cuando nos destapamos la cara y somos otros, ya no nos reconocemos”

Visión de Pupide

Más de la mitad del norte del Chaco paraguayo se caracteriza por tener un clima semiárido con temperaturas cálidas, con inviernos secos. Son parte del bioma los pastizales tropicales y subtropicales, las sabanas, especialmente al este y los bosques de quebracho y arbustos hacia el centro y el oeste. En el extremo oeste, las sabanas arbustivas configuran la vegetación de la región de los médanos, un ecosistema único en Sudamérica. En el noreste, el cerrado chaqueño da paso a la transición con la región del bosque chiquitano de Bolivia: esta área de 115.750 kilómetros cuadrados es predominantemente de tierras bajas, con algunas formaciones serranas bajas dispersas.

Aunque gran parte del pueblo Ayoreo ya se encontraba sedentarizado, recluido en misiones y pequeñas reducciones territoriales, diferentes grupos mantenían, merced a la vastedad de los bosques, su independencia y autonomía fuera del mundo colonizador. Los “silvícolas”, los “sin contacto”, los “aislados” los “desnudos”, los “pyta jovái” o simplemente los “moros salvajes”, aún no habían sido afectados por las transformaciones de los últimos años. Esta condición de privilegio para los grupos que quieren mantenerse fuera del sistema global hegemónico, se fue carcomiendo en los últimos 25 años. 

Fuera de las áreas silvestres protegidas, el Chaco se comenzó a transformar rápidamente bajo la presión del agronegocio, la industria hidrocarburífera, la minería y, últimamente, el avance de las redes viales modernas. En el año 2000, el norte del Chaco mantenía el 87% de su cobertura arbórea, sabanas y praderas nativas. En comparación con el 87% de bosques y sabanas nativas que se computaban en el 2000, actualmente solo queda el 52%, distribuido en un 42% de bosques altamente fragmentados (que en gran parte han perdido su función como bosque) y 10% en áreas silvestres protegidas como remanentes forestales más extensos. Se puede decir que en este momento el norte del Chaco paraguayo es una dispersión de escombros de lo que fue 25 años atrás un invaluable patrimonio natural.

El pueblo Ayoreo y la última transformación

Como otros pueblos del Chaco, el pueblo Ayoreo divide los cambios en el tiempo a través de transformaciones críticas que se preservan a través de los relatos orales, en la memoria de los antepasados y en la memoria colectiva actual. Lo que está ocurriendo ahora posiblemente se pueda categorizar como “la última transformación” mediante la cual colapsa el mundo conocido y emerge uno nuevo a partir del que se comienzan a relatar las historias del presente. Cada transformación representó un colapso y una nueva forma de vivir. La memoria de estos acontecimientos catastróficos fortalece su capacidad para adaptarse a las nuevas formas, superar el trauma del colapso y seguir viviendo como pueblo, trascendiendo el dolor y el terror de los individuos ante cada transformación. 

Mediante el seguimiento de los movimientos de los grupos en aislamiento, en la actualidad observamos un proceso de adaptación ante los cambios en el bosque y sus transformaciones en extensas pasturas ganaderas. Esto no significa necesariamente una aceptación de la realidad, sino una expresión de resistencia y acomodo en las maneras de abordar la vida y el territorio, sin que este cambie todavía sus significados como persona que interactúa con los humanos. Esta última transformación no ha terminado y los riesgos de que se torne en una etapa final y absoluta son inminentes.

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales (transformados en recursos económicos) y arrendar parte de sus tierras para poder sobrevivir.

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales y arrendar parte de sus tierras para sobrevivir.

Un análisis secuencial de los Planes de Uso del Suelo que los propietarios terratenientes y empresas presentan para obtener las licencias ambientales para sus proyectos, nos muestran que, si se ejecutan, ocurrirá una acelerada fragmentación en los próximos cinco años, mucho más profunda que la observada hasta ahora. El horizonte hasta 2030 no es favorable para la vida de las personas y grupos del pueblo Ayoreo que se mantienen al margen de la sociedad moderna. Y tampoco es alentador para aquellas comunidades que viven reducidas en escasas tierras de su propiedad o de propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 

Las presiones de sus vecinos y nuevos ocupantes son permanentes, y los lleva a tener que vender sus bienes naturales (transformados en recursos económicos) y arrendar parte de sus tierras para poder sobrevivir. Lejos de ser una solución, esta estrategia se transforma en el motor de grandes conflictos internos, rupturas y violencia. El proceso de adaptación al mundo que los redujo todavía no ha llegado a cambiar las formas de organización política internas, cimentadas en la familia como estructura básica de sobrevivencia y la constitución de liderazgos a partir de la capacidad de relacionamiento con el mundo occidental.

La profundización del extractivismo

En los últimos ocho años, estas transformaciones se han visto sensiblemente acentuadas con la profundización de las políticas nacionales extractivistas y la búsqueda de nuevos recursos para exportar, nuevas inversiones y un nuevo posicionamiento de Paraguay frente al mundo. Los sucesivos gobiernos y, especialmente, el actual Presidente, Santiago Peña, sostienen un discurso ambiguo: mientras se acentúan los compromisos internacionales de protección del ambiente y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, se profundiza la exploración de recursos minerales e hidrocarburíferos y se busca posicionar al país entre los mayores exportadores de granos y carne. 

Todo esto se superpone críticamente con la vida cotidiana del pueblo Ayoreo sedentario y de sus grupos en aislamiento, dejando cada vez menos oportunidades para construir el propio horizonte frente a la última transformación.

Todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

Todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

Una docena de proyectos de exploración minera de tierras raras y litio se han repartido el Chaco, sin considerar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y, mucho menos, de los grupos que se mantienen sin contacto. Estos proyectos aprobados por los organismos de regulación, son ejecutados por cuatro grandes empresas de un mismo grupo económico, que domina la exploración y explotación de minerales raros en las tierras bajas de toda América. Esta actividad extractiva amenaza también la intangibilidad de una de las áreas silvestres protegidas más frágiles: el Parque Nacional Médanos del Chaco.

Los hidrocarburos no dejaron de ser un mito movilizador en el Chaco paraguayo. Tras la victoria de la Guerra del Chaco en la década de 1930 (que dejó un saldo de más de 90.000 muertos), diferentes compañías extranjeras fueron adjudicadas para una infructuosa exploración que, en el mejor de los casos, llevó a encontrar petróleo y gas en cantidades que no justifican las inversiones necesarias para su explotación y transporte. Aún así, todavía hoy el Chaco paraguayo se encuentra concesionado tras el mito de los hidrocarburos, en un mundo que intenta cambiar su matriz energética.

La fiebre de caminos

El golpe de gracia para la transformación final del mundo de los grupos en aislamiento y el colapso de una cultura milenaria conformada por muchos Pueblos Originarios del territorio chaqueño (de la cual los grupos en aislamiento del pueblo Ayoreo son los últimos que se mantienen aún libres y en resistencia) es la actual fiebre de caminos y conectividad terrestre. El proyecto del Corredor Bioceánico Capricornio hoy se ejecuta de manera acelerada atravesando el Chaco paraguayo de este a oeste, con el fin de conectar los grandes centros productivos de Mato Grosso do Sul y São Paulo con los puertos del Océano Pacífico en Chile, orientados al comercio asiático. 

Este corredor impacta de manera directa el sur del territorio ayoreo y, de manera indirecta, en todo el territorio. A partir de este eje de conectividad ya se han proyectado rutas transversales que comunicarán las áreas de producción agropecuaria de todo el norte del Chaco con la vía de acceso al Pacífico. Asimismo, las rutas proyectadas en Bolivia y en el occidente brasileño buscan comunicar la región brasileña de Rondônia con el Pacífico, atravesando de norte a sur los últimos territorios intangibles destinados por el Gobierno Indígena de Charagua, del pueblo Guaraní en el Chaco boliviano, a los grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento, fuera de las áreas silvestres protegidas.

Luego de más de tres décadas de construcción de derechos de los Pueblos Indígenas, aún Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos.

Luego de más de tres décadas, Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos.

Esta fiebre de caminos no termina en meros asfaltos y más vehículos circulando, sino que cambia la matriz productiva con una fuerte tendencia en el norte del Chaco de migrar de la ganadería extensiva a la agricultura intensiva. Por su parte, las consecuencias para los grupos en aislamiento son drásticas: fuentes de agua contaminadas por agroquímicos, disminución de la fauna silvestre  (una fuente fundamental de proteínas del pueblo Ayoreo) y contaminación del aire en los restos de bosques (escombros que van quedando como refugio para la vida). 

Paralelamente, las transformaciones también se manifiestan en los derechos. Luego de más de tres décadas de construcción de derechos de los Pueblos Indígenas, aún Paraguay no ha reconocido formalmente la presencia de grupos en aislamiento en su territorio que deben ser protegidos y para las cuales deben ser aseguradas las condiciones para que puedan seguir viviendo de acuerdo a su propia determinación. Tampoco ha mejorado el cumplimiento de la normativa relativa a los derechos de los pueblos ya colonizados. El derecho a la tierra y al acceso a los territorios necesarios para desarrollar sus vidas queda subsumido al derecho a la propiedad privada de los colonos y, ahora, de las empresas agroexportadoras que determinan la orientación política y las decisiones sobre la región del norte del Chaco paraguayo.

La cosmovisión ayorea frente a la ideologización del progreso

Finalmente, vale destacar que esta gran transformación, que se acentuará en los próximos años, está motorizada por el discurso del crecimiento económico y el llamado “progreso” que pone en tela de juicio y ridiculiza el sistema de creencias de los pueblos del Chaco y, especialmente, de los grupos que aún se mantienen en aislamiento. Este sistema de creencia hace que todo lo viviente y no viviente del mundo sea persona y deba ser respetado, por eso es necesario entablar relaciones de diálogo para acceder a los beneficios que pueden aportar a la persona humana y aprovecharlos en un orden de respeto, armonía y mesura. 

Esta cosmovisión propone la conducta de distribuir para mantener un orden social justo y equilibrado, frente a la de acumular de la lógica del liberalismo individualista y mezquino. Esta ideologización del “progreso” alimenta la voracidad de Occidente por consumir de manera irrefrenable todo lo que existe sobre la Tierra y se burla de las creencias indígenas mediante el discurso del crecimiento económico y las (falsas) necesidades creadas por el mercado. Muy por el contrario, este sistema de creencias sobre la vida es el que nos puede brindar una solución a la humanidad para evitar la destrucción del mundo, es decir, la etapa final de esta última transformación.

Mientras tanto, pasado un cuarto de siglo del tercer milenio, pequeños grupos del pueblo Ayoreo siguen resistiendo y evitando el contacto con los agentes de cambio que empujan a su mundo hacia el derrumbe y el colapso. Esta resistencia tenaz y común a todos los grupos en aislamiento, se prefigura como la única esperanza a la que se aferran para que el monte no se cierre y se silencie y que esta transformación no sea definitiva y final.

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Ubicada en el Noroeste argentino, en los últimos años, la geografía de Jujuy atraviesa una metamorfosis profunda. Ya no se trata solo de la minería histórica de plomo y zinc: en la época de los autos eléctricos y la llamada “transición energética”, la fiebre del litio en las salinas y la búsqueda de tierras raras conviven con una vitivinicultura emergente y un turismo que satura los paisajes. Estos procesos encarados por inversionistas privados, amparados por reformas diseñadas a medida del capital, impactan sobre los territorios indígenas y las tierras de los campesinos cuya seguridad jurídica es de por sí precaria.

A partir de estas preocupaciones, referentes de organizaciones indígenas y campesinas fueron convocados a compartir el taller “Políticas y estrategias de defensa de los territorios indígenas en Jujuy” con el equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante el encuentro, se problematizaron los conflictos socio-ambientales de los territorios, poniendo el foco en las tensiones, contradicciones y retrocesos de las políticas nacionales y provinciales, los problemas ambientales y las acciones en defensa del territorio. 

La Ley 26.160 ante el avance del mercado y la deuda estatal

Los territorios indígenas se están viendo tensionados por la reprimarización económica y el extractivismo. El Decreto 749/2024 reglamenta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y garantiza beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años a proyectos de gran escala en minería, hidrocarburos y energía. Entre noviembre de 2006 y diciembre de 2024, la Ley N° 26.160 de Emergencia Territorial actuó como una tregua jurídica en Argentina, suspendiendo desalojos y ordenando el relevamiento de los territorios indígenas. Sin embargo, en Jujuy, esta política se ha convertido en un laberinto de carpetas incompletas y dilaciones que dejan a los territorios en una vulnerabilidad extrema.

Para David, de la comunidad de Rodero, el relevamiento ha funcionado durante casi 20 años  como un escudo frente a un Estado que los amenaza con el despojo cuando “no hay un documento oficial”. Ante la percepción de que la ley ha perdido su vigencia, David advierte que la defensa surge de la identidad y del arraigo histórico de los habitantes al territorio: “Hay que lograr que las comunidades tengan su ordenamiento y luego el título. Si no tenés un documento te pueden sacar la tierra”. Esta deuda estatal no constituye un hecho aislado. 

En 2023, la Red Puna denunció que el relevamiento jurídico-catastral nunca fue terminado. Estas dilaciones suelen profundizarse en territorios donde el suelo se valoriza para el sector privado. En Chucalezna, Florencia relata cómo el interés de un vecino por expandir viñedos y proyectos turísticos sobre una casa familiar de 1800 terminó por bloquear la entrega de su carpeta técnica: “Por  eso no tenemos la carpeta: entró el conflicto y quedó interrumpido. ¡Pero sí hicimos el relevamiento!”. El escenario actual revela una paradoja crítica: mientras el Estado demora el reconocimiento legal, la presión de los sectores minero, vitivinícola y turístico avanzan, obligando a las comunidades a defender con el cuerpo su permanencia en el territorio.

La Consulta Previa, Libre e Informada como simulacro

Argentina posee un sólido blindaje jurídico para los Pueblos Originarios, pero carece de leyes operativas sobre propiedad comunitaria y consulta previa. Esta orfandad legislativa convierte al Convenio 169 de la OIT en una herramienta de resistencia solitaria. En teoría, la Consulta Previa Libre e Informada debería otorgar un rol protagónico a las comunidades, pero en la práctica se ha transformado en un simulacro administrativo que las empresas y el Estado suelen omitir o delegar en manos privadas.

Para los asistentes del taller, el diagnóstico es claro: el Estado provincial actúa bajo una lógica de “presencia selectiva”. Se ausenta al momento de garantizar que la consulta sea legítima, pero interviene con celeridad para autorizar exploraciones mineras. Esta dinámica repone un imaginario colonial en el que territorio indígena es narrado como un “espacio sacrificable” en nombre del crecimiento económico, reforzando una discriminación que despoja de valor al conocimiento y la autonomía comunitaria.

Las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal). Este documento narra el derecho sagrado al agua y establece que las decisiones deben pasar por la Asamblea General de la Cuenca.

Ante el vacío estatal, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal).

Por su parte, los estudios de impacto ambiental son financiados por las mismas empresas y las comunidades los perciben como documentos diseñados para respaldar intereses externos. La consulta suele ejecutarse rompiendo las lógicas locales: se convocan reuniones fragmentadas, se ignoran los tiempos de las asambleas y se ofrece información escasa. Así resume Daniel este sentimiento de indefensión: “Decimos que somos dueños de todo, pero después se declara tal lugar como Patrimonio de la Humanidad y no se nos consulta nada. Nadie nos defiende”.

Ante el vacío estatal, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal). Este documento narra el derecho sagrado al agua y establece que las decisiones deben pasar por la Asamblea General de la Cuenca. Sin embargo, el Decreto 7751/2023 reduce la consulta a una “reunión informativa” entre las empresas y las comunidades. Para Flavia, presidenta de Santuario Tres Pozos, el Estado ignora el protocolo comunitario: “Recibirlos es considerado como dar el consentimiento. Todo es a cambio de negociar rápidamente y por unas cositas: un proyector, un grupo electrógeno”.

Postales del despojo: el Estado, las mineras y la industria vitivinícola

La conflictividad socioambiental en Jujuy ha dejado de ser una disputa por parcelas para convertirse en una lucha por la supervivencia. En un escenario donde el agua y la tierra son acechados por intereses extractivos, inmobiliarios y estatales, las comunidades indígenas despliegan estrategias que van desde la diplomacia jurídica hasta la acción directa y movilización en el territorio. “El Estado entregó la tierra a las multinacionales con nosotros adentro”, sintetiza Débora, de la comunidad Casa Grande. 

En la zona controlada por la minera El Aguilar, los efectos del extractivismo son innegables: diques de cola con desechos tóxicos y una escasez hídrica que compromete la vida. Anabella, de Abra Pampa, denuncia un “genocidio silencioso” que incluye la contaminación con plomo que afecta a niños y niñas en un sistema sanitario desmantelado. Griselda, de Finca El Pongo, relata cómo el modelo de agricultura familiar de tres generaciones fue arrasado por emprendimientos de cannabis medicinal y parques industriales de litio. Aquí, el Estado no está ausente, sino que promueve los desplazamientos: la policía custodia la casa de Griselda mientras las máquinas rompen el suelo y les niegan el acceso al agua de riego.

Cuando las instituciones comunitarias se ven cooptadas por intereses empresariales, la respuesta es la fisión: comunidades que se dividen para crear nuevas unidades (como es el caso de Antigal de Moya) y así recuperar la autonomía de lucha.

La presión inmobiliaria sobre los territorios y comunidades indígenas ha fracturado incluso los lazos internos entre parientes y vecinos.

En la Quebrada de Humahuaca, la presión inmobiliaria disfrazada de “progreso vitivinícola” genera nuevas heridas. En la comunidad de Chucalezna, el avance de las bodegas y los loteos turísticos ha modificado el cauce de los ríos: estas transformaciones topográficas están provocando aludes que entierran sembradíos y casas. Florencia y Amalia denuncian la privatización de ojos de agua comunitarios y destacan la desigualdad en las herramientas que se emplean: “Nos quieren quitar el agua. Nosotros hicimos el trabajo a pala y pico; el empresario lo hace a máquina”.

Esta presión inmobiliaria sobre los territorios y comunidades indígenas ha fracturado incluso los lazos internos entre parientes y vecinos. Cuando las instituciones comunitarias se ven cooptadas por intereses empresariales, como el caso de los delegados que a la vez son empleados de las bodegas, la respuesta es la fisión: comunidades que se dividen para crear nuevas unidades (como es el caso de Antigal de Moya) y así recuperar la autonomía de lucha. Aunque ello signifique una fragmentación dolorosa.

“Sembrar agua” y “caminar la tierra”: estrategias de defensa

Frente al desamparo, las comunidades han comenzado a construir soluciones desde adentro. La lucha comienza muchas veces en el papel, mediante la presentación de actas, denuncias y la creación de alianzas con universidades y ONG. Es un proceso de aprendizaje colectivo donde las comunidades deben navegar los “vericuetos burocráticos” e identificar aliados. Sin embargo, cuando los canales formales se agotan, la protesta se traslada al cuerpo y a la ruta: desde bloqueos y huelgas de hambre hasta la captura de maquinaria pesada. Ante la falta de justicia, la movilización y la organización son las herramientas más certeras. “Estar agrupados en el Consejo, ahí se adquiere fuerza”, señala una comunaria.

En la Puna, el Grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat Natural (Casa Grande, Vizcarra y El Portillo) ha resignificado la protesta transformándola en cuidado ambiental activo. Ante la disminución de la queñua (un árbol nativo capaz de almacenar grandes cantidades de agua que fue devastado por la minería y la apertura de caminos), estas mujeres han iniciado una gesta de restauración y sanación del medio ambiente. “Sembrar agua para las próximas generaciones”, es la consigna bajo la que decidieron plantar 15.000 queñuas durante 2025. Este proceso requirió una “limpieza” interna: debieron buscar liderazgos independientes de la minera, ya que hasta 2017 sus representantes eran trabajadoras de la misma firma.

Para Diego y David, de la comunidad de Rodero, la resistencia es permanencia. Frente a la gentrificación turística y la presión extractiva, el turismo comunitario y las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven.

Para Diego y David, la resistencia es, ante todo, permanencia. El turismo comunitario y las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven.

Otra forma de resistencia fue la “Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama” en agosto de 2025. Desde la Laguna de Pozuelos, las mujeres recorrieron 282 kilómetros hasta San Salvador de Jujuy para denunciar cómo la minería desmantela las redes de vida y los modos tradicionales de existencia. Esta acción no fue solo una denuncia, sino un tejido intercomunitario que afirmó el rol central de las mujeres como guardianas del territorio.

Para Diego y David, de la comunidad de Rodero, la resistencia es, ante todo, permanencia. Frente a la gentrificación turística y la presión extractiva, el turismo comunitario y el fortalecimiento de las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven: “Estudié en Tucumán y volví porque extrañaba la comunidad. Estar en el territorio es la mejor defensa. Trabajamos para no perder la identidad”. David complementa esta visión con una urgencia demográfica: “Nosotros conocemos el territorio, pero necesitamos que la gente se quede”. Un territorio habitado y con identidad fuerte es mucho más difícil de sacrificar que un “espacio vacío” en los mapas de inversión.

Imaginando otros futuros posibles

Sin embargo, no todas las estrategias son celebradas unánimemente. Existe un fenómeno creciente: la fisión de comunidades. Ante tensiones internas o cooptaciones políticas por parte de las empresas, grupos de comunarios como los de la nueva comunidad Antigal de Moya han optado por separarse de sus unidades originales. Si bien estas rupturas buscan resguardar la autonomía de quienes sí quieren luchar, también evidencian la capacidad del modelo extractivo para horadar la cohesión de los Pueblos Originarios que habitan el noroeste argentino.

En suma, el informe elaborado por el equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales del Instituto de Ciencias Antropológicas no sólo da cuenta de los conflictos y desafíos que afectan cotidianamente a las comunidades indígenas y campesinas, sino que abre un horizonte de posibilidades para invitarnos a imaginar otras formas de habitar y relacionarnos con el medioambiente. Las experiencias que nos comparten las comunidades indígenas y campesinas de Jujuy pone de manifiesto que el territorio no es un mero recurso para la planificación extractiva, sino un tejido vivo de historias, que se resiste a ser reducido por la lógica del mercado.

Poniendo en diálogo los saberes locales y académicos, el informe visibiliza prácticas, experiencias, resistencias y estrategias territoriales que suelen ser silenciadas: desde la creación de protocolos bioculturales propios hasta la siembra colectiva de queñuas. La experiencia en Jujuy demuestra que la defensa se escribe con el cuerpo y la permanencia en los territorios. Y subraya una certeza compartida: frente a un modelo que proyecta “espacios vacíos”, el arraigo identitario y la ocupación efectiva constituyen la más sólida frontera contra el despojo.

Puede leer el informe del equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales en la página del Instituto de Ciencias Antropológicas.

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Establecido en 1996, el Consejo Ártico es el principal foro intergubernamental de cooperación y producción de conocimientos que busca responder a las necesidades de sus habitantes en cuestiones de desarrollo sostenible y protección ambiental. Por un lado, está integrado por los ocho Estados Árticos: Canadá, el Reino de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, la Federación de Rusia, Suecia y Estados Unidos. Por otro lado, incluye a los Pueblos Indígenas mediante la categoría de los Participantes Permanentes: la Asociación Internacional Aleut, el Consejo Ártico Athabaskan, el Consejo Internacional Gwich’in, el Consejo Circumpolar Inuit, la Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) y el Consejo Sami. La presidencia del Consejo Ártico rota cada dos años y es ejercida por el ministro de Relaciones Exteriores del país que ocupa la presidencia pro tempore. El mandato del Consejo excluye explícitamente la seguridad militar. 

Las actividades del Consejo se desarrollan a través de seis Grupos de Trabajo y un Grupo Experto independiente que abarcan desde el cambio climático hasta la respuesta ante emergencias, y desde la salud mental hasta el desarrollo sostenible. Estos grupos proporcionan una base amplia y científicamente sólida de conocimientos sobre la cual pueden tomarse decisiones informadas. Asimismo, elaboran buenas prácticas y recomendaciones para operaciones seguras y sostenibles. El Consejo Ártico también cuenta con Observadores provenientes de Estados no árticos, de organizaciones intergubernamentales, interparlamentarias, globales, regionales y no gubernamentales. 

El singular estatus de Participantes Permanentes

Un aspecto destacado de la estructura del Consejo Ártico es el modelo de participación de los Pueblos Indígenas a través de la categoría de Participantes Permanentes, tal como se reconoce en el documento fundacional del Consejo, la Declaración de Ottawa (1996). Los Participantes Permanentes tienen derecho a consulta plena en relación con las negociaciones y decisiones del Consejo, y realizan valiosas contribuciones a sus actividades. Participan en todos los niveles del Consejo Ártico, impulsan y lideran proyectos, y contribuyen al trabajo técnico y a los procesos políticos. Con el objetivo de fortalecer aún más su participación en los Grupos de Trabajo, los Participantes Permanentes promueven la creación de copresidencias permanentes en dichos grupos.

La Declaración de Ottawa reconoce los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas del Ártico y, destaca su importancia, así como la de la ciencia y la investigación árticas, para la comprensión colectiva del Ártico circumpolar. Desde la creación del Consejo Ártico, los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas han ocupado un lugar significativo dentro del Consejo. El Consejo Ártico se construyó sobre la base de la Estrategia para la Protección Ambiental del Ártico y surgió como un reconocimiento institucional de las voces de los Pueblos Indígenas en la gobernanza del Ártico. Esta estructura singular permite que representantes indígenas influyan directamente en las recomendaciones de política, aunque no cuenten con derechos formales de voto.

La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

La Secretaría de los Pueblos Indígenas (IPS) del Consejo Ártico, establecida en 1994, es una secretaría de apoyo para los seis Participantes Permanentes del Consejo. Dirigida por una junta integrada por miembros de cada una de las organizaciones de Participantes Permanentes y tres representantes estatales, la IPS funciona en conjunto con la Secretaría del Consejo Ártico, aunque opera bajo su propio mandato y presta servicios al Consejo de acuerdo con sus funciones específicas. Su principal mandato es facilitar la participación activa y la consulta plena de los Participantes Permanentes en el Consejo Ártico, aunque sus funciones son diversas: la provisión de apoyo administrativo, la coordinación de comunicaciones, la asistencia en reuniones y el respaldo a iniciativas relacionadas con las culturas indígenas y la protección ambiental.

En 1994, la Secretaría de los Pueblos Indígenas fue establecida como una institución de apoyo a las organizaciones de Pueblos Indígenas en el marco de la Estrategia para la Protección Ambiental del Ártico. Posteriormente, la Declaración de Ottawa dispuso que la IPS continuara funcionando bajo el marco del Consejo Ártico para apoyar a las organizaciones indígenas, que lucharon intensamente para incorporar las voces indígenas en la estructura del Consejo Ártico durante su creación. Como resultado de ese trabajo, los Pueblos Indígenas pasaron a ocupar un lugar central dentro del Consejo. Los Participantes Permanentes han expresado su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico. A lo largo de los años, los Participantes Permanentes también se han centrado en garantizar que la IPS se fortalezca y pueda cumplir plenamente su mandato. La IPS ha desempeñado un papel importante en la facilitación de la cooperación indígena en el Ártico, y ese papel continuará en el futuro.

El importante papel de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico

Desde su creación, el Consejo Ártico incluye la consulta plena a las seis organizaciones de Pueblos Indígenas en sus estructuras de toma de decisiones. De este modo, el consenso constituye una buena práctica para las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y, a lo largo de su existencia, ha inspirado otros procesos de negociación internacional. La participación indígena en el Consejo Ártico no fue una concesión simbólica de los Estados, sino el resultado de la lucha política y  procesos de negociación. La participación indígena no es meramente simbólica, sino esencial para garantizar que la gobernanza del Ártico refleje las realidades y prioridades de quienes viven en la región.

En artículos publicados en 2025, la presidenta internacional del Consejo Circumpolar Inuit, Sara Olsvig, y el presidente del Consejo Sami, Per Olof Nutti, se refieren al Consejo Ártico como un modelo único de gobernanza internacional, moldeado de manera significativa por los Pueblos Indígenas del Ártico. Ambos destacan el papel histórico de la movilización política indígena en la consolidación del sistema de Participantes Permanentes y sostienen que la participación indígena es esencial para la legitimidad, la eficacia y el desarrollo futuro de la cooperación ártica. 

Tanto Sara Olsvig como Per Olof Nutti presentan al Consejo Ártico como un modelo distintivo de gobernanza internacional en el que los Pueblos Indígenas ocupan un papel institucionalizado e influyente que va más allá de una participación simbólica: no son simplemente actores interesados, sino actores políticos y agentes diplomáticos por derecho propio, que han contribuido activamente a moldear el desarrollo de la cooperación ártica. Ambos sitúan este papel en los procesos de movilización indígena internacional iniciados en la década de 1970, cuando las organizaciones indígenas comenzaron a construir una cooperación política transnacional en el Norte circumpolar y, posteriormente, exigieron con éxito un rol formal dentro de las emergentes estructuras de gobernanza ártica.

El importante papel de los Pueblos Indígenas en el Consejo Ártico

Un tema central es la importancia de la “posición inusualmente fuerte e influyente” que representa el estatus de Participante Permanente, el cual permite a los Pueblos Indígenas participar de manera directa y continua en los procesos de toma de decisiones junto a los ocho Estados árticos. Olsvig destaca que este modelo de participación es único y singular a nivel internacional, y que surgió gracias a una persistente incidencia indígena que sostenía que la gobernanza del Ártico no podía ser legítima sin su representación. De manera similar, Nutti argumenta que la participación indígena es fundamental para asegurar que la gobernanza del Ártico refleje las realidades, prioridades y sistemas de conocimiento de las comunidades árticas. Los artículos subrayan que los conocimientos, prioridades y perspectivas indígenas se han integrado profundamente en el trabajo científico, la gobernanza ambiental y la formulación de políticas del Consejo.

Al mismo tiempo, Nutti introduce una mirada más crítica respecto de las limitaciones de la actual estructura de gobernanza, señalando que la participación de los Participantes Permanentes en el consenso no está plenamente formalizada sobre el papel, aunque reconoce la considerable influencia informal que han adquirido. Por ello, el artículo promueve debates sobre reformas que fortalezcan aún más la autoridad indígena dentro de las instituciones de gobernanza del Ártico.

En conjunto, Olsvig y Nutti sostienen que la legitimidad, la eficacia y la resiliencia futura del Consejo Ártico dependen de mantener y fortalecer la participación indígena. Presentan al Consejo como un ejemplo poco común de cooperación internacional inclusiva, en el que los Pueblos Indígenas han logrado una influencia institucional significativa y donde sus conocimientos, derechos y capacidad de acción política están integrados en las estructuras de gobernanza. Al mismo tiempo, enfatizan que el futuro de la cooperación ártica dependerá de continuar fortaleciendo este modelo inclusivo y colaborativo, así como de mantener el foco en las necesidades, derechos y resiliencia de las comunidades del Ártico.

Para conocer más véase los capítulos sobre el Consejo Ártico en El Mundo Indígena 2025

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Aunque no existen datos definitivos, se estima que la población sami oscila entre 50.000 y 100.000 personas. La organización política sami contemporánea se estructura en dos niveles principales. El primero está compuesto por instituciones representativas establecidas por los Estados, sobre todo los parlamentos sami de Noruega, Suecia y Finlandia. El segundo está integrado por la sociedad civil sami: el Consejo Sami, asociaciones nacionales, organizaciones de pastoreo de renos, instituciones culturales, organizaciones juveniles, medios de comunicación e instituciones académicas. 

Noruega, Suecia y Finlandia han reconocido al pueblo Sami en términos constitucionales. En Noruega, la Constitución (artículo 108) exige que las autoridades estatales creen condiciones que permitan a los sami, como Pueblo Indígena, preservar y desarrollar su lengua, cultura y forma de vida. En Finlandia, la Constitución protege el derecho del pueblo Sami a mantener y desarrollar su propia lengua y cultura, y establece formas de autogobierno lingüístico y cultural dentro de su territorio. En Suecia, el Instrumento de Gobierno establece que deben promoverse las posibilidades del pueblo Sami (y de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas) de preservar y desarrollar una vida cultural y social propia.

El Parlamento Sami en Noruega

El Parlamento Sami en Noruega fue inaugurado en Kárášjohka en 1989, tras un largo proceso político fuertemente influido por el conflicto de Alta y por el trabajo del Comité de Derechos Sami. Su base jurídica se sustenta en la Ley Sami de 1987, que estableció el Parlamento Sami como un órgano democráticamente elegido. El Parlamento cuenta con 39 representantes elegidos cada cuatro años en siete circunscripciones, simultáneamente con las elecciones parlamentarias noruegas. La asamblea plenaria es el órgano supremo, mientras que el Poder Ejecutivo recae en el Consejo de Gobierno, encabezado por la Presidencia del Parlamento Sami. En Noruega, las elecciones incluyen tanto partidos sami como listas sami vinculadas a partidos del país.

El Parlamento Sami noruego administra programas de subvenciones y tareas administrativas en ámbitos como la lengua, la cultura, la educación y el patrimonio. También influye en las políticas públicas mediante consultas con las autoridades estatales. No es un órgano legislativo en el mismo sentido que el Parlamento noruego; su poder combina legitimidad democrática, responsabilidades delegadas, influencia presupuestaria y derechos de consulta.

El Parlamento Sami en Suecia

El Parlamento Sami en Suecia fue establecido en 1993 mediante la Ley del Parlamento Sami y tiene su sede principal en Giron. Está integrado por 31 miembros elegidos cada cuatro años a través de  una elección sami independiente. El pleno constituye el órgano político elegido, mientras que una junta directiva, encabezada por la Presidencia, ejerce el liderazgo ejecutivo. Las elecciones se organizan a través de partidos y listas electorales sami, en lugar de integrarse al sistema nacional de partidos.

Una característica definitoria del modelo sueco es el doble rol del Parlamento. Por un lado, es un órgano sami elegido democráticamente; por otro, funciona como una autoridad administrativa estatal bajo el Gobierno sueco. Esto significa que representa los intereses políticos sami y, al mismo tiempo, lleva a cabo tareas administrativas del Estado relacionadas con la cultura, la lengua y la cría de renos. Este doble rol otorga al Parlamento un lugar formal dentro de la administración estatal, pero también limita su independencia institucional, ya que su presupuesto, mandato y marco administrativo están controlados por el Estado.

El Parlamento Sami en Finlandia

En Finlandia, el Parlamento Sami adquirió su forma jurídica actual en 1996, reemplazando a un órgano representativo establecido en la década de 1970. Tiene su sede en Anár y está compuesto por 21 miembros y cuatro suplentes, elegidos cada cuatro años. Su pleno es el órgano supremo y normalmente se reúne varias veces al año. El pleno elige una Junta Ejecutiva, encabezada por la Presidencia. Las candidaturas se presentan de manera individual y las redes locales, las comunidades lingüísticas y los intereses vinculados a los modos de vida tradicionales suelen tener más peso que la afiliación partidaria formal.

En 2025, Finlandia aprobó una esperada reforma de la Ley del Parlamento Sami, reemplazando la norma de 1995, que había quedado desactualizada y había dado lugar a disputas interpretativas. La reforma entró en vigor el 1 de agosto de 2025 y busca fortalecer el ejercicio de la libre determinación sami, así como mejorar las condiciones para la autonomía lingüística y cultural y para el trabajo del Parlamento Sami de Finlandia. El Parlamento Sami de Finlandia desempeña, por tanto, un papel jurídicamente relevante en las negociaciones con las autoridades públicas. La ley exige que las autoridades cooperen y negocien con el Parlamento Sami en asuntos que puedan tener una importancia específica para el pueblo Sami.

Los procedimientos de consulta y el rol de la sociedad civil

Si bien los parlamentos sami son instituciones democráticas y reconocidas formalmente, su autoridad sigue siendo limitada. No controlan los principales marcos legislativos relativos al uso de la tierra, la energía, la minería, la infraestructura, la pesca, la tributación ni el bienestar social. Por ello, los mecanismos de consulta son fundamentales. Noruega, Suecia y Finlandia cuentan con procedimientos de consulta para asuntos que afectan al pueblo Sami,  pero no implementan plenamente el Consentimiento Libre, Previo e Informado. En la práctica, su eficacia depende del momento en que se realizan, de la información disponible, de los recursos existentes y de la inclusión de las comunidades sami afectadas, así como si el Estado está dispuesto a modificar o detener las medidas previstas.

Por otro lado, la sociedad civil sami constituye una parte esencial de la gobernanza. El Consejo Sami, fundado en 1956, es una organización no gubernamental voluntaria con organizaciones miembros en Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia. Antes de la creación de los parlamentos sami nórdicos, el Consejo era el principal órgano representativo de carácter transfronterizo. Las organizaciones de pastoreo de renos, las organizaciones de duodji (artesanía tradicional sami), las instituciones culturales, las organizaciones juveniles y las organizaciones lingüísticas contribuyen al desarrollo de políticas y al debate público. Los medios de comunicación sami también desempeñan un papel importante en la vida política y cultural.

Este amplio entramado de sociedad civil contribuye al equilibrio general y a la diversidad de la representación política. Los parlamentos sami cuentan con legitimidad electoral y canales formales de diálogo con las autoridades estatales, mientras que las organizaciones de la sociedad civil complementan ese papel al aportar voces, conocimientos especializados y formas adicionales de representación. Aunque no poseen el mismo mandato formal, estas organizaciones pueden desempeñar un papel importante en la movilización de las comunidades, la formulación de críticas constructivas, la articulación de preocupaciones provenientes de distintos sectores de la sociedad sami y la visibilización de temas en ámbitos nórdicos e internacionales.

Procesos de verdad y reconciliación

Noruega, Suecia y Finlandia han establecido procesos de verdad y reconciliación relacionados con las políticas estatales hacia el pueblo Sami, que difieren en alcance y temporalidad. En Noruega, la Comisión de Verdad y Reconciliación fue designada por el Storting en 2018 para investigar la política de norueguización y las injusticias cometidas contra los sami, los kvens/finlandeses noruegos y los finlandeses del bosque. La Comisión presentó su informe el 1° de junio de 2023. En noviembre de 2024, el Storting dio seguimiento al proceso mediante una disculpa formal y decisiones orientadas a comenzar a abordar las conclusiones de la Comisión.

En Suecia, el Gobierno decidió establecer una Comisión de la Verdad para el Pueblo Sami, y sus integrantes fueron designados en 2022. La Comisión tiene el mandato de documentar y examinar las políticas estatales hacia el Pueblo Sami y sus consecuencias para esta comunidad. Originalmente se esperaba que presentara su informe final en 2025, pero el mandato fue prorrogado y deberá entregarse antes del 1° de octubre de 2026. En Finlandia, la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre el Pueblo Sami fue establecida en 2021 tras negociaciones entre el Estado, el Parlamento Sami y el Consejo Siida Sami Skolt. La Comisión presentó su informe final el 4 de diciembre de 2025, luego de realizar consultas con casi 400 personas sami y encargar 25 estudios especializados.

Estos procesos muestran que los Estados nórdicos reconocen cada vez más que las políticas de asimilación no fueron errores históricos aislados. Por el contrario, sus efectos continúan repercutiendo en la lengua, la educación, la salud, la identidad, los modos de vida, las actitudes públicas y la confianza en las instituciones. Sin embargo, decir la verdad es apenas el comienzo. La reconciliación depende de la implementación de medidas concretas: reformas legales, recursos, revitalización lingüística, gobernanza territorial, repatriación y educación.

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A modo de ejemplo, podemos mencionar el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia en torno al contrato de servicios de mantenimiento en la Base Espacial Pituffik: el denominado “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en virtud del Tratado del Atlántico Norte, relativo a la defensa de Groenlandia”. La clase política groenlandesa siempre supo que la motivación principal del contrato de mantenimiento era la propia defensa de Estados Unidos, algo que no había sido reconocido oficialmente. Esto puede observarse en el debate de mayo de 2020 en el Parlamento de Groenlandia (Inatsisartut), en el contexto de la primera manifestación del presidente Donald Trump de comprar Groenlandia. 

Desde 2013, existía un conflicto en torno al contrato de mantenimiento en Pituffik y, los miembros del Parlamento debatían los beneficios para Groenlandia y su población, que habían sido significativos hasta que el contrato fue adjudicado a una empresa estadounidense. El conflicto se solucionó en 2020 cuando  una declaración negociada señaló: “En vista del papel clave de Pituffik y de Groenlandia en la seguridad groenlandesa, estadounidense y transatlántica”. Esto resultaba valioso para Groenlandia, mientras que para Estados Unidos era importante que se reconociera que también contribuía a la seguridad de Groenlandia y de la OTAN. De este modo, quedó establecido en un documento oficial que Pituffik y Groenlandia desempeñan un papel clave en la seguridad de Estados Unidos.

Un lugar en la mesa

Esta negociación no habría sido posible si el Gobierno de Groenlandia no hubiera tenido un lugar en la mesa. Desde la década de 1970, Groenlandia ha trabajado de manera sostenida para participar en las decisiones relativas a la presencia militar de Estados Unidos en su territorio, logrando gradualmente un mayor acceso. Este proceso culminó en 2013, cuando Groenlandia tuvo la capacidad de suspender la cooperación oficial con el Gobierno de Estados Unidos como respuesta a la adjudicación del contrato del mantenimiento en Pituffik a una empresa estadounidense. Se trata de un ejemplo claro de lo que significa tener verdaderamente un lugar en la mesa. 

Con el creciente interés de Estados Unidos en Groenlandia desde 2019 (evidenciado, entre otros factores, por el estilo de Trump), el Gobierno groenlandés ha consolidado ese lugar, y Dinamarca ya no puede tomar decisiones sobre su posición y su estatus sin consultarla. Sin embargo, de modo opuesto, para los Pueblos Indígenas y las poblaciones colonizadas, el desafío adicional ha sido precisamente la ausencia de ese lugar en la mesa. Groenlandia hoy ocupa una silla, aunque quizá con la salvedad de que debe compartirla con Dinamarca. 

Si bien los Estados suelen hablar de colaboración con los Pueblos Indígenas y gobiernos subestatales porque es lo correcto, con frecuencia equiparan la colaboración con escuchar, consultar o solicitar aportes una vez que las decisiones ya han sido tomadas. En ocasiones, las decisiones estatales se imponen de arriba hacia abajo, vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas, aun cuando podrían contar con su acuerdo si existiera una comprensión común del conflicto. Un principio clave en la cooperación entre Estados y Pueblos Indígenas es el consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, este principio se vuelve inviable cuando la información clasificada no llega a los Pueblos Indígenas.

Colaboración y cooperación

La colaboración implica que todas las partes trabajan hacia un mismo objetivo. Sin embargo, los Estados y los Pueblos Indígenas no siempre persiguen los mismos fines y, con frecuencia, se encuentran en situaciones de conflicto. Por ello, no resulta honesto hablar de colaboración o consulta al intentar vincularse con Pueblos Indígenas y con las organizaciones que los representan.

En cambio, si los Estados ponen el foco en la cooperación para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, el enfoque será más transparente. Reconocer la existencia de intereses y aspiraciones diferentes es el primer paso en cualquier negociación. La cooperación supone que las partes no necesariamente buscan lo mismo, pero pueden trabajar conjuntamente para que cada una alcance sus propios objetivos. Esto aplica tanto en contextos de conflicto y posconflicto como en el ámbito de la política de defensa y seguridad.

Contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas. Por eso, los Estados deben ceder parte de los privilegios asociados a su autoridad y monopolio.

Contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas.

Lamentablemente, dado que los grupos históricamente marginados deben luchar constantemente por espacios de poder, se generan exigencias adicionales para que las comunidades indígenas de Groenlandia se formen en la terminología de seguridad y defensa. Cuando los conocimientos, prioridades y experiencias indígenas pueden traducirse a un lenguaje que un general de cuatro estrellas comprenda, es más probable que sean escuchados. Por ejemplo, el jefe del Comando Ártico Conjunto en Groenlandia entiende que la cooperación con cazadores y pescadores es una necesidad operativa, y la expresa en términos propios del vocabulario militar. 

En este sentido, contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas. Por eso, los Estados deben ceder parte de los privilegios asociados a su autoridad y monopolio. Del mismo modo, en materia de seguridad nacional, la seguridad indígena debe ser reconocida como igual de importante que la seguridad del Estado.

El consentimiento libre, previo e informado, y la disputa de narrativas

Es fundamental que el intercambio de información garantice que las organizaciones indígenas y los gobiernos subestatales comprendan las decisiones del Estado y puedan aportar soluciones más adecuadas basadas en sus conocimientos desde el territorio. Sobre todo, esto exige una cooperación real y no instancias de participación posteriores a la toma de decisiones (algo que, lamentablemente, se ha vuelto muy frecuente en los últimos años). En algunos contextos, será necesario introducir reformas legislativas en las normas que regulan quiénes pueden acceder a información clasificada y quiénes pueden compartirla. Asimismo, las organizaciones y gobiernos indígenas deben analizar en profundidad los sistemas de defensa y seguridad de sus Estados, con el objetivo de comprender el lenguaje y los criterios con los que se establecen prioridades.

Por otro lado, existe un número creciente y cada vez más diverso de actores que participan en asuntos de seguridad nacional en el Ártico (incluidas organizaciones indígenas y gobiernos subestatales), muchas veces con escasa o nula experiencia en el manejo de la información clasificada. En este contexto, cabe preguntarse por qué el intercambio de información resulta tan relevante, en particular, en relación con los derechos indígenas.

En las “guerras híbridas”, además de la competencia geoestratégica, se disputa la influencia en el ámbito internacional. En este tipo de dinámicas, los Pueblos Indígenas pueden convertirse en piezas relevantes de disputas de narrativas.

En las “guerras híbridas”, se disputa la influencia internacional y los indígenas pueden convertirse en piezas relevantes de disputas de narrativas.

Una de las razones es el aumento de lo que se denomina “guerra por debajo del umbral”: formas de agresión entre Estados que no alcanzan el nivel de conflicto armado abierto. Esto también se conoce como “guerra híbrida”, en donde, además de la competencia geoestratégica, se disputan el posicionamiento y la influencia en el ámbito internacional. En este tipo de dinámicas, los Pueblos Indígenas pueden convertirse en piezas relevantes dentro de disputas de narrativas. Por ejemplo, Finlandia, en su política de desarrollo y exterior, afirma promover y defender los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño le recordó recientemente la obligación de respetar los derechos del pueblo Sámi. 

Este tipo de contradicciones puede transformarse en herramientas narrativas utilizadas contra los países occidentales, especialmente cuando estos critican a otros Estados, como China, por situaciones como la de los uigures.  Estados Unidos también ha recurrido a este tipo de argumentos en Groenlandia para justificar su interés en apoyar la independencia frente al pasado colonial danés. Asimismo, Canadá y los países nórdicos han impulsado procesos de verdad y reconciliación, en los que la seguridad nacional y la cohesión estatal constituyen factores relevantes.

El riesgo de la guerra híbrida en la transición verde 

Por último, es importante señalar que estos riesgos no son exclusivos del Ártico. Existe un creciente peligro de campañas de influencia destinadas a debilitar la relación entre organizaciones indígenas y gobiernos. En América Central y América del Sur, la acción de los Estados nación ha estado motivada con frecuencia por el interés en explotar los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas. Cuando los Estados ponderan sus intereses frente a los derechos de los Pueblos Indígenas, la balanza suele inclinarse a favor de aquéllos. 

La transición hacia energías limpias y renovables ha incrementado la demanda de minerales críticos, y en este escenario no sólo intervienen los Estados. Por ejemplo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) consideran estratégicos determinados minerales y cadenas de suministro. Esto ha llevado a algunos gobiernos a acelerar procesos de aprobación que originalmente estaban diseñados para proteger el ambiente y los derechos indígenas. En ocasiones, los Estados justifican las vulneraciones de estos derechos en nombre de la seguridad nacional y de prioridades estratégicas. A su vez, estas situaciones pueden ser utilizadas como herramientas en campañas de influencia.

Groenlandia, por ejemplo, estaba en cierta medida protegida debido a la dificultad de traducir automáticamente el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje en gran escala están cambiando esta realidad.

Groenlandia estaba protegida debido a la dificultad de traducir el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje a gran escala están cambiando esta realidad.

Este tipo de narrativas puede prevenirse y, por ende, mitigarse el riesgo de guerra narrativa, mediante estrategias de información adecuadas. De este modo, la cooperación y la participación oportuna de organizaciones indígenas y gobiernos subestatales pueden reducir el riesgo de que los desacuerdos sean explotados. Asimismo, el intercambio de información clasificada contribuye a que tanto los Estados como las organizaciones indígenas operen con un entendimiento compartido de la situación.

La amenaza de la desinformación y de la influencia extranjera nociva está en aumento con el avance de la inteligencia artificial. Groenlandia, por ejemplo, estaba en cierta medida protegida debido a la dificultad de traducir automáticamente el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje a gran escala están cambiando esta realidad. En la medida en que los Estados, sus aliados y las organizaciones regionales actúan de manera cada vez más estratégica para posicionarse en el escenario geopolítico, con mayor frecuencia se dejan de lado los derechos de los Pueblos Indígenas en favor de esos intereses. 

Algunos de los siguientes aportes fueron presentados durante el seminario del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2025. Los aportes han sido formateado como un memorando.

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Facilitado por Albert Barume, el actual Relator Especial, el evento reunió representantes de Pueblos Indígenas, Estados Patrocinadores, altos funcionarios de la ONU, y Organizaciones No Gubernamentales, así como a los anteriores titulares del mandato: el profesor James Anaya, el embajador Francisco Cali Tzay y la activista Victoria Tauli-Corpuz, quien participó a través de un mensaje por video. Asimismo, se rindió un homenaje con un minuto de silencio al primer Relator, Rodolfo Stavenhagen, reconociendo su legado fundamental en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Bajo el lema “25 años promoviendo los derechos de los Pueblos Indígenas: impacto, lecciones aprendidas y futuro del mandato”, el aniversario puso en relieve la trayectoria de un mecanismo que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos indígenas.

Un mecanismo independiente con impacto real

Al inaugurar el encuentro, el Dr. Albert K. Barume subrayó que el aniversario no solo era una ocasión para celebrar, sino también para “examinar las brechas persistentes en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar la relevancia del mandato en un contexto global marcado por presiones crecientes sobre los derechos humanos y el multilateralismo.

Desde su creación, el mandato ha realizado 51 visitas oficiales a países, ha elaborado 62 informes temáticos y ha intervenido en más de mil comunicaciones dirigidas a Estados, empresas y otros actores. A través de estas acciones, ha documentando violaciones, ha visibilizado patrones estructurales de discriminación y ha contribuido a la interpretación del derecho internacional en materia indígena.

Durante la apertura del evento, la Secretaria General Adjunta para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, destacó que el mandato ha sido “un mecanismo crítico e independiente”, que ha contribuido a abordar la discriminación estructural y a reforzar la rendición de cuentas. No obstante, advirtió que en todas las regiones continúan, e incluso se agravan, las violaciones de derechos, impulsadas en gran parte por modelos de desarrollo extractivos que avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

Tierra, criminalización y empresas: desafíos persistentes

A lo largo del evento, se coincidió en una serie de diagnósticos: la expansión de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura (incluidos aquellos vinculados a la transición “verde”) sigue generando desplazamientos forzados de comunidades enteras, pérdida de territorios, criminalización de líderes indígenas y diversos tipos de violencias, en particular contra mujeres y defensoras indígenas.

En este contexto, Joan Carling, defensora de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Directora Ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), describió el mandato como un “salvavidas” para muchos defensores indígenas perseguidos injustamente. A su vez, relató casos concretos en países como Filipinas y Guatemala en los que las intervenciones del Relator Especial contribuyeron de manera decisiva a liberar a personas criminalizadas por defender sus territorios.

El papel de los Estados y la cooperación internacional

Una vez más, México y Guatemala, los Estados patrocinadores históricos del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reafirmaron su apoyo político. Por su parte, la embajadora de México ante Naciones Unidas, Alicia Bárcena, recordó el papel fundamental del mandato en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y destacó avances recientes en su país, como la reforma constitucional que reconoce a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

Desde Guatemala, la Coordinadora Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas, Ana Pérez Conguache, subrayó la importancia de las visitas in situ de los Relatores Especiales para poder escuchar a las personas afectadas y dialogar con los Estados. Asimismo, la Coordinadora destacó las recomendaciones realizadas, aunque reconoció que persisten fenómenos graves como la criminalización de liderazgos indígenas.

Un legado colectivo y una agenda para el futuro

Uno de los momentos centrales del evento fue el repaso histórico del mandato a través de un vídeo conmemorativo, que destacó las contribuciones de los cinco Relatores Especiales: Rodolfo Stavenhagen, James Anaya, Victoria Tauli-Corpuz, Francisco Calí Tzay y, actualmente, Albert Barume. Desde los derechos territoriales y la libre determinación hasta el impacto del cambio climático y la criminalización, el enfoque de cada Relator Especial ha dejado un legado normativo y político de gran alcance.

En el diálogo con antiguos titulares del mandato, todos coincidieron en que el mayor valor del mandato del Relator Especial radica en amplificar las voces de los Pueblos Indígenas, cerrar la brecha entre normas y práctica, y fortalecer la coordinación con otros mecanismos de la ONU, como el Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en un contexto de crecientes desafíos para el sistema internacional de derechos humanos y sus mecanismos de promoción y protección.

Al cerrar el evento, ante los desafíos que vive el sistema internacional de derechos humanos, Albert Barume, afirmó que los próximos años exigirán una estrategia de defensa: “No podemos dar por sentado los logros de estos 25 años. Salvaguardarlos es una responsabilidad colectiva”. De este modo, el Relator Especial destacó que es momento de resguardar lo ya conquistado, incidir en el seguimiento de las recomendaciones y garantizar los recursos financieros suficientes.

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Me honra dirigirme a este 25.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas y entablar un diálogo con todas las personas participantes en relación con la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Celebro que este diálogo se lleve a cabo durante la primera semana del Foro, lo que contribuye a garantizar una participación más amplia e inclusiva de representantes y aliados de los Pueblos Indígenas.

En primer lugar, deseo felicitarla, señora Presidenta, por su reelección como Presidenta del 25.º período de sesiones. Asimismo, deseo a todos los miembros del Foro Permanente, en particular a quienes se incorporan por primera vez, los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones.

Señora Presidenta, estructuraré mi intervención en torno a tres puntos: en primer lugar, el tema de esta sesión, relativo a la salud en contextos de conflicto; en segundo lugar, una visión general de la labor de mi mandato durante los últimos quince meses; y, en tercer lugar, algunas reflexiones sobre el contexto global más amplio que incide en los derechos de los Pueblos Indígenas.

I. Reflexión sobre el tema del 25.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

En contextos de conflicto, los Pueblos Indígenas suelen sufrir algunas de las consecuencias más graves, aun cuando han contribuido en menor medida a las crisis que los rodean. Sus tierras son militarizadas u ocupadas, sus comunidades son desplazadas, sus líderes son amenazados y el acceso a la alimentación, al agua, a la atención de la salud y a la educación se ve interrumpido. En estas circunstancias, la salud debe entenderse en un sentido amplio e integral: no solo como el acceso a servicios médicos, sino como la posibilidad de vivir con dignidad, en paz, con continuidad cultural y con control sobre sus tierras y recursos ancestrales.

II. Panorama general de las actividades del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Señora Presidenta, como usted sabe, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas forma parte del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos Procedimientos Especiales están integrados por expertos independientes en derechos humanos encargados de evaluar, informar y asesorar sobre cuestiones de derechos humanos, ya sea de manera temática o por país.

El mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas funciona como un mecanismo de protección y se estructura en torno a cuatro pilares principales: (1) estudios temáticos, (2) visitas a países, (3) atención de denuncias de violaciones o abusos de derechos humanos, y (4) la realización de actividades adicionales, como la cooperación técnica, la sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de buenas prácticas.

II.1. En cuanto a los estudios temáticos, en septiembre de 2025 presenté mi primer informe al Consejo de Derechos Humanos. Centrado en el reconocimiento, este informe destaca tres pasos acumulativos que un Estado debería adoptar para reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares específicos de derechos:

En primer lugar, un Estado debería reconocer formalmente las injusticias históricas diferenciadas que han enfrentado los Pueblos Indígenas que se autoidentifican dentro de su territorio. El reconocimiento es esencial para la reparación; un Estado no puede remediar aquello que no reconoce. En segundo lugar, un Estado debería adoptar disposiciones constitucionales o legales que reconozcan explícitamente a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos diferenciados. Esto incluye la incorporación de normas internacionales pertinentes en el derecho interno y la ratificación de los instrumentos internacionales correspondientes. Por último, un Estado debería llevar a cabo el registro administrativo de los Pueblos Indígenas dentro de su territorio para garantizar su integridad cultural y evitar su identificación errónea con otros grupos sociales, como minorías, pueblos tribales, personas marginadas o empobrecidas, campesinado y comunidades locales.

En octubre de 2025, presenté mi segundo informe temático a la Asamblea General de las Naciones Unidas, centrado en la protección jurídica de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. El informe enfatiza que la mayoría de los Pueblos Indígenas viven actualmente en las pocas áreas restantes de sus tierras ancestrales tras haber sufrido desplazamientos reiterados durante décadas, si no siglos. Por lo tanto, dado que ya no queda territorio al cual replegarse, los Pueblos Indígenas están alzándose cada vez más contra nuevas incursiones. El informe también destaca una alta demanda global por las tierras de los Pueblos Indígenas, impulsada principalmente por cinco factores: los minerales para la transición, los mercados de carbono, la expansión de áreas protegidas y de conservación, las iniciativas de transición energética y los intereses geopolíticos o de seguridad internacional que involucran territorios indígenas. 

El aumento de la demanda de las tierras de los Pueblos Indígenas está dando lugar a una mayor persecución y criminalización de quienes defienden sus derechos, especialmente de líderes indígenas. Graves violaciones de derechos humanos —incluidas la detención arbitraria, la tortura, las desapariciones forzadas, la militarización y los asesinatos ilegítimos— afectan cada vez más a comunidades indígenas en todo el mundo. En mi informe, exhorto a los Estados a cambiar el paradigma y adoptar un nuevo enfoque, reconociendo la libre determinación de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios como un activo valioso tanto para la seguridad nacional como internacional. Los defensores de las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas deberían ser considerados aliados en la búsqueda de la justicia, la sostenibilidad y la paz.

En 2026, mi informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas mantendrá su énfasis en los derechos sobre la tierra mediante el análisis de las prácticas de los Estados relacionadas con la demarcación y el registro, con el objetivo de identificar y compartir enfoques o prácticas eficaces.

Me gustaría anunciar formalmente que, durante mi mandato como Relator Especial, informaré sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Estos informes tendrán como objetivo monitorear, documentar y dar seguimiento al impacto de los cinco factores antes mencionados que contribuyen a la alta demanda de las tierras de los Pueblos Indígenas.

Mi informe en preparación para 2026 al Consejo de Derechos Humanos abordará las violaciones históricas y contemporáneas contra la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas, un tema que fue puesto en conocimiento del mandato por víctimas que consideraban que sus experiencias no habían sido suficientemente reconocidas ni reparadas. Además, este informe tiene como objetivo apoyar la implementación integral de la Recomendación General N° 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue ampliamente debatida durante el Foro del año pasado. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que han presentado las más de 70 contribuciones recibidas hasta el momento para este informe.

II.2. En relación con el segundo pilar del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, relativo a las visitas a países, deseo informar al Foro que en septiembre de 2025 realicé una visita oficial a Botswana, donde el nuevo presidente, Duma Boko, exabogado de Pueblos Indígenas, está situando los derechos humanos en el centro de las reformas legales y de políticas en curso.

Las injusticias históricas sufridas por los Pueblos Indígenas en Botswana durante décadas deberían informar y orientar las reformas que se están llevando a cabo. En consecuencia, mi informe de misión subraya la urgente necesidad de reforzar la protección, incluido el reconocimiento constitucional y legal, el disfrute efectivo de los derechos sobre la tierra, el acceso igualitario a la justicia y a los servicios, así como las garantías para las lenguas y culturas indígenas. Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno de Botswana por su cooperación, así como al Equipo de las Naciones Unidas en el País (UNCT) por su apoyo durante esta visita.

Este año, realizaré una visita oficial a Australia del 2 al 13 de noviembre. Agradezco al Gobierno de Australia y a todas las personas que han aportado contribuciones en la preparación para este viaje. También deseo reconocer a los Gobiernos de Brasil y Guatemala por extender invitaciones para visitas oficiales, que lamentablemente no pudieron concretarse debido a las limitaciones presupuestarias de las Naciones Unidas que restringen mi mandato a una misión por país al año. Asimismo, extiendo mi agradecimiento al Gobierno de Nueva Zelanda por su invitación para una misión en 2027.

Insto a más países de África, Asia, Europa y América del Norte a invitar al mandato. Las visitas a países permiten al Relator Especial interactuar directamente con los gobiernos y con los Pueblos Indígenas, y ofrecer recomendaciones prácticas basadas en la observación directa.

Para concluir esta sección sobre las misiones a países, deseo enfatizar que el mandato aún enfrenta escasez de recursos, principalmente debido a la persistente insuficiencia de financiamiento del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esta limitación financiera restringe las visitas y actividades, lo que hace que la cooperación y el seguimiento por parte de los Estados sean aún más importantes.

Es fundamental que se dé un seguimiento efectivo a las misiones a países de un Relator Especial. En consecuencia, insto a todas las partes interesadas a aprovechar esta ventana de oportunidad para avanzar en los derechos de los Pueblos Indígenas en Botswana y apoyar tanto al Gobierno como a los Pueblos Indígenas para traducir la voluntad política en una implementación efectiva de los derechos.

II.3. El tercer pilar de las actividades del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que permite al mandato recibir denuncias de violaciones y abusos de derechos humanos directamente de los Pueblos Indígenas y entablar diálogo con los Estados y otros actores respecto de dichas alegaciones. Deseo informar que, en los últimos quince meses, el mandato ha enviado más de 65 comunicaciones a Estados, entidades del sector privado y otros actores. Los 29 Estados involucrados son, en orden alfabético: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burundi, Camerún, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Kenya, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tanzania y Vietnam.

Las comunicaciones recientes y destacadas han abordado las experiencias del pueblo indígena Ogiek en Kenya, los desafíos que enfrentan los maoríes en Nueva Zelanda, la situación de los Pueblos Indígenas en la región de Chittagong Hill Tracts en Bangladesh y la del pueblo Guaraní-Kaiowá en Brasil. También han cubierto protestas y represión que involucran a Pueblos Indígenas en Panamá y Ecuador, así como los efectos de proyectos extractivos e industriales sobre comunidades indígenas en México, Kenya, Indonesia y Tanzania.

El mandato también ha abordado comunicaciones con empresas privadas, instituciones financieras y otros actores no estatales involucrados en proyectos relacionados con la extracción de combustibles fósiles, la petroquímica, emprendimientos geotérmicos, la minería y la conservación. Estas comunicaciones subrayan que las empresas, inversores y otras entidades deben ejercer la debida diligencia y respetar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

En los últimos quince meses, el mandato ha enviado 14 comunicaciones a empresas y otros actores no estatales, entre ellos Tullow Oil, Gulf Energy (afiliada Auron Energy E&P), Sikder Group, PROMAN, KFW IPEX-Bank, Gas y Petroquímica de Occidente S.A., Sempra Infraestructura, Mexico Pacific Limited, LNG Alliance Pte Ltd Singapore, Instalaciones Energéticas Cosalá, Epcilon LNG, Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro y el Grupo Banco Mundial.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas por el mandato muestran cinco tendencias principales que se repiten de manera consistente en distintas regiones. En primer lugar: existe una regresión generalizada, ya que muchos países están retrocediendo respecto de estándares consolidados sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente en busca de beneficios políticos y económicos inmediatos. Esto incluye el incumplimiento generalizado de decisiones judiciales y el aumento del discurso de odio contra los Pueblos Indígenas.

Número dos: la criminalización de líderes y defensores indígenas, con riesgos agravados para las mujeres indígenas líderes. En África, Asia, América Latina, Europa y otras regiones, la reducción del espacio cívico y las restricciones a la protesta pacífica han dado lugar a que los Pueblos Indígenas sean percibidos como amenazas a los intereses nacionales. Numerosos líderes y personas indígenas, como Daria Egereva y muchas otras, son objeto de asesinatos, detenciones arbitrarias y se ven obligados a vivir en la clandestinidad. Número tres: existe una presión creciente sobre los territorios indígenas debido a las industrias extractivas, el desarrollo de infraestructura, los esfuerzos de conservación y los proyectos relacionados con el clima que avanzan sin una consulta adecuada o sin el consentimiento libre, previo e informado, lo que da lugar a desplazamientos. Número cuatro: muchos territorios de los Pueblos Indígenas han sido ocupados por grupos armados no estatales, redes de tráfico criminal y organizaciones extremistas o terroristas. Esto ha dado lugar a un aumento de la violencia, particularmente dirigida contra las mujeres, y ha llevado a que los Pueblos Indígenas sean clasificados injustamente como terroristas, enemigos del Estado o percibidos como amenazas a la seguridad e intereses nacionales. Número cinco: los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario siguen siendo particularmente vulnerables.

Señora Presidenta, existen indudablemente tensiones crecientes entre los Pueblos Indígenas y los Estados. En consecuencia, insto a los Estados a revisar con prontitud su relación con los Pueblos Indígenas con el fin de promover la asociación y la reconciliación, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

II.4. El cuarto pilar del mandato consiste en promover buenas prácticas, generar conciencia y fortalecer capacidades. El mandato va más allá de documentar violaciones; busca fomentar la implementación y avanzar en la justicia, el reconocimiento y la reconciliación. Con ese fin, he trabajado con diversas organizaciones de Pueblos Indígenas, ámbitos académicos, organizaciones de la sociedad civil, mecanismos regionales de derechos humanos como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y agencias de las Naciones Unidas, incluidas la UNESCO y la OMS, abordando temas como el Decenio de las Lenguas Indígenas y la desclasificación de la hoja de coca como sustancia estupefaciente, la cual es sagrada para los Pueblos Indígenas.

III. Reflexiones sobre las tendencias globales en materia de derechos humanos y su impacto en los Pueblos Indígenas

Señora Presidenta, me gustaría reflexionar sobre cómo la situación global de los derechos humanos afecta los derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy estamos presenciando una era en la que los estándares de derechos humanos a menudo son ignorados o activamente resistidos. Esta tendencia surge de un creciente escepticismo respecto del multilateralismo y de la importancia del derecho internacional. El derecho internacional sustenta los derechos de los Pueblos Indígenas como naciones, lo que los hace más vulnerables si los marcos multilaterales se debilitan o se dejan de lado.

Señora Presidenta, el 25.º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas coincide con el 25.º aniversario del establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Me complace anunciar que este hito será conmemorado con un evento paralelo el viernes 24 de abril. El evento contará con la participación de actores destacados, incluidos antiguos titulares del mandato como el profesor James Anaya y el embajador Cali. No se trata solo de una ocasión para mirar hacia atrás y evaluar su impacto y extraer lecciones aprendidas, sino también de reflexionar sobre el futuro del mandato y renovar nuestro compromiso colectivo con una implementación más sólida, una colaboración más profunda y una rendición de cuentas más significativa.

Hace veinticinco años, cuando se estableció el mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, vivíamos en una era de cumplimiento, en la que argumentos jurídicos sólidos basados en el derecho internacional producían resultados y los llamados a la reparación tenían una influencia significativa. La mayoría de los países aún consideraban el derecho internacional como la fuerza que unía a ocho mil millones de personas —independientemente de su raza, cultura, nivel de desarrollo o religión— en una sola familia humana. Hoy, esa unidad comienza a fracturarse; el derecho internacional es cuestionado y las potencias buscan cada vez más sus propias esferas de influencia e intentan imponer su dominio sobre otros.

En un contexto global caracterizado por el incumplimiento o el cuestionamiento de las normas internacionales, solo queda una opción para los Pueblos Indígenas: mantenerse firmes y seguir exigiendo el respeto de sus derechos. A pesar de los retrocesos y del desdén por normas establecidas, los Pueblos Indígenas deben permanecer firmes y alzar la voz, negándose a ser silenciados o marginados. Los derechos nunca se otorgan en bandeja de plata: se conquistan gracias a defensores y víctimas que se levantan frente a las violaciones. La incidencia persistente de los Pueblos Indígenas es esencial para mantener la visibilidad y garantizar que sus voces sean escuchadas en el escenario global.

Con el objetivo de ajustar el mandato a este nuevo contexto global, he introducido nuevos elementos. He establecido equipos jurídicos regionales para brindar a los Pueblos Indígenas un mayor apoyo y un acceso más cercano al mandato en su defensa de los derechos humanos. Me complace anunciar que más de diez jóvenes abogados indígenas se han incorporado a equipos regionales en África, América Latina, Asia y otras partes del mundo. Estos equipos se centran en las comunicaciones para fortalecer la capacidad de respuesta del mandato y asegurar que los Pueblos Indígenas se sientan más vinculados a él.

Señora Presidenta, para concluir, quisiera una vez más reconocer la labor del Foro y reafirmar mi compromiso, como titular del mandato, de fortalecer la colaboración con otros mecanismos de las Naciones Unidas relacionados con los Pueblos Indígenas. Sigo creyendo en la capacidad de los Pueblos Indígenas para superar desafíos y dar forma a sus futuros, tal como lo garantiza el derecho internacional. Tras veinticinco años de este mandato y veinticinco períodos de sesiones de este Foro, queda claro que los derechos de los Pueblos Indígenas ya no se encuentran en los márgenes del sistema internacional. Este es uno de los logros que deben preservarse y por los que hay que seguir luchando.

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En primer lugar, en muchas instituciones suele haber sólo uno o pocos investigadores en etapas iniciales dentro de los estudios sámi, lo que limita las oportunidades de intercambio académico, retroalimentación y acompañamiento entre pares. En segundo lugar, la investigación en estudios sámi puede enfrentar un apoyo limitado dentro de los ámbitos académicos, lo que influye en las oportunidades de colaboración, visibilidad y desarrollo profesional. En tercer lugar, la dispersión de los investigadores en distintas instituciones, tanto dentro como fuera del territorio Sápmi, implica que existen grandes distancias físicas entre quienes trabajan en este campo. 

Estos tres factores pueden contribuir a experiencias de aislamiento. Frente a este escenario, la construcción de una comunidad de investigación aparece como una estrategia clave que puede beneficiar tanto investigadores indígenas como no indígenas. Estas condiciones particulares no son exclusivas de los estudios sámi, sino que reflejan características estructurales más amplias de los entornos de investigación indígena en el Ártico. 

El caso de NorrSam

Este sentimiento de aislamiento puede tener consecuencias en las carreras académicas de investigadores en etapas iniciales sobre estudios sámi. No conocen a científicos de otras instituciones; no reciben información sobre eventos, investigaciones y seminarios que se desarrollan en otros espacios académicos; y experimentan la falta de apoyo. Además, este déficit dificulta la comunicación de la investigación, especialmente en un campo como los estudios sámi, donde la divulgación puede generar comentarios negativos por parte del público. En este contexto, también se vuelve más difícil brindarse apoyo mutuo y ayudarse a identificar oportunidades laborales y de publicación. 

Un ejemplo concreto del potencial de la cooperación en el ámbito de los estudios sámi es la red NorrSam, creada por investigadores en etapas iniciales hace aproximadamente 15 años. Una de sus impulsoras, Anna-Lill Drugge, señala que una red como NorrSam puede incidir en el campo al cuestionar estructuras, métodos y teorías, a partir de la cooperación entre departamentos e instituciones. En el marco de la red, los miembros de NorrSam también colaboraron en la investigación y la escritura de artículos, incluyendo aportes sobre la ética de la investigación indígena. Cuando sus integrantes  finalizaron el doctorado y siguieron trabajando en la academia, la red fue perdiendo impulso. 

Había muchos investigadores en etapas iniciales interesados en formar parte de la red y sus actividades, pero la falta de apoyo estructural, institucional y financiero dificultó la continuidad de su organización.

Había muchos investigadores interesados en formar parte de la red, pero la falta de apoyo estructural, institucional y financiero dificultó su continuidad.

En 2020, Paulette van der Voet y otros nuevos doctorandos de la Ubmejen universitiähta (Universidad de Umeå) intentaron revitalizar NorrSam. Al comienzo, la red creció rápidamente en línea debido a la pandemia. Si bien el trabajo virtual ofreció ciertas ventajas, la primera sensación real de conexión surgió cuando se organizaron coloquios híbridos y sus miembros comenzaron a encontrarse físicamente en otros espacios. Había muchos investigadores en etapas iniciales interesados en formar parte de la red y sus actividades, pero la falta de apoyo estructural, institucional y financiero dificultó la continuidad de su organización. 

Este tipo de iniciativas requiere una planificación considerable, tanto para el desarrollo de las actividades como para la obtención de financiamiento. En un contexto en el que las y los doctorandos enfrentan fuertes presiones para completar sus tesis en plazos acotados, destinar tiempo a la construcción de redes y a la organización de actividades que no contribuyen directamente a la finalización del doctorado puede resultar difícil de justificar.

Un simposio en territorio sámi

Este interés y la necesidad de generar oportunidades de articulación también se reflejan en el primer simposio para investigadores en etapas iniciales que trabajan sobre cuestiones sámi en Gaskeuniversiteete (Universidad de Mid Sweden), organizado por la investigadora posdoctoral Ekaterina Zmyvalova. La iniciativa busca crear un espacio de referencia para investigadores en etapas iniciales que trabajan sobre cuestiones indígenas en esta universidad ubicada en el área sámi del sur. 

La organización de este tipo de simposios resulta desafiante en ausencia de financiamiento específico y sostenido. Al mismo tiempo, existen oportunidades que requieren una búsqueda activa, en un escenario en el que la universidad y el área de derecho respaldan este tipo de investigaciones y colaboraciones. En este contexto, el campo del derecho apoyó los esfuerzos organizativos y, en 2026, Ekaterina logró asegurar financiamiento para un nuevo simposio con el apoyo del Barents Secretariat y la Stiftelsen Lars Hiertas Minne.

Estos simposios constituyen una plataforma clave para la construcción de vínculos académicos duraderos. Su continuidad podría contribuir a que investigadores en etapas iniciales consoliden redes de investigación sólidas y de apoyo mutuo.

La continuidad de estos espacios podría contribuir a que investigadores en etapas iniciales consoliden redes de investigación sólidas y de apoyo mutuo.

Se espera que esta iniciativa continúe desarrollándose y que el simposio logre consolidarse como un espacio de encuentro anual para conectar y apoyar a investigadores en etapas iniciales. El primer simposio ha dado lugar a resultados académicos concretos: contribuciones en el Yearbook of Polar Law, Current Developments in Arctic Law y el Arctic Yearbook 2025, que abordan la necesidad de fortalecer la cooperación entre investigadores de este campo. Además, las investigadoras Oila Mirkka y Ekaterina Zmyvalova han presentado un artículo completo en el International Journal on Minority and Group Rights. 

Más allá de estos resultados, varios participantes han iniciado nuevas colaboraciones y se han brindado apoyo mutuo. Estos avances muestran cómo estos simposios constituyen una plataforma clave para la construcción de vínculos académicos duraderos. La continuidad en la organización de estos espacios podría contribuir aún más a que investigadores en etapas iniciales consoliden redes de investigación sólidas y de apoyo mutuo.

Una inversión al fortalecimiento de los estudios indígenas en el Ártico

Finalmente, las redes de investigación también contribuyen a una investigación más ética sobre cuestiones indígenas. Las iniciativas colaborativas entre investigadores y comunidades indígenas son fundamentales en la ética de la investigación indígena. Muchos investigadores en etapas iniciales se acercan a estos temas con el objetivo de que las comunidades puedan beneficiarse de sus investigaciones. Sin embargo, en ocasiones puede resultar difícil trabajar dentro de un marco de ética de investigación indígena cuando no hay muchos colegas cercanos que comprendan estos enfoques, lo que hace aún más importante la participación en redes de investigación. 

Asimismo, a medida que la investigación colaborativa y participativa adquiere mayor relevancia, también aumenta el cansancio o fatiga de la investigación entre las comunidades indígenas. Las redes de investigación pueden ser una respuesta a esta problemática. En lugar de que las comunidades reciban repetidamente las mismas preguntas, los investigadores pueden coordinarse y colaborar. En conjunto, este tipo de redes conformadas por investigadores indígenas y no indígenas puede contribuir a una investigación más ética.

Las iniciativas como redes y simposios generan espacios de colaboración, visibilidad y apoyo mutuo, y pueden contribuir al desarrollo del campo a largo plazo.

Las iniciativas como redes y simposios generan espacios de colaboración, visibilidad y apoyo mutuo, y pueden contribuir al desarrollo del campo a largo plazo.

En conclusión, los ejemplos de NorrSam y de los simposios en la Universidad de Mid Sweden muestran que organizar y sostener este tipo de iniciativas no está exento de desafíos. Requiere un esfuerzo continuo, un fuerte compromiso personal y, la capacidad de buscar financiamiento de manera activa. La necesidad de postular reiteradamente a fondos puede resultar tanto demandante e incierta, e implica una carga adicional para investigadores en etapas iniciales que ya se desenvuelven en entornos académicos exigentes. 

No obstante, las iniciativas como redes y simposios generan espacios de colaboración, visibilidad y apoyo mutuo, y pueden contribuir al desarrollo del campo a largo plazo. En este sentido, el trabajo invertido en sostener este tipo de cooperación debería ser entendido por las instituciones como una inversión en futuras oportunidades de investigación y en el fortalecimiento de los estudios indígenas en el Ártico.

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Este reclamo marcó el inicio de la organización Lhaka Honhat (“nuestra tierra”, en idioma wichi), que reúne a todas las comunidades de los cinco pueblos que habitan el mismo territorio. La solicitud presentada aclara que no están pidiendo títulos individuales por comunidad, sino un solo título sin divisiones internas a nombre de todas. La historia de lucha de la Lhaka Honhat arranca formalmente en 1991, con la presentación de un mapa de topónimos que refleja las áreas tradicionalmente ocupadas, abarcando una superficie de 530.000 hectáreas. El pedido se sustenta en una fundamentación histórico-jurídica, basada en el derecho internacional y las normas nacionales que les compete en tanto Pueblos Indígenas. 

La zona, conocida como lotes fiscales 55 y 14, había sido ocupada desde principios del siglo XX por familias de ganaderos no indígenas. Esto provocó un grave deterioro ambiental, acelerado por la tala del monte nativo que aún perdura. Desde entonces, las comunidades han acrecentado la demanda de protección solicitada al Estado. En 1992, Lhaka Honhat obtuvo su personería jurídica, un requisito exigido por el gobierno de Salta como condición para la titulación, según el decreto 2609/91. La norma prevía la entrega de tierras a ambos grupos, sin considerar la demanda indígena sustentada en argumentos presentados ante las autoridades junto con el mapa del territorio de uso tradicional. 

En defensa del territorio: el camino judicial

El decreto quedó sin efecto mientras se avanzaba con la puesta en marcha del llamado “corredor bioceánico”, destinado a unir Argentina con Paraguay y, en una etapa posterior (2026-2027), con Brasil y Chile, con el objetivo de facilitar el comercio internacional entre el Mercosur y Asia. La primera fase consistió en la construcción de un puente internacional entre la comunidad Misión La Paz (Argentina) y Pozo Hondo (Paraguay). Ante esta nueva situación, Lhaka Honhat decidió presentar un recurso de amparo ante la justicia local, para defender los recursos naturales y exigir la realización de estudios de impacto ambiental.

En 1996, durante 23 días, más de mil indígenas ocuparon el puente para protestar públicamente por la falta de consulta previa, libre e informada. Además, advertían sobre el impacto que el tránsito de personas provocaría al territorio de uso tradicional y a las comunidades de los cinco Pueblos Indígenas, sus cuidadores desde tiempos inmemoriales. La protesta concluyó luego de la firma de un acta acuerdo mediante la cual el gobierno salteño se comprometió a entregar el título a las comunidades.

De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas que no son usadas intensivamente, para su titulación a favor de las familias criollas.

De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas para su titulación a favor de las familias criollas.

Una vez más, el gobierno salteño incumplió su compromiso y Lhaka Honhat decidió acudir a la justicia internacional. En 1998, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como representante de la asociación, elevó una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos exponiendo el reclamo de titulación del territorio. Además de su presentación, el CELS adjuntó un dictamen antropológico que describe, desde una perspectiva histórica, la organización social, política y económica de las comunidades. A su vez, presentó un informe ambiental ratificado por la Administración de Parques Nacionales sobre el estado de los lotes 55 y 14. 

En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dio inicio a un proceso de solución amistosa entre el Estado y Lhaka Honhat, que motivó cambios sustantivos en el pedido originario. Por un lado, las comunidades resolvieron aceptar la incorporación de las familias no indígenas a la discusión, no como parte del caso judicial, sino como una estrategia amigable para impulsar una solución. De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas que no son usadas intensivamente, para su titulación a favor de las familias criollas. 

Audiencia de las partes y sentencia de la Corte IDH

En 2006, la CIDH dictó su Informe de Admisibilidad de la Denuncia y, más tarde, en 2012, dictó el Informe de Fondo, en el que reconoce la violación de los derechos de las comunidades y ordena al Estado argentina las reparaciones correspondientes dentro de un plazo de tiempo que sería renovado en 23 oportunidades. Finalmente, ante el  incumplimiento del Estado, la CIDH decide trasladar el caso a la Corte Interamericana (Corte IDH) en 2018.

En 2019, la Corte convocó a las partes (el Estado y Lhaka Honhat) a una audiencia en Costa Rica para escuchar a los coordinadores de la organización indígena y a los funcionarios del Estado nacional y provincial, quienes expusieron sus razones y respondieron a las preguntas formuladas por los ministros. Además, la Corte solicitó informes periciales, jurídicos y antropológicos que fueron incorporados al análisis final.  

La Corte le ordenó al Estado argentino que en el plazo máximo de seis años (2020-2026) “delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie unificada, sin divisiones internas, bajo un solo título”.

La Corte le ordenó al Estado que delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie sin divisiones internas, bajo un solo título.

Como resultado de esta audiencia, el 6 de febrero del 2020, la Corte condenó al Estado argentino por la violación de los derechos indígenas. La Corte IDH dictaminó que el Estado de Argentina: 1) violó el derecho de propiedad comunitaria indígena, así como los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua; 2) incumplió su obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 21 (derecho de propiedad) en relación con los derechos de garantía y protección judicial; el artículo 23.1 (derechos políticos); y el artículo 26 (derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales); y 3) desatendió el artículo 8.1 por la demora en la resolución de una causa judicial y por no adoptar medidas eficaces para detener actividades perjudiciales para estos derechos.

En cuanto a la demanda de fondo, la Corte le ordenó al Estado argentino que en el plazo máximo de seis años (2020-2026) “delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie unificada, sin divisiones internas, bajo un solo título”. A su vez, dispuso algunas medidas de reparación: no realizar actos, obras o emprendimientos sin la consulta previa, libre e informada (CLPI); presentar a la Corte un estudio sobre situaciones críticas de falta de agua potable o alimentos; y un plan de acción para atender e implementar medidas para garantizar el acceso permanente a agua potable y crear un fondo de desarrollo comunitario.

Un detalle no menor de esta sentencia es la decisión adoptada por la Corte de incluir a las familias criollas, sin menoscabar la defensa de los derechos indígenas. Con ese fin, se dispuso que aquellas familias residentes en el territorio indígena acordaran con las comunidades indígenas su traslado a la zona libre de ocupación tradicional.

Resultados desalentadores

En 2020, desde el Estado provincial se dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Provincial encargada de definir los límites junto a un equipo de técnicos territoriales.  El trabajo se llevó adelante en el marco de un Plan de Trabajo con el acompañamiento de un indígena y un criollo.  Al año siguiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creó la Unidad Ejecutora Nacional Temporaria Para la Ejecución de la Sentencia (UENT), con el fin de “articular con los organismos del Estado nacional, provincial y municipal la ejecución de iniciativas conjuntas para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por el fallo”. 

En 2023, la UENT se desarmó y las actividades que debía encarar para la ejecución de las medidas de reparación fueron suspendidas. En la nueva gestión del gobierno nacional, la dependencia de los derechos indígenas pasó de la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio del Interior y, dentro de éste, el Instituto Nacional de Asuntos  Indígenas (INAI) pasó a ser Secretaría de Asuntos Indígenas. La Corte supervisará el cumplimiento total de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya cumplido con todo lo dispuesto. El 6 de febrero de 2026, a seis años de la sentencia, la implementación muestra resultados exiguos y desalentadores para las comunidades.

Entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control.

Entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control.

El objetivo 1, que tiene por finalidad la delimitación del territorio tradicional, depende  del diálogo entre ambos grupos. Por el momento, el último mapa acordado  en 2023 revela que está pendiente la realización de reuniones para acordar los límites de los asentamientos de las familias criollas y el territorio indígena. A ello se suma la incertidumbre respecto de quiénes son los responsables directos de la tarea, dados los cambios en el INAI y las dificultades para el trabajo en el terreno debido a la temporada de lluvia de los meses de verano. Respecto del objetivo operacional 2, relativo a la provisión de agua potable y alimentación adecuada, los trabajos que comenzaron con los acuerdos entre la Unidad Ejecutora Nacional y otros organismos del Estado nacional (como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) se descontinuaron en el nuevo gobierno del presidente Javier Milei.

Mientras tanto, entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control. A esto cabe agregar el resurgimiento del interés de los gobiernos del Mercosur por continuar con el trazado del corredor bioceánico, que renueva la preocupación enfatizada por la sentencia de la violación del derecho de consulta y el acceso a información libre y previa. Todo esto va más allá del agravamiento del deterioro ambiental que, una vez más, se opone al reconocimiento del uso tradicional de los recursos vitales para la población de los cinco pueblos.

Importancia de la sentencia para los Pueblos Indígenas en Argentina

La Corte extendió el alcance de esta sentencia al resto de los Pueblos Indígenas del país, al enfatizar que Argentina no cuenta con la normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho a la propiedad comunitaria. Según la Corte, esto significa que las comunidades indígenas no cuentan con una tutela efectiva de su derecho a la propiedad.

En consecuencia, el “caso” 12094 Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat contra Estado de Argentina es un emblema de la lucha indígena en el país que afecta a todas las comunidades. Sin embargo, llamativamente, es poco conocido en la Argentina. En ese entendido, la Corte recomendó al Estado que la sentencia debía ser publicada por medios gráficos oficiales: es un hecho de enorme impacto para la situación de inseguridad jurídica en que viven muchas comunidades debido a la falta de una legislación u otras medidas necesarias para dar seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena.

Mientras, vuelven a escucharse las voces de los líderes preguntando insistentemente: “¿Y ahora qué podemos hacer nosotros? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando?”.

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La aprobación de esta ley se produce en un contexto político marcado por el avance de fuerzas conservadoras que, desde espacios de poder estatal, buscan reorientar el modelo agrario en favor de intereses agroindustriales y empresariales. No es un dato menor que el proyecto haya sido impulsado por actores como Branko Marinkovic, figura representativa del empresariado cruceño y promotor histórico de la flexibilización del régimen de propiedad de la tierra. En ese escenario, la norma forma parte de una ofensiva más amplia orientada a remover los límites que el ordenamiento agrario boliviano ha impuesto a la mercantilización de la tierra.

Las reacciones no se han hecho esperar. Diversas organizaciones campesinas e indígenas han declarado el estado de emergencia y han anunciado movilizaciones en defensa de la tierra, activando una memoria de lucha que reconoce en esta medida una amenaza directa a conquistas históricas. La pequeña propiedad no es sólo una figura jurídica: es una garantía construida para sostener la vida y evitar el despojo. Debilitarla implica desmontar el carácter garantista del régimen agrario vigente. Por eso, no se trata de un hecho aislado: es el primer paso de una estrategia más amplia que, desde los mismos sectores de poder, apunta también a la propiedad comunitaria y a los territorios indígena originario campesinos.

La pequeña propiedad en el régimen agrario boliviano

En el régimen agrario boliviano, la pequeña propiedad es una forma de propiedad agraria individual cuya razón de ser es la subsistencia y reproducción de la unidad familiar campesina. La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la define como la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia, y el artículo 394 de la Constitución Política del Estado la protege como indivisible, patrimonio familiar inembargable y exenta del pago de impuestos. Esta configuración expresa una decisión política clara: excluir a la pequeña propiedad de la lógica del mercado. No se trata de un bien concebido para circular, ser hipotecado o responder a dinámicas de acumulación, sino de una base material destinada a sostener la vida campesina y protegerla frente a procesos de endeudamiento, pérdida y reconcentración de la tierra.

La pequeña propiedad en Bolivia no es una concesión al pequeño propietario individual, sino una institución agraria de protección social nacida al calor de las luchas por la Reforma Agraria de 1953 para desmontar el latifundio y asegurar la vida de los hombres y mujeres del campo. Su constitucionalización en 1967 reafirma esta lógica al establecer un régimen orientado a impedir que la parcela campesina vuelva a entrar con facilidad en circuitos de embargo, pérdida y reconcentración. La Constitución de 2009 retoma esa protección dentro de un nuevo orden plurinacional y la reubica dentro de un régimen agrario en coexistencia con otras formas colectivas de propiedad.

El sujeto de esta forma de propiedad es el campesino, que no se concibe como propietario aislado, sino como parte de una organización política colectiva. La pequeña propiedad es la base material sobre la cual se estructura el campesinado organizado, que se expresa en instancias como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB). En ese marco, la tierra no es únicamente un medio de producción, sino un elemento que articula organización, representación política, control territorial y defensa de derechos. Por eso, su protección no resguarda sólo un bien individual, sino un entramado social construido históricamente por el movimiento campesino.

Una conversión que elimina la protección constitucional

El artículo 394 de la Constitución Política establece de manera expresa: “La pequeña propiedad es inembargable, constituye patrimonio familiar y no está sujeta al pago de impuestos”. Esto significa que la pequeña propiedad está protegida para evitar que los y las campesinas pierdan su base material de vida por deudas o por presiones del mercado. Además, debe recordarse que su fuente originaria es la dotación, es decir, la entrega gratuita de tierra por parte del Estado para garantizar condiciones de vida digna. No se trata de un bien adquirido en el mercado para fines especulativos, sino de un espacio asignado para sostener la vida campesina.

La pretendida Ley 157, al permitir la conversión de la pequeña propiedad en mediana, es abiertamente inconstitucional porque elimina en los hechos esta protección. El predio deja de ser inembargable y pasa a ser susceptible de ser utilizado como garantía financiera. En ese escenario, si el campesino no puede cumplir con sus obligaciones, puede perder su propiedad. Esto no es un efecto colateral, es el resultado directo del modelo que se pretende imponer: abrir la puerta para que la tierra campesina ingrese al circuito financiero y quede expuesta a su apropiación por actores con mayor poder económico. Así, la ley reinstala condiciones para la concentración y reconfiguración del latifundio, en abierta contradicción con el artículo 398 de la Constitución.

La ley le abre las puertas a un modelo de desarrollo que exige la propiedad como garantía y, en caso de incumplimiento, habilita su pérdida. Lejos de promover el desarrollo rural, se está forzando la mercantilización del espacio de vida campesino.

La ley le abre las puertas a un modelo de desarrollo que exige la propiedad como garantía y, en caso de incumplimiento, habilita su pérdida.

Más grave aún, el texto aprobado establece un periodo de gracia de diez años sin verificación del cumplimiento de la Función Económica Social. Este elemento es central en el régimen agrario boliviano, porque la FES legitima la propiedad en función de su uso y aprovechamiento. Al suspender su verificación durante una década, la ley desactiva uno de los principales mecanismos de control y habilita que predios convertidos permanezcan sin uso productivo o se orienten a fines ajenos a su función social, consolidando una lógica de acumulación que la Constitución buscó limitar.

El principal fundamento de la medida es que la conversión les permitirá al campesinado acceder al crédito y, en consecuencia, mejorar la producción. Sin embargo, en la realidad, le abre las puertas a un modelo financiero que exige la propiedad como garantía y, en caso de incumplimiento, habilita su pérdida. Como se observa, lejos de promover el desarrollo rural, se está forzando la mercantilización del espacio de vida campesino y se debilita deliberadamente un régimen agrario construido especialmente para protegerlo.

Un proceso legislativo irregular y sin participación social

El tratamiento legislativo del Proyecto de Ley 157 presentó irregularidades sustantivas que comprometen su validez. El proyecto fue aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados durante la anterior gestión, pero al pasar al Senado fue modificado por la comisión presidida por Branko Marinkovic, introduciendo cambios relevantes en su contenido. Pese a ello, la versión modificada no fue devuelta a un proceso de debate detallado, sino que fue aprobada directamente en el pleno, logrando su sanción. Esto implica que el texto actualmente aprobado no ha sido objeto de una deliberación suficiente y adecuada, pese a que altera elementos centrales del régimen agrario.

El problema no es sólo cómo se aprobó, sino qué se aprobó. El texto original ya planteaba la conversión de la pequeña propiedad hacia categorías sometidas al mercado. Por su parte, el Senado eliminó la referencia a la propiedad empresarial, pero no corrigió el problema de fondo. Por el contrario, simplificó el procedimiento de conversión, redujo controles y estableció un plazo expedito de diez días para su tramitación. En términos prácticos, se ha facilitado y acelerado el mecanismo que permite que una propiedad protegida constitucionalmente pierda esa protección. No se trata de una corrección, sino de un rediseño orientado a hacer más rápida y efectiva la transformación del régimen de la pequeña propiedad.

A ello se suma una omisión aún más grave: la ausencia de consulta y participación de las organizaciones campesinas e indígenas en un tema que afecta directamente a sus tierras. No se trata de un asunto técnico: se está legislando sobre la base material de la vida campesina sin haber escuchado a quienes dependen de ella para vivir. La solicitud de reconsideración legislativa presentada el 31 de marzo por la diputada Patricia Helen Patiño advertía estas irregularidades, pero no alcanzó los dos tercios necesarios. De este modo, se terminó consolidando la aprobación de una norma sin debate suficiente y sin participación de quienes serán directamente afectados.

La tierra y el territorio no se negocian

La aprobación de la Ley 157 ha activado una respuesta inmediata del movimiento campesino e indígena en todo el país. Diversas organizaciones se han declarado en estado de emergencia y han emitido pronunciamientos rechazando una norma que es inconstitucional y que es funcional a los intereses de los agroindustriales, los grandes terratenientes y la banca privada. En consecuencia, han anunciado movilizaciones y la presentación de recursos de inconstitucionalidad en caso de promulgación, marcando el inicio de una confrontación abierta frente a una ley que afecta directamente la base material de su existencia.

Este rechazo se sostiene en una comprensión clara de lo que está en juego. La pequeña propiedad no es sólo una categoría jurídica: es una conquista histórica. Su protección constitucional no fue una concesión, sino el resultado de luchas destinadas a asegurar una base material propia para las familias campesinas. Por eso, modificar su régimen implica alterar condiciones fundamentales de acceso y control sobre la tierra, y abrir la posibilidad de que vuelva a concentrarse en manos de los grupos de poder.

En ese escenario, la Ley 157 no aparece como un hecho aislado, sino como el inicio de una ofensiva más amplia. Debilitar la pequeña propiedad implica abrir una puerta que luego puede extenderse hacia otras formas de tenencia, en particular hacia la propiedad comunitaria y los territorios indígena originario campesinos. Lo que está en disputa no es únicamente una categoría de propiedad, sino el carácter garantista del régimen agrario boliviano. La movilización que hoy se anuncia es, en ese sentido, una defensa anticipada frente a un proceso que busca reconfigurar la tierra como objeto de mercado y no como base de la vida.

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