La autonomía, como expresión de la libre determinación, requiere, en primer lugar, de una base territorial que permita ejercerla. La interdependencia de derechos, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala la estrecha relación que existe dentro del conjunto de derechos indígenas contemplados por los Estados. No solo se vulnera un derecho cuando se desaloja una comunidad indígena: también implica el desconocimiento y la vulneración de otros derechos, como la identidad cultural, el derecho al agua y el derecho a la alimentación adecuada. Y, por ende, la imposibilidad de ejercer los derechos a la autonomía y a la libre determinación. 

En Argentina, la lejanía de la autonomía y la libre determinación es evidente. En un contexto de regresión normativa, administrativa y jurisprudencial que impacta directamente el día a día de las comunidades indígenas, una seguidilla de desalojos (e intentos de desalojo) confronta con lo que el mismo Estado había reconocido en el papel. Esta divergencia pone de manifiesto el modelo estatal que va puliendo sus formas. Este modelo, asentado en el extractivismo y en la promoción constante a la inversión de empresas extranjeras a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para favorecer la extranjerización de la tierra, tiene la necesidad de despojar a las comunidades indígenas de sus territorios.

La lejanía de la libre determinación y la autonomía indígena

Difícilmente pueda hablarse de respeto a la libre determinación y a la autonomía cuando la política pública es la negación de la existencia y preexistencia de los Pueblos Indígenas en la Argentina. Esta negación incide directamente en los desalojos. Es llamativo, que en diversos puntos del país, los jueces dispongan que las comunidades deben dejar sus territorios. 

Más allá de las puntuales decisiones judiciales, estas medidas pueden interpretarse dentro de un contexto más general, adverso para los derechos indígenas. La promoción de actividades extractivas, los intereses económicos en los territorios indígenas (entre ellos, los inmobiliarios) y el desconocimiento de la actual gestión de gobierno de los derechos indígenas son elementos que se conjugan para gestar una situación difícil de gestionar.

Pero los desalojos no sólo se producen a través de órdenes judiciales. El amedrentamiento, las amenazas y el miedo también forman parte de los mecanismos utilizados para vaciar los territorios. La correlación de fuerzas es muy dispar, y las comunidades indígenas se ven acorraladas frente a las fuerzas de seguridad que no vacilan a la hora de ejecutar los desalojos.    

La inseguridad jurídica de los Pueblos Indígenas del norte argentino

Distintos casos de desalojos permiten ilustrar las afirmaciones anteriores. En julio de 2026, en la localidad de Garuhapé, provincia de Misiones, el Poder Judicial llevó adelante un desalojo ilegal contra la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II. Durante el operativo, alrededor de 50 policías presentaron una orden de desalojo con múltiples irregularidades y expulsaron a las familias de la comunidad mediante amenazas y violencia. A pesar de que la comunidad regresó a sus tierras ancestrales, la disputa de larga data con la empresa Arauco, una de las empresas forestales más grande de América Latina, se profundiza. 

Este desalojo debe leerse y entenderse como parte de una transformación territorial que va de la mano de un modelo de producción basado en el monocultivo y el agronegocio.  La denuncia del empresario que provocó el desalojo de Puente Quemado II es una clara señal del desplazamiento progresivo de los Pueblos Indígenas frente a intereses que responden a una matriz económica claramente incompatible con las formas de vida de las comunidades. 

Las comunidades indígenas se encuentran atrapadas por los empresarios, pero también por el Estado, que claramente ha tomado partido y desprecia el modo de vida que sostienen los Pueblos Indígenas.

Las contradicciones de las diferentes formas de vida, reflejadas en modelos económicos opuestos, no solo se profundizan, sino que señalan quiénes son los que tienen más que perder.

En la provincia de Salta, la Comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas de Cachi sufrió un violento desalojo, ejecutado de manera irregular y que implicó la exclusión de mujeres, infancias y adultos mayores de su territorio. El discurso oficialista apunta a relativizar la identidad indígena y confrontarla con los titulares registrales de las fincas, quienes serían, según los funcionarios del Estado, los genuinos propietarios. La tensión entre los reclamos territoriales de las comunidades indígenas y la propiedad privada se reedita una y otra vez. 

La fotografía de lo que ocurre en Misiones y en Salta permite vislumbrar la película completa. Las contradicciones de las diferentes formas de vida, reflejadas en modelos económicos diametralmente opuestos, no solo se profundizan, sino que señalan quiénes son los que tienen más que perder. Las comunidades indígenas se encuentran atrapadas por los empresarios, pero también por el Estado, que claramente ha tomado partido y desprecia el modo de vida que sostienen los Pueblos Indígenas. 

El despojo en el sur de la Argentina

En la Patagonia, los desalojos y los intentos son habituales, y generan un clima permanente de zozobra y violencia en las comunidades. Los casos de las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo, en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, son un claro ejemplo dado el alto valor inmobiliario de la tierra por la afluencia del turismo. La orden de desalojo a favor de una ciudadana de origen belga, quien tendría títulos de propiedad de la década de 1970 (calificados como irregulares o fraudulentos por la comunidad y que, supuestamente habrían sido vendidos a sociedades particulares), se contrapone con documentos y estudios antropológicos que acreditan la presencia de la comunidad desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX sumado a una resolución actual de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que constata la ocupación tradicional. 

En un tema tan sensible como la extranjerización de la tierra, el desalojo de las comunidades generó apoyó de organizaciones y vecinos. Actualmente, la Lof Melo sufre nuevas amenazas de desalojo, lo que genera un clima de enorme tensión. Ambas comunidades cuentan con personería jurídica y la carpeta técnica producto de un relevamiento catastral realizado por el propio Estado. Por eso, resulta incomprensible que el propio Estado, que realiza actos de constatación de la ocupación pública y tradicional, simultáneamente desconozca la propiedad comunitaria indígena y decida a favor de un particular.

Existe un nexo entre el impulso estatal a la extracción de los recursos naturales, las políticas de territorios vacíos, la sucesión de desalojos, el desconocimiento de derechos indígenas y el incentivo para que las empresas se instalen en la Argentina.

Basta recorrer el país, para advertir las dificultades que atraviesan y las inseguridades que sufren ante las amenazas de desalojo siempre latentes.

Existe un vínculo evidente entre el accionar judicial, las órdenes que reciben las fuerzas de seguridad desde el Poder Ejecutivo y, los requerimientos de particulares y empresas, tanto nacionales como extranjeros. La vulneración de los derechos indígenas constitucionales y los instrumentos jurídicos internacionales se vuelve mucho más evidente. Basta recorrer el país y contactarse con las comunidades indígenas para advertir las dificultades que atraviesan y las inseguridades que sufren ante las amenazas de desalojo siempre latentes.

Esto no responde a la casualidad. Existe un nexo muy claro entre el impulso estatal a la extracción de los recursos naturales, las políticas de territorios vacíos, la sucesión de desalojos, el desconocimiento de derechos indígenas y el incentivo para que las empresas se instalen en la Argentina. Este hilo permite trazar el recorrido de un viaje que inició con la conquista y que hoy, en pleno siglo XXI, sigue implicando una embestida cultural que solo significa avasallamiento de derechos. 

Nada cambia: contextos actuales y crisis frente al extractivismo

La irrupción del extractivismo provocó un impacto notable en las comunidades indígenas. Actualmente,  las nuevas derechas presentan una agenda política muy lejos de los derechos indígenas. Las políticas refractarias a cualquier tipo de diversidad, sumado a políticas económicas basadas en la explotación de los recursos naturales, van desplazando a los Pueblos Indígenas del foco de interés de una agenda que siempre fue austera con respecto a ellos. En pocas palabras, el desconocimiento de los derechos indígenas se hace cada vez más ostensible y se toman decisiones sobre sus territorios sin respetarlos. 

Una muestra de esto es el RIGI, pergeñado por la actual gestión de gobierno, que facilita el ingreso de empresas para la explotación de litio e hidrocarburos. Las exenciones de impuestos para aquellos actores que pretendan invertir en la Argentina subordinan cualquier tipo de derecho, incluido el reconocimiento constitucional de la preexistencia de los Pueblos Indígenas. Las discusiones actuales alrededor a la Ley de Tierras, que pone límites a su extranjerización y que el gobierno de Javier Milei derogó en un Decreto de Necesidad y Urgencia en los inicios de su gobierno (DNU 70/23) encuentra un nuevo foco de conflicto en dos últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La crisis que provoca el modelo de desarrollo y productivo imperante y, consecuentemente, la matriz energética que se desprende de ellos, no augura buenos tiempos para los sectores de la población que viven en y de la tierra.

Existen núcleos de resistencia, pero también de proactividad, desde los cuales se busca proteger los territorios y la naturaleza.

Al dejar sin definir la constitucionalidad del decreto 70/23, ni siquiera la última instancia judicial de Argentina está dispuesta a hacer respetar la Constitución, como se supone es su función. Esta situación también enciende luces de advertencia en las comunidades indígenas, que vislumbran cómo se profundizan las amenazas sobre sus territorios y cómo se despliega en todo el país una política de desalojo que no es casual. En los hechos, los desalojos son el termómetro de las medidas que se van tomando en el ámbito económico. 

La crisis que provoca el modelo de desarrollo y productivo imperante y, consecuentemente, la matriz energética que se desprende de ellos, no auguran buenos tiempos para los sectores de la población que viven en y de la tierra. Sin embargo, existen núcleos de resistencia, pero también de proactividad, desde los cuales se buscan proteger los territorios y la naturaleza y se intenta incidir en ámbitos más proclives a acompañarlos en sus luchas. Los ciclos políticos son largos y los Pueblos Indígenas han sobrevivido durante más de cinco siglos a todo tipo de ataques. 

Proyecciones y horizontes

Los escenarios locales y globales nos indican tiempos turbulentos y violentos. Las contradicciones que generan las formas de vida de los Pueblos Indígenas, un capitalismo que sigue acentuando su peor rostro, Estados que no protegen derechos   (y persiguen a quienes los reclaman) se van acentuando. Son todas expresiones de retrocesos que no deben ser interpretados como definitivos. Por el contrario, forman parte de un devenir que va dejando hitos que, en un marco más propicio, permitirá avizorar otros horizontes. 

Desde ya, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sus luces y sombras, acompaña la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos. Con dificultades en la ejecución de sus sentencias, como es el caso de Lhaka Honhat, sus fallos siguen siendo invocados como argumento de autoridad. Las transformaciones que exigen sus sentencias, a pesar de las dificultades, pueden esgrimirse para trabajar por un cambio de la realidad. 

La administración de justicia sigue siendo una alternativa que debe estar subordinada a una estrategia política más amplia, definida por las organizaciones y comunidades indígenas.

Sería importante encarar una reforma constitucional, aunque no son éstos los tiempos propicios para hacerlo.

A nivel local, a pesar de la desconfianza hacia un Poder Judicial siempre alineado a los intereses políticos de turno, existen excepciones que ameritan seguir intentando la vía judicial. Es un camino plagado de obstáculos, pero debe transitarse a fin de acudir a todas las opciones en el marco de un Estado de derecho. Sin embargo, la administración de justicia sigue siendo una alternativa que debe estar subordinada a una estrategia política más amplia, definida por las organizaciones y comunidades indígenas. 

Finalmente, los horizontes están claros. En el caso de Argentina, deben realizarse cambios normativos. Por ejemplo, una ley especial de propiedad comunitaria indígena que nunca alcanzó a debatirse en el seno del Congreso. Por otra parte, sería importante encarar una reforma constitucional, aunque no son éstos los tiempos propicios para hacerlo. Cambios constitucionales, discusión de nuevas leyes, cambios institucionales, hoy se encuentran en un horizonte lejano. A más de cinco siglos de la conquista, los Pueblos Indígenas siguen demandando la efectivización de sus derechos. Afortunadamente, los ciclos políticos también se renuevan. 

The post El despojo de territorios indígenas en Argentina a 534 años de la conquista         appeared first on Debates Indígenas.

En tercer lugar, el respaldo al plebiscito de 2016, donde los territorios de mayor presencia étnica votaron por el SÍ, demuestra el compromiso y la esperanza de estas comunidades en la salida negociada al conflicto. Finalmente, es necesario realizar un balance sobre la implementación del Capítulo Étnico, contrastando avances estructurales (como la representatividad indígena en la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad) frente a los evidentes rezagos en los indicadores étnicos del Acuerdo.

Los Pueblos Étnicos en la Negociación del Acuerdo de Paz

Tras más de medio siglo de conflicto armado, el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP es reconocido globalmente por su carácter integral, al incorporar de forma transversal el enfoque de género y un Capítulo Étnico. Este logro fue resultado de la resistencia histórica, participación e incidencia de las organizaciones de mujeres y Pueblos Étnicos. Desde la instalación de la Mesa de Conversaciones en La Habana en noviembre de 2012, los Pueblos Indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros vieron en el fin de la confrontación una oportunidad para detener las violaciones a sus derechos individuales y colectivos en los territorios; por ello, reclamaron decididamente un espacio en el diálogo para exigir garantías en el proceso y defender la pervivencia física y cultural de sus pueblos. 

Muestra de ello, fue la Carta de los Pueblos Indígenas de Colombia a las FARC-EP enviada el 16 de mayo de 2013 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte Del Cauca (ACIN) al entonces comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, en la que denunciaban el exterminio y los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta guerrilla en sus territorios; exigían el cese al reclutamiento, el minado y la violencia; al tiempo que reafirmaban su autonomía y gobierno propio bajo la consigna: “Cuente con nosotros para la paz. No nos cuente para la guerra”.

El Capítulo Étnico definió como principios rectores la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así como la protección de los derechos sobre las tierras, territorios y recursos.

El Capítulo Étnico definió como principios rectores la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

La alianza interétnica, sumada a múltiples movilizaciones, cartas e incidencia política nacional e internacional, demostró la voluntad de paz de los Pueblos Étnicos. No obstante, su exigencia central radicaba en asegurar que una paz estable y duradera debía garantizar el respeto a sus gobiernos propios, sus derechos territoriales y su integridad cultural. De esta manera, el Capítulo Étnico no estuvo previsto desde el inicio de las negociaciones, sino que fue producto de la lucha, resistencia y persistencia de las organizaciones indígenas y afrocolombianas, que, a través de sus delegados, lograron negociar sus contenidos a pocos minutos de anunciarse el texto final del Acuerdo.

El Capítulo Étnico definió como principios rectores la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así como la protección de los derechos sobre las tierras, territorios y recursos, e incorporó salvaguardas para evitar que la implementación fuera en detrimento de los derechos étnicos ya reconocidos. Este capítulo no constituye un anexo o una declaración dentro del Acuerdo Final, sino un marco interpretativo de obligatorio cumplimiento para las políticas, programas y proyectos derivados de sus seis puntos (Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las drogas ilícitas, Víctimas e Implementación). Sin embargo, en ocasiones, el racismo estructural conduce a que se interprete como una cláusula secundaria o se desconoce su carácter vinculante.

El conflicto armado, las cifras y el SÍ en los territorios étnicos

En Colombia, más de 10 millones de personas figuran en el Registro Único de Víctimas, lo que representa cerca del 20% de la población nacional. Dentro de este universo, el impacto sobre los Pueblos Étnicos es desproporcionado: se registran 718.782 víctimas indígenas que corresponden al 6,91% del total de víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el impacto real adquiere una dimensión alarmante al medirlo sobre su propia población: más del 30,22% de los indígenas de Colombia son víctimas del conflicto armado. Se trata, además, de una cifra conservadora, pues el subregistro persiste debido a las barreras de acceso a las instituciones, la ausencia de intérpretes lingüísticos y las presiones armadas en los territorios.

Cerca de un tercio de la población indígena colombiana ha sido víctima del conflicto armado, un indicador crítico que exige respuestas institucionales inmediatas: acciones integrales orientadas a la garantía de derechos, la atención de emergencias humanitarias, la prevención de nuevas violaciones, el acceso a la justicia y la reparación, y la transformación territorial mediante la implementación del Acuerdo de Paz. Esta situación crítica de los Pueblos Indígenas había sido advertida por las organizaciones indígenas y la Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009, al declarar el riesgo de exterminio físico y cultural de 34 Pueblos Indígenas y constatar que los impactos de la guerra han afectado desproporcionadamente sus estructuras organizativas, su autonomía y el ejercicio de su gobierno propio.

Las regiones con población mayoritariamente indígena y afrodescendiente respaldaron masivamente el Acuerdo Final, con la esperanza de transformar siglos de violencia e injusticia histórica.

Las regiones con mayoría indígena y afrodescendiente respaldaron masivamente el Acuerdo Final, con la esperanza de transformar siglos de violencia e injusticia histórica.

Con este contexto, el 2 de octubre de 2016 se realizó el Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz que buscaba la aprobación del texto acordado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. Con una abstención del 62%, el NO se impuso por un estrecho margen (50,21 % frente al 49,78 % del SÍ), lo que impidió la entrada en vigor inmediata del documento y abrió una fase de renegociación de aspectos del Acuerdo con sectores de la oposición. No obstante, los resultados evidenciaron que, en los municipios donde ganó el SÍ, la proporción de población étnica fue 4,5 veces mayor que en aquellos donde triunfó el NO, coincidiendo con los territorios de mayor ruralidad, altos índices de pobreza e históricamente más azotados por el conflicto armado.

Esta votación reflejó la voluntad de paz de los Pueblos Étnicos en Colombia. Salvo contadas excepciones, las regiones con población mayoritariamente indígena y afrodescendiente respaldaron masivamente el Acuerdo Final, con la esperanza de transformar siglos de violencia e injusticia histórica. En última instancia, los resultados del referendo de 2016 dejaron de manifiesto que los territorios que vivieron con mayor rigor los impactos directos de la guerra fueron, precisamente, los más dispuestos a apostar de manera decidida a una salida negociada al conflicto armado. 

La implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

El Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz ha sido decisivo para marcar un camino hacia los ajustes jurídicos, institucionales y de política pública requeridos para la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de su implementación. A diez años de la firma del Acuerdo, el balance es agridulce. Por un lado, la implementación redujo la violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas por las FARC-EP, así como las confrontaciones armadas con la fuerza pública en territorios indígenas. De igual forma, la aprobación de leyes e instrumentos de política pública para dar viabilidad a los seis puntos del Acuerdo permitió la participación de los Pueblos Indígenas y el establecimiento de un marco normativo para la garantía de sus derechos.

Por otro lado, la implementación del Acuerdo Final, en medio de la persistencia del conflicto y la presión de otros actores armados por ocupar los territorios que antes controlaban las FARC-EP, produjo que en varias regiones indígenas la violencia se recrudeciera. Mientras la implementación iniciaba su curso, el avance real en cifras respecto a los indicadores étnicos en los seis puntos del Acuerdo de Paz no ha sido el esperado.

Según la plataforma oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el seguimiento del Acuerdo de Paz, los compromisos con los Pueblos Étnicos registran un avance inferior: al 31 de agosto de 2026, la implementación del Capítulo Étnico (49,2%) se encontraba por debajo del promedio general (58,83%) y de los indicadores de género (53,7%), lo que evidencia la necesidad de acelerar su ejecución. Estas cifras, más que dar cuenta de un fracaso o justificar el abandono del Acuerdo, marcan la urgencia de fortalecer su implementación integral en los territorios étnicos, garantizando la participación efectiva de los pueblos y un enfoque reforzado a diez años de su firma.

El legado: transformación, participación e hitos

Más allá de los avances cuantitativos, el legado fundamental del Capítulo Étnico radica en la transformación estructural de la institucionalidad nacida del Acuerdo de Paz, destacando la vinculación directa de profesionales y líderes indígenas en órganos clave de la justicia transicional y la verdad. La presencia de magistrados e integrantes ancestrales en la Jurisdicción Especial para la Paz —Ana Manuela Ochoa Arias (Kankuamo), Belkis Izquierdo (Arhuaco), Miller Hormiga (Totoró) y Juan José Cantillo Pushaina (Wayuu)—, junto a la comisionada Patricia Tobón Yagarí (Embera) en la Comisión de la Verdad, superó visiones paternalistas y consolidó el reconocimiento de los Pueblos Étnicos como sujetos políticos plenos en el diálogo institucional.

Esta representatividad derivó en hitos operativos decisivos: el Sistema Integral para la Paz adecuó de manera concertada sus metodologías y creó instancias especializadas, como la Comisión Étnica de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre los principales avances destacan la apertura del Macrocaso 09 (crímenes contra pueblos y territorios étnicos), la imposición de sanciones propias restaurativas a exintegrantes del Batallón La Popa en favor de las comunidades Wiwa, Kankuamo y afrocolombianas, y la publicación del capítulo Resistir no es aguantar en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. A pesar de los desafíos, estas transformaciones abren un camino inédito para saldar deudas históricas y avanzar en las adecuaciones necesarias de la institucionalidad estatal para la garantía de derechos indígenas. 

Los Pueblos Indígenas han mantenido un compromiso histórico e inquebrantable con la paz en Colombia. Más allá de sufrir los impactos desproporcionados del conflicto armado, son actores políticos fundamentales en la transformación del país y la construcción de la nación. Por ello, la implementación del Acuerdo de Paz no puede quedar a la deriva: debe fortalecerse mediante medidas concretas que garanticen su ejecución en los territorios indígenas, asegurando su participación activa, la consulta previa y, la plena salvaguarda de sus derechos fundamentales y colectivos.

The post A diez años del Acuerdo de Paz: el legado y las deudas del Capítulo Étnico en Colombia appeared first on Debates Indígenas.

El nombre del proyecto, Kwän Dék’án’ Do, se traduce como “mantener vivo el fuego,” ya que la revitalización del idioma requiere un esfuerzo continuo por parte de quienes comprenden su importancia para la vida comunitaria. Mediante la tecnología de holopresencia, la iniciativa captura a una persona en un formato multidimensional y permite que su imagen aparezca a tamaño real. Representantes como Walter Peter se sorprendieron al ver una versión holográfica de sí mismos, describiendo la experiencia como algo que jamás hubieran imaginado. Esta tecnología hace que la presencia de un anciano esté disponible de una manera novedosa. También crea un tipo diferente de encuentro intergeneracional, en el que un joven aprendiz puede interactuar con un hablante grabado que no está físicamente presente. 

El proyecto también incorpora la realidad virtual al aprendizaje del idioma, ofreciendo nuevas formas para que los miembros de la comunidad se acerquen al tutchone del norte y accedan a conocimientos que de otro modo serían difíciles de alcanzar. Un holograma puede preservar los gestos y expresiones de un anciano junto con su voz. La realidad virtual puede situar al aprendiz en un entorno digital diseñado en torno al idioma y su contexto cultural. En casos como estos, las herramientas digitales pueden ampliar esas oportunidades más allá del entorno tradicional del aula, pero su eficacia depende de si los miembros de la comunidad pueden utilizarlas de forma que fomenten un aprendizaje real.

Cuando un anciano se convierte en un holograma

Un niño crece entendiendo solo unas pocas palabras, un anciano de su comunidad fallece y las historias que antes se transmitían oralmente se vuelven mucho más difíciles de recuperar. Los internados y otras instituciones asimilacionistas desalentaron el uso de las lenguas indígenas. Estas prácticas debilitaron las relaciones a través de las cuales el conocimiento se había transmitido tradicionalmente, y las consecuencias aún son visibles hoy en día, ya que muchas lenguas indígenas enfrentan una disminución en el número de hablantes fluidos.

Por esta razón, el anciano Jimmy Johnny fue un firme defensor del idioma Northern Tutchone y grabó varios videos multidimensionales antes de su muerte. La administradora del patrimonio, Teresa Samson, recordó la fuerte reacción que provocó cuando exhibió su holograma en una reunión de la coalición de reivindicaciones territoriales en Ottawa y describió la experiencia como una forma de conservar una parte de él. Este momento revela algo que las descripciones técnicas de los hologramas pueden pasar por alto.

La tecnología es más significativa cuando la comunidad decide qué se debe grabar y cómo se debe utilizar. Este enfoque considera a los representantes mayores de la comunidad como poseedores de conocimientos.

La tecnología es más significativa cuando la comunidad decide qué se debe grabar y cómo se debe utilizar.

Una representación digital puede tener un significado emocional porque está conectada a una persona a quien la comunidad recuerda y respeta. Para los familiares y los miembros más jóvenes de la comunidad, ver a un anciano hablar de nuevo puede brindar la oportunidad de acceder a enseñanzas que de otro modo serían más difíciles de comprender. Por lo tanto, la grabación se convierte en un puente hacia el conocimiento sin reemplazar la relación viva a través de la cual ese conocimiento se compartió originalmente. 

Un holograma puede mostrar cómo un anciano expresó una idea en el momento de la grabación, pero no puede responder a todas las preguntas que un estudiante pueda formular ni reproducir el contexto completo. La tecnología es más significativa cuando la comunidad decide qué se debe grabar y cómo se debe utilizar. Este enfoque considera a los representantes mayores de la comunidad como poseedores de conocimientos (en lugar de verlos como un simple contenido que debe recopilarse) y reconoce que la preservación debe contar con mecanismos de rendición de cuentas.

Soberanía de datos indígenas

La soberanía de los datos indígenas es fundamental en este debate, ya que los materiales lingüísticos conllevan responsabilidades culturales. Las grabaciones de los representantes mayores de la comunidad pueden incluir conocimientos que no deberían estar disponibles libremente para cualquier usuario ni para cualquier empresa tecnológica. Por eso, los miembros de la comunidad necesitan tener autoridad real sobre si se comparten las grabaciones y qué permisos se aplican a su uso. Esto incluye decisiones sobre el almacenamiento, el acceso, la copia y las futuras aplicaciones del material. 

Asimismo, implica reconocer que el consentimiento para realizar una grabación no otorga automáticamente permiso para cualquier uso futuro. Los sistemas de Inteligencia Artificial hacen que esta distinción sea particularmente importante, ya que el material digital puede copiarse, adaptarse o utilizarse de formas imprevistas en el momento de su recopilación. Por lo tanto, el control comunitario debe continuar una vez finalizada la grabación inicial. Sin ese control, un proyecto diseñado para proteger el idioma podría generar nuevos riesgos para las personas cuyo conocimiento busca preservar.

El proyecto de hologramas demuestra que la innovación indígena puede implicar la adaptación de tecnologías emergentes a las prioridades establecidas por la propia comunidad.

El proyecto de hologramas demuestra que la innovación indígena puede implicar la adaptación de tecnologías emergentes a las prioridades de la propia comunidad.

La serie de directrices de la UNESCO sobre la implementación de planes nacionales de preservación de medios digitales y patrimonio cultural enfatiza que el trabajo con lenguas digitales debe guiarse por las necesidades y decisiones de las comunidades involucradas. Este principio cuestiona la suposición de que la introducción de nuevas tecnologías implica automáticamente progreso: una herramienta puede crear nuevas barreras si su acceso requiere equipos costosos o habilidades que no están disponibles de forma abierta e inmediata. En este contexto, la Primera Nación Na-Cho Nyäk Dun está tomando decisiones sobre cómo las herramientas pueden responder a una necesidad cultural y lingüística específica. 

El proyecto de hologramas demuestra que la innovación indígena puede implicar la adaptación de tecnologías emergentes a las prioridades establecidas por la propia comunidad. Sin embargo, la presencia de equipos avanzados no debe convertirse en la principal medida de éxito. Un holograma puede atraer la atención, pero la atención no conduce automáticamente a la fluidez lingüística. La pregunta fundamental es si los estudiantes adquieren la confianza y el apoyo necesarios para usar el idioma Northern Tutchone más allá de la experiencia digital. Ese resultado requiere enseñanza continua y oportunidades para que las personas se comuniquen entre sí. La tecnología es más importante cuando ayuda a fortalecer esas relaciones.

El desarrollo de los niños y las generaciones futuras

Los niños necesitan oportunidades para escuchar su idioma, el Northern Tutchone, en entornos cotidianos y aprender de personas que puedan explicar su significado. Así, el aprendizaje de idiomas se convierte en una actividad ocasional de la vida diaria, más allá del uso de hologramas. La tecnología puede apoyar este proceso facilitando el acceso a los recursos, pero no puede crear por sí sola una comunidad lingüística viva; esa labor recae en quienes transmiten el idioma. 

A menudo se concibe la preservación como algo inmutable y almacenado a salvo del paso del tiempo. Sin embargo, el lenguaje está en constante evolución y depende de que las nuevas generaciones encuentren motivos para hablarlo. Un archivo digital puede ayudar a proteger lo que se ha grabado, pero no puede prever todas las conversaciones futuras. Mediante hologramas, la comunidad Na-Cho está encontrando nuevas formas de compartir el conocimiento de los representantes mayores de la comunidad. Esto es significativo en un contexto donde el número de hablantes fluidos de Northern Tutchone es reducido y existe una verdadera necesidad de transmisión intergeneracional.

Cuando una comunidad indígena desarrolla un proyecto de estas características, los líderes comunitarios deben conservar la autoridad sobre la gestión de los datos para preservar su soberanía. En este sentido, las revisiones técnicas independientes de cualquier institución académica pueden ayudar a identificar riesgos antes de implementar las herramientas de realidades virtuales. Además, el uso de auditorías también permite verificar el cumplimiento de los acuerdos entre tales instituciones y la comunidad. Estas medidas de protección deben ser jurídicamente exigibles. La tecnología puede fortalecer la revitalización lingüística siempre y cuando permanezca bajo control comunitario. Por eso, tanto el derecho nacional como internacional deben proteger a las comunidades y sus conocimientos frente al avance continuo de las tecnologías.

The post Explorando los hologramas como medio para preservar el patrimonio cultural en Canadá appeared first on Debates Indígenas.

La desaparición forzada es una forma de tortura continuada que se empleó contra disidentes políticos y guerrilleros en los años sesenta y setenta, tanto en México como en otras regiones de Abya Yala. A partir de 2006, empezó a ser utilizada de forma generalizada por agentes armados legales e ilegales como estrategia de castigo, control territorial y terror, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició lo que coloquialmente se conoce como “guerra contra el narco”. Esta estrategia militarizó la sociedad, implicó una mayor circulación de armas en el país e, incorporó técnicas de tortura y de manejo de los cuerpos que los militares habían aprendido en el marco de los conflictos armados. 

Si bien fueron los gobiernos de derecha los que iniciaron la “guerra contra las drogas”, los gobiernos de centro izquierda de Andres Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheimbaum (2024 – ) han dado continuidad a esta estrategia, dándole más poder e impunidad al ejército mexicano. A pesar de que la retórica utilizada por estos gobiernos ha puesto en el centro la lucha contra la desigualdad, los derechos de las mujeres, de las víctimas y los Pueblos Indígenas, en la práctica han continuado las políticas de militarización de la seguridad pública, de despojo y violación a los derechos humanos por parte cuerpos policiales, militares y migratorios. Esto denunciaron los colectivos de búsqueda en sus movilizaciones durante el Mundial de Fútbol. 

Más de 70.000 cuerpos sin identificar

Entre las demandas de este movimiento se encuentra la identificación de los más de 70.000 cuerpos que están bajo custodia estatal: en morgues, instituciones de servicios periciales, hospitales y fosas comunes de fiscalías. Si faltan 133.000 personas y el Estado tiene bajo su custodia los restos de 70.000 personas, las familias saben que muchos de sus seres queridos podrían estar esperando ser identificados para regresar a casa. La respuesta estatal a esta demanda ha sido que no se cuenta con los recursos económicos ni materiales para llevar adelante esta tarea. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se refirió a esta realidad como “la crisis forense mexicana”.

Sin embargo, el saldo de la organización de la Copa del Mundo habla por sí solo: no hay dinero para buscar e identificar a las personas desaparecidas, pero sí para invertir 1.323 millones de dólares en obras de infraestructura para hacer posible el Mundial de Fútbol. Ante esta realidad, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron las calles de las tres ciudades en donde se realizó el mundial al clamor de “México, campeón en desaparición”. Mientras las sedes mundialistas se llenaron de carteles que anunciaban que la pelota regresaba a casa, las familias exigían: “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”. 

Violencias en territorios indígenas, despojos y desapariciones

En el contexto del Mundial de Fútbol, los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscaban mostrar este otro rostro de los llamados gobiernos de la “Cuarta Transformación”: gobiernos de centro-izquierda que han continuado con políticas de muerte e impunidad y han posibilitado que, solo en los seis años de gobierno de López Obrador y los dos primeros años de Claudia Sheibaum, hayan desaparecido 67.000 personas. Si bien no tenemos la cifra exacta de cuántos de estos desaparecidos pertenecen a Pueblos Originarios, debido a que no se cuenta con datos desglosados por origen étnico, sí sabemos que las violencias extremas tienden a concentrarse en territorios pobres y racializados, donde habitan las comunidades.

Las historias de personas indígenas desaparecidas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Chihuahua dan cuenta de un continuum de violencias que incluye la violencia estructural, que antecede a la desaparición forzada y forma parte del agravio. El racismo contribuye a concentrar las desapariciones en las regiones más pobres y marginadas del país. La estructura colonial ubica a determinados cuerpos en ciertos territorios, que reciben menos recursos y menos atención en las políticas públicas. En una sociedad racista y racializada como la mexicana, la identidad indígena es un factor que duplica las posibilidades de sufrir violencias. La denuncia, la búsqueda y el acceso a la justicia se vuelven un desafío mayor cuando no se habla el español (y no se cuenta con traducción) y escasean los recursos para trasladarse a las ciudades en donde se encuentran las instituciones judiciales y de búsqueda.  

Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Esta es la otra cara del México mundialista: en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Por eso, nos referimos a las múltiples ausencias de indígenas desaparecidos porque, además de su ausencia física en las comunidades de las que formaban parte, hasta hace poco había una falta de reconocimiento a su identidad étnica en estadísticas oficiales sobre la desaparición, además de un silencio sobre el fenómeno en las movilizaciones indígenas. Muchos de sus cuerpos han terminado en fosas comunes estatales sin que existan expedientes forenses que permitan a sus familiares encontrarlos. 

En paralelo a los miles de jóvenes indígenas anónimos que han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado y desaparecidos, o han sido asesinados por resistirse al reclutamiento, están las historias documentadas por organismos internacionales de 46 defensores indígenas del territorio que, desde 2019, han sido asesinados o desaparecidos por defender sus territorios del despojo por parte de proyectos mineros o desarrollistas. Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar al tomar las calles y recordar a los aficionados que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta. 

Los colectivos de familias buscadoras ante el Mundial

La Ciudad de México fue la encargada de acoger la ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente en el Estadio Azteca, sede mundialista ubicada en la zona de Santa Úrsula Coapa, un Pueblo Originario cuyo territorio quedó fragmentado por la construcción del recinto deportivo. Por tercera vez en su historia, el pueblo de Santa Úrsula ha tenido que albergar un mundial de fútbol mientras el acceso a su territorio es restringido y obstaculizado. Además, en el marco de este mundial, tal y como sucedió en las ocasiones anteriores, el contexto social de México no es el que el gobierno ha querido vender al mundo.

Frente a una ciudad que es cada vez más hostil para sus habitantes y una FIFA bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias, las personas que buscan a un ser querido desaparecido prepararon una agenda de movilizaciones y acciones de memoria para agrietar la cancha de pasto verde y alzar sus demandas de justicia. Así, incluso bajo amenazas y acciones represivas por parte del gobierno, las familias buscadoras encontraron la manera de unirse a la euforia mundialista sin atacarla, porque, como ellas mismas dicen, sus hijos e hijas, esposos y esposas, hermanos y hermanos, y amigos y amigas también son fanáticos y fanáticas del fútbol. Por eso, las familias buscadoras han salido a la calle a expresar que no quieren que haya otro Mundial sin que sus seres queridos estén de regreso en casa. 

Estas acciones de protesta se han llevado a cabo tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey (las tres ciudades sede del Mundial en nuestro país) y han ocupado planas de medios a nivel nacional e internacional. El caso de Guadalajara ha sido de los más sonados, no solo por las movilizaciones, sino porque los colectivos de búsqueda han documentado que en las inmediaciones del Estadio Akron se han localizado varias fosas clandestinas. 

Las movilizaciones y acciones de las familias han sido múltiples: la caminata y velada nocturna previas al partido inaugural; la marcha llevada a cabo el día de la inauguración, en la que algunas familias lograron llegar a las inmediaciones al Estadio Azteca tras cruzar el cerco que les impedía el acceso; las intervenciones gráficas y visuales de la cultura mundialista; los carteles con el rostro de las personas desaparecidas como las figuritas del álbum Panini; las pegas masivas de fichas de búsqueda; las “cascaritas [como se llama en México a los partidos entre amigos] por la memoria y contra el olvido”; la creación de la botarga del “Ajolote buscador” (un anfibio endémico de las lagunas del Valle de México y divinidad en el mundo mexica).

Ante este clima de protestas, actos memoriales, actividades culturales y celebraciones interreligiosas, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy alejada de lo que podría esperarse: llegó incluso a insinuar que los colectivos habían acudido a las manifestaciones con financiamiento ilícito. En lugar de comprometerse a investigar las desapariciones de personas (muchas de ellas ocurridas durante su gobierno), el discurso oficial anunció que se investigaría dicho financiamiento, hecho que fue denunciado por las familias buscadoras como revictimizante. 

En consecuencia, el discurso oficial, los cercos policiales y los diversos intentos de limitar las protestas fueron parte de la respuesta estatal y federal. Entre los hechos destaca la lamentable acción represiva cometida por parte de la policía de la Ciudad de México contra familias buscadoras y personas solidarias que se encontraban realizando una acción pacífica sobre una de las avenidas que conectan directamente el centro de la ciudad con el Estadio Azteca, el día que se jugaba el partido entre México y Ecuador. Como resultado, Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en 2024, fue herido. Mientras tanto, las movilizaciones por la memoria y contra el olvido continúan.

¡Todxs al Estadio!: crónica de la marcha nocturna pre-inauguración

El 10 de junio del 2026 tuvo lugar una caminata en Ciudad de México que, bajo el lema “Iluminemos la búsqueda”, salió de la estación del tren ligero Registro Federal con la intención de llegar al Estadio Azteca. A las ocho de la noche comenzamos a marchar, con una presencia masiva de medios nacionales e internacionales. Una de las familiares coordinadoras del evento agarró el megáfono y gritó: “¡Pedimos a todas las personas que dejen su rostro al descubierto!”. Esta petición resaltaba el carácter pacífico de la manifestación y buscaba evitar que actores externos desprestigiasen el interés genuino de la acción. 

Unos metros antes de llegar al límite de la ‘última milla’ –un perímetro de acceso restringido alrededor del estadio, al que solo lxs vecinxs y el público de los partidos tenían acceso–, la caminata se volvió más cautelosa. Lxs manifestantes nos agarramos de los brazos y decidimos seguir caminando. Mientras recorríamos esos últimos metros, a lo lejos comenzó a perfilarse una imagen extraña. En una subida de la calzada se veía un reflejo de luces que bloqueaba el paso. Algunas pensamos que podían ser los flashes de las cámaras de la prensa, pero conforme nos acercamos, la visión se volvió más nítida. Al menos diez hileras de policías obstaculizaban el paso, mientras la luz de las farolas se reflejaba en la superficie de sus escudos. De un lado, entonces, quedaba la coraza policial; del otro, las familias con sus megáfonos gritando: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”.

Cuando quedamos en frente de las hileras de policías, las familias mantuvieron los ánimos. Algunas cantaron y oraron en colectivo, mientras otras improvisaron un altar, en el que se fueron depositando las veladoras de la caminata. También se organizaron cascaritas en medio de la calzada. Poco a poco, y conforme avanzaba la noche, la concentración comenzó a dispersarse y los alrededores del estadio se vaciaron de manifestantes. Sin embargo, al igual que el Mundial estaba a punto de comenzar, las acciones de protesta frente al mismo también se dieron por inauguradas.

¡Hagamos que suceda!: la cascarita por la memoria y contra el olvido

En las inmediaciones de la Glorieta de las y los Desaparecidos, así renombrada por las familias buscadoras, el asfalto se ha transformado de manera espontánea en el estadio donde hoy se juega el partido “por la memoria y contra el olvido”. Pintura blanca delimita la cancha. Las porterías son señaladas por un par de mochilas. En la cancha, las y los jugadores portan jerseys de la selección nacional intervenidos a modo de visibilización y denuncia: algunos llevan impresos los rostros y nombres de personas desaparecidas; otros, consignas de denuncia contra la crisis de desaparición. Los equipos no se enfrentan como rivales: colaboran para “meter gol contra el olvido”. Cada gol marcado es un gol por la memoria.

Entre el público aficionado y los jugadores se levantan mantas y pancartas con los rostros y nombres de quienes nos hacen falta, aquellos y aquellas por quienes se juega esta cascarita. Verónica, Benita y Dioni, mujeres buscadoras pertenecientes al colectivo “Uniendo Esperanzas”, juegan en el equipo retador. En sus jerseys portan a sus hijos desaparecidos: Diego Maximiliano, Fernando Iván y Guillermo David. La alineación de su equipo se completa con Leo, el pequeño nieto de Benita, y un grupo de mujeres y hombres jóvenes que las acompañan solidariamente en la búsqueda de sus hijos. Con destreza y tenacidad, entregan todo en la cancha.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

El marcador sigue en juego. Los equipos van entrando a la cancha según su turno. Cada gol es celebrado. Toda falta de solidaridad está “fuera de lugar”. En un momento de tensión en la cancha, la hermana Pao, árbitro voluntaria del partido y religiosa católica acompañante de las familias buscadoras, marca con firmeza una tarjeta roja contra la injusticia. Rápidamente, pone de nuevo el balón en juego, no sin antes recordarle a todos los presentes que este partido es colaborativo. Entre los retadores se encuentran jugadores que también entregan todo en la cancha por diversas causas justas. La colaboración entre todos los jugadores es estratégica para meter goles por la justicia.

A unos instantes de que caiga la lluvia, el último gol de esta jornada de fútbol callejero mexicano es anotado. Se acaba la cascarita. Las y los jugadores corren a resguardarse de la lluvia donde les sea posible. Sin embargo, este no es el fin del partido principal. El que a diario juegan las familias buscadoras. La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La posibilidad de jugar un partido más

Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol, las familias buscadoras no dejaron de levantar sus voces, de meter goles por la memoria y de recordar a la ciudadanía que la nación mexicana está incompleta y fracturada: nos faltan al menos 133.000 personas desaparecidas. Ante un nacionalismo futbolero, que muchas veces mostró poca empatía hacia el dolor de las familias, los colectivos de búsqueda mostraron la otra cara del México mundialista. Ante un gobierno y una sociedad que niegan la crisis de desapariciones, las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos continúan de-velando el rostro de un México profundamente herido.

Los territorios indígenas siguen siendo despojados, ocupados y convertidos en estadios de fútbol o en cementerios clandestinos, mientras que el gobierno inunda los medios de comunicación con propaganda indigenista sobre leyes y políticas públicas, que no responde a las políticas reales de despojo, violencia e impunidad que viven los Pueblos Originarios de México.

Mientras este país intenta ocultar su rostro lacerado por la desaparición, por las fosas clandestinas y por las múltiples violaciones a derechos humanos, las familias buscadoras no dejan de hacer visibles los nombres y rostros de las más de 133.000 personas que nos faltan. Sus acciones y movilizaciones son actos por la memoria y contra el olvido. Esperemos que cada una de esas ausencias no sea recordada solo por las familias que buscan a diario, sino también por aquellos que creemos que todas las personas merecen una cancha justa, un recuerdo digno y la igual oportunidad de ver (o jugar) un partido con aquellos a quienes aman.

The post La pelota regresa a México, ¿y las personas desaparecidas cuándo? appeared first on Debates Indígenas.

El profesor rural cajamarquino solo pudo gobernar 1 año y 132 días, entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022. Fue destituido de manera irregular por “permanente incapacidad moral” y acusado de un supuesto “golpe de Estado” que nunca llegó a concretarse. Al no estar tipificada esa conducta como delito, la imputación fue  modificada posteriormente como “conspiración para la rebelión”. La destitución de Pedro Castillo permitió al denominado “pacto mafioso” designar gobiernos títeres bajo su influencia directa, como los de Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí León (2025-2026) y José María Balcázar (2026).

El voto rural y el voto de la costa

Desde el primer gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, Perú vive una crisis de representación política caracterizada por el colapso del sistema de partidos políticos. En ese marco, el proceso electoral de 2026 fue diseñado por el fujimorismo para generar las mejores condiciones para su conveniencia. La Ley 30.995 redujo drásticamente los requisitos de inscripción de partidos: se pasó de exigir alrededor de 700.000 firmas de adherentes a aproximadamente 25.000 afiliados (0,1 % del padrón electoral). Esa reducción estuvo vigente entre 2019 y comienzos de 2024, lo que permitió que decenas de organizaciones iniciaran o culminaran su inscripción.

Como resultado, el Registro de Organizaciones Políticas llegó a tener 43 partidos habilitados para las elecciones de 2026, un récord histórico. Además, la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fragmentó aún más la oferta electoral, que alcanzó 35 candidaturas presidenciales y una boleta de sufragio interminable. En este contexto, Keiko Fujimori se postuló por cuarta vez a la presidencia, a pesar de arrastrar graves acusaciones por corrupción y de haber permanecido tres periodos en prisión preventiva por presunto lavado de activos y aportes irregulares en el caso Odebrecht. Entre 2018 y 2020, Keiko acumuló 16,5 meses de encarcelamiento. “La acusación central fue anulada en 2025 por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron designados por un Congreso con una fuerte influencia fujimorista”, puntualiza el politólogo Omar Coronel. 

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa.

Los resultados electorales muestran un país dividido, fragmentado y, hasta se podría decir, polarizado y desconfiado del régimen democrático. En la primera vuelta, Keiko Fujimori pasó al balotaje con 17,8% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) accedió con apenas 12,03%. Ambos candidatos representaron menos del 30 por ciento de los votos válidos en primera vuelta. La gran mayoría de los 35 candidatos quedó por debajo de 10 por ciento, lo que grafica la dispersión y pulverización del voto. Aunque en el balotaje Roberto Sánchez se impuso por un estrecho margen en el territorio nacional, la ventaja de Fujimori entre los votantes peruanos del exterior revirtió el resultado final.

Juntos por el Perú ganó en 18 de las 25 circunscripciones regionales (24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao), mientras que Fuerza Popular ganó solo en siete. Por otra parte, Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

La agenda indígena y ambiental a la deriva

En el debate electoral el tema indígena y ambiental estuvo ausente y sin propuestas concretas. Esto refleja el deterioro del tema en la última década, un periodo marcado por la profunda inestabilidad política en el que Perú llegó a tener ocho presidentes en 10 años. Entre los principales retrocesos se destacan las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a través de la Ley 31.973 de 2024, conocida como Ley Antiforestal, a pesar de las advertencias sobre sus nefastas consecuencias. La reacción ciudadana fue enorme y la norma fue criticada incluso por instituciones públicas. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la ley por una mayoría de cinco votos contra dos, manteniendo en vigencia la disposición más nefasta de la norma: la Única Disposición Complementaria Final.

Manuel Pulgar Vidal, de la World Wide Fund for Nature (WWF), resume el debate electoral: “En estos diez años hemos visto un debilitamiento de las exigencias ambientales en el país. También es una consecuencia indirecta de que Perú haya tenido por diez años tanta inestabilidad política. Esto ha hecho que incluso en los medios de comunicación el tema ambiental esté absolutamente ausente. Ningún partido de gobierno tiene una sólida agenda ambiental en sus planes ni un funcionario sólido que pueda describir elementos básicos de la agenda ambiental”. Por otra parte, un factor grave de preocupación para las comunidades indígenas y para la naturaleza es el incremento de la criminalidad, en particular de la minería ilegal. Frente a este fenómeno, los candidatos no exhibieron propuestas firmes y, más bien, se mostraron condescendientes.

Por su parte, Isabel Calle, Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala:“La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la Amazonía, la gobernabilidad y la seguridad nacional. A ella se suman la tala ilegal, el tráfico de fauna, el tráfico de tierras y la expansión desordenada de actividades que operan al margen de la ley. Estas actividades no son únicamente problemas ambientales: son expresiones de redes criminales que capturan territorios, corrompen instituciones, generan violencia y deterioran la confianza ciudadana. Combatirlas exige mucho más que operativos aislados. Requiere inteligencia financiera, presencia efectiva del Estado, fortalecimiento institucional, coordinación entre niveles de gobierno y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales. 

El modelo peruano y la desigualdad estructural

Quienes observan a la distancia los indicadores macroeconómicos se sorprenden del “modelo peruano” que aparece como exitoso y prometedor. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país fue una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Entre 2000 y 2019, el Producto Bruto Interno prácticamente se triplicó por el auge de las exportaciones mineras, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica, lo cual se reflejó en el aumento del presupuesto público. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual y se ha concentrado en Lima y la costa. Muchas provincias andinas y amazónicas mantienen economías basadas en actividades de baja productividad y escasa presencia estatal.

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para una distribución más equitativa de los ingresos. Alrededor de siete de cada diez trabajadores se desempeñan en empleos informales, con bajos salarios y sin acceso a seguridad social, pensiones o protección frente al desempleo. Otro factor es la desigualdad en el acceso a servicios públicos. Aunque el presupuesto nacional aumentó de manera importante en las últimas dos décadas, la calidad de la educación, la atención de salud, el acceso al agua potable, al saneamiento y a internet siguen siendo muy desiguales; incluso, entre distritos de una misma región. 

Además, el Perú mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y una elevada dependencia de actividades extractivas y de la economía informal. Esto limita la capacidad redistributiva del Estado y reduce los recursos disponibles para sostener políticas públicas universales y de largo plazo. En efecto, uno de los rasgos que caracterizan al país es la persistencia de desigualdades históricas y culturales. La población indígena, afroperuana y rural sigue enfrentando barreras de acceso a servicios, mercados y oportunidades. Estas brechas responden a procesos de larga duración, asociados al centralismo, la exclusión territorial y la discriminación.

Las advertencias sobre la deriva autoritaria

El escenario que proyecta el fujimorismo en el poder es el mismo de los últimos años: las normas a favor de la criminalidad y el paquete de leyes a favor de la amnistía y la impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales están creando las condiciones para un régimen de terror. El analista y fotógrafo Ezio Macchione advierte: “No veo motivos para el optimismo. Veo un país cansado, fracturado, con miedo, con enormes urgencias acumuladas y con una clase política que ha demostrado una y otra vez estar muy por debajo de la gravedad del momento. Y veo, sobre todo, el riesgo de confundir orden con autoritarismo, seguridad con represión, estabilidad con silencio, gobernabilidad con captura del Estado”.

Por su parte, Omar Coronel, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, escribe: “Desde 2022, el país ya era gobernado por una coalición autoritaria donde el fujimorismo tuvo un rol protagónico; las elecciones de 2026 le dan a ese liderazgo la legitimidad de las urnas. La presidenta cuenta con el respaldo de los gremios empresariales, de las Fuerzas Armadas y de una Policía beneficiadas por garantías de impunidad ante violaciones de derechos humanos. Si gobierna con baja popularidad y es sacudida por protestas sociales, su historial sugiere que recurrirá a la represión como principal herramienta de gobernabilidad, con el apoyo de los principales medios de comunicación. El fujimorismo es, a fin de cuentas, la amenaza a la democracia más organizada del país y con los aliados más poderosos”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia”.

En el mismo sentido, el analista norteamericano Steven Levitsky pone el énfasis en la concentración del poder: “Fujimori controlaría el Ejecutivo, tendría peso en el Congreso y, como sabemos, influencia en otras instituciones, incluido el Poder Judicial, las autoridades electorales y sectores de las fuerzas armadas y de seguridad. Además, contaría con un gobierno amigo en Washington bajo la administración de Donald Trump. Eso le daría la posibilidad de consolidar mucho poder, y la oposición tendría que organizarse y trabajar de manera mucho más seria si quiere defender derechos básicos y un sistema competitivo en el Perú”. 

Del mismo modo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú advierte: “La democracia peruana tendrá que seguir luchando, en primer lugar, para mantener o recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”. En tanto, la activista social y comunitaria Nury García señala: “Pienso en el desafío de una nueva articulación política que pueda conectar memoria, precarización, violencia criminal, extractivismo, desigualdad, crisis ecológica, cuidados y nuevas formas de sufrimiento social. Es el desafío de poder producir un sujeto político amplio, sin borrar las memorias específicas de cada lucha”. 

La salida es colectiva

Un primer desafío de orden pragmático es que la oposición en el Congreso que defiende los derechos humanos y las libertades democráticas se mantenga unida y coordine plataformas vivas con los movimientos sociales y la sociedad civil. Para tal fin, será clave sostener una movilización persistente, activa y no violenta, para evitar darle al gobierno el pretexto represivo que busca. El movimiento indígena y las organizaciones de la sociedad civil corren el riesgo de ser avasalladas por el poder autoritario si se mantienen fragmentadas, en aislamiento, cada una con su agenda particular, sin construir diálogos y alianzas fructíferas que ensanchen el horizonte de cada perspectiva. 

El sectarismo, el oportunismo y el individualismo siguen siendo lastres que dividen y debilitan la capacidad de resistencia y de lucha de quienes defienden derechos y libertades en un mundo cada vez más asolado por el negacionismo, la vocación autoritaria, tanto de izquierda como de derecha, y la polarización a favor de intereses transnacionales. Juega a favor de los sectores populares que las promesas e ilusiones electorales del fujimorismo comenzarán a contrastar con la realidad y con las expectativas. De no ser atendidas y satisfechas generará descrédito e incrementará la frustración.

El pobre discurso de asunción de mando presidencial y el primer gabinete de ministros evidencia la ausencia de cuadros políticos y técnicos con capacidad para hacer un buen gobierno. Asimismo, el amplio pedido de facultades para legislar por decreto hace evidente que el gobierno de Keiko Fujimori desea tomar decisiones claves entre bambalinas, de espaldas a la ciudadanía y al escrutinio público.

The post Perú: el desafío de enfrentar un gobierno autoritario appeared first on Debates Indígenas.

Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se observó una progresividad en el reconocimiento de derechos étnico-territoriales y de gobernanza ambiental de las comunidades indígenas. Una de sus prioridades fue la protección y garantía de los derechos territoriales, culturales y ambientales de los Pueblos Originarios, con “avances normativos en materia de autonomía territorial, fortalecimiento de los sistemas de conocimiento propio y reconocimiento de las autoridades ambientales”. Además, en los últimos cuatro años se impulsaron las reclamaciones de tierra en resguardos indígenas, a través de reparaciones colectivas, restablecimiento de derechos territoriales étnicos y restitución de tierras. Actualmente, los territorios colectivos legalizados en calidad de resguardos acumulados son un total de 935.

La política del racismo y la estigmatización

Durante la campaña política, el proyecto de extrema derecha se perfiló a través de discursos de discriminación, amenazas y estigmatización. El racismo apareció, de manera oportunista, en los comentarios hacia la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, la mayora indígena y senadora del pueblo Nasa, Aida Quilcué. Abelardo de la Espriella declaró que la lideresa era incapaz de asumir el rol de segunda dignataria del país: “¿Ustedes se quedarían tranquilos si al señor Cepeda le pasa algo y asume su fórmula vicepresidencial? Se las dejó ahí, analícenlo. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con Colombia”.

A ello se le sumaron declaraciones estigmatizantes, con amenazas y posibles restricciones a la legítima protesta y movilizaciones de los Pueblos Indígenas: “Conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad o van a saber también lo duro que muerde el tigre. Yo ese desorden de los indígenas y esa extorsión constante y esa presión no la voy a permitir. Son los dueños del 33% de la tierra en Colombia y siguen exigiendo más, una deuda ancestral que, a juicio de ellos, no hay como pagar. Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.

Estas falsas afirmaciones ya han generado discriminación, odio y racismo entre sus votantes, desconociendo los procesos históricos de restitución de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas sistemáticamente vulnerados y segregados de la política nacional, a pesar de sus aportes al cuidado y restauración de ecosistemas vitales para la pervivencia, no solo de sus gentes, sino de las comunidades humanas y no humanas del país. Ello sin mencionar la instrumentalización y fractura de los procesos organizativos y comunitarios, utilizando el descontento de algunas comunidades por incumplimiento de compromisos del gobierno saliente, y adhiriendo liderazgos indígenas a su campaña con el objetivo de sumar capital político e intentar matizar las amenazas y estigmatización racista.

Propuestas que afectan a las Pueblos Indígenas

Desde su plan de gobierno, el proyecto político de extrema derecha anunció peligrosos retrocesos en la garantía y protección de los derechos colectivos relacionados con la consulta previa, libre e informada. En consecuencia, desconoce la jurisprudencia vigente sobre este derecho y, paralelamente, le da vía libre a los procesos extractivistas que generarían un alto impacto en los ecosistemas bioculturales de todo el país. 

En materia de “Economía”, sus propuestas sugieren que los licenciamientos ambientales y la consulta libre, previa e informada a las comunidades son trabas y cargas para el sector empresarial, por lo que propone licenciamientos express y acelerar las consultas. En cuanto a la “Política Minero-Energética”, expone supuestos tratamientos al sector extractivista a través de prejuicios ideológicos y desvaloriza los esfuerzos por adelantar procesos de transición energética justa y popular, que ya habían avanzado en el actual gobierno en consulta con las comunidades locales.

La falta de mención al pluriculturalismo y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas.

La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional.

En materia rural, en el apartado sobre “El Campo”, el programa de gobierno señala que se ha producido una “falsa reforma agraria” que desconoce los alcances de los procesos de restitución y entrega de tierras a comunidades rurales y, particularmente, resguardos indígenas. Propone, además, “ampliar la frontera agrícola productiva”, seguramente, a través de monocultivos industriales extensivos, lo cual pondría en alto riesgo ecosistemas esenciales para la pervivencia e integridad de los territorios indígenas y sus recursos vitales. 

Finalmente, en la sección sobre cultura se propone “apoyo fiscal a nuevas empresas de acción cultural y a mega eventos culturales y deportivos que atraigan ingresos del exterior”. De este modo, se reduciría la cultura a las lógicas de mercado. La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas. Eventualmente, la ausencia de recursos podría afectar la protección de conocimientos propios, revitalización de lenguas y pervivencia de prácticas ancestrales, que aportan de forma directa a su supervivencia física.

Designaciones que anuncian el huracán

Adicionalmente, los recientes nombramientos en carteras ministeriales claves para la protección de los derechos de las comunidades étnicas, como es el Ministerio del Interior y el de Ambiente, parecen ser el preludio de futuras decisiones ultraderechistas. Estas políticas que significan un giro de 180 grados podrían materializarse de forma temprana a través de una suerte de fast track vía decretos presidenciales durante los primeros 90 a 100 días del nuevo gobierno,  que entrará en vigor a partir del 7 de agosto.

En primer lugar, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, en 2018, como senador fue coautor del Proyecto de Ley Estatutaria 134, que pretendía reglamentar el derecho a la consulta previa. Este proyecto buscaba regular los procedimientos, plazos, competencias de autoridades y sus efectos, así como la coordinación entre el Estado y las comunidades étnicas. En el debate sobre el articulado, se presentaron críticas en cuanto a posibles mecanismos restrictivos para el ejercicio de este derecho, sin además prever consultas amplias a las comunidades directamente afectadas. En consecuencia, Lara Restrepo podría generar una agenda legislativa que busque restringir la consulta previa y otros derechos colectivos.

Por su parte, el ministro designado para la cartera de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, ya había hecho declaraciones sobre la consulta previa como un mecanismo “absolutamente transaccional”. Incluso había llegado a decir que “el tiempo de la consulta previa no puede seguir como un mecanismo extorsivo”, suscitando una grave deslegitimación de este derecho. Desde su perspectiva, las consultas han generado dificultades para el desarrollo de infraestructura. De más está decir que este tipo de declaraciones podría incentivar la estigmatización de las comunidades indígenas por, presuntamente, ir en contra del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que desconoce los proyectos de vida propios y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos para su bienestar. 

Alertas que se encienden hacia el futuro

Probablemente, en los primeros meses de gobierno, la designación de ministros con estos perfiles facilitará la ejecución de políticas que busquen materializar el modelo extractivo a gran escala propuesto en el plan de gobierno. Fue justamente lo que anunció Abelardo de la Espriella en campaña: “¡En el gobierno del tigre vamos a explotar el subsuelo a lo que da!”. Esta postura no solo desconoce, sino que también amenaza modelos alternativos de bienestar que se han ido consolidando por la gobernanza territorial en las comunidades étnicas, a través de apuestas propias para el sostenimiento mismo de la vida.

Finalmente, quisiera alertar, como advirtió la oposición liderada por Iván Cepeda, sobre posibles represiones y criminalización a la protesta social en el gobierno entrante. Esto podría traducirse en la limitación de las diversas expresiones de la movilización indígena y popular. La historia colombiana cuenta con procesos emblemáticos de Minga indígena que han jalonado la movilización civil en las carreteras y calles del país con el objetivo de exigir respeto y garantía de los derechos colectivos étnico-territoriales y de autodeterminación de los pueblos, esenciales para la construcción de paz desde una perspectiva territorial en Colombia.

The post Narrativas de estigmatización y racismo en Colombia: el riesgo de la regresividad en los derechos colectivos appeared first on Debates Indígenas.

Finalmente, otra incógnita es si el conflicto sirvió para frenar las medidas estructurales de modificación del modelo económico (que inicialmente implicaba el retroceso en conquistas sociales) o si, más bien, le sirvió a las organizaciones movilizadas para potenciar la demanda de renuncia del presidente (pedido central en la última parte del conflicto). Sobre esto último, varios líderes de organizaciones y de comunidades campesinas explicaban que la demanda se canalizaría en la renuncia del primer mandatario, siguiendo la consecuente sucesión constitucional del vicepresidente, Edman Lara, y una convocatoria a nuevas elecciones en el plazo de tres meses. Algunos incluso proponían la habilitación del ex presidente Evo Morales, por ahora, negada por la Justicia.

Un presidente que nadie vio venir

Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, llegó a la primera magistratura como una completa sorpresa. De familia de izquierda y guerrillera, su padre fue presidente y jefe del antiguo Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), gracias a un insólito acuerdo político con el ex dictador de derecha Hugo Banzer, tras las elecciones de 1989. En 2025, Paz Pereira ganó el ballotage contra el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga con los votos que quedaron dispersos por la desaparición del MAS: estos votantes, de extracción popular, nunca habrían optado por un candidato de la ultraderecha como “Tuto”.

Asumido el cargo, Paz desactivó temporalmente la emergencia de la escasez de combustible, a través de acuerdos con Estados Unidos y países aliados de la región. Sin embargo, muy pronto empezó a firmar decretos y resoluciones destinadas a desmontar lo que él mismo llamó “Estado tranca”. En realidad, se trató de medidas que favorecían a los sectores de poder económico de la región del Oriente, dando la espalda a su electorado en la zona andina. Así, aprobó la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y dictó el Decreto Supremo 5503, que a través de 121 artículos establecía un procedimiento fast-track de flexibilización en la aprobación de contratos de inversión extranjera en infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales, sin aprobación parlamentaria ni consentimiento previo de los Pueblos Indígenas afectados. Además, eliminó casi en su totalidad el subsidio a los hidrocarburos líquidos, lo cual duplicó el precio de la gasolina y triplicó el del diésel. 

Justamente en estos primeros días se puede rastrear uno de los antecedentes del conflicto posterior. El presidente y su gobierno plantearon una posición distante del vicepresidente, Edman Lara, un ex policía de gran aceptación popular. Incluso antes de la asunción, Lara acusó al presidente, a través de sus redes sociales, de incumplir las promesas acordadas y construir un gobierno sin su participación. Cuando la reyerta escaló, el gobierno aprobó un decreto que eliminó las atribuciones constitucionales del vicepresidente y le quitó casi todo el financiamiento. Mientras Paz acusaba a Lara de ser una persona no apta para el cargo, un sector no despreciable de su electorado leyó esto como una traición de clase: sobre todo los sectores populares andinos representados por campesinos, comerciantes, cuentapropistas, transportistas y trabajadores, que son más refractarios a las clases medias y altas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, considerados por ellos como de “derecha”.

Una sumatoria de demandas

La composición de la movilización fue cambiando con el tiempo. En abril, el presidente aprobó de manera completamente inconsulta la Ley 1720, con la que se pretendía convertir las pequeñas propiedades agrarias en medianas a través de un trámite administrativo y otorgar una moratoria de verificación de la función económica y social de predios medianos. El gobierno y los sectores del agronegocio intentaron posicionarla como una norma beneficiosa para el campesinado pequeño, aunque era evidente que estaba dirigida de manera directa a los terratenientes del Oriente. En efecto, el principal empresario y senador de esta región se encargó de difundir y defender su aprobación. 

En este contexto, la primera protesta fue protagonizada por las organizaciones campesinas del Norte Amazónico que iniciaron una marcha exigiendo la abrogación de la Ley 1720. En el camino se sumaron organizaciones indígenas del departamento del Beni, que se desmarcaron de los acuerdos asumidos por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) con el gobierno, el cual intentaba restarle peso a la marcha campesina. A su vez, esta movilización despertó a los mineros cooperativistas y al magisterio con sus propias peticiones. Hasta aquí, el gobierno había procesado las protestas como un conjunto de conflictos sectoriales atribuidos a la herencia de los “20 años del MAS” y al intento de desestabilización de líderes políticos, desplazados del poder y ligados al ex presidente Evo Morales. 

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales.

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana presentó su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social.

Abrogada parcialmente la ley 1720 y firmado el decreto 5613, que habilita la dotación de áreas fiscales de vocación forestal a las comunidades campesinas e indígenas amazónicas, el gobierno declaró que las movilizaciones ya no tenían carácter reivindicativo, sino político. Especialmente porque empezó a emerger con mayor fuerza el pedido de renuncia del presidente: una demanda de la cual se despegaron las organizaciones indígenas tras la abrogación parcial de la Ley 1720. Adicionalmente, el gobierno aprobó una resolución ministerial que otorgaba a los mineros la regularización de contratos en áreas protegidas y territorios indígenas, sin consulta previa. De este modo, se consolidó la violación de los derechos indígenas establecidos en la Constitución, con la única intención de neutralizar uno de los sectores más fuertes de la protesta. 

Por su parte, el 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: adquirió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales. En esta nueva etapa, las organizaciones movilizadas fueron otras: los cocaleros del Chapare, que iniciaron una marcha hacia La Paz, y los campesinos de la histórica “Túpac Katari”, que aglutina a los denominados “ponchos rojos”, uno de los sectores más combativos del país. Los bloqueos se extendieron por casi toda la zona andina y el campesinado comunitario se incorporó masivamente a las movilizaciones en sus territorios. Ahora sí, la demanda excluyente fue la renuncia de Rodrigo Paz por la comercialización de combustibles líquidos de mala calidad, la falta de dólares y la creciente inflación. 

Un conflicto que parecía nunca acabar

Otra arista del conflicto es el impacto en los sectores populares andinos por la alianza de Rodrigo Paz con los sectores de poder del Oriente (tras la victoria electoral). Sumado a las medidas de corte neoliberal que afectan las conquistas sociales inscriptas en la Constitución, las clases populares procesaron este acuerdo como una traición al voto que lo llevó a Paz a ganar las elecciones. A esto se agregó la ausencia de los elementos simbólicos indígenas en los símbolos del Estado y un cambio en el lenguaje y prácticas con las que el gobierno se relacionó con los sectores movilizados: sin interlocutores que entendieran las problemáticas sociales, el conflicto no encontraba salida y se extendía en el tiempo.

El gobierno apostó siempre al diálogo, sin ceder a la demanda de renuncia presidencial, y encaró al conflicto como sectorial. Durante varias semanas, la renuncia presidencial fue la única forma de levantar los casi 100 cortes de ruta que comenzaban a asfixiar a La Paz, la sede de gobierno. El lenguaje xenófobo y discriminatorio hacia los movilizados se impuso en las redes sociales y los medios de comunicación, completamente volcados hacia el gobierno. Por su parte, los movilizados respondieron con una agresividad solo justificada por la impotencia.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional.

Como sucede en otros conflictos liderados por la región andina, la polarización se expresó en las fisuras históricas de Bolivia, principalmente de orden étnico y regional.

De este modo, el gobierno apeló a la estrategia del desgaste y evitó dictar el estado de excepción, para no activar otros sectores y generar un caos mayor. Si bien la ausencia de represión armada (como la vivida en tiempos de Jeanine Añez o Gonzalo Sánchez de Lozada, con un reguero de muertos, heridos y detenidos) mantuvo la protesta dentro de los carriles institucionales manejables, la extensión del conflicto le generó al presidente un daño político importante en el conjunto de la sociedad, que le exigía sacar el Ejército a las calles.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional. En Santa Cruz, el bloqueo fue leído como una medida que, en realidad, iba dirigida contra ese departamento, en tanto proveedor de muchos productos consumidos en Occidente. Mientras que, desde la intelectualidad indígena de las ciudades, sobre todo aimara y quechua, el conflicto habría hecho aflorar el racismo y la discriminación contra la población originaria de los Andes, que era nuevamente postergada en la gestión pública. Asimismo, se planteaba de modo generalizado que las conquistas incorporadas en la Constitución estaban en peligro.

El rol de Evo Morales

Dentro de los ejes de descalificación mediática, el gobierno le endilgó a Evo Morales estar detrás de una intentona sediciosa y de financiar los bloqueos  a través del narcotráfico, con el único objetivo de lograr su habilitación para unos supuestos comicios post renuncia presidencial. En realidad, salvo por la movilización de los cocaleros del Chapare, el ex presidente tuvo más participación mediática que en las acciones concretas, en tanto está enfrentado a varios de los sectores que protestaron. Si bien confluyeron en la demanda principal del conflicto, la multiplicidad de actores articulados por la Central Obrera Boliviana y los campesinos fue mayor a la movilización del sector cocalero, desde su histórico enclave del Chapare hacia la sede del gobierno. 

Los momentos de mayor tensión se vivieron durante mayo, con la entrada de diferentes marchas a La Paz y el bloqueo total de la ciudad. Las organizaciones multiplicaron las agresiones contra comercios que no cerraban e, incluso, de ciudadanos de a pie que rechazaban la radicalidad de las medidas y el pedido de renuncia a solo seis meses de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz. A nivel nacional, los bloqueos paralizaron la economía y provocaron, de manera directa e indirecta, la muerte de 22 personas: tanto por  impedir el paso en los puntos de bloqueo a las ambulancias (lo que imposibilitaba la atención médica) como por la escasez de insumos que no llegaron a los hospitales para pacientes en situación crítica. 

La sociedad urbana también le reprochó al Presidente una ineficiente gestión de la crisis, que desnudó la falta de conocimiento acerca de cuáles sectores reclamaban, sobre todo, en lo relacionado a la tierra y territorio. En este caso, la vocería fue manejada por el senador y empresario terrateniente Branko Marincovic, del partido Alianza Libre del ex candidato presidencial de extrema derecha Jorge “Tuto” Quiroga. Este fue otro de los ingredientes que potenció a los movilizados, puesto que veían en Marincovic a un descendiente de extranjeros, terrateniente, blanco y de la región oriental, promoviendo una reforma que claramente perjudicaba al campesinado pequeño, con argumentos poco creíbles ante la sociedad. 

La tregua y la incertidumbre

El conflicto finalizó con la firma del acuerdo el 26 de junio, que si bien no representa una agenda política del movimiento popular, podría ser una bisagra en el relacionamiento entre el Estado y un amplio espectro social sobre sus conquistas históricas: soberanía nacional; respeto a los Pueblos Indígenas; consulta y participación en las decisiones que puedan afectarles; y la no autorización de actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Un punto fundamental fue el compromiso de Rodrigo Paz de no entregar los recursos naturales (gas y litio) ni privatizar las empresas estratégicas nacionales. Finalmente,  el resarcimiento por la afectación de vehículos por los combustibles en mal estado, medidas para proteger la canasta familiar, recomposición salarial y previsional. 

A casi un mes de la firma del acuerdo, es evidente que varias de las demandas no fueron solucionadas. En lo político, el presidente, Rodrigo Paz, no renunció y declaró el estado de excepción, que, de todos modos, no fue el mecanismo para desmontar los bloqueos. Además, la atomización en el Congreso se mantiene y las organizaciones populares no se han recompuesto ni fortalecido: negociaron demandas puntuales y volvieron a sus regiones. En lo económico, no existe claridad en la política de desarrollo, que combina discursos altisonantes con una indispensable dependencia de créditos internacionales para cubrir los huecos presupuestarios que dejó la caída de la renta gasífera.

El correr de los días y los meses demostrará quién venció a quién en este conflicto. El gobierno está reponiendo lentamente varios de los puntos de su agenda económica: dejar fluctuar el tipo de cambio para “sincerar” su cotización; proponer normas que atraigan la inversión extranjera directa; y la flexibilización de impuestos y trabas estatales. La conversión de la pequeña propiedad en mediana, que dio origen al conflicto, ha sido recientemente repuesta a partir de dos proyectos de ley, con varios retoques y una salvaguarda expresa para la propiedad colectiva de los territorios indígenas. No se sabe si se trata de una iniciativa del agronegocio o del propio gobierno. En este último caso, sería realmente jugar con fuego, sin haber salido aún de la crisis generada por los bloqueos.

The post Fin del gran bloqueo nacional en Bolivia: ¿sin vencedores ni vencidos? appeared first on Debates Indígenas.

Siguiendo la misma lógica que los gobiernos anteriores, la actual gestión prorrogó la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en este territorio. Durante la presentación de la Cuenta Pública, el presidente Kast señaló: “La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile. Su gente merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver florecer su tierra. En esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo. Para lograrlo, estas medidas se acompañan con el diseño de una política indígena coherente que hemos estado trabajando”.

En este marco, no llama la atención que la propiedad y explotación de las tierras indígenas se hayan convertido en el foco del anuncio de lo que será la política indígena de este gobierno: “Una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”. Con este objetivo, se reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras y se reordenará el sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones a valor de mercado y trazabilidad en cada compra. 

Tierras indígenas y la institucionalización del despojo

La Ley Indígena (Ley N° 19.253) fue promulgada en 1993 bajo el gobierno de Patricio Aylwin, una vez recuperada la democracia. Si bien se han señalado algunas limitaciones en su forma de definir las tierras indígenas, cualquier modificación ha sido evaluada como una posible amenaza, especialmente en un contexto en el que no existe reconocimiento constitucional ni representación política de los Pueblos Indígenas en los espacios del Estado-nación. Esta ley crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y, establece normas sobre la protección, el fomento y el desarrollo de los indígenas. A su vez, define como tierras indígenas a aquellas que se poseen bajo los títulos de merced, título de comisario u otros que se enumeran en el artículo 12, así como las correspondientes a la ocupación histórica. 

En ese contexto, la propuesta de reformar la ley para permitir arriendos e hipotecas se presenta bajo el lenguaje de la libertad individual y de la igualdad ante el mercado. Sin embargo, la ley vigente ya permite arrendar tierras indígenas individuales por un plazo de hasta cinco años y constituir gravámenes con la autorización de la CONADI. Asimismo, prohíbe el arrendamiento de tierras comunitarias y protege a ambas frente a enajenaciones, embargos y adquisiciones externas. En efecto, cuando las restricciones a las tierras indígenas desaparecieron en Chile, principalmente entre 1943 y 1947, se enajenó cerca de una quinta parte de ellas. Más tarde, durante la dictadura, los arriendos a 99 años privaron a familias y comunidades indígenas del uso de sus predios. 

El actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

El actual gobierno busca reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sin considerar las recomendaciones sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

Para llevar adelante esta reforma, el Poder Ejecutivo ha señalado que reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno de Gabriel Boric “abandonó sin resultados”, en alusión a las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPPyE). Esta Comisión, creada por Decreto Supremo Nº 14, tenía como principal mandato “realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo Mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, con el objeto de cuantificar dicha demanda”. 

Para abordar este mandato, la CPPyE realizó un diagnóstico exhaustivo de la demanda de tierras, las brechas existentes en esta materia y las limitaciones del mecanismo vigente. El diagnóstico concluyó que este mecanismo ha sido utilizado “prácticamente en su totalidad” por comunidades Mapuche de las cuatro regiones señaladas, representando un 99,59% de las compras realizadas hasta 2024 y manteniendo más de 1.100 solicitudes pendientes de resolución. En ese contexto, la Comisión recomendó avanzar hacia un nuevo sistema de tierras que armonizara la Ley Indígena con el Convenio Nº 169 de la OIT, incluyendo mecanismos de reparación territorial, criterios de priorización, reformas institucionales y herramientas para fortalecer la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche. 

Dado que estas medidas impactaban directamente a comunidades y organizaciones mapuche, se configuró la susceptibilidad a una afectación directa, lo que obligó al Estado a realizar un proceso de consulta. Sin embargo, este proceso fue ampliamente rechazado por las comunidades y quedó sin efecto. De esa forma, el actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo. 

Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originario bajo presión

Sin embargo, la política del gobierno de José Antonio Kast trasciende el anuncio de la reforma de la Ley Indígena. Más bien, el foco en la tierra y su propiedad debe entenderse como parte de una estrategia mayor que busca limitar los derechos de los Pueblos Indígenas y la toma de decisiones de las comunidades sobre los recursos. Desde una mirada neoliberal,  estos recursos deben ser explotados por capitales privados; al mismo tiempo, la propiedad de la tierra se encuentra asociada a una política de seguridad. Así, en paralelo a este anuncio, el Ejecutivo ha impulsado cambios a la denominada Ley Lafkenche. 

Por su parte, la Ley 20.249 (2008) creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) para resguardar los usos consuetudinarios y ceder su administración a las comunidades indígenas que los han habitado ancestralmente. Si bien los ECMPO no suponen propiedad sobre esos territorios, deben contar con un plan de administración que permita la coexistencia de diferentes actores vinculados a la pesca (industrial y artesanal), al turismo y a la navegación. Este plan debe ser aprobado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) en una instancia final. Sin embargo, las comunidades han debido enfrentar la oposición de empresas pesqueras, principalmente salmoneras, y las propias instancias aprobatorias del Estado. En este marco, se ha instalado un discurso que cuestiona la eficiencia de las comunidades, las solicitudes desproporcionadas, la paralización de inversiones y la apropiación exclusiva del borde costero. 

Las organizaciones indígenas han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas.

Lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.

Sólo en 2024, el 80% de las solicitudes presentadas por comunidades o asociaciones de comunidades indígenas han sido rechazadas en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde las instituciones representantes del Estado han sido las principales opositoras a la creación de nuevos espacios costeros marinos. De esa forma, los rechazos se sustentan fundamentalmente en cuestiones políticas más que técnicas, pues el CRUBC interviene antes de que las comunidades presenten sus planes de administración. De hecho, la evidencia disponible rechaza la idea de que los ECMPO hayan paralizado a la industria salmonera, la cual continuó expandiendo su producción y sus exportaciones.

Organizaciones indígenas, como la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, han insistido en esta inversión de responsabilidades y han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas. Más bien, sostiene que lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.  

Políticas indígenas y mercado: dos caras de la misma moneda

En cuatro meses de gobierno, la mercantilización de las tierras indígenas y de los recursos valorados por las empresas se perfila como el eje en la formulación de las políticas indígenas. En el caso de las tierras, la protección colectiva debe justificarse frente a la libertad contractual. En cuanto a los espacios costeros, el uso consuetudinario debe justificar su extensión frente a la inversión. En ambos casos, la carga de la prueba recae sobre los Pueblos Indígenas para demostrar que no son “recursos inutilizados”. No se trata, por lo tanto, de dos políticas aisladas. 

En Chile, el mercado se presenta como sinónimo de desarrollo, mientras que los derechos colectivos se convierten en restricciones que deben corregirse. Así, la tierra deja de ser entendida como base material de la continuidad histórica y cultural de los Pueblos Indígenas; al mismo tiempo que el maritorio deja de ser reconocido como espacio de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional. Así, el problema no radica en discutir mecanismos para mejorar las condiciones de vida de las familias y comunidades indígenas. El punto crítico es que esas necesidades no pueden utilizarse para debilitar los derechos colectivos ni para impedir la decisión de las comunidades sobre sus territorios con la excusa del desarrollo.

Por ello, los primeros meses de este gobierno no sólo abren una discusión legislativa sobre la Ley Indígena o la Ley Lafkenche, sino que también plantean una pregunta más profunda sobre el respeto de la política indígena en Chile y la aplicación de los derechos garantizados a nivel internacional. Si el punto de partida es la seguridad, la inversión y la certeza para los privados, los derechos indígenas quedan relegados bajo la mirada de un Estado colonial. En consecuencia, lo que está en juego no es sólo la propiedad, la tierra o el borde costero, sino la posibilidad de imaginar una relación distinta entre el Estado, el mercado y los Pueblos Indígenas, en la que sus derechos no sean la moneda de cambio. Por ahora, todo indica que estamos lejos de ese horizonte.

The post ¿Las leyes del mercado?: la política indígena bajo el gobierno de Kast appeared first on Debates Indígenas.

Si bien históricamente el pueblo costarricense ha optado por candidatos presidenciales de centro, la elección de 2026 demostró un viraje a un gobierno conservador, con propuestas de “mano dura” a los crecientes desafíos que sufre el país. De igual manera, los diversos Pueblos Indígenas de Costa Rica mostraron un comportamiento similar al resto de la población. En las Juntas Electorales de Boruca (de mayoría indígena Brunka) y Amubri (de mayoría Bribri), el apoyo a la presidenta electa rondó el 57%. A nivel nacional, se estima que un 58% de la población que votó en territorios indígenas lo hizo por Laura Fernández. 

El amplio apoyo de la población indígena a un gobierno conservador genera una serie de interrogantes: a qué razones respondió y si este gobierno representa un avance o retroceso en materia de derechos de los Pueblos Indígenas. Las dudas aparecen porque la Presidenta electa prometió “continuidad” al gobierno anterior, cuya retórica buscó deslegitimar los procesos de recuperación de tierras de los Pueblos Indígenas. Además, anunció el interés de avanzar con el controversial proyecto hidroeléctrico el Diquís. Este último fue suspendido en el 2011 durante la visita del ex Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Y, posteriormente, fue cancelado en el 2016.

El voto indígena a una presidenta conservadora

La presidenta contó con un amplio apoyo en las zonas costeras y rurales. Históricamente, estas zonas han tenido un lugar secundario en las prioridades de la política e inversión pública. Esta situación contrasta con lo que se percibe que ocurre en el valle central, la región del país que concentra más del 60% de la población y tiene cuatro de las principales ciudades, incluida la capital. Los ocho Pueblos Indígenas, que habitan 24 territorios legalmente reconocidos en Costa Rica, se encuentran a largas distancias de la capital. La mayoría de estos territorios se encuentran en el Pacífico y el Atlántico Sur, dentro de los cantones con menor índice de desarrollo humano del país. La retórica populista de la anterior y actual administración resonó en un amplio sector de la población que no se ha visto representada ni escuchada por los gobiernos centrales. 

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una serie de crecientes retos: una crisis educativa catalogada como el “apagón educativo”; una creciente desigualdad, dado que es es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); un aumento en el costo de vida; y la creciente e insólita crisis de inseguridad. En los últimos tres años, durante la administración de Chaves Robles, tuvo las tasas de homicidio más altas de su historia: 907 homicidios en 2023; 880 en 2024; y 873 en 2025. En efecto, el año 2023 fue el más violento de la historia del país, con una tasa de homicidios de 17,1 por cada 100,000 habitantes. La mayoría de estos homicidios están vinculados a disputas territoriales del crimen organizado y el narcotráfico.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder.

La escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En siete décadas, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir en la estructura de poder.

Los Pueblos Indígenas no son ajenos a esta creciente violencia. Dos defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas fueron asesinados en un contexto de defensa de tierras indígenas. El líder Sergio Rojas del pueblo Bribri fue asesinado en el 2019 por su defensa y liderazgo en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente por personas no indígenas. En un contexto similar, el líder del pueblo Brörán (Teribe), Jerhy Rivera, fue asesinado en 2020. Rojas y Rivera habían cumplido un rol fundamental en la defensa de las tierras indígenas en Costa Rica, de las cuales alrededor del 43% están en manos de personas no indígenas.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder: el país nunca ha tenido un ministro o viceministro indígena, y en la Asamblea Legislativa solo una persona autoidentificada como indígena ha ocupado un curul (escaño) recién durante el periodo 2022-2026. Esta ausencia no responde únicamente al tamaño poblacional (apenas 1,8% de la población nacional se identifica con un pueblo específico), sino a un sistema electoral que no prevé mecanismos diferenciados de participación para los Pueblos Indígenas.

Un plan de gobierno que no promete nada nuevo

En este contexto, el plan de gobierno de Laura Fernández promete “garantizar la dignidad humana de nuestra población indígena”, incluyendo el compromiso de fortalecer la participación política mediante “mecanismos de consulta eficientes y eficaces”. Esta consigna parece vacía de contenido debido a que promete algo que, jurídicamente, ya existe: desde 2018, Costa Rica cuenta con un mecanismo de consulta construido junto a los ocho Pueblos Indígenas.

El plan también promete “fortalecer el modelo de gobernanza” de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), una institución fundada en 1973 que arrastra décadas de cuestionamientos. Tras su visita a Costa Rica en 2021, el entonces Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, documentó que la CONAI es “otra institución impuesta a los Pueblos Indígenas por el Estado y es inoperante”. Este pronunciamiento reafirmó la posición del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), que dos décadas antes ya había señalado que “en el pasado no ha cumplido sus funciones y tareas”.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional  que fue del 30,92%.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%.

La promesa de “continuar con la recuperación y devolución de tierras” hereda un historial de bajo cumplimiento. El plan diseñado desde 2014 por el Ministerio de Justicia y Paz ha avanzado con lentitud frente a un problema de fondo: cerca del 43% del territorio legalmente reconocido a los Pueblos Indígenas permanece en manos de personas no indígenas. Este problema es central y crítico. Existen territorios indígenas como China Kichá del pueblo Bribri y Altos de San Antonio del pueblo Ngöbe, en los cuales los indígenas tienen control de solamente entre el 2 y el 3 por ciento de las tierras que legalmente les pertenecen. La falta de mecanismos efectivos, recursos e interés político han generado conflictos que costaron la vida a los líderes Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

Frente a este historial, las promesas de campaña de Laura Fernández fueron recibidas con desconfianza. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) acusó a la entonces candidata de instrumentalizar las demandas de sus comunidades: ”Repudiamos la práctica de Laura Fernández y Fernando Zamora utilizando nuestras necesidades y derechos como mecanismo de campaña”. La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional que fue del 30,92%.

Una contradicción para los Pueblos Indígenas

¿Hasta dónde llega la “continuidad” que promete la nueva presidenta? Laura Fernández ofrece una pista importante. Nombró al expresidente Rodrigo Chaves Robles, quien terminó su periodo presidencial en mayo del 2026, como ministro de la Presidencia y de Hacienda. Este es un movimiento sin precedentes recientes en la política costarricense: mantuvo al expresidente como principal operador político y económico del nuevo gobierno. De este modo, extendió su inmunidad frente a investigaciones abiertas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

En consecuencia, el panorama que deja este ciclo electoral aparenta ser de continuidades más que de rupturas. En este punto existe una contradicción para los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Por un lado, un gobierno que ganó con amplio respaldo en territorios indígenas y que incluye en su plan de gobierno promesas explícitas de participación política, fortalecimiento institucional y devolución de tierras. Por otro, la continuidad de un gobierno cuya retórica y acciones dejaron entrever la falta de apoyo a los temas clave hacia las demandas de recuperación territorial.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución de tierras a los Pueblos Indígenas.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la devolución de tierras a Pueblos Indígenas.

En balance, el respaldo electoral de las comunidades indígenas a Laura Fernández no parece, entonces, resultado de una identificación profunda con su agenda hacia los Pueblos Indígenas. Más bien, podemos observar un reflejo de dinámicas más amplias, como el abandono histórico de las zonas rurales y costeras alejadas del Valle Central y la fatiga con un sistema de partidos tradicionales percibido como ajeno.

Los próximos cuatro años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución efectiva de tierras a los Pueblos Indígenas. Por otro lado, se podrían materializar las advertencias de organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), acerca de promesas de campaña que solo instrumentalizan las necesidades indígenas, sin atender sus causas estructurales. El elevado abstencionismo en los territorios indígenas sugiere que buena parte de la población ya no espera que ninguna de las dos respuestas provenga de las urnas. 

The post Costa Rica: una continuidad que no promete nada nuevo appeared first on Debates Indígenas.

cuando nos destapamos la cara y somos otros, ya no nos reconocemos”

Visión de Pupide

Más de la mitad del norte del Chaco paraguayo se caracteriza por tener un clima semiárido con temperaturas cálidas, con inviernos secos. Son parte del bioma los pastizales tropicales y subtropicales, las sabanas, especialmente al este y los bosques de quebracho y arbustos hacia el centro y el oeste. En el extremo oeste, las sabanas arbustivas configuran la vegetación de la región de los médanos, un ecosistema único en Sudamérica. En el noreste, el cerrado chaqueño da paso a la transición con la región del bosque chiquitano de Bolivia: esta área de 115.750 kilómetros cuadrados es predominantemente de tierras bajas, con algunas formaciones serranas bajas dispersas.

Aunque gran parte del pueblo Ayoreo ya se encontraba sedentarizado, recluido en misiones y pequeñas reducciones territoriales, diferentes grupos mantenían, merced a la vastedad de los bosques, su independencia y autonomía fuera del mundo colonizador. Los “silvícolas”, los “sin contacto”, los “aislados” los “desnudos”, los “pyta jovái” o simplemente los “moros salvajes”, aún no habían sido afectados por las transformaciones de los últimos años. Esta condición de privilegio para los grupos que quieren mantenerse fuera del sistema global hegemónico, se fue carcomiendo en los últimos 25 años. 

Fuera de las áreas silvestres protegidas, el Chaco se comenzó a transformar rápidamente bajo la presión del agronegocio, la industria hidrocarburífera, la minería y, últimamente, el avance de las redes viales modernas. En el año 2000, el norte del Chaco mantenía el 87% de su cobertura arbórea, sabanas y praderas nativas. En comparación con el 87% de bosques y sabanas nativas que se computaban en el 2000, actualmente solo queda el 52%, distribuido en un 42% de bosques altamente fragmentados (que en gran parte han perdido su función como bosque) y 10% en áreas silvestres protegidas como remanentes forestales más extensos. Se puede decir que en este momento el norte del Chaco paraguayo es una dispersión de escombros de lo que fue 25 años atrás un invaluable patrimonio natural.

El pueblo Ayoreo y la última transformación

Como otros pueblos del Chaco, el pueblo Ayoreo divide los cambios en el tiempo a través de transformaciones críticas que se preservan a través de los relatos orales, en la memoria de los antepasados y en la memoria colectiva actual. Lo que está ocurriendo ahora posiblemente se pueda categorizar como “la última transformación” mediante la cual colapsa el mundo conocido y emerge uno nuevo a partir del que se comienzan a relatar las historias del presente. Cada transformación representó un colapso y una nueva forma de vivir. La memoria de estos acontecimientos catastróficos fortalece su capacidad para adaptarse a las nuevas formas, superar el trauma del colapso y seguir viviendo como pueblo, trascendiendo el dolor y el terror de los individuos ante cada transformación. 

Mediante el seguimiento de los movimientos de los grupos en aislamiento, en la actualidad observamos un proceso de adaptación ante los cambios en el bosque y sus transformaciones en extensas pasturas ganaderas. Esto no significa necesariamente una aceptación de la realidad, sino una expresión de resistencia y acomodo en las maneras de abordar la vida y el territorio, sin que este cambie todavía sus significados como persona que interactúa con los humanos. Esta última transformación no ha terminado y los riesgos de que se torne en una etapa final y absoluta son inminentes.

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales (transformados en recursos económicos) y arrendar parte de sus tierras para poder sobrevivir.

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales y arrendar parte de sus tierras para sobrevivir.

Un análisis secuencial de los Planes de Uso del Suelo que los propietarios terratenientes y empresas presentan para obtener las licencias ambientales para sus proyectos, nos muestran que, si se ejecutan, ocurrirá una acelerada fragmentación en los próximos cinco años, mucho más profunda que la observada hasta ahora. El horizonte hasta 2030 no es favorable para la vida de las personas y grupos del pueblo Ayoreo que se mantienen al margen de la sociedad moderna. Y tampoco es alentador para aquellas comunidades que viven reducidas en escasas tierras de su propiedad o de propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales (transformados en recursos económicos) y arrendar parte de sus tierras para poder sobrevivir. Lejos de ser una solución, esta estrategia se transforma en el motor de grandes conflictos internos, rupturas y violencia. El proceso de adaptación al mundo que los redujo todavía no ha llegado a cambiar las formas de organización política internas, cimentadas en la familia como estructura básica de sobrevivencia y la constitución de liderazgos a partir de la capacidad de relacionamiento con el mundo occidental.

La profundización del extractivismo

En los últimos ocho años, estas transformaciones se han visto sensiblemente acentuadas con la profundización de las políticas nacionales extractivistas y la búsqueda de nuevos recursos para exportar, nuevas inversiones y un nuevo posicionamiento de Paraguay frente al mundo. Los sucesivos gobiernos y, especialmente, el actual Presidente, Santiago Peña, sostienen un discurso ambiguo: mientras se acentúan los compromisos internacionales de protección del ambiente y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, se profundiza la exploración de recursos minerales e hidrocarburíferos y se busca posicionar al país entre los mayores exportadores de granos y carne. 

Todo esto se superpone críticamente con la vida cotidiana del pueblo Ayoreo sedentario y de sus grupos en aislamiento, dejando cada vez menos oportunidades para construir el propio horizonte frente a la última transformación.

Todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

Todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

Una docena de proyectos de exploración minera de tierras raras y litio se han repartido el Chaco, sin considerar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y, mucho menos, de los grupos que se mantienen sin contacto. Estos proyectos aprobados por los organismos de regulación, son ejecutados por cuatro grandes empresas de un mismo grupo económico, que domina la exploración y explotación de minerales raros en las tierras bajas de toda América. Esta actividad extractiva amenaza también la intangibilidad de una de las áreas silvestres protegidas más frágiles: el Parque Nacional Médanos del Chaco.

Los hidrocarburos no dejaron de ser un mito movilizador en el Chaco paraguayo. Tras la victoria de la Guerra del Chaco en la década de 1930 (que dejó un saldo de más de 90.000 muertos), diferentes compañías extranjeras fueron adjudicadas para una infructuosa exploración que, en el mejor de los casos, llevó a encontrar petróleo y gas en cantidades que no justifican las inversiones necesarias para su explotación y transporte. Aún así, todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

La fiebre de caminos

El golpe de gracia para la transformación final del mundo de los grupos en aislamiento y el colapso de una cultura milenaria conformada por muchos Pueblos Originarios del territorio chaqueño (de la cual los grupos en aislamiento del pueblo Ayoreo son los últimos que se mantienen aún libres y en resistencia) es la actual fiebre de caminos y conectividad terrestre. El proyecto del Corredor Bioceánico Capricornio hoy se ejecuta de manera acelerada atravesando el Chaco paraguayo de este a oeste, con el fin de conectar los grandes centros productivos de Mato Grosso do Sul y São Paulo con los puertos del Océano Pacífico en Chile, orientados al comercio asiático. 

Este corredor impacta de manera directa el sur del territorio ayoreo y, de manera indirecta, en todo el territorio. A partir de este eje de conectividad ya se han proyectado rutas transversales que comunicarán las áreas de producción agropecuaria de todo el norte del Chaco con la vía de acceso al Pacífico. Asimismo, las rutas proyectadas en Bolivia y en el occidente brasileño buscan comunicar la región brasileña de Rondônia con el Pacífico, atravesando de norte a sur los últimos territorios intangibles destinados por el Gobierno Indígena de Charagua, del pueblo Guaraní en el Chaco boliviano, a los grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento, fuera de las áreas silvestres protegidas.

Luego de más de tres décadas de construcción de derechos de los Pueblos Indígenas, aún Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos.

Luego de más de tres décadas, Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos.

Esta fiebre de caminos no termina en meros asfaltos y más vehículos circulando, sino que cambia la matriz productiva con una fuerte tendencia en el norte del Chaco de migrar de la ganadería extensiva a la agricultura intensiva. Por su parte, las consecuencias para los grupos en aislamiento son drásticas: fuentes de agua contaminadas por agroquímicos, disminución de la fauna silvestre  (una fuente fundamental de proteínas del pueblo Ayoreo) y contaminación del aire en los restos de bosques (escombros que van quedando como refugio para la vida). 

Paralelamente, las transformaciones también se manifiestan en los derechos. Luego de más de tres décadas de construcción de derechos de los Pueblos Indígenas, aún Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos y para las cuales deben ser aseguradas las condiciones para que puedan seguir viviendo de acuerdo a su propia determinación. Tampoco ha mejorado el cumplimiento de la normativa relativa a los derechos de los pueblos ya colonizados. El derecho a la tierra y al acceso a los territorios necesarios para desarrollar sus vidas queda subsumido al derecho a la propiedad privada de los colonos y, ahora, de las empresas agroexportadoras que determinan la orientación política y las decisiones sobre la región del norte del Chaco paraguayo.

La cosmovisión ayorea frente a la ideologización del progreso

Finalmente, vale destacar que esta gran transformación, que se acentuará en los próximos años, está motorizada por el discurso del crecimiento económico y el llamado “progreso” que pone en tela de juicio y ridiculiza el sistema de creencias de los pueblos del Chaco y, especialmente, de los grupos que aún se mantienen en aislamiento. Este sistema de creencia hace que todo lo viviente y no viviente del mundo sea persona y deba ser respetado, por eso es necesario entablar relaciones de diálogo para acceder a los beneficios que pueden aportar a la persona humana y aprovecharlos en un orden de respeto, armonía y mesura. 

Esta cosmovisión propone la conducta de distribuir para mantener un orden social justo y equilibrado, frente a la de acumular de la lógica del liberalismo individualista y mezquino. Esta ideologización del “progreso” alimenta la voracidad de Occidente por consumir de manera irrefrenable todo lo que existe sobre la Tierra y se burla de las creencias indígenas mediante el discurso del crecimiento económico y las (falsas) necesidades creadas por el mercado. Muy por el contrario, este sistema de creencias sobre la vida es el que nos puede brindar una solución a la humanidad para evitar la destrucción del mundo, es decir, la etapa final de esta última transformación.

Mientras tanto, pasado un cuarto de siglo del tercer milenio, pequeños grupos del pueblo Ayoreo siguen resistiendo y evitando el contacto con los agentes de cambio que empujan a su mundo hacia el derrumbe y el colapso. Esta resistencia tenaz y común a todos los grupos en aislamiento, se prefigura como la única esperanza a la que se aferran para que el monte no se cierre y se silencie y que esta transformación no sea definitiva y final.

The post El pueblo Ayoreo frente al extractivismo en el Chaco paraguayo appeared first on Debates Indígenas.