El mecanismo REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, y del papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Desarrollado originalmente en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, este enfoque ha evolucionado hacia un sistema que involucra a desarrolladores privados, ONG de conservación, organismos de certificación, intermediarios financieros y agencias estatales.

Para los Pueblos Indígenas, las implicaciones son enormes. Las investigaciones muestran de manera consistente que los bosques bajo gobernanza indígena suelen registrar tasas más bajas de deforestación y mejores resultados ecológicos que las áreas protegidas administradas por el Estado. Sin embargo, los derechos territoriales indígenas, incluidos los derechos consuetudinarios sobre la tierra, siguen siendo débiles, incompletos o carecen de reconocimiento. Esto crea las condiciones para que gobiernos y actores privados reclamen autoridad sobre el «carbono forestal», eludiendo la gobernanza indígena y los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios.

El artículo 6 del Acuerdo de París corre el riesgo de ampliar estos daños al permitir que gobiernos y actores privados generen créditos de carbono jurisdiccionales en vastos territorios sin garantizar previamente los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocer sus instituciones y autoridades consuetudinarias o asegurar un consentimiento significativo.

De las salvaguardas al despojo

Si bien las salvaguardas internacionales deberían proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de los proyectos de carbono, en la práctica, estas protecciones suelen ser débiles, no vinculantes o fácilmente eludibles. En múltiples regiones, las organizaciones indígenas informan sobre patrones recurrentes: contratos opacos, procesos de consulta apresurados, acceso desigual a la información, decisiones adoptadas sin información suficiente y crecientes restricciones sobre la tenencia consuetudinaria de la tierra.

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) suele reducirse a una formalidad procedimental o a un simple requisito de verificación. A menudo, se contacta a las comunidades mediante reuniones aisladas, presentaciones técnicas o consultas realizadas en idiomas extranjeros y bajo una presión considerable. Los contratos suelen implicar complejos acuerdos jurídicos y financieros que se extienden durante décadas, mientras que las comunidades reciben escaso apoyo jurídico o técnico independiente para evaluar sus implicaciones a largo plazo. Esta brecha de información deja espacio para que intermediarios, a veces descritos como piratas o vaqueros del carbono, obtengan contratos abusivos.

En muchos casos, la asimetría de conocimientos y de poder es profunda. Los desarrolladores de proyectos de carbono, intermediarios y organismos de certificación operan con conocimientos especializados, equipos jurídicos y acceso a financiamiento internacional. Las comunidades, por el contrario, suelen verse obligadas a tomar decisiones sobre instrumentos financieros abstractos y futuras obligaciones territoriales con información limitada sobre las estructuras de precios, los riesgos contractuales o la distribución de ingresos. El resultado es un entorno en el que los territorios indígenas se incorporan a mercados globales de carbono volátiles sin que los titulares de derechos participen de manera informada y significativa en el proceso.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques.

Las restricciones impuestas en nombre de la conservación del carbono afectan prácticas como la agricultura itinerante, el pastoreo, la caza, la recolección o el uso forestal a pequeña escala. En algunos contextos, los proyectos de carbono reproducen antiguos modelos de «conservación fortaleza», en los que la propia presencia indígena es considerada una amenaza para la protección ambiental. Por ejemplo, proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida, lo que ha llevado a muchas de ellas a desvincularse de estos programas. Una investigación sobre una iniciativa fallida de REDD+ en Tanzania concluyó que las narrativas de la “naturaleza salvaje” fueron utilizadas para justificar medidas coercitivas, desalojos forzosos y el tratamiento de habitantes indígenas como intrusos en sus propios territorios.

Además, los proyectos de carbono transforman los sistemas de gobernanza local, profundizan las desigualdades internas y generan conflictos en torno a la representación, la distribución de beneficios y la autoridad territorial. La distribución de beneficios suele ser opaca, tardía y mínima, y las comunidades reciben apenas una pequeña fracción de los ingresos totales. Con frecuencia, mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales quedan excluidos de las negociaciones —a pesar de soportar gran parte de la carga social y ambiental—, mientras que los ingresos de los proyectos, cuando llegan a materializarse, pueden ser capturados por élites locales o intermediarios externos.

Créditos fantasmas y la lógica de la compensación

Las investigaciones sobre los mercados voluntarios de carbono han constatado que una gran cantidad de créditos forestales  son “créditos fantasma”: créditos emitidos por reducciones de emisiones que no ocurrieron o que no pueden verificarse de manera fiable. Sin embargo, estos mismos créditos son utilizados de forma rutinaria por grandes corporaciones para respaldar afirmaciones de “cero emisiones netas” mientras continúan con la extracción de combustibles fósiles y modelos de negocio altamente emisores. De este modo, la compensación de carbono no funciona como una vía para superar la dependencia de los combustibles fósiles, sino como un mecanismo que permite que las emisiones continúen en otros lugares.

Esta contradicción pone de manifiesto uno de los problemas centrales de los mercados de carbono. Simplemente no existe suficiente tierra en el planeta para compensar los niveles actuales de consumo de combustibles fósiles manteniendo al mismo tiempo los patrones existentes de extracción y crecimiento económico. La idea de que las emisiones continuas en el Norte Global pueden equilibrarse indefinidamente mediante proyectos de conservación en el Sur Global se basa en supuestos ecológicos cada vez más insostenibles.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, contabilidad del carbono y registros digitales.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición que marginan las concepciones indígenas del territorio.

Para muchos Pueblos Indígenas, esto no constituye simplemente un fracaso técnico, sino una continuación de las relaciones coloniales. Los territorios del Sur Global se convierten en espacios encargados de absorber los costos ambientales de las economías industriales (como lo son las emisiones de gases de efecto invernadero) generados en otros lugares. De este modo, los bosques se reducen a reservas de carbono registradas en bases de datos distantes, mientras se espera que los Pueblos Indígenas carguen con el peso de la mitigación climática para economías que siguen dependiendo del petróleo, el gas y la minería.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, metodologías de contabilidad del carbono y registros digitales. Estos marcos suelen marginar las concepciones indígenas del territorio, fundamentadas en la reciprocidad, la relacionalidad y las responsabilidades entre la vida humana y la no humana.

Entre el rechazo y el involucramiento estratégico

Las respuestas de los Pueblos Indígenas frente a los mercados de carbono no son uniformes ni estáticas. En distintas regiones, numerosas organizaciones y movimientos territoriales rechazan de plano los mercados de carbono, argumentando que constituyen falsas soluciones que mercantilizan la naturaleza ypermiten que los principales contaminadores eviten realizar reducciones significativas de emisiones en origen.

Al mismo tiempo, la realidad sobre el terreno suele ser más compleja. Los mercados de carbono ya se están expandiendo rápidamente por los territorios indígenas, en contextos marcados por presiones simultáneas de la minería, el agronegocio, la tala, la expansión de infraestructuras y el crimen organizado, incluido el narcotráfico. Para algunas comunidades, la participación en proyectos de carbono no surge de una adhesión a estos mecanismos, sino de la necesidad de desenvolverse en un entorno político y económico cada vez más restrictivo.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios controlada por las comunidades y procesos de consulta de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios y procesos de consulta previa.

En ciertos casos, las comunidades consideran que las iniciativas de carbono representan una amenaza menor en comparación con otras formas de desarrollo extractivo. Otras optan por involucrarse estratégicamente para obtener reconocimiento territorial, fortalecer la gobernanza colectiva o ganar capacidad de negociación en procesos que probablemente continuarán independientemente de la oposición de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la participación funciona más como una estrategia de defensa y supervivencia política, que como una aceptación.

Esto ha dado lugar a formas de involucramiento cauteloso, basadas en derechos y centradas en fortalecer la capacidad de decisión de los Pueblos Indígenas, antes que en legitimar a los propios mercados de carbono. En distintas regiones, las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, mecanismos de distribución de beneficios controlados por las comunidades y procesos de consulta diseñados de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena, y no en función de los cronogramas de los proyectos.

Más allá de los mercados de carbono

A pesar de la diversidad de posiciones de los Pueblos Indígenas respecto de los mercados de carbono, existe una demanda que se mantiene constante en todos los contextos: la autodeterminación. Ya sea que las comunidades opten por el rechazo, la negociación o una participación selectiva, la cuestión central es el derecho de los Pueblos Indígenas a decidir qué sucede en sus territorios de acuerdo con sus propias instituciones, sistemas de conocimiento y prioridades políticas. La seguridad en la tenencia colectiva de la tierra debe ser una condición previa para cualquier forma legítima de participación.

Cada vez más, las organizaciones indígenas promueven enfoques alternativos centrados en los derechos territoriales, el acceso directo al financiamiento climático y formas no mercantiles de acción climática. Estas propuestas ponen el énfasis en la gobernanza indígena y sus protocolos, los derechos colectivos sobre la tierra, la soberanía alimentaria, la restauración ecológica y la defensa de los territorios vivos.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron.

Estos enfoques también cuestionan la economía política más amplia que sustenta los mercados de carbono. Abordar el cambio climático requiere mucho más que nuevos instrumentos financieros. Exige una transformación estructural radical de la sociedad y la economía, que facilite una rápida eliminación progresiva de los combustibles fósiles; una regulación estricta de las industrias extractivas y de las cadenas de suministro vinculadas a la deforestación; la cancelación de deudas ilegítimas; y una inversión pública a gran escala en iniciativas lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron en primer lugar. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque. Nos recuerdan que los bosques no son simplemente reservorios de carbono y que la justicia climática no puede reducirse a ejercicios contables realizados en centros financieros distantes.

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A lo largo del taller, una idea se repitió con fuerza: los mercados de carbono no pueden entenderse de manera aislada, sino como parte de una historia de intervención en territorios indígenas. En consecuencia, las y los participantes trazaron una línea que conecta distintos momentos —la colonización, la explotación del caucho, la expansión petrolera y minera— con las actuales iniciativas climáticas. En estos procesos, los territorios son objeto de interés externo, sin que los pueblos que los habitan tengan control sobre las decisiones.

El nuevo rostro del extractivismo

Desde esta perspectiva, el carbono aparece como un nuevo elemento dentro de una lógica conocida. No se trata únicamente de conservar bosques o reducir emisiones, sino de quién define el uso del territorio y bajo qué condiciones. Está más que claro que estos mecanismos responden a intereses globales orientados a sostener los modelos económicos actuales, al permitir que empresas y corporaciones continúen desarrollando actividades contaminantes. A su vez, las corporaciones buscan compensar sus emisiones trasladando la responsabilidad hacia los Pueblos Indígenas que históricamente han conservado sus territorios ancestrales.

Las experiencias compartidas reforzaron esta lectura. Se mencionaron casos de proyectos de conservación que han implicado restricciones al uso ancestral del territorio, limitando prácticas tradicionales como la caza, la pesca o la recolección. En otros casos, la creación de áreas protegidas en territorios indígenas o proyectos de carbono se realizó sin procesos adecuados de consulta, generando conflictos que aún persisten. Además, estos proyectos evidencian que el discurso conservacionista puede funcionar como mecanismo de control.

El problema no es únicamente el mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos.

El problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen.

Estos procesos no llegan de manera aislada, sino acompañados de narrativas que prometen beneficios económicos, desarrollo local o las (mal) llamadas “mejoras en la calidad de vida”, reducidas a salud y educación, derechos básicos que el Estado debería garantizar plenamente. Varias intervenciones recordaron que promesas similares han sido parte de la historia, especialmente en el contexto petrolero, donde los resultados no correspondieron con las expectativas generadas. Esta memoria colectiva permite interpretar las propuestas vinculadas al carbono en su contexto histórico.

En ese sentido, el problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono, sino la forma en que se inserta en territorios con historias de despojo. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos, en que los Pueblos Indígenas buscan evitar repetir experiencias del pasado.

Decisiones desiguales y conflictos internos

Otro eje fue el análisis de cómo se toman las decisiones en estos procesos, ya que existen profundas asimetrías entre los actores involucrados. Mientras empresas, ONG y gobiernos cuentan con información técnica, recursos económicos y respaldo institucional, las comunidades enfrentan estas dinámicas con menor acceso a la información y en condiciones marcadamente desiguales. En muchos casos, los actores externos llegan con propuestas previamente definidas, buscando acuerdos rápidos que no responden a los tiempos ni a los mecanismos de deliberación comunitaria. Con frecuencia, las negociaciones se canalizan sin pasar por procesos colectivos como las asambleas, lo que genera tensiones internas.

Uno de los aspectos más destacados fue la falta de información clara y accesible: las comunidades no siempre cuentan con los datos completos sobre los beneficios, compromisos e implicaciones a largo plazo de los proyectos de carbono. Esta situación incrementa los riesgos de tomar decisiones bajo presión o con información incompleta, debilitando la capacidad de los Pueblos Indígena para ejercer plenamente su derecho a la libre determinación.

Frente a este escenario, se coincidió en la importancia de la consulta previa, libre e informada, pero también en la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión.

Las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.

El rol del Estado también fue objeto de cuestionamiento. Casos estudiados y registrados de países como Colombia y Bolivia mostraron que leyes y normativas estatales no garantizan procesos transparentes ni equitativos y, en ocasiones, el propio Estado impulsa estos mecanismos sin asegurar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas. Esto evidencia que las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.

Frente a este escenario, se destacó la importancia de la consulta previa, libre e informada, así como la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión, las asambleas comunitarias, los estatutos internos y los gobiernos territoriales, como espacios fundamentales para garantizar procesos realmente colectivos y evitar decisiones impuestas o fragmentadas.

Autonomía, memoria y propuestas propias

Las intervenciones coincidieron en un punto clave: las decisiones sobre el territorio no pueden quedar subordinadas a agendas externas. La autonomía y la libre determinación no son principios abstractos, sino condiciones concretas para decidir qué se acepta, qué se rechaza y bajo qué términos. Y la memoria histórica atraviesa esta posición. Las experiencias del petróleo y la minería, y las políticas de “conservación y desarrollo” han dejado huellas: promesas incumplidas, territorios afectados y vidas arrebatadas. Por eso, los mercados de carbono no se leen como oportunidades aisladas, sino como parte de una continuidad de intervenciones externas sobre los cuerpos y territorios indígenas.

Lejos de colocarse en una posición reactiva, líderes y lideresas indígenas afirmaron que existen alternativas ya en marcha: gestión comunitaria del bosque, formas propias de producción, medicina ancestral, turismo comunitario y sistemas de conocimiento. Estas alternativas no son discursos, sino prácticas vigentes que sostienen la vida en los territorios, las cuales deben fortalecerse, marcando así un horizonte distinto al de los esquemas de compensación promovidos desde fuera.

En esa línea, el taller no cerró únicamente con cuestionamientos, sino con una orientación clara: fortalecer las agendas propias. El énfasis está en consolidar procesos desde los territorios (organización, economía, comunicación y articulación política) que permitan sostener decisiones autónomas en el tiempo. Más que adaptarse a los mercados de carbono, la apuesta es afirmar un camino propio, donde el territorio no sea un activo negociable, sino la base de la vida colectiva.

Comunicación, articulación y disputa por la narrativa

A partir de los intercambios durante el taller, emergió la necesidad de disputar no sólo el territorio, sino también el relato sobre lo que ocurre en él. Los mercados de carbono no avanzan únicamente a través de acuerdos económicos o marcos legales, sino mediante narrativas que los presentan como las únicas soluciones frente a la inevitable crisis climática. En ese escenario, la comunicación se convierte en un campo estratégico dado que existe una brecha entre cómo se presentan estos proyectos en espacios internacionales y cómo se viven en los territorios. A nivel global se describen como mecanismos de conservación sostenible, pero en las comunidades se viven como procesos de incertidumbre, restricciones, conflictos y vulneraciones de derechos. 

Esta diferencia refuerza la necesidad de que los Pueblos Indígenas construyan y difundan sus propias narrativas. En este sentido, se planteó la importancia de fortalecer redes de comunicación indígena que permitan compartir información, visibilizar experiencias y generar análisis desde los territorios. No solo para informar, sino para construir una voz propia frente a discursos que se imponen desde fuera. La comunicación se constituye en una herramienta para la defensa territorial y la incidencia política.

En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones.

La disputa en torno a los mercados de carbono es simbólica y política: quién define el problema, quién propone las soluciones y dónde se toman las decisiones.

La articulación entre pueblos fue otro aspecto clave, pues aunque los contextos nacionales son distintos, existen problemáticas regionales comunes que les atraviesan. Compartir experiencias, aprendizajes y estrategias permite fortalecer posiciones colectivas y evitar que los procesos se desarrollen de manera aislada. Esta articulación no se limita al ámbito local o nacional, sino que se proyecta hacia espacios internacionales donde se toman decisiones que afectan directamente a los territorios.

Asimismo, se destacó la importancia de identificar aliados y actores en este escenario ya que no todos tienen los mismos intereses. Así, contar con un mapeo permite tomar decisiones informadas, pues es fundamental reconocer aquellas fuerzas que buscan incorporar a los Pueblos Indígenas en agendas que no han sido construidas desde sus propias realidades. En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones. En ese escenario, la comunicación y la articulación son herramientas fundamentales para sostener procesos de resistencia y construcción de alternativas desde los territorios.

Un escenario en disputa: el futuro de los territorios

Lo que dejó el taller no es una conclusión cerrada, sino la confirmación de que se está configurando un nuevo escenario de disputa sobre los territorios indígenas. Los mercados de carbono aparecen como una pieza más dentro de una dinámica global, en que se reconfiguran las formas de control, acceso y decisión sobre la naturaleza. Ya no se trata únicamente de extracción directa, sino de mecanismos más complejos que operan a través de normas, certificaciones, financiamiento y discursos sobre el clima.

En ese contexto, los Pueblos Indígenas no sólo enfrentan un desafío técnico o económico, sino profundamente político. Están en juego sus territorios de vida, sus derechos, su autonomía. Las intervenciones dejaron claro que no existe una aceptación pasiva de estos procesos, sino una lectura crítica que identifica la reconfiguración de formas anteriores de despojo, aunque se presenten con nuevos lenguajes y justificaciones. Al mismo tiempo, el debate no quedó en el rechazo, sino que dio lugar a una reflexión sobre el sentido de qué significa cuidar el territorio, cómo se enfrenta la crisis climática y qué tipo de futuro se quiere construir. 

Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.

La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques.

Frente a una narrativa global que convierte los bosques en activos de mercado, se debe pensar desde otra perspectiva, donde el territorio no es un recurso, sino un espacio de vida, relación y comunidad. Ese contraste define el momento actual. Para quienes participaron en el encuentro, los mercados de carbono no representan una solución, sino una nueva forma de intervención sobre los territorios que bajo el lenguaje de conservación y acción climática, reconfiguran viejas lógicas de control que buscan decidir sobre espacios que no les pertenecen.

Ante este escenario, la posición es clara: los territorios no están en venta, ni pueden ser convertidos en instrumentos de compensación para sostener economías que siguen contaminando. La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques. Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.

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De este modo, en lugar de reducir de manera real las emisiones en su origen, estos mecanismos permiten que los grandes contaminadores continúen con sus actividades mientras pagan por bonos de carbono generados en otros territorios, especialmente en zonas forestales y de alta biodiversidad. Bajo esta lógica, los bosques, ríos y territorios habitados por los Pueblos Indígenas dejan de ser espacios de vida, memoria y autodeterminación, para convertirse en activos climáticos transables dentro de un mercado global.

Este proceso implica una nueva forma de mercantilización de la naturaleza, donde el carbono almacenado en los territorios pasa a tener un valor económico, generalmente definido desde fuera de las comunidades. Estudios internacionales sobre Ecuador advierten precisamente que, junto con programas como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal + (REDD+) y los esquemas de pago por resultados, se han ido consolidando mecanismos que insertan a los territorios en dinámicas de control, monitoreo y condicionalidad vinculadas al carbono, sin resolver de fondo las causas estructurales de la deforestación y la crisis climática.

Una sofisticada forma de despojo

Aunque se presentan como oportunidades de conservación o financiamiento, los bonos de carbono generan relaciones desiguales de poder, contratos poco transparentes, restricciones sobre el uso tradicional del territorio y nuevas presiones sobre la gobernanza comunitaria. La apertura de Ecuador hacia estos mercados se ha impulsado de manera acelerada, en un escenario marcado por vacíos normativos, falta de debate público y contradicciones estatales, como la continuidad de subsidios a combustibles fósiles, mientras se promueven mecanismos de compensación climática. Esa contradicción revela que el objetivo no es transformar el modelo que destruye los territorios, sino hacerlo compatible con nuevos negocios “verdes”.

En los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha venido construyendo una serie de instrumentos para insertar al país en el marco de los mercados de carbono y de la compensación climática. Entre estas acciones destaca la creación del Programa Ecuador Carbono Cero (PECC) mediante acuerdo ministerial, concebido como un esquema voluntario para que las empresas e instituciones cuantifiquen, reduzcan y compensen su huella de carbono. Además, el Estado mantiene un sistema oficial de certificación de reducción de huella de carbono y ha fortalecido su andamiaje técnico con normas específicas para la aplicación del programa y con un Comité Estratégico de Huella de Carbono. 

Ahora, la apropiación no se da sólo sobre la tierra, el petróleo, los minerales o la madera, sino también sobre la capacidad de los bosques de capturar carbono. Se trata de una forma más sofisticada de despojo, en la que el lenguaje climático y financiero encubre nuevas formas de intervención sobre los territorios.

Los mercados de carbono no representan una respuesta justa frente al cambio climático, sino una extensión del mismo modelo colonial y extractivo.

A esto se suma el impulso a los mecanismos REDD+ y a los pagos por resultados en bosques, junto con pasos regulatorios para que la autoridad nacional registre proyectos de mitigación que generen créditos de carbono bajo mecanismos de mercado vinculados al Artículo 6 del Acuerdo de París. Visto críticamente, estas medidas muestran que el Estado no sólo está promoviendo políticas de gestión climática, sino que está adecuando su institucionalidad para facilitar la entrada del país al mercado del carbono que convierte la contaminación, la conservación y los territorios en objetos de certificación, compensación y transacción.

Desde esta perspectiva, los mercados de carbono no representan una respuesta justa frente al cambio climático, sino una extensión del mismo modelo colonial y extractivo. Ahora, la apropiación no se da solamente sobre la tierra, el petróleo, los minerales o la madera, sino también sobre la capacidad de los bosques de capturar carbono. Se trata de una forma más sofisticada de despojo, en la que el lenguaje climático y financiero encubre nuevas formas de intervención sobre los territorios. Por eso, la discusión sobre el carbono debe ir más allá de los beneficios económicos que prometen y centrarse en sus impactos sobre la autonomía, la libre determinación, los derechos colectivos y la soberanía territorial de los Pueblos Indígenas que históricamente han protegido esos ecosistemas.

Debate en torno a los mercados de carbono desde el territorio

Estas dinámicas globales adquieren expresiones concretas en los territorios, donde sus impactos y tensiones se vuelven evidentes. Si bien el tema forma parte de múltiples debates en espacios internacionales sobre cambio climático, como las Conferencias de las Partes (COPs) y otros foros vinculados al Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), muy poco (o nada) se discute a nivel territorial; especialmente con las comunidades que contribuyen a la mitigación de los gases de efecto invernadero desde la primera línea. Ante este vacío, en febrero de 2026, representantes de pueblos de base de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza mantuvieron un espacio de análisis sobre los mercados de carbono en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, en la Amazonía central del Ecuador. 

Este evento internacional fue convocado por Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (PAKKIRU) y el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS), en coordinación con la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) y, Paz y Solidaridad, y contó con la participación de líderes indígenas que compartieron experiencias de Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Colombia. A partir del intercambio de los conocimientos entre Pueblos Indígenas y organizaciones de Mesoamérica y Sudamérica, se buscó fortalecer la capacidad de construir y ejercer soberanía, evitando la alineación con agendas coloniales que imponen políticas en contextos de desigualdad de poder.

Los mercados de carbono representan una forma de extractivismo moderno que amenaza los bosques, en los que más de 25.000 habitantes kichwas sostienen un ejercicio histórico y milenario de control y vigilancia de la llanura amazónica.

Los mercados de carbono representan una forma de extractivismo moderno que amenaza los bosques y sus más de 25.000 habitantes kichwas.

Entre las principales premisas trazadas por el encuentro, que reunió a más de 80 líderes y lideresas de los territorios, se concluyó que los mercados de carbono constituyen estrategias capitalistas y hegemónicas, en perjuicio de los territorios y las formas de vida de los pueblos. En el caso de Ecuador, los mercados de carbono representan una forma de extractivismo moderno que amenaza los bosques, en los que más de 25.000 habitantes kichwas sostienen un ejercicio histórico y milenario de control y vigilancia de la llanura amazónica. Esta mirada está fundamentada política e ideológicamente en la filosofía del Sumak Kawsay y sus cuatro pilares: Sumak Ayllu, Sumak Allpamma, Sumak Mirachina y Sacha Runa Yachay.

Este posicionamiento pone en evidencia al menos tres tensiones centrales: la disputa por el control territorial, la imposición de lógicas de mercado sobre las formas de vida indígenas y la persistencia de asimetrías de poder en la gobernanza climática. Convocado como un espacio de reflexión para analizar críticamente los mercados de carbono y otras formas de financiamiento climático que afectan a los territorios, el encuentro hizo hincapié en el rol primordial que las organizaciones y los Pueblos Indígenas tienen para fortalecer y dar continuidad a las agendas territoriales autonómicas. 

Las voces indígenas

En Ecuador, las agendas sobre los mercados de carbono se construyen de manera participativa basándose en los conocimientos ancestrales y en la filosofía del Sumak Kawsay. La Yanapak Kuraka (vicepresidenta) de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, Pashpanzhu Vitery, reflexionó sobre el cierre del taller: “Es muy importante, como lo han hecho nuestros ancestros, generar escenarios de diálogo donde podamos informarnos y escuchar a los técnicos para generar posturas contra estas políticas extractivistas que pretenden controlar y gestionar los recursos de los territorios de los Pueblos Indígenas”.

Conectando las actuales propuestas de mercados de carbono con los ciclos históricos de despojo y evidenciando la continuidad de patrones extractivos bajo nuevas formas, Pashpanzhu Vitery concluyó: “Los miembros de nuestros ayllukuna, han venido escuchando cómo nuestros abuelos tuvieron que sobrevivir, luchar y mantener resistencias frente a varias olas de saqueo. Recuerdo muchas historias de explotación como el caucho, las mineras y las petroleras, y esperamos que los mercados de carbono no se conviertan en una nueva estrategia de neocolonización”.

“Mientras el 70% de las tierras mejor conservadas son los territorios indígenas, los recursos generados para la mitigación del cambio climático no llegan a los Pueblos Indígenas”, señaló Leonidas Iza.

“Mientras el 70% de las tierras mejor conservadas son los territorios indígenas, los recursos generados para la mitigación del cambio climático no llegan a los Pueblos Indígenas”, señaló Leonidas Iza.

Entre los invitados y expositores de alto nivel, se contó con la presencia de Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE y actual presidente de la Ecuarunari, la regional andina del Movimiento Indígena que representa a los pueblos Kichwas de la Sierra. “Quienes están tras los mercados de carbono son las mismas industrias que están contaminando, por tanto se convierte en un negocio redondo controlado por las mismas empresas”, manifestó el líder y coincidió con los planteamientos de las y los participantes.

A lo largo de su ponencia, Leonidas Iza subrayó la contradicción entre el rol de los Pueblos Indígenas en la conservación de los territorios y su exclusión de los beneficios económicos derivados de los mecanismos climáticos: “Mientras el 70% de las tierras mejor conservadas son los territorios indígenas, y quienes mejor conocemos del cuidado y protección de la naturaleza somos las comunidades de base, los recursos generados para la mitigación del cambio climático no llegan a los Pueblos Indígenas. Ahora estamos discutiendo cómo vamos a acceder a los recursos económicos y estamos perdiendo el horizonte de nuestras luchas. No estamos discutiendo sobre nuestros derechos colectivos como la autodeterminación, sino sobre lógicas de mercado que nos impone el capital”.

Más allá del carbono: desafíos para la autonomía territorial

Tras tres días de debate, se identificaron líneas estratégicas que, más que constituir una agenda cerrada, reflejan horizontes en construcción desde los territorios: la necesidad de fortalecer el diálogo comunitario, la incidencia política, la articulación organizativa, las economías propias y la comunicación indígena.

En primer lugar, se destacó la importancia de sostener espacios de diálogo desde las asambleas comunitarias como núcleo de deliberación y toma de decisiones, incorporando herramientas propias que garanticen comprensión, participación y apropiación desde los territorios. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer alianzas y procesos de articulación a diferentes escalas, que permitan consolidar posiciones comunes entre pueblos y organizaciones, así como ampliar redes de colaboración más allá de fronteras nacionales.

El desafío no radica únicamente en acceder a los beneficios económicos de los mecanismos climáticos, sino en definir las condiciones bajo las cuales estos no vulneren la libre determinación y los sistemas propios de vida de los Pueblos Indígenas.

El desafío no radica en acceder a los beneficios económicos, sino en definir las condiciones para que no vulneren la libre determinación de los Pueblos Indígenas.

En el ámbito de la incidencia política, se subrayó la urgencia de ampliar la participación de los Pueblos Indígenas en los espacios de decisión, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de posicionar agendas propias y exigir el cumplimiento de los derechos colectivos reconocidos en instrumentos internacionales. Por otro lado, se reafirmó la importancia de consolidar economías propias basadas en prácticas territoriales: las chakras, el turismo comunitario y la medicina ancestral, como base del autogobierno y de una autonomía efectiva, desvinculada de esquemas de financiamiento condicionados.

Finalmente, se planteó la necesidad de fortalecer sistemas de comunicación indígena que permitan articular redes entre territorios, visibilizar problemáticas y, sostener procesos de análisis y toma de decisiones desde las propias organizaciones. En este escenario, el desafío no radica únicamente en acceder a los beneficios económicos de los mecanismos climáticos, sino en definir las condiciones bajo las cuales estos no vulneren la autonomía, la libre determinación y los sistemas propios de vida de los Pueblos Indígenas.

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