Las causas del desplazamiento: racismo estructural y amenaza a la libre determinación

De manera consistente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las violaciones actuales a los derechos de los Pueblos Indígenas son consecuencia de profundas desigualdades históricas a partir de siglos de colonización, exterminio, asimilación forzada y racismo estructural. Es bajo ese marco conceptual que debe entenderse que el fenómeno del desplazamiento forzoso de comunidades fuera de sus territorios ancestrales constituye una grave violación a los derechos humanos.

Las comunidades se ven obligadas a desplazarse dada la gravedad de violencia que experimentan producto de conflictos armados, del actuar del crimen organizado y del narcotráfico. Pero además, cada vez con más frecuencia, el desplazamiento se presenta como resultado tangible del calentamiento global y de la expansión de proyectos de infraestructura y de actividades extractivas a gran escala. Como consecuencia inevitable, esos desplazamientos provocan que los pueblos pierdan su cultura e identidad, y hasta pueden conducir a la desintegración misma de la comunidad. 

Los pueblos transfronterizos que se ven forzados a desplazarse más allá de sus territorios ancestrales, con frecuencia, quedan en una mayor situación de vulnerabilidad; ya que ninguno de los Estados involucrados suele contar con instituciones de protección adecuadas frente a los desafíos arriba mencionados.

La CIDH ha documentado numerosos ejemplos de desplazamientos masivos y desalojos forzosos de Pueblos Indígenas en contextos de pobreza, violencia y criminalización. Estas situaciones reflejan estructuras históricas de opresión aún vigentes, que dificultan el acceso a la justicia y el retorno seguro. 

Las causas y las consecuencias del desplazamiento forzado han sido extensivamente analizadas por el SIDH a través de sus distintos mecanismos: entre ellos, en informes de la CIDH y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); en resoluciones de medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales de la Corte IDH; en audiencias públicas; y en visitas de trabajo y visitas in loco. 

Los estándares del Sistema Interamericano frente al desplazamiento forzado

El derecho a la libre determinación, que antecede al Estado y sustenta la identidad de los Pueblos Indígenas, se expresa, entre otras formas, en la propiedad colectiva de tierras, territorios y recursos naturales. El SIDH ha sostenido que este derecho se deriva del artículo 21 de la CADH, al reafirmar el derecho de los pueblos a la titulación, delimitación y demarcación de sus tierras tradicionales¹. Al mismo tiempo, se ha resaltado que la falta de seguridad jurídica en la tenencia agrava las violaciones de derechos, y facilita desalojos forzosos cuando las tierras son disputadas o convertidas en áreas protegidas.

La situación de vulnerabilidad se acrecienta por la especial relación que tienen los pueblos con las tierras de las cuales han sido desplazados; en estos casos la protección del derecho a la propiedad colectiva y el uso y goce de su territorio son necesarios para garantizar su supervivencia. La Corte IDH incluso reconoció en su jurisprudencia el significado especial que tiene la convivencia familiar en el contexto de las familias indígenas.

También la Corte ha destacado el derecho de las personas desplazadas a regresar libremente a su lugar de origen en condiciones de seguridad; y la obligación de los Estados de garantizar que el regreso de esas personas sea voluntario.

Para el SIDH, el derecho a la libre determinación no solamente supone el reconocimiento de la propiedad colectiva, sino que además implica el derecho de autogobernar sus territorios a través de sus propias autoridades. Cuando el desplazamiento forzado rompe con las autoridades indígenas se interrumpe el ejercicio de un proyecto específico de los pueblos y afecta al corazón mismo de la libre determinación. 

A su vez, los derechos a la consulta y al consentimiento previos, libres e informados procuran garantizar que los Pueblos Indígenas participen en decisiones que puedan afectarles. La consulta busca alcanzar el consentimiento mediante un diálogo genuino y respetuoso². Muchas comunidades han desarrollado sus propios protocolos para ejercer estos derechos. En el contexto de actividades empresariales, el reconocimiento de los estándares interamericanos es clave, y los Estados tienen la obligación de asegurar procesos participativos e inclusivos.

Como se puede advertir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brinda un marco jurídico sólido para proteger a los Pueblos Indígenas frente al desplazamiento forzado, con base en un principio central: la libre determinación. Este derecho garantiza su permanencia, participación y autonomía en los territorios ancestrales, en tanto su vulneración pone en riesgo la existencia colectiva.

Los estándares y recomendaciones de la CIDH son claros: el desplazamiento forzado debe prevenirse y atenderse con urgencia. Para ello, no basta con el mero compromiso formal de los Estados; se requieren medidas concretas y efectivas, para las cuales los Estados pueden contar con la asistencia técnica y los Pueblos Indígenas con el acompañamiento estratégico de la Comisión Interamericana.

El papel que la CIDH puede desempeñar para fortalecer la protección de los derechos humanos en este contexto

El desplazamiento forzado de Pueblos Indígenas exige políticas públicas interculturales, participación efectiva y reparaciones transformadoras. Los Estados de la región aún tienen una deuda histórica con estos pueblos, agravada por una desigualdad estructural que demanda medidas especiales de protección y prevención. 

Es evidente que la implementación efectiva de las medidas necesarias para prevenir y reparar los desplazamientos forzados de los Pueblos Indígenas requiere de una voluntad política sostenida y el compromiso real de garantizar que los Pueblos Indígenas participen activamente en las decisiones que los afectan. Para ello, el Sistema Interamericano no debe verse sólo como un marco legal, sino como una herramienta viva al servicio de los pueblos en su lucha por resistencia, protección y reparación, y que puede coadyuvar con los Estados con este objetivo. La Comisión Interamericana dispone de una serie de herramientas que pueden contribuir con los Pueblos Indígenas en la defensa de sus derechos y con los Estados en el impulso, diseño e implementación de políticas públicas en la materia. 

Así, por ejemplo, la CIDH elabora informes anuales e informes temáticos con diagnósticos y recomendaciones. En tal sentido, en los últimos años ha publicado una serie de informes relacionados con el fenómeno del desplazamiento forzoso y con la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

A su vez, la CIDH realiza un monitoreo permanente sobre diferentes situaciones de derechos humanos, mediante la solicitud de información a los Estados, la convocatoria a audiencias públicas, las reuniones de trabajo, las visitas de trabajo o las visitas in loco³. También se publican comunicados de prensa o pronunciamientos públicos que buscan dar visibilidad a situaciones particulares de preocupación⁴.

Por otra parte, la CIDH mantiene diálogos diplomáticos con los Estados y puede brindar cooperación técnica especializada a diferentes autoridades públicas cuando así lo requieran.

Finalmente, la CIDH dispone de un mecanismo robusto de peticiones, casos y solicitudes de medidas cautelares⁵. Además de resolver situaciones particulares, estos trámites internacionales pueden contener reparaciones de no repetición que permiten impulsar reformas institucionales para prevenir futuras situaciones de desplazamiento y robustecer la vigencia de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Es indudable que persisten enormes desafíos para que los Estados sean más eficaces en prevenir los desplazamientos forzados y para dar respuestas a las necesidades de protección de derechos durante y después de la situación de desplazamiento. Los Estados están llamados a redoblar sus esfuerzos en esta materia, especialmente, generando datos desagregados, reconociendo la especial relación territorial de los Pueblos Indígenas y adoptando medidas específicas, incluyendo la consulta previa y el respeto a sus sistemas normativos, para prevenir y reparar el desplazamiento forzado. Para alcanzar ese cometido, los Pueblos Indígenas y los Estados cuentan con el acompañamiento activo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C No. 79, párr. 148; Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2020, Serie C No. 420, ps. 92-98.
   ︎
2. Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 185. ︎
3. Por ejemplo, en 2024 la CIDH llevó a cabo visitas in loco a Colombia y Guatemala. En Colombia, hay más de 8 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado interno como consecuencia del conflicto armado; los Pueblos Indígenas y afrodescendientes son los más afectados por esta situación. ︎
4. En 2024, la CIDH alertó sobre desalojos violentos en Guatemala sin notificación ni acceso a recursos judiciales, que provocaron desplazamientos forzados. En Colombia, ya en 2021, expresó su preocupación por el aumento de desplazamientos internos y llamó al Estado a adoptar medidas integrales para abordar sus causas. ︎
5. En el caso de la Comunidad Chaab’il Ch’och’ de Guatemala, la CIDH advirtió que la dispersión de las familias podría dañar la cohesión social, afectar su identidad cultural y provocar la fragmentación comunitaria, llegando incluso a poner en riesgo su identidad étnica. ︎

The post Desplazamiento forzado de Pueblos Indígenas: el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos appeared first on Debates Indígenas.

Si bien existen innumerables casos de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, aún no contamos con un estimado actualizado del número total de personas desplazadas, ya que el Estado no ha realizado un censo (a pesar de los mandatos legales existentes). Sin embargo, en 2022, un grupo de organizaciones documentó 61 eventos de desplazamiento que afectaron, al menos, a 1.703 personas. Este informe fue entregado con motivo de la visita oficial de Cecilia Jiménez-Damary, la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.

Sólo en los últimos dos años, los medios de comunicación han reportado cientos de familias desplazadas en varios municipios serranos, principalmente, pertenecientes a los pueblos Rarámuri, Ódami, Pima y Guarijío. Esta situación responde al poderío de organizaciones criminales que, además de controlar territorios, se han infiltrado en estructuras políticas, policiales e institucionales.

Crimen organizado y respuesta del Estado

Tras asumir la presidencia en 2006, Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Durante su sexenio, se contabilizaron más de 70.000 homicidios violentos. Sin embargo, el resultado fue el opuesto al esperado. En ese periodo se multiplicaron los cárteles y formaron sus propios ejércitos. Mientras el tráfico de drogas se iba expandiendo, la violencia se intensificaba exponencialmente. A pesar de los pésimos resultados, los presidentes posteriores mantuvieron estrategias similares y generaron aún más violencia.

En contraste, la gestión de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se caracterizó por la omisión en el combate al narcotráfico, lo que facilitó el crecimiento, la fragmentación y la disputa territorial entre grupos criminales. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, y bajo presión del gobierno estadounidense por el combate al fentanilo y el control migratorio, se ha anunciado una nueva política de seguridad. No obstante, en la Sierra Tarahumara no se observan aún resultados favorables.

Estas dinámicas han derivado en una diversificación de las economías criminales: tala ilegal a gran escala, control de ejidos (como se denomina a la forma legal de propiedad agraria en México), extorsiones a comercios (incluidos el turismo), cobros a beneficiarios de programas sociales, venta de alcohol y extracción ilegal de oro, donde también se exige “cuota” a los gambusinos (buscadores de oro artesanales).

Obligados a desplazarse

La violencia se presenta en distintos niveles de intensidad, pero la mayoría de las veces comienza con los asedios prolongados que impiden el acceso a alimentos, salud y educación. Luego, en su máxima expresión, se registran enfrentamientos armados intensos que, a veces, pueden llegar a durar varios días. En consecuencia, ante la falta de respuesta de las autoridades, a la población no le queda otra que refugiarse en sus propias casas. Los grupos armados (“los malos” o “los malandros”) amenazan a las familias para que se unan a sus filas, generando un clima generalizado de terror.

Cuando es posible, las familias enteras escapan a pie para evitar ser vistas, lo que agrava las condiciones físicas y emocionales, especialmente para niñas, niños y personas mayores. Cuando por fin llegan a una comunidad que los recibe, las personas suelen estar hambrientas, sin abrigos, enfermas y exhaustas.

Aunque muchas familias se resisten a dejar sus comunidades, el aumento de la violencia a través de asesinatos, amenazas, violaciones y reclutamiento forzado las obliga a desplazarse para proteger su vida y su libertad.

Aunque muchas familias se resisten a dejar sus comunidades, los asesinatos, violaciones y reclutamiento forzado las obligan a desplazarse para proteger su vida.

El control territorial de los grupos criminales impone restricciones al abastecimiento de alimentos con el objetivo de debilitar al grupo contrario. Esto suele provocar desnutrición severa (especialmente en infancias ya vulnerables), que sólo son detectadas cuando acuden brigadas médicas, que cada vez llegan con menos frecuencia. Las escuelas también se ven afectadas: cuando aumenta la violencia, las y los docentes dejan de acudir, generando retrasos académicos significativos.

Aunque muchas familias se resisten a dejar sus comunidades, el aumento de la violencia a través de asesinatos, amenazas, violaciones y reclutamiento forzado las obliga a desplazarse para proteger su vida y su libertad. Aun así, las personas desplazadas suelen ser criminalizadas por las autoridades y el resto de la sociedad, que cuestionan sus motivaciones o supuestos vínculos con grupos delictivos.

Ciclos agrícolas interrumpidos, reclutamiento forzado y violencia sexual

Los efectos del desplazamiento forzado pueden clasificarse en impactos comunitarios, familiares e individuales, incluyendo diferencias por género y edad. Además, la amenaza o el desplazamiento afectan profundamente a la organización colectiva, interrumpen la toma de decisiones a nivel colectivo, la cooperación entre las familias y las ceremonias tradicionales que celebra toda la comunidad.

Como los ciclos agrícolas se interrumpen por la violencia, las familias se ven obligadas a depender de la ayuda externa para su subsistencia. Las tierras y viviendas se pierden, y las personas desplazadas que no logran regresar a su hogar deben comenzar de nuevo, en contextos que no les permiten producir sus alimentos ni reproducir su cultura. El desarraigo implica un proceso de desterritorialización: alejarse del territorio es también alejarse de su identidad indígena, ya que está profundamente ligada al entorno natural. Las familias, antes sostenidas por la vida en el rancho, ahora viven hacinadas y deben asumir nuevas actividades económicas que suelen ser precarias.

Los hombres jóvenes son reclutados a la fuerza y, si se niegan, los acusan de pertenecer al cártel contrario, los amenazan y, en casos extremos, los asesinan. Muchas familias huyen especialmente para protegerlos. Por su parte, las mujeres jóvenes también enfrentan riesgos de violencia sexual, lo que motiva los desplazamientos preventivos. En algunas familias, los adultos mayores se resisten a dejar sus hogares y los demás miembros los apoyan a la distancia, pues cuando estos adultos son desplazados, el trauma emocional les suele provocar enfermedades.

Comunidades bajo ataque

En septiembre de 2024, la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fue blanco de múltiples ataques armados. Quienes contaban con medios para huir lo hicieron ni bien comenzó el asedio. Posteriormente, las autoridades estatales y federales concentraron a la población en la escuela local, pero apenas brindaron ayuda humanitaria y no ofrecieron condiciones para salir, pese a la persistencia de la violencia.

En contraste, en Santa Tulita y sus rancherías, las familias resistieron el desplazamiento con apoyo de organizaciones civiles. Aunque muchas lograron permanecer en la comunidad, los hombres no pueden salir a conseguir víveres y el aislamiento persiste. Este lugar representa el centro social más importante para la población ódami, que tuvo que atestiguar cómo sus viviendas eran saqueadas o destruidas, su ganado robado y sus terrenos ocupados. El Estado no ha garantizado la protección de bienes ni el retorno seguro de las personas desplazadas.

A comienzos de 2025, fueron atacados a balazos un sacerdote, una presidenta seccional y el general del ejército. En consecuencia, en junio se suspendieron las clases y los servicios religiosos, y la presidente municipal pidió que no salgan de sus casas.

A comienzos de 2025, fueron baleados un sacerdote, una presidenta seccional y el general del ejército. Y en junio se suspendieron las clases y los servicios religiosos.

Asimismo, en diciembre de 2024, cientos de familias huyeron de sus hogares en la zona de Dolores, empujados por el terror, pues las balaceras no solo eran constantes, sino que también se prolongaban por horas y, a veces, hasta por días. A comienzos de 2025, también fueron atacados a balazos un sacerdote, una presidenta seccional y el general del ejército. En consecuencia, en junio se suspendieron las clases y los servicios religiosos, y la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo pidió a la gente que no saliera de sus casas ante la ola de violencia.

A pesar de la profundización de los ataques de los grupos armados, las autoridades son completamente indiferentes al padecer de la sociedad. Recientemente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, manifestó que no hay enfrentamientos armados entre criminales en Guadalupe y Calvo, y aseguró que sólo habían sido balazos tirados al aire para provocar la sensación de inseguridad. Sin embargo, lo que ocurre en este municipio se replica en otros como Uruachi y Moris: en los últimos seis meses se han desplazado cientos de familias del pueblo Guarijó a poblaciones urbanas para huir del conflicto armado.

En pie de lucha, con dignidad y con alegría

Mediante el trabajo de fortalecimiento y capacitación que las comunidades en Mala Noche han realizado durante los últimos tres años, se ha llegado a la conclusión de que la comunitariedad es la vía de protección y defensa de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. La permanencia en sus lugares de origen y la garantía de medios de subsistencia para la vida son la base para que puedan vivir en comunidad, ejercer sus derechos y, expresar su identidad cultural y sus tradiciones.

Sin embargo, no existen, hasta ahora, programas integrales que ofrezcan soluciones duraderas. Algunos programas como Sembrando Vida, que requieren la permanencia de sus beneficiarios en el territorio, han ayudado a que ciertas familias mantengan vínculos con sus comunidades y consideren el retorno cuando las condiciones lo permiten. Pero estas medidas son insuficientes frente al desarraigo, la violencia y la injusticia.

Mientras tanto, las comunidades indígenas de Guadalupe y Calvo resisten día a día, buscan cuidar la vida e intentan adaptarse a sus nuevas realidades, en pie de lucha, con dignidad y, por momentos, con alegría.

 Las comunidades indígenas de Guadalupe y Calvo resisten día a día, buscan cuidar la vida e intentan adaptarse a sus nuevas realidades, en pie de lucha, con dignidad y con alegría.

La falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, la ausencia de una política pública de prevención de la violencia que tome en cuenta la opinión y la acción de las comunidades, así como la falta de reconocimiento del problema y sus afectaciones son algunas de las causas por las cuales el fenómeno del desplazamiento forzado interno continúa siendo invisibilizado, desacreditado y minimizado por el Estado mexicano. 

Lejos de un acompañamiento, las personas afectadas son criminalizadas y abandonadas a su suerte, mientras se mantiene el discurso oficial que niega la realidad y, por tanto, niega a las víctimas. Esta es una omisión seria y una grave violación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua y de México. Mientras tanto, las comunidades indígenas de Guadalupe y Calvo resisten día a día, buscan cuidar la vida e intentan adaptarse a sus nuevas realidades, en pie de lucha, con dignidad y, por momentos, con alegría.

The post Desplazamiento forzado en comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara appeared first on Debates Indígenas.

Desde las montañas de la Sierra Nevada, el desierto de la Guajira, la costa pacífica y las cordilleras andinas hasta la selva Amazónica, Colombia es habitado por más de 116 Pueblos Indígenas. Estos pueblos fueron y siguen siendo víctimas del conflicto armado y socio-político, y del desplazamiento forzado que esto ha generado. El impacto para estos pueblos es muy grave porque representa el desarraigo y la ruptura de su vida comunitaria. Además el desplazamiento aumenta su situación de vulnerabilidad y marginalidad en el contexto urbano y rural del mundo occidental, donde enfrentan discriminacion y racismo estructural.  

En este contexto, el pueblo Je’eruriwa debió superar varias adversidades. Tras sufrir la violencia del conflicto armado, tuvo que soportar la revictimización y la negación de sus derechos de parte de la entidad a cargo de su reparación y dignificación durante casi una década. Luego, llevó su lucha hasta la Corte Constitucional hasta obtener un fallo favorable. El pueblo Je’eruriwa se reúne y alza la voz para celebrar, pero no puede parar la lucha porque ahora hay que hacer cumplir la sentencia y volver a obtener su territorio.

Garantías que no se reflejan en la realidad indígena

Mientras que en el papel los derechos de la población desplazada y de los Pueblos Originarios son muy claros, y hay muchas políticas públicas y sentencias favorables a su protección, la realidad es otra. La Corte Constitucional ha venido reconociendo la afectación diferencial de los Pueblos Indígenas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en el Auto 004 de 2009 y varios autos posteriores, todos en seguimiento a una sentencia T-025 de 2004, que declaró la situación de víctimas de desplazamiento forzado como un Estado de Cosas Inconstitucionales.

En estos autos, la Corte llamó la atención sobre el riesgo de exterminio físico y cultural que corren los Pueblos Indígenas desplazados por la fuerza y denunció el silencio y la inacción del Estado ante la violencia desplegada contra ellos. En uno de estos autos de seguimiento, los se’eruriwas están enlistados como uno de los Pueblos Indígenas que se encuentra en exterminio físico y cultural. Por ende, se ordenó al Ministerio del Interior a crear un Plan Pilotaje de Salvaguarda y, a la Unidad para Víctimas, priorizar a este pueblo en el marco de los programas de reparación colectiva. Sin embargo, ninguno de los dos organismos ha cumplido hasta la fecha.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior está sobrecargada: ni responde a los derechos de petición (solicitud formal reglamentada a la cual cualquier entidad tiene la obligación de responder dentro de 15 días hábiles) ni cumple con los compromisos adquiridos. Si no insistimos durante semanas, no cumplen con convocar reuniones interinstitucionales ni llevar las actas. La Unidad para las Víctimas supuestamente ha priorizado nuestro pueblo, pero no ha llegado a ningún resultado.

El pueblo del agua y del tigre

El pueblo Je’eruriwa somos un pueblo originario de la quebrada Waniya, un pequeño afluente del bajo Río Caquetá, en el departamento del Amazonas de Colombia. Recién fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior en 2017 dado que contamos con nuestra propia lengua, cosmovisión, territorio de origen, usos y costumbres propios. 

Somos del territorio sagrado del Yuruparí. Somos gente de agua y gente de tigre, nietos de la boa de agua (ide jĩno). Nuestras prácticas ancestrales y actividades socioculturales están ligadas al ciclo de las épocas de nuestro calendario y a nuestra Ley de Origen, la cual se ha transmitido de generación en generación para convivir sana, física y espiritualmente, con el resto de la humanidad, los recursos naturales, la madre tierra y los ayawaroa (espíritus).

A lo largo de la historia sufrimos violentas guerras intertribales y la destructiva colonización europea. Previamente, tras indicaciones chamanísticas sobre la invasión española, una parte de nuestros ancestros se aislaron selva adentro y hoy son denominados como un pueblo en aislamiento voluntario. De la parte que no se aisló, sólo sobrevivieron dos personas, una mujer y un hombre, que fueron acogidos, pero marginalizados, por el pueblo Camejeya. Más tarde, durante la explotación del caucho y la llegada de los misioneros católicos, se volvieron a repetir los hechos violentos y los ataques hacia nuestra cultura y espiritualidad. 

Sin embargo, los je’eruriwas no nos dejamos vencer y luchamos por la pervivencia de nuestro pueblo. Así, a inicios de los años 70, logramos reorganizarnos y asentarnos, ya de manera independiente, en un predio privado, que compramos en la trocha entre los ríos Mirití Paraná y Apaporis. Ahí vivíamos en armonía con la naturaleza y con los Pueblos Indígenas vecinos. Cazábamos, pescábamos, cultivábamos nuestras chacras y nos curábamos con las plantas medicinales de la selva. Teníamos nuestra maloca, a donde invitábamos a otros pueblos a mambear y realizar bailes y prácticas espirituales, según nuestro calendario ecológico. Allí, nuestros sabios y mayores transmitían el conocimiento ancestral a las nuevas generaciones.

La lucha por renacer

Todo cambió en 1986, cuando nuestra vida en unión fue interrumpida por la incursión de unas 35 personas armadas de las FARC-EP: detuvieron las actividades de la comunidad, realizaron formación en la maloca, impusieron su himno y llevaron a cabo prácticas de tiro con personas reclutadas. Los guerrilleros nos amenazaron: quien sea un sapo (traidor) iba a ser inmediatamente fusilado. Pronto, empezaron a apropiarse de nuestros víveres y gasolina. Como también intentaron reclutar a algunos menores de edad, nuestros padres nos enviaron a una escuela de los Curas Capuchinos.

Tras un tiempo bajo ocupación, el comandante a cargo nos ordenó abandonar nuestra tierra inmediatamente por la amenaza del ejército colombiano de bombardear o enfrentar a la FARC-EP. Fue un momento de mucha zozobra: todos huimos con lo mínimo que teníamos puesto, dejando atrás nuestras tierras, sitios y elementos sagrados, cultivos, nuestras raíces, nuestro presente y nuestro futuro. Cada núcleo familiar buscó su manera de sobrevivir: algunos en la selva, otros encontraron refugio en las cabeceras municipales o en resguardos indígenas de otros pueblos de la Amazonía. Hubo intentos de volver a unirnos, pero no se logró.

Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo tuvo un impacto devastador para nuestra cultura. Nuestra niñez había estado expuesta al mundo blanco y debíamos transmitir nuestros conocimientos ancestrales.

Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo y las huidas individuales tuvieron un impacto devastador para nuestra cultura.

Entre 2000 y 2016, nuevamente volvimos a vivir amenazas personales y desplazamientos forzados por nuestro liderazgo en defensa del ambiente, de la autonomía de los Pueblos Indígenas y contra el reclutamiento forzado. Poco a poco, fuimos huyendo de la Amazonía hacia la ciudad de Villavicencio, otros municipios de Meta y, finalmente, a Medina (Cundinamarca). Si bien esta región del centro-oriente es muy diferente a nuestro territorio ancestral, posee algunas características parecidas en cuanto a vegetación y ha servido como refugio para otros pueblos amazónicos. 

Tuvimos que volver a empezar de cero. Nuestro hermano sabio Pejriwaca compró un predio, nos reorganizamos, fortalecimos nuestra unión familiar y comunitaria, y buscamos nuevas tierras para constituir un resguardo y asegurar nuestra pervivencia. Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo y las huidas individuales hacia las ciudades tuvieron un impacto devastador para nuestra cultura. Nuestra niñez (nuestro futuro) había estado expuesta al mundo blanco y debíamos crear un nuevo espacio para practicar y transmitir nuestros conocimientos ancestrales y nuestra lengua propia.

La victoria judicial

En 2018, declaramos nuestro desplazamiento de 1986 con el fin de ser reconocidos como sujeto de reparación colectivo y obtener una respuesta integral frente al daño causado por el desarraigo de nuestro territorio ancestral. El camino no fue fácil. Comenzamos a ser víctimas de la negación constante con argumentaciones falsas, inconstitucionales y una completa falta de enfoque diferencial por parte de la Unidad para las Víctimas: paradójicamente, este organismo creado por el Estado colombiano para apoyarnos, negaba nuestra existencia y sostenía que existíamos desde 2017 cuando fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior.

No bajamos los brazos. Agotamos todos los pasos judiciales a través de la reposición, apelación y solicitud de revocatoria, con la esperanza de un cambio a partir de la llegada del primer gobierno progresista de Colombia. Lamentablemente, nuestra petición no tuvo eco. Así, en 2024 interpusimos una acción de tutela, el mecanismo en Colombia para reclamar una violación de la Constitución. Otra vez tuvo que pasar por todas las instancias, evidenciando que las instancias más bajas siguen desconociendo los derechos y la realidad de los Pueblos Originarios. Finalmente, procedimos ante la Corte Constitucional para que revisara nuestro caso y velara por nuestros derechos fundamentales.

La Corte aprobó, revisó y llegó a la conclusión de que la Unidad para Víctimas había violado durante años nuestro derecho al debido proceso, identidad cultural y reparación integral. En un fallo ejemplar, ordenó a reconocer nuestra preexistencia, incluirnos en el Registro Único de Víctimas como Sujeto de Reparación Colectiva y la implementación de medidas de reparación sin barreras adicionales. Como pueblo preexistente, celebramos este fallo histórico y exigimos a la Unidad de Víctimas y a todas las entidades que cumplan los fallos favorables y derechos estipulados para los Pueblos Originarios. Especialmente de los que se encuentran en exterminio físico y cultural.

Mientras tanto seguimos gritando: “Somos sujeto de reparación colectivo, somos pueblo, somos historia. Somos el pueblo Je’eruriwa”.

Para más información sobre nuestro caso, revisar el sitio de la Corporación Jurídica Yira Castro y la Sentencia T-185 de la Corte Constitucional de 2025.

The post Tras siete años de lucha, la Corte Constitucional de Colombia falla a favor del pueblo Je’eruriwa, víctima de desplazamiento forzado appeared first on Debates Indígenas.

El término Mayangna proviene de su propia lengua y puede interpretarse como “hijos del sol”, “somos del sol” o “somos de lo alto”. Estos conceptos están profundamente enraizados en su cosmovisión, la cual gira en torno a sus dioses creadores: Adu (el sol) y Udu (la luna). Aunque en documentos coloniales y textos antropológicos se utilizó el término Sumu, este fue una imposición externa (española e inglesa) y hoy es rechazada por el pueblo, que se identifica como Mayangna balna (“el pueblo Mayangna”). Hoy en día, el pueblo Mayangna se organiza según sus cuatro variantes etnolingüísticas: Panamahka, Tuahka, Yuskuh y Ulwa.

Existen tres posibles explicaciones sobre la primera migración histórica de los mayangna. Una primera teoría sostiene que somos originarios de la Gran China o Japón, dado que compartimos fuertes vínculos de parentesco, y que migramos  a través del estrecho de Bering para sobrevivir a la guerra entre grupos dominantes. La segunda teoría afirma que provenimos de la zona mesoamericana, sobre todo, del actual territorio de México. Finalmente, la tercera teoría plantea que somos del sur, lo que hoy corresponde a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde existen Pueblos Indígenas con características similares.

Cosmovisión mayangna

Más allá de la teoría sobre los orígenes, históricamente los mayangna se asentaron en áreas de difícil acceso, como las cabeceras de los ríos Waspuk, Wawa, Pispis, Tungki, Uli, Lakus, Bocay y Grande de Matagalpa. Esta ubicación les ha permitido preservar su cultura, idioma y organización tradicional. En la actualidad, existen 76 comunidades organizadas en nueve territorios, con una población estimada de 45.000 personas. La mayoría de estos territorios cuentan con títulos de propiedad comunal emitidos por el Estado, respaldados por la Ley 28 de Autonomía Regional y la Ley 445 sobre el Régimen de Propiedad Comunal.

Para el pueblo Mayangna, el capital natural es tan sustancial que se resume en la vida misma: constituye el medio de vida heredado por los ancestros milenarios y tiene un valor incalculable. Este capital comprende desde la disponibilidad de agua hasta la calidad del aire, e incorpora de manera implícita elementos abióticos como la lluvia y el caudal de los ríos. La cosmovisión trasciende el razonamiento científico o ecológico, ya que se fundamenta en una dimensión espiritual que se complementa para equilibrar la vida. 

Por eso, el territorio es la mayor riqueza heredada para el pueblo Mayangna, no sólo por el espacio geográfico, sino por el valor ancestral: allí han pervivido, en armonía con la naturaleza, incontables generaciones de antepasados que viven en la memoria histórica de las actuales generaciones. En consecuencia, el territorio es también el lugar donde descansan los espíritus de abuelos y abuelas, los espíritus de las montañas y los bosques. Más que un recurso, es el hogar del pueblo Mayangna.

Organización y territorialidad

La estructura organizativa tradicional del pueblo Mayangna siempre ha sido la figura de sukia o ditalyang: el dirigente espiritual o conocedor de los secretos de la naturaleza que está destinado a liderar el destino de cada pueblo y comunidad. Era escogido mediante ceremonias ancestrales en sitios sagrados, como el cerro Asanh rarah, Kumapaitah y Saubi. La elección era determinada por sus conocimientos sobre astros, medicina, predicción y proyección. En la década de 1970, se instaura una nueva forma de administración: el sautatuna (síndico comunal o encargado de propiedad) y el wisyan (juez comunal).

Cabe señalar que, debido a la falta de inclusión al pueblo Mayangna por parte de los dirigentes miskitus en tiempos de crisis y relevo, se vivieron experiencias y tomas de decisiones para dar un paso diferente al pasado sin perder la originalidad ni la identidad. Por ello, se retomó la figura jurídica de asociación y se legalizó a Sukawala como la organización vinculante para todas las comunidades mayangna a nivel nacional. En coordinación con las autoridades tradicionales, se consolidó una nueva forma de gobernanza, visto como una etapa de transición entre la organización tradicional y la figura jurídica legal.

En 1994, la experiencia Sukawala fortaleció los espacios de expresión de la mujer y los jóvenes mayangna, y los guiriseros artesanales (mineros), y dio lugar a nuevas organizaciones: Masaku, Matumbak, Amasau Iyamsak, Adesmir, Aumnic y Comjubo. Sin embargo, con la victoria de Daniel Ortega en 2006, comenzó el desmoronamiento de estas organizaciones indígenas debido a la supresión de cambios estructurales en la dinámica de gobernanza comunitaria. Mientras se sustituyó la figura de asociación por la de Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI), la organización Sukawala se dividió en tres: Nación Mayangna, AMDES y Mawarat. 

El régimen de Nicaragua y la migración mayangna

Desde el regreso de Daniel Ortega al poder, Nicaragua ha experimentado un giro autoritario que ha tenido un grave impacto sobre los Pueblos Indígenas. Las principales afectaciones incluyen la eliminación arbitraria de títulos de propiedad comunal, la cooptación de estructuras organizativas indígenas en movimientos políticos y la imposición de los GTI subordinados al poder central y fines partidarios. Por otra parte, desde 2013, los territorios mayangna han sufrido violencia sistemática: invasiones armadas de colonos ilegales; la tala y la minería ilegal; asesinatos y secuestros; desplazamientos forzados de comunidades; y la criminalización de líderes y guardabosques indígenas.

En este sentido, se han documentado ataques a las comunidades Saubi (2016), Wilu (2017), Alal (2021) y Kitangsar (2018 y 2022). En total, se contabilizan 24 personas indígenas asesinadas (muchas de ellas eran líderes comunitarios) y nueve guardabosques encarcelados por defender sus territorios. Además, el régimen ha promovido la apropiación de tierras mediante asociaciones alineadas al gobierno, como Achacomjubo, Arnig y Copamar. Como si esto fuera poco, los líderes que denunciaron estas violaciones tuvieron que enfrentar la persecución pública, la cárcel o el exilio en el extranjero.

La migración ambiental se da por la invasión a los territorios por parte de colonos, las concesiones mineras, el  avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva.

La migración ambiental se da por la invasión a los territorios por parte de colonos, las concesiones mineras, el  avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva.

Durante el enfrentamiento entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el pueblo Mayangna emigró hacia el norte del país, Honduras y Estados Unidos. Esta ola migratoria ha sido una de las más fuertes de Centroamérica. Cuatro décadas después, Nicaragua volvió a vivir una crisis similar a partir de 2015 y, especialmente, la profundización de la violencia estatal en 2018. En este contexto, personas y familias enteras han emigrado fuera de Nicaragua para asegurar sus vidas y sobrevivir. 

En el caso concreto de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), el fenómeno migratorio se da por razones ambientales, políticas, económicas y culturales. En primer lugar, la migración ambiental se da por la invasión a los territorios por parte de colonos, las concesiones mineras, el  avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva. En segundo lugar, encontramos la persecución a activistas indígenas, líderes y personas opositoras, que se refleja en el encarcelamiento de 24 mayangna y tres miskitus. Tercero, observamos la falta de oportunidades de empleo que aseguren el sustento. Y, finalmente, el temor a un posible plan de exterminio contra los PIACI debido a su lucha y resistencia.

Las huellas imborrables de la migración

A partir de la crisis del país, muchas personas, sin importar su estatus social, han sido afectadas de manera desproporcionada, lo cual ha traído pérdidas de bienes económicos, reducción de espacios laborales y, el abandono y separación familiar. Asimismo, quienes intentan oponer a las políticas y la deriva autoritaria, sufren la persecución, el asesinato, la cárcel y el destierro. De este modo, la afectación es tanto económica como emocional.

En este contexto, se estima que han migrado más de 9000 miskitus, 350 mayangna, 50 ramas, 30 garifunas y 10 chorotegas. La mayoría de ellos se da hacia Costa Rica, que es un considerado uno de los países que más respeta las garantías políticas en toda Latinoamérica. Si bien no se cuenta con datos precisos dado que muchos de los desplazamientos se dan de forma secreta o clandestina para evitar la persecución política, lo alarmante de estas cifras es que van en aumento año tras año.  En el caso del pueblo Mayangna, se considera que gran parte de las personas que migran lo hacen buscando refugio por la persecución política que sufren.

Aunque no existe un exilio masivo, los mayangna se desplazan debido a la presión de la colonización y la violencia generada por el gobierno. Así, se ven obligados a buscar refugio y nuevas oportunidades en tierras ajenas.

Aunque no existe un exilio masivo, los mayangna se desplazan debido a la presión de la colonización y la violencia generada por el gobierno.

El efecto de la migración deja huellas imborrables a corto, mediano y largo plazo, tanto para las personas migrantes y sus familias como para el lugar de abandono. En consecuencia, las comunidades mayangna sufren cambios culturales y sociopolíticos que llevan a un proceso de desestructuración, reconfiguración social y resurgimiento de nuevos habitus. 

Es importante señalar que no existe un “exilio” formal. No hay un registro oficial que documente el exilio masivo de los mayangna, ni hacia Honduras en 1970 ni hacia Costa Rica en 2018. Más bien se trata de un desplazamiento gradual, pero constante, debido a los problemas relacionados con la tierra y la autonomía de los Pueblos Indígenas. En resumen, aunque no existe un exilio masivo, los mayangna se desplazan debido a la presión de la colonización y la violencia generada por el gobierno. Así, se ven obligados a buscar refugio y nuevas oportunidades en tierras ajenas.

Situación de la población mayangna en el exilio costarricense

A partir de 2018, los especialistas observan la presencia de una segunda ola migratoria Mayangna, que se ha acelerado luego de 2023. En este nuevo desplazamiento, numerosas familias mayangna han huido hacia Costa Rica, Panamá, Salvador y Estados Unidos con el objetivo de escapar de la represión estatal y la violencia armada de los colonos en sus comunidades. En Costa Rica, se estima la presencia de, al menos, 60 familias mayangna, que están dispersas  por todo el país y se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.

Las principales dificultades que enfrentan en el extranjero son la falta de empleo y el bajo nivel educativo, la imposibilidad de acceso a tierras y vivienda digna, las barreras lingüísticas (especialmente entre las mujeres mayores), la ausencia de atención diferenciada en el sistema de refugio costarricense y la situación de vulnerabilidad debido a la falta de atención adecuada. A esta situación, se suma el efecto nocivo del endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La invisibilidad de los mayangna como grupo indígena en los sistemas de protección internacional agrava su exclusión, ya que muchas instituciones priorizan el conocimiento y atención a un solo pueblo indígena, dejándolos sin respuestas adecuadas.

La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social fomenta el diálogo intercultural, la representación de los mayangna en el exilio y los procesos de inclusión social, cultural y económica en Costa Rica.

AMDES fomenta el diálogo intercultural, la representación de los mayangna en el exilio y los procesos de inclusión social, cultural y económica en Costa Rica.

Ante la falta de representación autónoma, la población mayangna en el exilio ha reorganizado la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES). Constituida de manera anónima como medida de protección frente a la represión estatal, esta organización opera desde Costa Rica y se ha convertido en la principal estructura de representación, denuncia y defensa del pueblo Mayangna. Y aunque no cuenta con personería jurídica propia, trabaja con el respaldo legal de organizaciones aliadas. 

En este momento, la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social desarrolla acciones clave que incluyen el acompañamiento y la asistencia a migrantes mayangna; el establecimiento de redes de apoyo y protección para familias desplazadas; la documentación de denuncias y la visibilización de violaciones de derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales; y la formación comunitaria en derechos, liderazgo y participación indígena. De este modo, AMDES fomenta el diálogo intercultural, la representación de los mayangna en el exilio y los procesos de inclusión social, cultural y económica en Costa Rica.

The post El desplazamiento forzado de los mayangna de Nicaragua appeared first on Debates Indígenas.

Pese a que la Constitución de 2008 garantiza los derechos colectivos, la realidad evidencia una brecha profunda: entre 2022 y 2024, más de 315.000 personas fueron desplazadas —muchas de ellas indígenas—, mientras el Estado prioriza intereses económicos sobre la protección de comunidades vulnerables. El país enfrenta una crisis socioambiental sin precedentes, donde la convergencia del capital extractivo y del capital criminal impulsa el avance de proyectos de minería, petróleo y narcotráfico, desencadenando desplazamientos forzados, violencia sistemática y la destrucción de territorios ancestrales indígenas. 

En este contexto, es necesario preguntarse cuáles son las características, causas e impactos del desplazamiento forzado interno en Ecuador, en particular sobre sus pueblos y nacionalidades indígenas. Casos como el desalojo violento de la comunidad Shuar en Nankints en 2016 y la contaminación por minería en Napo revelan patrones de despojo, militarización e impunidad que diferencian al país del resto de la región. Frente a este panorama, las respuestas estatales deambulan entre el desinterés y la criminalización de líderes, al mismo tiempo que emergen alternativas como la minería comunitaria sostenible en Kenkuim.

Una economía que fomenta la violencia

Si bien la Constitución de 2008 posiciona a Ecuador como un país garantista de derechos humanos, en la práctica existe una brecha profunda entre sus avances normativos y el desplazamiento forzado interno. Aunque la Carta Magna prohíbe el desplazamiento arbitrario y protege los territorios ancestrales indígenas, la Defensoría del Pueblo ha denunciado la falta de una ley específica que garantice su protección, reparación o retorno de las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas.

La violencia criminal y el narcotráfico son los principales motores de esta crisis. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ecuador cerró 2023 con uno de los índices de muertes violentas más altos de América Latina y 315.000 personas desplazadas forzadamente. Provincias como Guayas, Esmeraldas y Sucumbíos son epicentros de control territorial por grupos armados, donde el 58 por ciento de los desplazados mencionan robos violentos como causa principal. La especialista Ana Julia Viteri señala que la violencia responde a motivos económicos, no políticos, lo que dificulta la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55% de los desplazados, con un aumento del 42% en violencia de género entre 2023 y 2024.

Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55% de los desplazados, con un aumento del 42% en violencia de género entre 2023 y 2024.

Las comunidades indígenas sufren impactos desproporcionados. Mientras ocurren desalojos violentos como el de la comunidad Shuar en Nankints, el crimen organizado recluta jóvenes por la fuerza y destruye la naturaleza a través de la minería ilegal. Además, la crisis económica profundiza el problema: el 93 por ciento de los empleos son informales y el 82 por ciento de los desplazados priorizan el acceso a alimentos y albergue. A esto se suman desastres climáticos, como el fenómeno de El Niño de 2024, que destruyó viviendas e infraestructura en 23 provincias.

Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55 por ciento de los desplazados, con un aumento del 42 por ciento en violencia de género entre 2023 y 2024. Pese a ello, el Estado no reconoce el desplazamiento como categoría legal, lo cual limita las respuestas integrales. Por eso, se necesitan políticas públicas que combinen protección jurídica, inversión social y reparación, al mismo tiempo que la Corte Constitucional debe garantizar los derechos a los desplazados. Mientras tanto, miles de familias siguen atrapadas en un limbo, víctimas de una crisis que el Estado insiste en ignorar.

Desplazamiento forzado, violencia y extractivismo

La Amazonía ecuatoriana, hogar de nacionalidades como los Shuar, Kichwa, Waorani o Siekopai, enfrenta una crisis humanitaria debido al avance del crimen organizado transnacional y la explotación extractivista. Estos fenómenos han generado desplazamientos forzados, violencia sistemática y la destrucción de territorios ancestrales. La realidad de la última década evidencia un patrón de despojo donde el Estado, lejos de garantizar los derechos, prioriza intereses económicos.

En el centro-sur amazónico, el proyecto minero San Carlos-Panantza, operado por la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA), desencadenó un conflicto emblemático. En agosto de 2016, 2.000 efectivos policiales y militares desalojaron violentamente a ocho familias shuar de Nankints. Posteriormente, un enfrentamiento en el campamento minero La Esperanza llevó a que el Gobierno declarara el Estado de Excepción, militarizara la zona y persiguiera a líderes como Agustín Wachapa. Al menos 35 familias shuar, incluyendo 46 niños y siete mujeres embarazadas, huyeron a la selva y se refugiaron en el centro Tlink en condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y niños sin acceso a educación.

“Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.

“Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.

En la provincia de Zamora Chinchipe, al límite con Perú, proyectos como Mirador y Fruta del Norte han profundizado las desigualdades. Aunque la minería atrajo inversiones por 314,9 millones de dólares en inversiones en 2023, el 52 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional. Entre 2015 y 2017, al menos 32 familias fueron desalojadas en Tundayme sin consulta previa. Las mujeres shuar, guardianas de saberes ancestrales, enfrentan una triple opresión por género, etnicidad y modelo económico. El 39,2 por ciento vive en la pobreza.

En la central provincia Napo, la minería de oro (legal e ilegal) ha devastado ríos como el Anzu y el Punino, ubicados en los territorios de los kichwa y quijos de esta región.  La corporación china Terracarth Resources opera bajo un marco legal que prioriza el subsuelo sobre los derechos indígenas. Por su parte, la minería ilegal del oro, vinculada a grupos armados, ha deforestado 2.037 hectáreas y envenenado fuentes hídricas con mercurio. “Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.

La minería y el narcotráfico: de la contaminación de ríos a la palma africana 

El caso del cantón Carlos Julio Arosemena Tola resulta paradigmático. Allí, las concesiones mineras han avanzado sobre territorios ancestrales de las comunidades Kichwas. Las denuncias presentadas por los líderes comunitarios sobre la presencia de maquinaria pesada y contaminación en los ríos no han tenido respuesta efectiva por parte del Estado. “Las instituciones responsables del control ambiental y de los recursos naturales no ejercen una vigilancia efectiva, y en muchos casos actúan como cómplices de la expansión minera”, sostiene un informe del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.

Este patrón de complicidad institucional se repite en otros cantones, como Tena y Archidona, donde las empresas mineras suelen operar sin cumplir con requisitos como la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido por la Constitución del Ecuador. Las comunidades se ven obligadas a enfrentar solas a actores con poder económico y político, mientras el Estado permanece ausente o actúa como mediador en favor del capital. Una de las consecuencias más graves es el impacto sobre las fuentes de agua. La contaminación de los ríos Jatunyacu, Anzu y Napo afectan no sólo a la biodiversidad, sino también al consumo humano.

Los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.

Los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.

Además, se ha registrado un cambio en la organización social. La entrada de actores externos vinculados a la minería ha generado divisiones internas en las comunidades, donde algunos ven en la actividad extractiva una oportunidad económica, mientras otros resisten por la defensa de sus territorios. Esta tensión, muchas veces, se traduce en conflictos intracomunitarios y en la criminalización de los defensores del territorio. Peor aún, los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.

El narcotráfico también corroe territorios indígenas. Situado entre Colombia y Perú, Ecuador es ahora un centro de acopio de cocaína. En 2020, se incautaron 128 toneladas de narcóticos, mientras grupos armados reclutan forzosamente a indígenas awá y siona. La minería ilegal y el narcotráfico también convergen en Esmeraldas, la provincia del litoral que limita con Colombia: los cultivos de palma africana camuflan las plantaciones de coca, desplazan a comunidades y, en 2019, destruyeron 114 kilómetros cuadrados de selva.

Respuestas estatales frente al desplazamiento forzado: omisiones y desafíos

El Estado ecuatoriano ha implementado medidas como la visa VIRTE, que regularizó a 95.809 personas hasta 2024, y la Iniciativa de Movilidad Segura para refugiados. Sin embargo, estas acciones contrastan con la falta de un registro unificado de desplazados internos: una carencia crítica que impide dimensionar la crisis y diseñar políticas públicas efectivas. La Defensoría del Pueblo ha exigido este sistema, pero los avances son mínimos.

Uno de los mayores obstáculos es la criminalización de líderes indígenas que defienden sus territorios. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) documentó los casos de dirigentes acusados de terrorismo o sabotaje por oponerse a megaproyectos. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, denunció: Nos quieren enjuiciar por defender nuestros territorios. Es una estrategia para sembrar miedo”. Además de violar derechos individuales, la persecución debilita la organización comunitaria.

Muchas víctimas desconocen sus derechos constitucionales, lo que agrava su indefensión. A esto se suma la impunidad: los crímenes cometidos por grupos armados en zonas fronterizas rara vez se investigan.

Según ACNUR, las comunidades indígenas enfrentan barreras como la falta de intérpretes en lenguas originarias y la desconfianza histórica hacia las instituciones.

El acceso a la justicia también es limitado. Según ACNUR, las comunidades indígenas enfrentan barreras como la falta de intérpretes en lenguas originarias y la desconfianza histórica hacia las instituciones. Muchas víctimas desconocen sus derechos constitucionales, lo que agrava su indefensión. A esto se suma la impunidad: los crímenes cometidos por grupos armados en zonas fronterizas rara vez se investigan.

Frente al aumento de la violencia en el país, los organismos internacionales han emitido recomendaciones clave: 1) aprobar una ley de desplazamiento interno con un enfoque diferencial para Pueblos Indígenas, que incluya asistencia humanitaria y reparación integral; 2) garantizar la consulta previa en proyectos extractivos, conforme al Convenio 169 de la OIT, evitando formalismos y asegurando la participación real; 3) crear un registro nacional de víctimas, coordinado con la Defensoría del Pueblo y ACNUR, para visibilizar a esta población y asignar recursos de manera eficiente.

Alternativas que tejen esperanza

Mientras tanto, las familias desplazadas en la Amazonía, la Costa y los Andes sobreviven en condiciones precarias, sin acceso a la salud y la educación, y con escasas esperanzas de retorno. Frente al avance del extractivismo y el crimen organizado, surgen modelos como el de la comunidad Shuar de Kenkuim, que demuestran que otra minería es posible. Su proyecto Exploken Minera, pionero en Sudamérica, combina autonomía indígena y sostenibilidad ambiental, evitando el uso de mercurio y priorizando la remediación de daños históricos. “No usamos mercurio. Somos shuar y cuidamos nuestra tierra”, afirma el líder Alipio Wajari.

Este caso, aunque con tensiones internas y desafíos económicos, encarna una alternativa al extractivismo destructivo, alineado con el Sumak Kawsay y los derechos constitucionales. Sin embargo, estas iniciativas contrastan con la ausencia estatal y la falta de políticas integrales que protejan los territorios ancestrales. Mientras el Estado prioriza intereses económicos, las comunidades resisten: organizan brigadas de vigilancia, promueven las economías locales, crean proyectos de agroecología y turismo comunitario, y exigen reparación para las víctimas del desplazamiento forzado. 

La brecha entre el discurso constitucional del Buen Vivir y la realidad de estas comunidades sigue creciendo. El crimen organizado no sólo explota recursos, sino que fractura la identidad de los Pueblos Originarios. Su lucha, marcada por la defensa de la tierra y la cultura, es un llamado urgente a repensar el desarrollo desde la justicia ambiental y de género. El camino hacia una transición justa requiere reconocer que estas violaciones son estructurales y apoyar las alternativas que, desde los territorios, tejen esperanza en medio de la crisis.

The post Territorios vaciados y derechos vulnerados: el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas en Ecuador appeared first on Debates Indígenas.

Entre los desplazamientos contemporáneos más documentados, nos encontramos, en primer lugar, con la expulsión de miles de familias tsotsiles y tseltales de la región de Los Altos durante los años 80, por su adscripción a iglesias evangélicas protestantes, en municipios donde las mayorías católicas tradicionales articulan sus sistemas normativos a las fiestas y cargos religiosos. También existieron reasentamientos impuestos por la construcción de las presas hidroeléctricas de Chicoasén, Malpaso y La Angostura; y por la erupción del Volcán Chichonal en 1982, que implicó el traslado de gran parte de la población zoque del municipio de Francisco León a la Selva Lacandona. 

Asimismo, existieron conflictos agrarios de límites debido a la yuxtaposición de resoluciones de dotación ejidal y comunal mal deslindados en Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama y los Bienes Comunales Lacandones entre 1970 y 1980. Más cerca en el tiempo, hubo desplazamientos por el conflicto armado de 1994; el impacto del huracán Stán en 2005, que golpeó la costa y la sierra; la acción de grupos paramilitares asociados al crimen organizado en diferentes regiones; la formación de autodefensas y la proclamación del gobierno municipal autónomo de Oxchuc en 2018; y el conflicto contra la extracción minera en Chicomuselo. En este sentido, algunos prevén nuevos conflictos por el relanzamiento de la carretera de Palenque a San Cristóbal.

Desplazamientos por desastres socioambientales

Sin un marco legal general que regulara la obligada intervención del gobierno federal, no fue sino hasta 1998 que se mandató una Relatoría Especial para Desplazamiento Interno por la Asamblea de Naciones Unidas. Como primer Relator, Francis Deng, postuló sus Principios Rectores y dio lugar a una formación político-discursiva donde convergieron el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Estos Principios brindaban una referencia específica a las personas y comunidades desplazadas, como a la obligación del Estado para prevenir, atender, proteger y resolver lo necesario. 

En México, los desplazamientos de población por efecto de desastres socioambientales han sido previstos y atendidos bajo la regulación en materia de Protección Civil, definida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como el conjunto de acciones destinadas a responder a necesidades denunciadas o planteadas por la sociedad ante la inminencia o la consumación de un desastre que ponga en riesgo la vida, los bienes o el entorno. 

Esta competencia federal se fijó constitucionalmente hasta la década de 1990 con la Ley General de Protección Civil. Su antecedente se remonta a la creación del Plan para Desastres Naturales DN-III-E a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 1966 para atender los daños causados por severas inundaciones en la cuenca del Río Papaloapan ese año.

Chiapas: un vértice geoestratégico

Como territorio limítrofe entre América del Norte y América Central, Chiapas posee unas características particulares: es un corredor migratorio transfronterizo, posee una pluralidad sociodemográfica, cuenta con una abigarrada fisiografía que la hace vulnerable a los desastres socioambientales y, tiene conflictividad política y una económica persistente. Entre 1979 y 1984, marcó el camino en la evolución de la Protección Civil al reconocer los campamentos con decenas de miles de refugiados guatemaltecos que habían huído de la guerra de exterminio de comunidades indígenas. Finalmente, en 1994, reconoció a la población desplazada por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

El proceso electoral del 2000 fue un parteaguas en la redistribución del poder: por primera vez en seis décadas, la oposición venció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y obtuvo la mayoría parlamentaria en el Congreso. A partir de estas nuevas condiciones de gobernabilidad y gobernanza, la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH), que representaba el interés las comunidades indígenas, junto a la Iglesia Católica colocaron en el centro de la agenda política la atención a los miles de desplazados por el conflicto armado de 1994 y denunciaron la omisión sistémica de las instituciones públicas para su atención integral.

En marzo de 2001, se instalaron en San Cristóbal de Las Casas las primeras mesas de atención integral directa a desplazamientos forzados por violencia y violación de derechos humanos en México.

En 2001, se instalaron en San Cristóbal de Las Casas las primeras mesas de atención a desplazamientos forzados por violencia y violación de derechos humanos.

En el marco de los Principios Rectores de la Relatoría Especial para el Desplazamiento Interno de la Asamblea de Naciones Unidos, la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) del nuevo gobierno estatal trabajó en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, representados en un grupo interinstitucional exprofeso de expertos en desplazamiento forzado. Así, lograron el reconocimiento formal por el gobernador de toda la población desplazada durante la coyuntura del conflicto armado de 1994 y la acción contrainsurgente correlativa, así como de las familias sobrevivientes a la Masacre de Acteal en 1997. 

En marzo de 2001, se instalaron en San Cristóbal de Las Casas las primeras mesas de atención integral directa a desplazamientos forzados por violencia y violación de derechos humanos en México. Con esta estrategia de intervención, se registraron y caracterizaron 19 grupos de población desplazada, representando a un total de 155.000 personas. También se desarrolló un protocolo de investigación aplicada para el cotejo de cada uno de los casos perfilados. 

Idas y vueltas en las políticas públicas

El universo de grupos de población participantes en las mesas de atención con la SEPI y el Centro de Derechos Humanos no incluyó a las familias zapatistas que fueron desplazadas y luego reasentadas en la comunidad autónoma de Polhó ubicada en el territorio constitucional del municipio de Chenalhó. Exactamente lo mismo ocurrió con los desplazados de las comunidades zapatistas en el municipio de Sabanilla. La ayuda humanitaria provista para los desplazados zapatistas la movilizó el Comité Internacional de la Cruz Roja por acuerdo con el gobernador y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Hasta la conclusión del gobierno federal de Vicente Fox en 2006, las mesas de atención a los desplazados por el conflicto armado y la masacre de Acteal lograron que retornara el 90 por ciento de los 155.000 desplazados registrados en asentamientos pacíficos, duraderos y verificables. Durante la siguiente administración de Felipe Calderón (2007-2012), los actores estratégicos para la gestión de los desplazados por violencia, conflicto armado y violación de derechos cambió: las mesas del SEPI y el Centro de Derechos Humanos se cancelaron, y la Cruz Roja dejó de operar en Chiapas. 

Las mesas de atención a los desplazados por el conflicto armado y la masacre de Acteal lograron que retornara el 90 por ciento de los 155.000 desplazados registrados en asentamientos pacíficos, duraderos y verificables.

Las mesas de atención a desplazados por el conflicto armado y la masacre de Acteal lograron que retornara el 90 por ciento de los 155.000 desplazados registrados.

Sin embargo, otro marco de gestión emergió con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española y cuatro agencias de la Organización de Naciones Unidas articuladas en un proyecto para la Paz: UNESCO, UNICEF, Oficina Contra el Delito y las Drogas (ONUDD), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el Foro para el Desarrollo Sustentable AC y otros consultores civiles. La intervención se circunscribió a la atención de los desplazados por el conflicto armado en Tila, Salto de Agua y Ocosingo, que no habían alcanzado soluciones en las mesas de atención previas.

El trabajo articulado entre grupos desplazados, organizaciones civiles y organismos multilaterales generó condiciones para proponer al presidente una ley estatal en materia de desplazamientos forzados. En línea con los estándares internacionales, la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado en 2012. Fue la primera ley en materia de desplazamientos forzados de toda la historia de México. Por mandato de sus artículos transitorios, se creó y puso en marcha el Consejo Estatal para Desplazamientos Internos en ampliación de las competencias institucionales de Protección Civil.

Un gobierno pasivo que profundiza los desplazamientos

Con la pandemia por el Covid-19, la actuación institucional se congeló en sus mínimos operativos, un marasmo del que aún no sale. Sin embargo, el escenario estatal se ha violentado exponencialmente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se caracterizó por una gestión totalmente omisa, que facilitó el crecimiento de la actividad delincuencial y del crimen organizado sin límites. Así, se corrompieron todas las instituciones públicas, se generaron nuevos desplazamientos forzados por despojo territorial, provocando una nueva escala en la diáspora migratoria de las comunidades indígenas por violencia armada.

Cuando el escenario no podía ser peor, el nuevo gobierno estatal, respaldado por el partido gobernante a nivel nacional, se ha dedicado a la legalización de una formación paramilitar denominada Los Pakales: una fuerza armada ilegal de choque que pretende imponer una paz de facto a través de acciones militares. Con esta estrategia, ha intervenido en territorios donde se han producido violentos desplazamientos masivos de comunidades completas, como en Frontera Comalapa, Chicomuselo, Tila, Pantelhó y Aldama, y diversos municipios de las regiones Sierra, Frailesca y Fronteriza.

Hasta el momento no existe un recuento de la población que permanece en situación de contingencia humanitaria. Si bien el gobierno estatal mantiene una retórica confusa, que promete, pero escatima la ayuda humanitaria para los desplazados, niega fehacientemente los eventos que se han producido durante los meses que lleva su gestión. 

The post Un recuento de los desplazamientos forzados y la violación de los derechos humanos en Chiapas appeared first on Debates Indígenas.