La frontera sur de México con América Central constituye un verdadero desafío geoestratégico. A los movimientos de comunidades enteras por desastres socioambientales, se suma la diáspora de poblaciones indígenas y rurales generada por el crimen organizado y los proyectos de infraestructura. Recién en el siglo XXI, el Estado mexicano comenzó a brindarles una solución institucional a las poblaciones desplazadas. En la actualidad, la pasividad del gobierno es funcional a la profundización de las causas que producen las migraciones forzadas.
La memoria colectiva chiapaneca guarda referencia a grandes cataclismos concretos que provocaron desplazamientos masivos, de los cuales muchos derivaron en reasentamientos involuntarios y un retorno imposible. Por un lado, nos encontramos con eventos causados por violencia multidimensional: disputas territoriales, conflicto armado, crimen organizado, acción paramilitar, la violación de derechos humanos y la imposición de megaproyectos. Por otro lado, encontramos desplazamientos causados por desastres socioambientales y cambio climático que no implican una intención subyacente de despojo territorial-biocultural y los otros sí invariablemente.
Entre los desplazamientos contemporáneos más documentados, nos encontramos, en primer lugar, con la expulsión de miles de familias tsotsiles y tseltales de la región de Los Altos durante los años 80, por su adscripción a iglesias evangélicas protestantes, en municipios donde las mayorías católicas tradicionales articulan sus sistemas normativos a las fiestas y cargos religiosos. También existieron reasentamientos impuestos por la construcción de las presas hidroeléctricas de Chicoasén, Malpaso y La Angostura; y por la erupción del Volcán Chichonal en 1982, que implicó el traslado de gran parte de la población zoque del municipio de Francisco León a la Selva Lacandona.
Asimismo, existieron conflictos agrarios de límites debido a la yuxtaposición de resoluciones de dotación ejidal y comunal mal deslindados en Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama y los Bienes Comunales Lacandones entre 1970 y 1980. Más cerca en el tiempo, hubo desplazamientos por el conflicto armado de 1994; el impacto del huracán Stán en 2005, que golpeó la costa y la sierra; la acción de grupos paramilitares asociados al crimen organizado en diferentes regiones; la formación de autodefensas y la proclamación del gobierno municipal autónomo de Oxchuc en 2018; y el conflicto contra la extracción minera en Chicomuselo. En este sentido, algunos prevén nuevos conflictos por el relanzamiento de la carretera de Palenque a San Cristóbal.
Desplazamientos por desastres socioambientales
Sin un marco legal general que regulara la obligada intervención del gobierno federal, no fue sino hasta 1998 que se mandató una Relatoría Especial para Desplazamiento Interno por la Asamblea de Naciones Unidas. Como primer Relator, Francis Deng, postuló sus Principios Rectores y dio lugar a una formación político-discursiva donde convergieron el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Estos Principios brindaban una referencia específica a las personas y comunidades desplazadas, como a la obligación del Estado para prevenir, atender, proteger y resolver lo necesario.
En México, los desplazamientos de población por efecto de desastres socioambientales han sido previstos y atendidos bajo la regulación en materia de Protección Civil, definida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como el conjunto de acciones destinadas a responder a necesidades denunciadas o planteadas por la sociedad ante la inminencia o la consumación de un desastre que ponga en riesgo la vida, los bienes o el entorno.
Esta competencia federal se fijó constitucionalmente hasta la década de 1990 con la Ley General de Protección Civil. Su antecedente se remonta a la creación del Plan para Desastres Naturales DN-III-E a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 1966 para atender los daños causados por severas inundaciones en la cuenca del Río Papaloapan ese año.
Chiapas: un vértice geoestratégico
Como territorio limítrofe entre América del Norte y América Central, Chiapas posee unas características particulares: es un corredor migratorio transfronterizo, posee una pluralidad sociodemográfica, cuenta con una abigarrada fisiografía que la hace vulnerable a los desastres socioambientales y, tiene conflictividad política y una económica persistente. Entre 1979 y 1984, marcó el camino en la evolución de la Protección Civil al reconocer los campamentos con decenas de miles de refugiados guatemaltecos que habían huído de la guerra de exterminio de comunidades indígenas. Finalmente, en 1994, reconoció a la población desplazada por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El proceso electoral del 2000 fue un parteaguas en la redistribución del poder: por primera vez en seis décadas, la oposición venció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y obtuvo la mayoría parlamentaria en el Congreso. A partir de estas nuevas condiciones de gobernabilidad y gobernanza, la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH), que representaba el interés las comunidades indígenas, junto a la Iglesia Católica colocaron en el centro de la agenda política la atención a los miles de desplazados por el conflicto armado de 1994 y denunciaron la omisión sistémica de las instituciones públicas para su atención integral.
En marzo de 2001, se instalaron en San Cristóbal de Las Casas las primeras mesas de atención integral directa a desplazamientos forzados por violencia y violación de derechos humanos en México.
En 2001, se instalaron en San Cristóbal de Las Casas las primeras mesas de atención a desplazamientos forzados por violencia y violación de derechos humanos.
En el marco de los Principios Rectores de la Relatoría Especial para el Desplazamiento Interno de la Asamblea de Naciones Unidos, la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) del nuevo gobierno estatal trabajó en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, representados en un grupo interinstitucional exprofeso de expertos en desplazamiento forzado. Así, lograron el reconocimiento formal por el gobernador de toda la población desplazada durante la coyuntura del conflicto armado de 1994 y la acción contrainsurgente correlativa, así como de las familias sobrevivientes a la Masacre de Acteal en 1997.
En marzo de 2001, se instalaron en San Cristóbal de Las Casas las primeras mesas de atención integral directa a desplazamientos forzados por violencia y violación de derechos humanos en México. Con esta estrategia de intervención, se registraron y caracterizaron 19 grupos de población desplazada, representando a un total de 155.000 personas. También se desarrolló un protocolo de investigación aplicada para el cotejo de cada uno de los casos perfilados.
Idas y vueltas en las políticas públicas
El universo de grupos de población participantes en las mesas de atención con la SEPI y el Centro de Derechos Humanos no incluyó a las familias zapatistas que fueron desplazadas y luego reasentadas en la comunidad autónoma de Polhó ubicada en el territorio constitucional del municipio de Chenalhó. Exactamente lo mismo ocurrió con los desplazados de las comunidades zapatistas en el municipio de Sabanilla. La ayuda humanitaria provista para los desplazados zapatistas la movilizó el Comité Internacional de la Cruz Roja por acuerdo con el gobernador y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Hasta la conclusión del gobierno federal de Vicente Fox en 2006, las mesas de atención a los desplazados por el conflicto armado y la masacre de Acteal lograron que retornara el 90 por ciento de los 155.000 desplazados registrados en asentamientos pacíficos, duraderos y verificables. Durante la siguiente administración de Felipe Calderón (2007-2012), los actores estratégicos para la gestión de los desplazados por violencia, conflicto armado y violación de derechos cambió: las mesas del SEPI y el Centro de Derechos Humanos se cancelaron, y la Cruz Roja dejó de operar en Chiapas.
Las mesas de atención a los desplazados por el conflicto armado y la masacre de Acteal lograron que retornara el 90 por ciento de los 155.000 desplazados registrados en asentamientos pacíficos, duraderos y verificables.
Las mesas de atención a desplazados por el conflicto armado y la masacre de Acteal lograron que retornara el 90 por ciento de los 155.000 desplazados registrados.
Sin embargo, otro marco de gestión emergió con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española y cuatro agencias de la Organización de Naciones Unidas articuladas en un proyecto para la Paz: UNESCO, UNICEF, Oficina Contra el Delito y las Drogas (ONUDD), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el Foro para el Desarrollo Sustentable AC y otros consultores civiles. La intervención se circunscribió a la atención de los desplazados por el conflicto armado en Tila, Salto de Agua y Ocosingo, que no habían alcanzado soluciones en las mesas de atención previas.
El trabajo articulado entre grupos desplazados, organizaciones civiles y organismos multilaterales generó condiciones para proponer al presidente una ley estatal en materia de desplazamientos forzados. En línea con los estándares internacionales, la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado en 2012. Fue la primera ley en materia de desplazamientos forzados de toda la historia de México. Por mandato de sus artículos transitorios, se creó y puso en marcha el Consejo Estatal para Desplazamientos Internos en ampliación de las competencias institucionales de Protección Civil.
Un gobierno pasivo que profundiza los desplazamientos
Con la pandemia por el Covid-19, la actuación institucional se congeló en sus mínimos operativos, un marasmo del que aún no sale. Sin embargo, el escenario estatal se ha violentado exponencialmente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se caracterizó por una gestión totalmente omisa, que facilitó el crecimiento de la actividad delincuencial y del crimen organizado sin límites. Así, se corrompieron todas las instituciones públicas, se generaron nuevos desplazamientos forzados por despojo territorial, provocando una nueva escala en la diáspora migratoria de las comunidades indígenas por violencia armada.
Cuando el escenario no podía ser peor, el nuevo gobierno estatal, respaldado por el partido gobernante a nivel nacional, se ha dedicado a la legalización de una formación paramilitar denominada Los Pakales: una fuerza armada ilegal de choque que pretende imponer una paz de facto a través de acciones militares. Con esta estrategia, ha intervenido en territorios donde se han producido violentos desplazamientos masivos de comunidades completas, como en Frontera Comalapa, Chicomuselo, Tila, Pantelhó y Aldama, y diversos municipios de las regiones Sierra, Frailesca y Fronteriza.
Hasta el momento no existe un recuento de la población que permanece en situación de contingencia humanitaria. Si bien el gobierno estatal mantiene una retórica confusa, que promete, pero escatima la ayuda humanitaria para los desplazados, niega fehacientemente los eventos que se han producido durante los meses que lleva su gestión.
Ramón Martínez Coria es antropólogo y sociólogo (Escuela Nacional de Antropología e Historia), y presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable. Además, es defensor de los derechos de las comunidades indígenas despojadas y desplazadas de sus territorios.