Cuando Valentina afirmó su derecho a contactar a un abogado, los agentes desestimaron la solicitud alegando que “no se trataba de un allanamiento, sino de una inspección”. Luego, exigieron las contraseñas para acceder a sus teléfonos, computadoras y discos externos, a lo que ella se negó. La operación duró cuatro horas y terminó con la confiscación de todos sus dispositivos. Valentina fue una de las más afortunadas: evitó la detención y logró salir del país. Desde entonces, ha denunciado lo que considera una campaña de represión contra los Pueblos Indígenas en Rusia, que remite a la persecución de líderes indígenas durante la dictadura de Iósif Stalin en la primera mitad del siglo XX. 

De defensora de los derechos indígenas a presa política

Las redadas terminaron en la detención de dos activistas. Una de ellas es Daria Egereva, mujer selkup de Siberia occidental, cuyo caso ha generado la indignación internacional del movimiento indígena. Las autoridades la acusan de “pertenecer a una organización terrorista”, cargos ampliamente considerados como fabricados. Al criminalizar el activismo pacífico, las autoridades buscan borrar las narrativas que se apartan del discurso aprobado por el Estado. De ser condenada, Daria enfrenta hasta 20 años de prisión, una pena que, dada la brutalidad ampliamente documentada del sistema penitenciario ruso, podría equivaler en la práctica a una condena de por vida.

Daria tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos indígenas. Siguiendo los pasos de su madre, comenzó a involucrase en este ámbito cuando era estudiante universitaria. Durante más de dos décadas, trabajó incansablemente para empoderar a jóvenes selkup y de otros Pueblos Indígenas en toda Rusia: los alentó a sentirse orgullosos de su herencia cultural, a comprender y reivindicar sus derechos, y a participar en el movimiento indígena global. Para muchos jóvenes activistas, Daria se convirtió en un modelo a seguir y en una mentora: un ejemplo de liderazgo arraigado en la comunidad.

En la última década, Daria se consolidó como una de las representantes indígenas más reconocidas de Rusia en los procesos globales sobre clima y biodiversidad. Como experta técnica en cambio climático, desempeñó roles de liderazgo en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC) y, desde 2023, fue una de sus copresidentas. También contribuyó activamente a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).

La detención de Daria Egereva señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas.

La detención de Daria señala una tendencia preocupante: el uso de la legislación antiextremista y antiterrorista para reprimir a la sociedad civil independiente.

A pesar de su amplio trabajo a nivel  internacional, Daria se mantuvo profundamente vinculada a su propia comunidad. Desde hace años es una firme defensora de la protección de la cultura selkup y de la implementación de los derechos indígenas reconocidos en la legislación rusa. Sus esfuerzos incluyeron impulsar el uso de la lengua selkup (en peligro de desaparición) como idioma de enseñanza en las escuelas; apoyar redes de mujeres indígenas emprendedoras y; fortalecer la participación comunitaria en decisiones que afectan al territorio, a la cultura y los medios de vida.

Nada en las actividades de Daria sugiere una promoción de la violencia o de acciones subversivas. Por el contrario, mantuvo un diálogo constructivo con las autoridades a nivel local y, en el plano internacional, participó en los mismos mecanismos y procesos de Naciones Unidas en los que el propio gobierno ruso también interviene. La diferencia clave es que Daria representaba una voz independiente, que cuestionaba la imagen idealizada del bienestar indígena promovida por las autoridades rusas y sus aliados. Su detención señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas. 

Cuando la única voz es la del Estado

Las redadas de diciembre no fueron un hecho aislado, sino parte de una arquitectura de represión en constante escalada sobre los Pueblos Indígenas de Rusia. Tras un breve período de liberalización y democratización desde finales de la década de 1980 hasta comienzos de los 2000, durante el cual floreció un movimiento indígena independiente, las autoridades comenzaron a reforzar el control en la década de 2010. Este giro se aceleró drásticamente después de la decisión del presidente Vladímir Putin de invadir Ucrania: una medida que ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas, que perdieron una gran cantidad de jóvenes en la movilización hacia el frente de combate.

En este clima autoritario, los activistas indígenas enfrentan la vigilancia, el hostigamiento judicial y una presión constante para desvincularse de los mecanismos internacionales de derechos humanos. No es casual que las redadas del 17 de diciembre se produjeran poco después de que Daria Egereva y otros activistas regresaran de la COP climática de la Organización de Naciones Unidas en Brasil. La magnitud, el momento y la coordinación de la operación apuntan a un esfuerzo deliberado por eliminar los últimos espacios de organización indígena autónoma. El resultado fue inmediato. Los activistas mantienen un perfil bajo o abandonaron el país. Quienes aún permanecen se ven obligados a enfrentar una elección imposible: el silencio y la conformidad con las autoridades, o la criminalización.

El presidente de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

El presidente de RAIPON se negó a solidarizarse con los activistas allanados y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

A medida que las voces indígenas independientes son silenciadas, la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON), controlada por el Gobierno ruso, emerge como la voz dominante o, más bien, la única voz oficialmente permitida de los Pueblos Indígenas del país. La dirigencia de RAIPON, seleccionada desde 2013 bajo la supervisión gubernamental, mantiene estrechos vínculos con las grandes empresas extractivas, entre ellas, Nornickel, uno de los conglomerados industriales más contaminantes del mundo. Sus actividades han afectado durante años las tierras y aguas indígenas, además de destruir los medios de vida de las comunidades de Rusia.

En línea con el Gobierno, RAIPON nunca critica las políticas estatales ni los abusos corporativos que afectan a las comunidades indígenas. En una declaración difundida seis semanas después de las redadas de diciembre, el presidente de RAIPON se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas, una postura que generó conmoción entre numerosos líderes indígenas a nivel internacional. 

¿El golpe final?

Para quienes vieron sus hogares invadidos, sus dispositivos incautados y a sus seres queridos detenidos, esto fue más que una operación legal: fue un mensaje. Como señaló la defensora del pueblo Saami Valentina Sovkina, las autoridades rusas han optado por métodos especialmente duros para silenciar a activistas de los derechos indígenas que defienden pacíficamente su entorno ancestral, sus medios de vida y su cultura.

Las redadas del 17 de diciembre bien podrían ser recordadas como el momento en que el movimiento indígena independiente en Rusia fue llevado al borde de la extinción. Sin embargo, el coraje de quienes continúan alzando la voz, ya sea desde el exilio o bajo amenaza en su propio país, nos recuerda que la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas en Rusia no ha terminado. Sus voces, aunque perseguidas, siguen siendo una parte vital de la comunidad global de derechos humanos.

Debido al contexto político que vive el país, los autores prefieren mantener el anonimato.

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El término Mayangna proviene de su propia lengua y puede interpretarse como “hijos del sol”, “somos del sol” o “somos de lo alto”. Estos conceptos están profundamente enraizados en su cosmovisión, la cual gira en torno a sus dioses creadores: Adu (el sol) y Udu (la luna). Aunque en documentos coloniales y textos antropológicos se utilizó el término Sumu, este fue una imposición externa (española e inglesa) y hoy es rechazada por el pueblo, que se identifica como Mayangna balna (“el pueblo Mayangna”). Hoy en día, el pueblo Mayangna se organiza según sus cuatro variantes etnolingüísticas: Panamahka, Tuahka, Yuskuh y Ulwa.

Existen tres posibles explicaciones sobre la primera migración histórica de los mayangna. Una primera teoría sostiene que somos originarios de la Gran China o Japón, dado que compartimos fuertes vínculos de parentesco, y que migramos  a través del estrecho de Bering para sobrevivir a la guerra entre grupos dominantes. La segunda teoría afirma que provenimos de la zona mesoamericana, sobre todo, del actual territorio de México. Finalmente, la tercera teoría plantea que somos del sur, lo que hoy corresponde a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde existen Pueblos Indígenas con características similares.

Cosmovisión mayangna

Más allá de la teoría sobre los orígenes, históricamente los mayangna se asentaron en áreas de difícil acceso, como las cabeceras de los ríos Waspuk, Wawa, Pispis, Tungki, Uli, Lakus, Bocay y Grande de Matagalpa. Esta ubicación les ha permitido preservar su cultura, idioma y organización tradicional. En la actualidad, existen 76 comunidades organizadas en nueve territorios, con una población estimada de 45.000 personas. La mayoría de estos territorios cuentan con títulos de propiedad comunal emitidos por el Estado, respaldados por la Ley 28 de Autonomía Regional y la Ley 445 sobre el Régimen de Propiedad Comunal.

Para el pueblo Mayangna, el capital natural es tan sustancial que se resume en la vida misma: constituye el medio de vida heredado por los ancestros milenarios y tiene un valor incalculable. Este capital comprende desde la disponibilidad de agua hasta la calidad del aire, e incorpora de manera implícita elementos abióticos como la lluvia y el caudal de los ríos. La cosmovisión trasciende el razonamiento científico o ecológico, ya que se fundamenta en una dimensión espiritual que se complementa para equilibrar la vida. 

Por eso, el territorio es la mayor riqueza heredada para el pueblo Mayangna, no sólo por el espacio geográfico, sino por el valor ancestral: allí han pervivido, en armonía con la naturaleza, incontables generaciones de antepasados que viven en la memoria histórica de las actuales generaciones. En consecuencia, el territorio es también el lugar donde descansan los espíritus de abuelos y abuelas, los espíritus de las montañas y los bosques. Más que un recurso, es el hogar del pueblo Mayangna.

Organización y territorialidad

La estructura organizativa tradicional del pueblo Mayangna siempre ha sido la figura de sukia o ditalyang: el dirigente espiritual o conocedor de los secretos de la naturaleza que está destinado a liderar el destino de cada pueblo y comunidad. Era escogido mediante ceremonias ancestrales en sitios sagrados, como el cerro Asanh rarah, Kumapaitah y Saubi. La elección era determinada por sus conocimientos sobre astros, medicina, predicción y proyección. En la década de 1970, se instaura una nueva forma de administración: el sautatuna (síndico comunal o encargado de propiedad) y el wisyan (juez comunal).

Cabe señalar que, debido a la falta de inclusión al pueblo Mayangna por parte de los dirigentes miskitus en tiempos de crisis y relevo, se vivieron experiencias y tomas de decisiones para dar un paso diferente al pasado sin perder la originalidad ni la identidad. Por ello, se retomó la figura jurídica de asociación y se legalizó a Sukawala como la organización vinculante para todas las comunidades mayangna a nivel nacional. En coordinación con las autoridades tradicionales, se consolidó una nueva forma de gobernanza, visto como una etapa de transición entre la organización tradicional y la figura jurídica legal.

En 1994, la experiencia Sukawala fortaleció los espacios de expresión de la mujer y los jóvenes mayangna, y los guiriseros artesanales (mineros), y dio lugar a nuevas organizaciones: Masaku, Matumbak, Amasau Iyamsak, Adesmir, Aumnic y Comjubo. Sin embargo, con la victoria de Daniel Ortega en 2006, comenzó el desmoronamiento de estas organizaciones indígenas debido a la supresión de cambios estructurales en la dinámica de gobernanza comunitaria. Mientras se sustituyó la figura de asociación por la de Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI), la organización Sukawala se dividió en tres: Nación Mayangna, AMDES y Mawarat. 

El régimen de Nicaragua y la migración mayangna

Desde el regreso de Daniel Ortega al poder, Nicaragua ha experimentado un giro autoritario que ha tenido un grave impacto sobre los Pueblos Indígenas. Las principales afectaciones incluyen la eliminación arbitraria de títulos de propiedad comunal, la cooptación de estructuras organizativas indígenas en movimientos políticos y la imposición de los GTI subordinados al poder central y fines partidarios. Por otra parte, desde 2013, los territorios mayangna han sufrido violencia sistemática: invasiones armadas de colonos ilegales; la tala y la minería ilegal; asesinatos y secuestros; desplazamientos forzados de comunidades; y la criminalización de líderes y guardabosques indígenas.

En este sentido, se han documentado ataques a las comunidades Saubi (2016), Wilu (2017), Alal (2021) y Kitangsar (2018 y 2022). En total, se contabilizan 24 personas indígenas asesinadas (muchas de ellas eran líderes comunitarios) y nueve guardabosques encarcelados por defender sus territorios. Además, el régimen ha promovido la apropiación de tierras mediante asociaciones alineadas al gobierno, como Achacomjubo, Arnig y Copamar. Como si esto fuera poco, los líderes que denunciaron estas violaciones tuvieron que enfrentar la persecución pública, la cárcel o el exilio en el extranjero.

La migración ambiental se da por la invasión a los territorios por parte de colonos, las concesiones mineras, el  avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva.

La migración ambiental se da por la invasión a los territorios por parte de colonos, las concesiones mineras, el  avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva.

Durante el enfrentamiento entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el pueblo Mayangna emigró hacia el norte del país, Honduras y Estados Unidos. Esta ola migratoria ha sido una de las más fuertes de Centroamérica. Cuatro décadas después, Nicaragua volvió a vivir una crisis similar a partir de 2015 y, especialmente, la profundización de la violencia estatal en 2018. En este contexto, personas y familias enteras han emigrado fuera de Nicaragua para asegurar sus vidas y sobrevivir. 

En el caso concreto de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), el fenómeno migratorio se da por razones ambientales, políticas, económicas y culturales. En primer lugar, la migración ambiental se da por la invasión a los territorios por parte de colonos, las concesiones mineras, el  avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva. En segundo lugar, encontramos la persecución a activistas indígenas, líderes y personas opositoras, que se refleja en el encarcelamiento de 24 mayangna y tres miskitus. Tercero, observamos la falta de oportunidades de empleo que aseguren el sustento. Y, finalmente, el temor a un posible plan de exterminio contra los PIACI debido a su lucha y resistencia.

Las huellas imborrables de la migración

A partir de la crisis del país, muchas personas, sin importar su estatus social, han sido afectadas de manera desproporcionada, lo cual ha traído pérdidas de bienes económicos, reducción de espacios laborales y, el abandono y separación familiar. Asimismo, quienes intentan oponer a las políticas y la deriva autoritaria, sufren la persecución, el asesinato, la cárcel y el destierro. De este modo, la afectación es tanto económica como emocional.

En este contexto, se estima que han migrado más de 9000 miskitus, 350 mayangna, 50 ramas, 30 garifunas y 10 chorotegas. La mayoría de ellos se da hacia Costa Rica, que es un considerado uno de los países que más respeta las garantías políticas en toda Latinoamérica. Si bien no se cuenta con datos precisos dado que muchos de los desplazamientos se dan de forma secreta o clandestina para evitar la persecución política, lo alarmante de estas cifras es que van en aumento año tras año.  En el caso del pueblo Mayangna, se considera que gran parte de las personas que migran lo hacen buscando refugio por la persecución política que sufren.

Aunque no existe un exilio masivo, los mayangna se desplazan debido a la presión de la colonización y la violencia generada por el gobierno. Así, se ven obligados a buscar refugio y nuevas oportunidades en tierras ajenas.

Aunque no existe un exilio masivo, los mayangna se desplazan debido a la presión de la colonización y la violencia generada por el gobierno.

El efecto de la migración deja huellas imborrables a corto, mediano y largo plazo, tanto para las personas migrantes y sus familias como para el lugar de abandono. En consecuencia, las comunidades mayangna sufren cambios culturales y sociopolíticos que llevan a un proceso de desestructuración, reconfiguración social y resurgimiento de nuevos habitus. 

Es importante señalar que no existe un “exilio” formal. No hay un registro oficial que documente el exilio masivo de los mayangna, ni hacia Honduras en 1970 ni hacia Costa Rica en 2018. Más bien se trata de un desplazamiento gradual, pero constante, debido a los problemas relacionados con la tierra y la autonomía de los Pueblos Indígenas. En resumen, aunque no existe un exilio masivo, los mayangna se desplazan debido a la presión de la colonización y la violencia generada por el gobierno. Así, se ven obligados a buscar refugio y nuevas oportunidades en tierras ajenas.

Situación de la población mayangna en el exilio costarricense

A partir de 2018, los especialistas observan la presencia de una segunda ola migratoria Mayangna, que se ha acelerado luego de 2023. En este nuevo desplazamiento, numerosas familias mayangna han huido hacia Costa Rica, Panamá, Salvador y Estados Unidos con el objetivo de escapar de la represión estatal y la violencia armada de los colonos en sus comunidades. En Costa Rica, se estima la presencia de, al menos, 60 familias mayangna, que están dispersas  por todo el país y se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.

Las principales dificultades que enfrentan en el extranjero son la falta de empleo y el bajo nivel educativo, la imposibilidad de acceso a tierras y vivienda digna, las barreras lingüísticas (especialmente entre las mujeres mayores), la ausencia de atención diferenciada en el sistema de refugio costarricense y la situación de vulnerabilidad debido a la falta de atención adecuada. A esta situación, se suma el efecto nocivo del endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La invisibilidad de los mayangna como grupo indígena en los sistemas de protección internacional agrava su exclusión, ya que muchas instituciones priorizan el conocimiento y atención a un solo pueblo indígena, dejándolos sin respuestas adecuadas.

La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social fomenta el diálogo intercultural, la representación de los mayangna en el exilio y los procesos de inclusión social, cultural y económica en Costa Rica.

AMDES fomenta el diálogo intercultural, la representación de los mayangna en el exilio y los procesos de inclusión social, cultural y económica en Costa Rica.

Ante la falta de representación autónoma, la población mayangna en el exilio ha reorganizado la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES). Constituida de manera anónima como medida de protección frente a la represión estatal, esta organización opera desde Costa Rica y se ha convertido en la principal estructura de representación, denuncia y defensa del pueblo Mayangna. Y aunque no cuenta con personería jurídica propia, trabaja con el respaldo legal de organizaciones aliadas. 

En este momento, la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social desarrolla acciones clave que incluyen el acompañamiento y la asistencia a migrantes mayangna; el establecimiento de redes de apoyo y protección para familias desplazadas; la documentación de denuncias y la visibilización de violaciones de derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales; y la formación comunitaria en derechos, liderazgo y participación indígena. De este modo, AMDES fomenta el diálogo intercultural, la representación de los mayangna en el exilio y los procesos de inclusión social, cultural y económica en Costa Rica.

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La desaparición forzada es una forma de tortura continuada que se empleó contra disidentes políticos y guerrilleros en los años sesenta y setenta, tanto en México como en otras regiones de Abya Yala. A partir de 2006, empezó a ser utilizada de forma generalizada por agentes armados legales e ilegales como estrategia de castigo, control territorial y terror, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició lo que coloquialmente se conoce como “guerra contra el narco”. Esta estrategia militarizó la sociedad, implicó una mayor circulación de armas en el país e, incorporó técnicas de tortura y de manejo de los cuerpos que los militares habían aprendido en el marco de los conflictos armados. 

Si bien fueron los gobiernos de derecha los que iniciaron la “guerra contra las drogas”, los gobiernos de centro izquierda de Andres Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheimbaum (2024 – ) han dado continuidad a esta estrategia, dándole más poder e impunidad al ejército mexicano. A pesar de que la retórica utilizada por estos gobiernos ha puesto en el centro la lucha contra la desigualdad, los derechos de las mujeres, de las víctimas y los Pueblos Indígenas, en la práctica han continuado las políticas de militarización de la seguridad pública, de despojo y violación a los derechos humanos por parte cuerpos policiales, militares y migratorios. Esto denunciaron los colectivos de búsqueda en sus movilizaciones durante el Mundial de Fútbol. 

Más de 70.000 cuerpos sin identificar

Entre las demandas de este movimiento se encuentra la identificación de los más de 70.000 cuerpos que están bajo custodia estatal: en morgues, instituciones de servicios periciales, hospitales y fosas comunes de fiscalías. Si faltan 133.000 personas y el Estado tiene bajo su custodia los restos de 70.000 personas, las familias saben que muchos de sus seres queridos podrían estar esperando ser identificados para regresar a casa. La respuesta estatal a esta demanda ha sido que no se cuenta con los recursos económicos ni materiales para llevar adelante esta tarea. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se refirió a esta realidad como “la crisis forense mexicana”.

Sin embargo, el saldo de la organización de la Copa del Mundo habla por sí solo: no hay dinero para buscar e identificar a las personas desaparecidas, pero sí para invertir 1.323 millones de dólares en obras de infraestructura para hacer posible el Mundial de Fútbol. Ante esta realidad, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron las calles de las tres ciudades en donde se realizó el mundial al clamor de “México, campeón en desaparición”. Mientras las sedes mundialistas se llenaron de carteles que anunciaban que la pelota regresaba a casa, las familias exigían: “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”. 

Violencias en territorios indígenas, despojos y desapariciones

En el contexto del Mundial de Fútbol, los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscaban mostrar este otro rostro de los llamados gobiernos de la “Cuarta Transformación”: gobiernos de centro-izquierda que han continuado con políticas de muerte e impunidad y han posibilitado que, solo en los seis años de gobierno de López Obrador y los dos primeros años de Claudia Sheibaum, hayan desaparecido 67.000 personas. Si bien no tenemos la cifra exacta de cuántos de estos desaparecidos pertenecen a Pueblos Originarios, debido a que no se cuenta con datos desglosados por origen étnico, sí sabemos que las violencias extremas tienden a concentrarse en territorios pobres y racializados, donde habitan las comunidades.

Las historias de personas indígenas desaparecidas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Chihuahua dan cuenta de un continuum de violencias que incluye la violencia estructural, que antecede a la desaparición forzada y forma parte del agravio. El racismo contribuye a concentrar las desapariciones en las regiones más pobres y marginadas del país. La estructura colonial ubica a determinados cuerpos en ciertos territorios, que reciben menos recursos y menos atención en las políticas públicas. En una sociedad racista y racializada como la mexicana, la identidad indígena es un factor que duplica las posibilidades de sufrir violencias. La denuncia, la búsqueda y el acceso a la justicia se vuelven un desafío mayor cuando no se habla el español (y no se cuenta con traducción) y escasean los recursos para trasladarse a las ciudades en donde se encuentran las instituciones judiciales y de búsqueda.  

Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Esta es la otra cara del México mundialista: en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Por eso, nos referimos a las múltiples ausencias de indígenas desaparecidos porque, además de su ausencia física en las comunidades de las que formaban parte, hasta hace poco había una falta de reconocimiento a su identidad étnica en estadísticas oficiales sobre la desaparición, además de un silencio sobre el fenómeno en las movilizaciones indígenas. Muchos de sus cuerpos han terminado en fosas comunes estatales sin que existan expedientes forenses que permitan a sus familiares encontrarlos. 

En paralelo a los miles de jóvenes indígenas anónimos que han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado y desaparecidos, o han sido asesinados por resistirse al reclutamiento, están las historias documentadas por organismos internacionales de 46 defensores indígenas del territorio que, desde 2019, han sido asesinados o desaparecidos por defender sus territorios del despojo por parte de proyectos mineros o desarrollistas. Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar al tomar las calles y recordar a los aficionados que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta. 

Los colectivos de familias buscadoras ante el Mundial

La Ciudad de México fue la encargada de acoger la ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente en el Estadio Azteca, sede mundialista ubicada en la zona de Santa Úrsula Coapa, un Pueblo Originario cuyo territorio quedó fragmentado por la construcción del recinto deportivo. Por tercera vez en su historia, el pueblo de Santa Úrsula ha tenido que albergar un mundial de fútbol mientras el acceso a su territorio es restringido y obstaculizado. Además, en el marco de este mundial, tal y como sucedió en las ocasiones anteriores, el contexto social de México no es el que el gobierno ha querido vender al mundo.

Frente a una ciudad que es cada vez más hostil para sus habitantes y una FIFA bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias, las personas que buscan a un ser querido desaparecido prepararon una agenda de movilizaciones y acciones de memoria para agrietar la cancha de pasto verde y alzar sus demandas de justicia. Así, incluso bajo amenazas y acciones represivas por parte del gobierno, las familias buscadoras encontraron la manera de unirse a la euforia mundialista sin atacarla, porque, como ellas mismas dicen, sus hijos e hijas, esposos y esposas, hermanos y hermanos, y amigos y amigas también son fanáticos y fanáticas del fútbol. Por eso, las familias buscadoras han salido a la calle a expresar que no quieren que haya otro Mundial sin que sus seres queridos estén de regreso en casa. 

Estas acciones de protesta se han llevado a cabo tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey (las tres ciudades sede del Mundial en nuestro país) y han ocupado planas de medios a nivel nacional e internacional. El caso de Guadalajara ha sido de los más sonados, no solo por las movilizaciones, sino porque los colectivos de búsqueda han documentado que en las inmediaciones del Estadio Akron se han localizado varias fosas clandestinas. 

Las movilizaciones y acciones de las familias han sido múltiples: la caminata y velada nocturna previas al partido inaugural; la marcha llevada a cabo el día de la inauguración, en la que algunas familias lograron llegar a las inmediaciones al Estadio Azteca tras cruzar el cerco que les impedía el acceso; las intervenciones gráficas y visuales de la cultura mundialista; los carteles con el rostro de las personas desaparecidas como las figuritas del álbum Panini; las pegas masivas de fichas de búsqueda; las “cascaritas [como se llama en México a los partidos entre amigos] por la memoria y contra el olvido”; la creación de la botarga del “Ajolote buscador” (un anfibio endémico de las lagunas del Valle de México y divinidad en el mundo mexica).

Ante este clima de protestas, actos memoriales, actividades culturales y celebraciones interreligiosas, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy alejada de lo que podría esperarse: llegó incluso a insinuar que los colectivos habían acudido a las manifestaciones con financiamiento ilícito. En lugar de comprometerse a investigar las desapariciones de personas (muchas de ellas ocurridas durante su gobierno), el discurso oficial anunció que se investigaría dicho financiamiento, hecho que fue denunciado por las familias buscadoras como revictimizante. 

En consecuencia, el discurso oficial, los cercos policiales y los diversos intentos de limitar las protestas fueron parte de la respuesta estatal y federal. Entre los hechos destaca la lamentable acción represiva cometida por parte de la policía de la Ciudad de México contra familias buscadoras y personas solidarias que se encontraban realizando una acción pacífica sobre una de las avenidas que conectan directamente el centro de la ciudad con el Estadio Azteca, el día que se jugaba el partido entre México y Ecuador. Como resultado, Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en 2024, fue herido. Mientras tanto, las movilizaciones por la memoria y contra el olvido continúan.

¡Todxs al Estadio!: crónica de la marcha nocturna pre-inauguración

El 10 de junio del 2026 tuvo lugar una caminata en Ciudad de México que, bajo el lema “Iluminemos la búsqueda”, salió de la estación del tren ligero Registro Federal con la intención de llegar al Estadio Azteca. A las ocho de la noche comenzamos a marchar, con una presencia masiva de medios nacionales e internacionales. Una de las familiares coordinadoras del evento agarró el megáfono y gritó: “¡Pedimos a todas las personas que dejen su rostro al descubierto!”. Esta petición resaltaba el carácter pacífico de la manifestación y buscaba evitar que actores externos desprestigiasen el interés genuino de la acción. 

Unos metros antes de llegar al límite de la ‘última milla’ –un perímetro de acceso restringido alrededor del estadio, al que solo lxs vecinxs y el público de los partidos tenían acceso–, la caminata se volvió más cautelosa. Lxs manifestantes nos agarramos de los brazos y decidimos seguir caminando. Mientras recorríamos esos últimos metros, a lo lejos comenzó a perfilarse una imagen extraña. En una subida de la calzada se veía un reflejo de luces que bloqueaba el paso. Algunas pensamos que podían ser los flashes de las cámaras de la prensa, pero conforme nos acercamos, la visión se volvió más nítida. Al menos diez hileras de policías obstaculizaban el paso, mientras la luz de las farolas se reflejaba en la superficie de sus escudos. De un lado, entonces, quedaba la coraza policial; del otro, las familias con sus megáfonos gritando: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”.

Cuando quedamos en frente de las hileras de policías, las familias mantuvieron los ánimos. Algunas cantaron y oraron en colectivo, mientras otras improvisaron un altar, en el que se fueron depositando las veladoras de la caminata. También se organizaron cascaritas en medio de la calzada. Poco a poco, y conforme avanzaba la noche, la concentración comenzó a dispersarse y los alrededores del estadio se vaciaron de manifestantes. Sin embargo, al igual que el Mundial estaba a punto de comenzar, las acciones de protesta frente al mismo también se dieron por inauguradas.

¡Hagamos que suceda!: la cascarita por la memoria y contra el olvido

En las inmediaciones de la Glorieta de las y los Desaparecidos, así renombrada por las familias buscadoras, el asfalto se ha transformado de manera espontánea en el estadio donde hoy se juega el partido “por la memoria y contra el olvido”. Pintura blanca delimita la cancha. Las porterías son señaladas por un par de mochilas. En la cancha, las y los jugadores portan jerseys de la selección nacional intervenidos a modo de visibilización y denuncia: algunos llevan impresos los rostros y nombres de personas desaparecidas; otros, consignas de denuncia contra la crisis de desaparición. Los equipos no se enfrentan como rivales: colaboran para “meter gol contra el olvido”. Cada gol marcado es un gol por la memoria.

Entre el público aficionado y los jugadores se levantan mantas y pancartas con los rostros y nombres de quienes nos hacen falta, aquellos y aquellas por quienes se juega esta cascarita. Verónica, Benita y Dioni, mujeres buscadoras pertenecientes al colectivo “Uniendo Esperanzas”, juegan en el equipo retador. En sus jerseys portan a sus hijos desaparecidos: Diego Maximiliano, Fernando Iván y Guillermo David. La alineación de su equipo se completa con Leo, el pequeño nieto de Benita, y un grupo de mujeres y hombres jóvenes que las acompañan solidariamente en la búsqueda de sus hijos. Con destreza y tenacidad, entregan todo en la cancha.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

El marcador sigue en juego. Los equipos van entrando a la cancha según su turno. Cada gol es celebrado. Toda falta de solidaridad está “fuera de lugar”. En un momento de tensión en la cancha, la hermana Pao, árbitro voluntaria del partido y religiosa católica acompañante de las familias buscadoras, marca con firmeza una tarjeta roja contra la injusticia. Rápidamente, pone de nuevo el balón en juego, no sin antes recordarle a todos los presentes que este partido es colaborativo. Entre los retadores se encuentran jugadores que también entregan todo en la cancha por diversas causas justas. La colaboración entre todos los jugadores es estratégica para meter goles por la justicia.

A unos instantes de que caiga la lluvia, el último gol de esta jornada de fútbol callejero mexicano es anotado. Se acaba la cascarita. Las y los jugadores corren a resguardarse de la lluvia donde les sea posible. Sin embargo, este no es el fin del partido principal. El que a diario juegan las familias buscadoras. La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La posibilidad de jugar un partido más

Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol, las familias buscadoras no dejaron de levantar sus voces, de meter goles por la memoria y de recordar a la ciudadanía que la nación mexicana está incompleta y fracturada: nos faltan al menos 133.000 personas desaparecidas. Ante un nacionalismo futbolero, que muchas veces mostró poca empatía hacia el dolor de las familias, los colectivos de búsqueda mostraron la otra cara del México mundialista. Ante un gobierno y una sociedad que niegan la crisis de desapariciones, las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos continúan de-velando el rostro de un México profundamente herido.

Los territorios indígenas siguen siendo despojados, ocupados y convertidos en estadios de fútbol o en cementerios clandestinos, mientras que el gobierno inunda los medios de comunicación con propaganda indigenista sobre leyes y políticas públicas, que no responde a las políticas reales de despojo, violencia e impunidad que viven los Pueblos Originarios de México.

Mientras este país intenta ocultar su rostro lacerado por la desaparición, por las fosas clandestinas y por las múltiples violaciones a derechos humanos, las familias buscadoras no dejan de hacer visibles los nombres y rostros de las más de 133.000 personas que nos faltan. Sus acciones y movilizaciones son actos por la memoria y contra el olvido. Esperemos que cada una de esas ausencias no sea recordada sólo por quienes las buscan a diario, sino también por todos aquellos a quienes creamos que las personas merecemos una cancha justa, un recuerdo digno y la igual oportunidad de ver (o jugar) un partido con aquellos a quienes amamos.

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