosque chiquitano de Bolivia: esta área de 115.750 kilómetros cuadrados es predominantemente de tierras bajas, con algunas formaciones serranas bajas dispersas.

Aunque gran parte del pueblo Ayoreo ya se encontraba sedentarizado, recluido en misiones y pequeñas reducciones territoriales, diferentes grupos mantenían, merced a la vastedad de los bosques, su independencia y autonomía fuera del mundo colonizador. Los “silvícolas”, los “sin contacto”, los “aislados” los “desnudos”, los “pyta jovái” o simplemente los “moros salvajes”, aún no habían sido afectados por las transformaciones de los últimos años. Esta condición de privilegio para los grupos que quieren mantenerse fuera del sistema global hegemónico, se fue carcomiendo en los últimos 25 años. 

Fuera de las áreas silvestres protegidas, el Chaco se comenzó a transformar rápidamente bajo la presión del agronegocio, la industria hidrocarburífera, la minería y, últimamente, el avance de las redes viales modernas. En el año 2000, el norte del Chaco mantenía el 87% de su cobertura arbórea, sabanas y praderas nativas. En comparación con el 87% de bosques y sabanas nativas que se computaban en el 2000, actualmente solo queda el 52%, distribuido en un 42% de bosques altamente fragmentados (que en gran parte han perdido su función como bosque) y 10% en áreas silvestres protegidas como remanentes forestales más extensos. Se puede decir que en este momento el norte del Chaco paraguayo es una dispersión de escombros de lo que fue 25 años atrás un invaluable patrimonio natural.

El pueblo Ayoreo y la última transformación

Como otros pueblos del Chaco, el pueblo Ayoreo divide los cambios en el tiempo a través de transformaciones críticas que se preservan a través de los relatos orales, en la memoria de los antepasados y en la memoria colectiva actual. Lo que está ocurriendo ahora posiblemente se pueda categorizar como “la última transformación” mediante la cual colapsa el mundo conocido y emerge uno nuevo a partir del que se comienzan a relatar las historias del presente. Cada transformación representó un colapso y una nueva forma de vivir. La memoria de estos acontecimientos catastróficos fortalece su capacidad para adaptarse a las nuevas formas, superar el trauma del colapso y seguir viviendo como pueblo, trascendiendo el dolor y el terror de los individuos ante cada transformación. 

Mediante el seguimiento de los movimientos de los grupos en aislamiento, en la actualidad observamos un proceso de adaptación ante los cambios en el bosque y sus transformaciones en extensas pasturas ganaderas. Esto no significa necesariamente una aceptación de la realidad, sino una expresión de resistencia y acomodo en las maneras de abordar la vida y el territorio, sin que este cambie todavía sus significados como persona que interactúa con los humanos. Esta última transformación no ha terminado y los riesgos de que se torne en una etapa final y absoluta son inminentes.

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales (transformados en recursos económicos) y arrendar parte de sus tierras para poder sobrevivir.

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales y arrendar parte de sus tierras para sobrevivir.

Un análisis secuencial de los Planes de Uso del Suelo que los propietarios terratenientes y empresas presentan para obtener las licencias ambientales para sus proyectos, nos muestran que, si se ejecutan, ocurrirá una acelerada fragmentación en los próximos cinco años, mucho más profunda que la observada hasta ahora. El horizonte hasta 2030 no es favorable para la vida de las personas y grupos del pueblo Ayoreo que se mantienen al margen de la sociedad moderna. Y tampoco es alentador para aquellas comunidades que viven reducidas en escasas tierras de su propiedad o de propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales (transformados en recursos económicos) y arrendar parte de sus tierras para poder sobrevivir. Lejos de ser una solución, esta estrategia se transforma en el motor de grandes conflictos internos, rupturas y violencia. El proceso de adaptación al mundo que los redujo todavía no ha llegado a cambiar las formas de organización política internas, cimentadas en la familia como estructura básica de sobrevivencia y la constitución de liderazgos a partir de la capacidad de relacionamiento con el mundo occidental.

La profundización del extractivismo

En los últimos ocho años, estas transformaciones se han visto sensiblemente acentuadas con la profundización de las políticas nacionales extractivistas y la búsqueda de nuevos recursos para exportar, nuevas inversiones y un nuevo posicionamiento de Paraguay frente al mundo. Los sucesivos gobiernos y, especialmente, el actual Presidente, Santiago Peña, sostienen un discurso ambiguo: mientras se acentúan los compromisos internacionales de protección del ambiente y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, se profundiza la exploración de recursos minerales e hidrocarburíferos y se busca posicionar al país entre los mayores exportadores de granos y carne. 

Todo esto se superpone críticamente con la vida cotidiana del pueblo Ayoreo sedentario y de sus grupos en aislamiento, dejando cada vez menos oportunidades para construir el propio horizonte frente a la última transformación.

Todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

Todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

Una docena de proyectos de exploración minera de tierras raras y litio se han repartido el Chaco, sin considerar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y, mucho menos, de los grupos que se mantienen sin contacto. Estos proyectos aprobados por los organismos de regulación, son ejecutados por cuatro grandes empresas de un mismo grupo económico, que domina la exploración y explotación de minerales raros en las tierras bajas de toda América. Esta actividad extractiva amenaza también la intangibilidad de una de las áreas silvestres protegidas más frágiles: el Parque Nacional Médanos del Chaco.

Los hidrocarburos no dejaron de ser un mito movilizador en el Chaco paraguayo. Tras la victoria de la Guerra del Chaco en la década de 1930 (que dejó un saldo de más de 90.000 muertos), diferentes compañías extranjeras fueron adjudicadas para una infructuosa exploración que, en el mejor de los casos, llevó a encontrar petróleo y gas en cantidades que no justifican las inversiones necesarias para su explotación y transporte. Aún así, todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

La fiebre de caminos

El golpe de gracia para la transformación final del mundo de los grupos en aislamiento y el colapso de una cultura milenaria conformada por muchos Pueblos Originarios del territorio chaqueño (de la cual los grupos en aislamiento del pueblo Ayoreo son los últimos que se mantienen aún libres y en resistencia) es la actual fiebre de caminos y conectividad terrestre. El proyecto del Corredor Bioceánico Capricornio hoy se ejecuta de manera acelerada atravesando el Chaco paraguayo de este a oeste, con el fin de conectar los grandes centros productivos de Mato Grosso do Sul y São Paulo con los puertos del Océano Pacífico en Chile, orientados al comercio asiático. 

Este corredor impacta de manera directa el sur del territorio ayoreo y, de manera indirecta, en todo el territorio. A partir de este eje de conectividad ya se han proyectado rutas transversales que comunicarán las áreas de producción agropecuaria de todo el norte del Chaco con la vía de acceso al Pacífico. Asimismo, las rutas proyectadas en Bolivia y en el occidente brasileño buscan comunicar la región brasileña de Rondônia con el Pacífico, atravesando de norte a sur los últimos territorios intangibles destinados por el Gobierno Indígena de Charagua, del pueblo Guaraní en el Chaco boliviano, a los grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento, fuera de las áreas silvestres protegidas.

Luego de más de tres décadas de construcción de derechos de los Pueblos Indígenas, aún Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos.

Luego de más de tres décadas, Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos.

Esta fiebre de caminos no termina en meros asfaltos y más vehículos circulando, sino que cambia la matriz productiva con una fuerte tendencia en el norte del Chaco de migrar de la ganadería extensiva a la agricultura intensiva. Por su parte, las consecuencias para los grupos en aislamiento son drásticas: fuentes de agua contaminadas por agroquímicos, disminución de la fauna silvestre  (una fuente fundamental de proteínas del pueblo Ayoreo) y contaminación del aire en los restos de bosques (escombros que van quedando como refugio para la vida). 

Paralelamente, las transformaciones también se manifiestan en los derechos. Luego de más de tres décadas de construcción de derechos de los Pueblos Indígenas, aún Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos y para las cuales deben ser aseguradas las condiciones para que puedan seguir viviendo de acuerdo a su propia determinación. Tampoco ha mejorado el cumplimiento de la normativa relativa a los derechos de los pueblos ya colonizados. El derecho a la tierra y al acceso a los territorios necesarios para desarrollar sus vidas queda subsumido al derecho a la propiedad privada de los colonos y, ahora, de las empresas agroexportadoras que determinan la orientación política y las decisiones sobre la región del norte del Chaco paraguayo.

La cosmovisión ayorea frente a la ideologización del progreso

Finalmente, vale destacar que esta gran transformación, que se acentuará en los próximos años, está motorizada por el discurso del crecimiento económico y el llamado “progreso” que pone en tela de juicio y ridiculiza el sistema de creencias de los pueblos del Chaco y, especialmente, de los grupos que aún se mantienen en aislamiento. Este sistema de creencia hace que todo lo viviente y no viviente del mundo sea persona y deba ser respetado, por eso es necesario entablar relaciones de diálogo para acceder a los beneficios que pueden aportar a la persona humana y aprovecharlos en un orden de respeto, armonía y mesura. 

Esta cosmovisión propone la conducta de distribuir para mantener un orden social justo y equilibrado, frente a la de acumular de la lógica del liberalismo individualista y mezquino. Esta ideologización del “progreso” alimenta la voracidad de Occidente por consumir de manera irrefrenable todo lo que existe sobre la Tierra y se burla de las creencias indígenas mediante el discurso del crecimiento económico y las (falsas) necesidades creadas por el mercado. Muy por el contrario, este sistema de creencias sobre la vida es el que nos puede brindar una solución a la humanidad para evitar la destrucción del mundo, es decir, la etapa final de esta última transformación.

Mientras tanto, pasado un cuarto de siglo del tercer milenio, pequeños grupos del pueblo Ayoreo siguen resistiendo y evitando el contacto con los agentes de cambio que empujan a su mundo hacia el derrumbe y el colapso. Esta resistencia tenaz y común a todos los grupos en aislamiento, se prefigura como la única esperanza a la que se aferran para que el monte no se cierre y se silencie y que esta transformación no sea definitiva y final.

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Ubicada en el Noroeste argentino, en los últimos años, la geografía de Jujuy atraviesa una metamorfosis profunda. Ya no se trata solo de la minería histórica de plomo y zinc: en la época de los autos eléctricos y la llamada “transición energética”, la fiebre del litio en las salinas y la búsqueda de tierras raras conviven con una vitivinicultura emergente y un turismo que satura los paisajes. Estos procesos encarados por inversionistas privados, amparados por reformas diseñadas a medida del capital, impactan sobre los territorios indígenas y las tierras de los campesinos cuya seguridad jurídica es de por sí precaria.

A partir de estas preocupaciones, referentes de organizaciones indígenas y campesinas fueron convocados a compartir el taller “Políticas y estrategias de defensa de los territorios indígenas en Jujuy” con el equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante el encuentro, se problematizaron los conflictos socio-ambientales de los territorios, poniendo el foco en las tensiones, contradicciones y retrocesos de las políticas nacionales y provinciales, los problemas ambientales y las acciones en defensa del territorio. 

La Ley 26.160 ante el avance del mercado y la deuda estatal

Los territorios indígenas se están viendo tensionados por la reprimarización económica y el extractivismo. El Decreto 749/2024 reglamenta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y garantiza beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años a proyectos de gran escala en minería, hidrocarburos y energía. Entre noviembre de 2006 y diciembre de 2024, la Ley N° 26.160 de Emergencia Territorial actuó como una tregua jurídica en Argentina, suspendiendo desalojos y ordenando el relevamiento de los territorios indígenas. Sin embargo, en Jujuy, esta política se ha convertido en un laberinto de carpetas incompletas y dilaciones que dejan a los territorios en una vulnerabilidad extrema.

Para David, de la comunidad de Rodero, el relevamiento ha funcionado durante casi 20 años  como un escudo frente a un Estado que los amenaza con el despojo cuando “no hay un documento oficial”. Ante la percepción de que la ley ha perdido su vigencia, David advierte que la defensa surge de la identidad y del arraigo histórico de los habitantes al territorio: “Hay que lograr que las comunidades tengan su ordenamiento y luego el título. Si no tenés un documento te pueden sacar la tierra”. Esta deuda estatal no constituye un hecho aislado. 

En 2023, la Red Puna denunció que el relevamiento jurídico-catastral nunca fue terminado. Estas dilaciones suelen profundizarse en territorios donde el suelo se valoriza para el sector privado. En Chucalezna, Florencia relata cómo el interés de un vecino por expandir viñedos y proyectos turísticos sobre una casa familiar de 1800 terminó por bloquear la entrega de su carpeta técnica: “Por  eso no tenemos la carpeta: entró el conflicto y quedó interrumpido. ¡Pero sí hicimos el relevamiento!”. El escenario actual revela una paradoja crítica: mientras el Estado demora el reconocimiento legal, la presión de los sectores minero, vitivinícola y turístico avanzan, obligando a las comunidades a defender con el cuerpo su permanencia en el territorio.

La Consulta Previa, Libre e Informada como simulacro

Argentina posee un sólido blindaje jurídico para los Pueblos Originarios, pero carece de leyes operativas sobre propiedad comunitaria y consulta previa. Esta orfandad legislativa convierte al Convenio 169 de la OIT en una herramienta de resistencia solitaria. En teoría, la Consulta Previa Libre e Informada debería otorgar un rol protagónico a las comunidades, pero en la práctica se ha transformado en un simulacro administrativo que las empresas y el Estado suelen omitir o delegar en manos privadas.

Para los asistentes del taller, el diagnóstico es claro: el Estado provincial actúa bajo una lógica de “presencia selectiva”. Se ausenta al momento de garantizar que la consulta sea legítima, pero interviene con celeridad para autorizar exploraciones mineras. Esta dinámica repone un imaginario colonial en el que territorio indígena es narrado como un “espacio sacrificable” en nombre del crecimiento económico, reforzando una discriminación que despoja de valor al conocimiento y la autonomía comunitaria.

Las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal). Este documento narra el derecho sagrado al agua y establece que las decisiones deben pasar por la Asamblea General de la Cuenca.

Ante el vacío estatal, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal).

Por su parte, los estudios de impacto ambiental son financiados por las mismas empresas y las comunidades los perciben como documentos diseñados para respaldar intereses externos. La consulta suele ejecutarse rompiendo las lógicas locales: se convocan reuniones fragmentadas, se ignoran los tiempos de las asambleas y se ofrece información escasa. Así resume Daniel este sentimiento de indefensión: “Decimos que somos dueños de todo, pero después se declara tal lugar como Patrimonio de la Humanidad y no se nos consulta nada. Nadie nos defiende”.

Ante el vacío estatal, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal). Este documento narra el derecho sagrado al agua y establece que las decisiones deben pasar por la Asamblea General de la Cuenca. Sin embargo, el Decreto 7751/2023 reduce la consulta a una “reunión informativa” entre las empresas y las comunidades. Para Flavia, presidenta de Santuario Tres Pozos, el Estado ignora el protocolo comunitario: “Recibirlos es considerado como dar el consentimiento. Todo es a cambio de negociar rápidamente y por unas cositas: un proyector, un grupo electrógeno”.

Postales del despojo: el Estado, las mineras y la industria vitivinícola

La conflictividad socioambiental en Jujuy ha dejado de ser una disputa por parcelas para convertirse en una lucha por la supervivencia. En un escenario donde el agua y la tierra son acechados por intereses extractivos, inmobiliarios y estatales, las comunidades indígenas despliegan estrategias que van desde la diplomacia jurídica hasta la acción directa y movilización en el territorio. “El Estado entregó la tierra a las multinacionales con nosotros adentro”, sintetiza Débora, de la comunidad Casa Grande. 

En la zona controlada por la minera El Aguilar, los efectos del extractivismo son innegables: diques de cola con desechos tóxicos y una escasez hídrica que compromete la vida. Anabella, de Abra Pampa, denuncia un “genocidio silencioso” que incluye la contaminación con plomo que afecta a niños y niñas en un sistema sanitario desmantelado. Griselda, de Finca El Pongo, relata cómo el modelo de agricultura familiar de tres generaciones fue arrasado por emprendimientos de cannabis medicinal y parques industriales de litio. Aquí, el Estado no está ausente, sino que promueve los desplazamientos: la policía custodia la casa de Griselda mientras las máquinas rompen el suelo y les niegan el acceso al agua de riego.

Cuando las instituciones comunitarias se ven cooptadas por intereses empresariales, la respuesta es la fisión: comunidades que se dividen para crear nuevas unidades (como es el caso de Antigal de Moya) y así recuperar la autonomía de lucha.

La presión inmobiliaria sobre los territorios y comunidades indígenas ha fracturado incluso los lazos internos entre parientes y vecinos.

En la Quebrada de Humahuaca, la presión inmobiliaria disfrazada de “progreso vitivinícola” genera nuevas heridas. En la comunidad de Chucalezna, el avance de las bodegas y los loteos turísticos ha modificado el cauce de los ríos: estas transformaciones topográficas están provocando aludes que entierran sembradíos y casas. Florencia y Amalia denuncian la privatización de ojos de agua comunitarios y destacan la desigualdad en las herramientas que se emplean: “Nos quieren quitar el agua. Nosotros hicimos el trabajo a pala y pico; el empresario lo hace a máquina”.

Esta presión inmobiliaria sobre los territorios y comunidades indígenas ha fracturado incluso los lazos internos entre parientes y vecinos. Cuando las instituciones comunitarias se ven cooptadas por intereses empresariales, como el caso de los delegados que a la vez son empleados de las bodegas, la respuesta es la fisión: comunidades que se dividen para crear nuevas unidades (como es el caso de Antigal de Moya) y así recuperar la autonomía de lucha. Aunque ello signifique una fragmentación dolorosa.

“Sembrar agua” y “caminar la tierra”: estrategias de defensa

Frente al desamparo, las comunidades han comenzado a construir soluciones desde adentro. La lucha comienza muchas veces en el papel, mediante la presentación de actas, denuncias y la creación de alianzas con universidades y ONG. Es un proceso de aprendizaje colectivo donde las comunidades deben navegar los “vericuetos burocráticos” e identificar aliados. Sin embargo, cuando los canales formales se agotan, la protesta se traslada al cuerpo y a la ruta: desde bloqueos y huelgas de hambre hasta la captura de maquinaria pesada. Ante la falta de justicia, la movilización y la organización son las herramientas más certeras. “Estar agrupados en el Consejo, ahí se adquiere fuerza”, señala una comunaria.

En la Puna, el Grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat Natural (Casa Grande, Vizcarra y El Portillo) ha resignificado la protesta transformándola en cuidado ambiental activo. Ante la disminución de la queñua (un árbol nativo capaz de almacenar grandes cantidades de agua que fue devastado por la minería y la apertura de caminos), estas mujeres han iniciado una gesta de restauración y sanación del medio ambiente. “Sembrar agua para las próximas generaciones”, es la consigna bajo la que decidieron plantar 15.000 queñuas durante 2025. Este proceso requirió una “limpieza” interna: debieron buscar liderazgos independientes de la minera, ya que hasta 2017 sus representantes eran trabajadoras de la misma firma.

Para Diego y David, de la comunidad de Rodero, la resistencia es permanencia. Frente a la gentrificación turística y la presión extractiva, el turismo comunitario y las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven.

Para Diego y David, la resistencia es, ante todo, permanencia. El turismo comunitario y las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven.

Otra forma de resistencia fue la “Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama” en agosto de 2025. Desde la Laguna de Pozuelos, las mujeres recorrieron 282 kilómetros hasta San Salvador de Jujuy para denunciar cómo la minería desmantela las redes de vida y los modos tradicionales de existencia. Esta acción no fue solo una denuncia, sino un tejido intercomunitario que afirmó el rol central de las mujeres como guardianas del territorio.

Para Diego y David, de la comunidad de Rodero, la resistencia es, ante todo, permanencia. Frente a la gentrificación turística y la presión extractiva, el turismo comunitario y el fortalecimiento de las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven: “Estudié en Tucumán y volví porque extrañaba la comunidad. Estar en el territorio es la mejor defensa. Trabajamos para no perder la identidad”. David complementa esta visión con una urgencia demográfica: “Nosotros conocemos el territorio, pero necesitamos que la gente se quede”. Un territorio habitado y con identidad fuerte es mucho más difícil de sacrificar que un “espacio vacío” en los mapas de inversión.

Imaginando otros futuros posibles

Sin embargo, no todas las estrategias son celebradas unánimemente. Existe un fenómeno creciente: la fisión de comunidades. Ante tensiones internas o cooptaciones políticas por parte de las empresas, grupos de comunarios como los de la nueva comunidad Antigal de Moya han optado por separarse de sus unidades originales. Si bien estas rupturas buscan resguardar la autonomía de quienes sí quieren luchar, también evidencian la capacidad del modelo extractivo para horadar la cohesión de los Pueblos Originarios que habitan el noroeste argentino.

En suma, el informe elaborado por el equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales del Instituto de Ciencias Antropológicas no sólo da cuenta de los conflictos y desafíos que afectan cotidianamente a las comunidades indígenas y campesinas, sino que abre un horizonte de posibilidades para invitarnos a imaginar otras formas de habitar y relacionarnos con el medioambiente. Las experiencias que nos comparten las comunidades indígenas y campesinas de Jujuy pone de manifiesto que el territorio no es un mero recurso para la planificación extractiva, sino un tejido vivo de historias, que se resiste a ser reducido por la lógica del mercado.

Poniendo en diálogo los saberes locales y académicos, el informe visibiliza prácticas, experiencias, resistencias y estrategias territoriales que suelen ser silenciadas: desde la creación de protocolos bioculturales propios hasta la siembra colectiva de queñuas. La experiencia en Jujuy demuestra que la defensa se escribe con el cuerpo y la permanencia en los territorios. Y subraya una certeza compartida: frente a un modelo que proyecta “espacios vacíos”, el arraigo identitario y la ocupación efectiva constituyen la más sólida frontera contra el despojo.

Puede leer el informe del equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales en la página del Instituto de Ciencias Antropológicas.

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Establecido en 1996, el Consejo Ártico es el principal foro intergubernamental de cooperación y producción de conocimientos que busca responder a las necesidades de sus habitantes en cuestiones de desarrollo sostenible y protección ambiental. Por un lado, está integrado por los ocho Estados Árticos: Canadá, el Reino de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, la Federación de Rusia, Suecia y Estados Unidos. Por otro lado, incluye a los Pueblos Indígenas mediante la categoría de los Participantes Permanentes: la Asociación Internacional Aleut, el Consejo Ártico Athabaskan, el Consejo Internacional Gwich’in, el Consejo Circumpolar Inuit, la Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) y el Consejo Sami. La presidencia del Consejo Ártico rota cada dos años y es ejercida por el ministro de Relaciones Exteriores del país que ocupa la presidencia pro tempore. El mandato del Consejo excluye explícitamente la seguridad militar. 

Las actividades del Consejo se desarrollan a través de seis Grupos de Trabajo y un Grupo Experto independiente que abarcan desde el cambio climático hasta la respuesta ante emergencias, y desde la salud mental hasta el desarrollo sostenible. Estos grupos proporcionan una base amplia y científicamente sólida de conocimientos sobre la cual pueden tomarse decisiones informadas. Asimismo, elaboran buenas prácticas y recomendaciones para operaciones seguras y sostenibles. El Consejo Ártico también cuenta con Observadores provenientes de Estados no árticos, de organizaciones intergubernamentales, interparlamentarias, globales, regionales y no gubernamentales. 

El singular estatus de Participantes Permanentes

Un aspecto destacado de la estructura del Consejo Ártico es el modelo de participación de los Pueblos Indígenas a través de la categoría de Participantes Permanentes, tal como se reconoce en el documento fundacional del Consejo, la Declaración de Ottawa (1996). Los Participantes Permanentes tienen derecho a consulta plena en relación con las negociaciones y decisiones del Consejo, y realizan valiosas contribuciones a sus actividades. Participan en todos los niveles del Consejo Ártico, impulsan y lideran proyectos, y contribuyen al trabajo técnico y a los procesos políticos. Con el objetivo de fortalecer aún más su participación en los Grupos de Trabajo, los Participantes Permanentes promueven la creación de copresidencias permanentes en dichos grupos.

La Declaración de Ottawa reconoce los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas del Ártico y, destaca su importancia, así como la de la ciencia y la investigación árticas, para la comprensión colectiva del Ártico circumpolar. Desde la creación del Consejo Ártico, los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas han ocupado un lugar significativo dentro del Consejo. El Consejo Ártico se construyó sobre la base de la Estrategia para la Protección Ambiental del Ártico y surgió como un reconocimiento institucional de las voces de los Pueblos Indígenas en la gobernanza del Ártico. Esta estructura singular permite que representantes indígenas influyan directamente en las recomendaciones de política, aunque no cuenten con derechos formales de voto.

La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

La Secretaría de los Pueblos Indígenas (IPS) del Consejo Ártico, establecida en 1994, es una secretaría de apoyo para los seis Participantes Permanentes del Consejo. Dirigida por una junta integrada por miembros de cada una de las organizaciones de Participantes Permanentes y tres representantes estatales, la IPS funciona en conjunto con la Secretaría del Consejo Ártico, aunque opera bajo su propio mandato y presta servicios al Consejo de acuerdo con sus funciones específicas. Su principal mandato es facilitar la participación activa y la consulta plena de los Participantes Permanentes en el Consejo Ártico, aunque sus funciones son diversas: la provisión de apoyo administrativo, la coordinación de comunicaciones, la asistencia en reuniones y el respaldo a iniciativas relacionadas con las culturas indígenas y la protección ambiental.

En 1994, la Secretaría de los Pueblos Indígenas fue establecida como una institución de apoyo a las organizaciones de Pueblos Indígenas en el marco de la Estrategia para la Protección Ambiental del Ártico. Posteriormente, la Declaración de Ottawa dispuso que la IPS continuara funcionando bajo el marco del Consejo Ártico para apoyar a las organizaciones indígenas, que lucharon intensamente para incorporar las voces indígenas en la estructura del Consejo Ártico durante su creación. Como resultado de ese trabajo, los Pueblos Indígenas pasaron a ocupar un lugar central dentro del Consejo. Los Participantes Permanentes han expresado su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico. A lo largo de los años, los Participantes Permanentes también se han centrado en garantizar que la IPS se fortalezca y pueda cumplir plenamente su mandato. La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

El importante papel de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico

Desde su creación, el Consejo Ártico incluye la consulta plena a las seis organizaciones de Pueblos Indígenas en sus estructuras de toma de decisiones. De este modo, el consenso constituye una buena práctica para las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y, a lo largo de su existencia, ha inspirado otros procesos de negociación internacional. La participación indígena en el Consejo Ártico no fue una concesión simbólica de los Estados, sino el resultado de la lucha política y  procesos de negociación. La participación indígena no es meramente simbólica, sino esencial para garantizar que la gobernanza del Ártico refleje las realidades y prioridades de quienes viven en la región.

En artículos publicados en 2025, la presidenta internacional del Consejo Circumpolar Inuit, Sara Olsvig, y el presidente del Consejo Sami, Per Olof Nutti, se refieren al Consejo Ártico como un modelo único de gobernanza internacional, moldeado de manera significativa por los Pueblos Indígenas del Ártico. Ambos destacan el papel histórico de la movilización política indígena en la consolidación del sistema de Participantes Permanentes y sostienen que la participación indígena es esencial para la legitimidad, la eficacia y el desarrollo futuro de la cooperación ártica. 

Tanto Sara Olsvig como Per Olof Nutti presentan al Consejo Ártico como un modelo distintivo de gobernanza internacional en el que los Pueblos Indígenas ocupan un papel institucionalizado e influyente que va más allá de una participación simbólica: no son simplemente actores interesados, sino actores políticos y agentes diplomáticos por derecho propio, que han contribuido activamente a moldear el desarrollo de la cooperación ártica. Ambos sitúan este papel en los procesos de movilización indígena internacional iniciados en la década de 1970, cuando las organizaciones indígenas comenzaron a construir una cooperación política transnacional en el Norte circumpolar y, posteriormente, exigieron con éxito un rol formal dentro de las emergentes estructuras de gobernanza ártica.

El importante papel de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico

Un tema central es la importancia de la “posición inusualmente fuerte e influyente” que representa el estatus de Participante Permanente, el cual permite a los Pueblos Indígenas participar de manera directa y continua en los procesos de toma de decisiones junto a los ocho Estados árticos. Olsvig destaca que este modelo de participación es único y singular a nivel internacional, y que surgió gracias a una persistente incidencia indígena que sostenía que la gobernanza del Ártico no podía ser legítima sin su representación. De manera similar, Nutti argumenta que la participación indígena es fundamental para asegurar que la gobernanza del Ártico refleje las realidades, prioridades y sistemas de conocimiento de las comunidades árticas. Los artículos subrayan que los conocimientos, prioridades y perspectivas indígenas se han integrado profundamente en el trabajo científico, la gobernanza ambiental y la formulación de políticas del Consejo.

Al mismo tiempo, Nutti introduce una mirada más crítica respecto de las limitaciones de la actual estructura de gobernanza, señalando que la participación de los Participantes Permanentes en el consenso no está plenamente formalizada sobre el papel, aunque reconoce la considerable influencia informal que han adquirido. Por ello, el artículo promueve debates sobre reformas que fortalezcan aún más la autoridad indígena dentro de las instituciones de gobernanza del Ártico.

En conjunto, Olsvig y Nutti sostienen que la legitimidad, la eficacia y la resiliencia futura del Consejo Ártico dependen de mantener y fortalecer la participación indígena. Presentan al Consejo como un ejemplo poco común de cooperación internacional inclusiva, en el que los Pueblos Indígenas han logrado una influencia institucional significativa y donde sus conocimientos, derechos y capacidad de acción política están integrados en las estructuras de gobernanza. Al mismo tiempo, enfatizan que el futuro de la cooperación ártica dependerá de continuar fortaleciendo este modelo inclusivo y colaborativo, así como de mantener el foco en las necesidades, derechos y resiliencia de las comunidades del Ártico.

Para conocer más véase los capítulos sobre el Consejo Ártico en El Mundo Indígena 2025

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Aunque no existen datos definitivos, se estima que la población sami oscila entre 50.000 y 100.000 personas. La organización política sami contemporánea se estructura en dos niveles principales. El primero está compuesto por instituciones representativas establecidas por los Estados, sobre todo los parlamentos sami de Noruega, Suecia y Finlandia. El segundo está integrado por la sociedad civil sami: el Consejo Sami, asociaciones nacionales, organizaciones de pastoreo de renos, instituciones culturales, organizaciones juveniles, medios de comunicación e instituciones académicas. 

Noruega, Suecia y Finlandia han reconocido al pueblo Sami en términos constitucionales. En Noruega, la Constitución (artículo 108) exige que las autoridades estatales creen condiciones que permitan a los sami, como Pueblo Indígena, preservar y desarrollar su lengua, cultura y forma de vida. En Finlandia, la Constitución protege el derecho del pueblo Sami a mantener y desarrollar su propia lengua y cultura, y establece formas de autogobierno lingüístico y cultural dentro de su territorio. En Suecia, el Instrumento de Gobierno establece que deben promoverse las posibilidades del pueblo Sami (y de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas) de preservar y desarrollar una vida cultural y social propia.

El Parlamento Sami en Noruega

El Parlamento Sami en Noruega fue inaugurado en Kárášjohka en 1989, tras un largo proceso político fuertemente influido por el conflicto de Alta y por el trabajo del Comité de Derechos Sami. Su base jurídica se sustenta en la Ley Sami de 1987, que estableció el Parlamento Sami como un órgano democráticamente elegido. El Parlamento cuenta con 39 representantes elegidos cada cuatro años en siete circunscripciones, simultáneamente con las elecciones parlamentarias noruegas. La asamblea plenaria es el órgano supremo, mientras que el Poder Ejecutivo recae en el Consejo de Gobierno, encabezado por la Presidencia del Parlamento Sami. En Noruega, las elecciones incluyen tanto partidos sami como listas sami vinculadas a partidos del país.

El Parlamento Sami noruego administra programas de subvenciones y tareas administrativas en ámbitos como la lengua, la cultura, la educación y el patrimonio. También influye en las políticas públicas mediante consultas con las autoridades estatales. No es un órgano legislativo en el mismo sentido que el Parlamento noruego; su poder combina legitimidad democrática, responsabilidades delegadas, influencia presupuestaria y derechos de consulta.

El Parlamento Sami en Suecia

El Parlamento Sami en Suecia fue establecido en 1993 mediante la Ley del Parlamento Sami y tiene su sede principal en Giron. Está integrado por 31 miembros elegidos cada cuatro años a través de  una elección sami independiente. El pleno constituye el órgano político elegido, mientras que una junta directiva, encabezada por la Presidencia, ejerce el liderazgo ejecutivo. Las elecciones se organizan a través de partidos y listas electorales sami, en lugar de integrarse al sistema nacional de partidos.

Una característica definitoria del modelo sueco es el doble rol del Parlamento. Por un lado, es un órgano sami elegido democráticamente; por otro, funciona como una autoridad administrativa estatal bajo el Gobierno sueco. Esto significa que representa los intereses políticos sami y, al mismo tiempo, lleva a cabo tareas administrativas del Estado relacionadas con la cultura, la lengua y la cría de renos. Este doble rol otorga al Parlamento un lugar formal dentro de la administración estatal, pero también limita su independencia institucional, ya que su presupuesto, mandato y marco administrativo están controlados por el Estado.

El Parlamento Sami en Finlandia

En Finlandia, el Parlamento Sami adquirió su forma jurídica actual en 1996, reemplazando a un órgano representativo establecido en la década de 1970. Tiene su sede en Anár y está compuesto por 21 miembros y cuatro suplentes, elegidos cada cuatro años. Su pleno es el órgano supremo y normalmente se reúne varias veces al año. El pleno elige una Junta Ejecutiva, encabezada por la Presidencia. Las candidaturas se presentan de manera individual y las redes locales, las comunidades lingüísticas y los intereses vinculados a los modos de vida tradicionales suelen tener más peso que la afiliación partidaria formal.

En 2025, Finlandia aprobó una esperada reforma de la Ley del Parlamento Sami, reemplazando la norma de 1995, que había quedado desactualizada y había dado lugar a disputas interpretativas. La reforma entró en vigor el 1 de agosto de 2025 y busca fortalecer el ejercicio de la libre determinación sami, así como mejorar las condiciones para la autonomía lingüística y cultural y para el trabajo del Parlamento Sami de Finlandia. El Parlamento Sami de Finlandia desempeña, por tanto, un papel jurídicamente relevante en las negociaciones con las autoridades públicas. La ley exige que las autoridades cooperen y negocien con el Parlamento Sami en asuntos que puedan tener una importancia específica para el pueblo Sami.

Los procedimientos de consulta y el rol de la sociedad civil

Si bien los parlamentos sami son instituciones democráticas y reconocidas formalmente, su autoridad sigue siendo limitada. No controlan los principales marcos legislativos relativos al uso de la tierra, la energía, la minería, la infraestructura, la pesca, la tributación ni el bienestar social. Por ello, los mecanismos de consulta son fundamentales. Noruega, Suecia y Finlandia cuentan con procedimientos de consulta para asuntos que afectan al pueblo Sami,  pero no implementan plenamente el Consentimiento Libre, Previo e Informado. En la práctica, su eficacia depende del momento en que se realizan, de la información disponible, de los recursos existentes y de la inclusión de las comunidades sami afectadas, así como si el Estado está dispuesto a modificar o detener las medidas previstas.

Por otro lado, la sociedad civil sami constituye una parte esencial de la gobernanza. El Consejo Sami, fundado en 1956, es una organización no gubernamental voluntaria con organizaciones miembros en Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia. Antes de la creación de los parlamentos sami nórdicos, el Consejo era el principal órgano representativo de carácter transfronterizo. Las organizaciones de pastoreo de renos, las organizaciones de duodji (artesanía tradicional sami), las instituciones culturales, las organizaciones juveniles y las organizaciones lingüísticas contribuyen al desarrollo de políticas y al debate público. Los medios de comunicación sami también desempeñan un papel importante en la vida política y cultural.

Este amplio entramado de sociedad civil contribuye al equilibrio general y a la diversidad de la representación política. Los parlamentos sami cuentan con legitimidad electoral y canales formales de diálogo con las autoridades estatales, mientras que las organizaciones de la sociedad civil complementan ese papel al aportar voces, conocimientos especializados y formas adicionales de representación. Aunque no poseen el mismo mandato formal, estas organizaciones pueden desempeñar un papel importante en la movilización de las comunidades, la formulación de críticas constructivas, la articulación de preocupaciones provenientes de distintos sectores de la sociedad sami y la visibilización de temas en ámbitos nórdicos e internacionales.

Procesos de verdad y reconciliación

Noruega, Suecia y Finlandia han establecido procesos de verdad y reconciliación relacionados con las políticas estatales hacia el pueblo Sami, que difieren en alcance y temporalidad. En Noruega, la Comisión de Verdad y Reconciliación fue designada por el Storting en 2018 para investigar la política de norueguización y las injusticias cometidas contra los sami, los kvens/finlandeses noruegos y los finlandeses del bosque. La Comisión presentó su informe el 1° de junio de 2023. En noviembre de 2024, el Storting dio seguimiento al proceso mediante una disculpa formal y decisiones orientadas a comenzar a abordar las conclusiones de la Comisión.

En Suecia, el Gobierno decidió establecer una Comisión de la Verdad para el Pueblo Sami, y sus integrantes fueron designados en 2022. La Comisión tiene el mandato de documentar y examinar las políticas estatales hacia el Pueblo Sami y sus consecuencias para esta comunidad. Originalmente se esperaba que presentara su informe final en 2025, pero el mandato fue prorrogado y deberá entregarse antes del 1° de octubre de 2026. En Finlandia, la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre el Pueblo Sami fue establecida en 2021 tras negociaciones entre el Estado, el Parlamento Sami y el Consejo Siida Sami Skolt. La Comisión presentó su informe final el 4 de diciembre de 2025, luego de realizar consultas con casi 400 personas sami y encargar 25 estudios especializados.

Estos procesos muestran que los Estados nórdicos reconocen cada vez más que las políticas de asimilación no fueron errores históricos aislados. Por el contrario, sus efectos continúan repercutiendo en la lengua, la educación, la salud, la identidad, los modos de vida, las actitudes públicas y la confianza en las instituciones. Sin embargo, decir la verdad es apenas el comienzo. La reconciliación depende de la implementación de medidas concretas: reformas legales, recursos, revitalización lingüística, gobernanza territorial, repatriación y educación.

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