Los días 25 y 26 de septiembre se realizó el Encuentro Internacional Interorganizacional de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El debate entre actores indígenas territoriales, expertos nacionales y especialistas internacionales evidencia las tensiones dentro de las comunidades y las presiones externas sobre los territorios indígenas y áreas protegidas. De este modo, en el Estado Plurinacional de Bolivia avanza el debate social y político respecto al financiamiento climático y los mercados de carbono.
Desde 2012, el Estado Plurinacional de Bolivia manifestó su rechazó a la mercantilización de funciones ambientales de la naturaleza a través de la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien: “Todos los planes y programas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono”. La prohibición impidió que los promotores de los bonos de carbono ingresaran al país con promesas de grandes sumas de dinero, desarrollo y progreso en las comunidades rurales.
Una década más tarde, durante el gobierno de Luis Arce Catacora, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0040/2024 declaró inconstitucional la prohibición de mercantilización de las funciones ambientales, disponiendo la expulsión del ordenamiento jurídico vigente de la Ley N° 300. El fallo justificó su decisión señalando que la no mercantilización vulnera una serie de acuerdos: la primacía de tratados internacionales (como el Acuerdo de París y Protocolo de Kioto), el derecho al comercio, la libertad de empresa y el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, este fallo no estableció garantías ni salvaguardas mínimas para la protección de los derechos indígenas y territoriales.
La derogación dio apertura al mercado de carbono en Bolivia, habilitando mecanismos de financiamiento internacional vinculados al cambio climático. En este marco, el gobierno de Luis Arce Catacora emitió el Decreto Supremo Nº 5264 que establecía lineamientos para la gestión y acceso a financiamiento climático: la creación del Registro Nacional de Programas y Proyectos (RENAPP), las Unidades de Reducción de Emisiones y el rol del Estado para canalizar el financiamiento.
Intereses privados sobre territorios indígenas
Los intentos estatales de regular los mercados de carbono avanzan de manera dual. Por un lado, la Cámara de Diputados promueve el Proyecto de Ley N° 060/2025-2026, de Regulación del Mercado de Créditos y Cuotas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Por otro lado, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión, y Desarrollo Forestal está redactando el Proyecto de Ley Marco de Regulación y Articulación del Financiamiento Climático y de Biodiversidad. Mientras la Ley Marco se encuentra recién en la fase inicial de formulación, la Ley de Mercados de Carbono ya está lista para su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados: la precipitación evidencia la improvisación y la descoordinación.
Si bien ambas instancias estatales han desplegado jornadas de socialización con la Confederación de Pueblos Indígenas Del Oriente Boliviano (CIDOB), las organizaciones indígenas han exigido reiteradamente el cumplimiento de los estándares internacionales, y de sus normas y procedimientos propios antes de cualquier tratamiento legislativo. No obstante, por los antecedentes institucionales, se anticipa que el Estado eludirá dar cumplimiento al proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) por normas y procedimientos propios, vulnerando así los derechos constitucionales y colectivos de los sujetos indígenas.
Los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas se enfrentan al riesgo de quedar subordinados a las decisiones del poder político-partidario y de las agendas de acumulación de capital del sector agroindustrial.
Los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas se enfrentan al riesgo de quedar subordinados a las decisiones del poder político-partidario y de las agendas de acumulación de capital del sector agroindustrial.
Los proyectos de ley impulsados por el Gobierno y por intereses empresariales buscan lucrar a nombre de los Pueblos Indígenas y la Amazonia. Al respecto David Quiroga, presidente de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), expresa: “El Gobierno nacional, a través de sus ministros y de todo el entorno que los rodea, está viendo a los bonos de carbono como un negocio. Increíblemente, los propios funcionarios del Gobierno están creando sus propias ONG, fundaciones e intermediarios, porque ven en esto una oportunidad de negocio. Quieren lucrar a nombre de los Pueblos Indígenas, de la Amazonía y de nuestros bosques. Considero que eso no es aceptable”.
Ahora, los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, poseedores de extensas superficies de territorios, se enfrentan al inminente riesgo de quedar subordinados a las decisiones del poder político-partidario y de las agendas de acumulación de capital del sector agroindustrial. En este sentido, Manuel Gonzales de la CIDOB, advirtió: “Los Pueblos Indígenas nos enfrentamos al poder político, a empresarios privados y al Gobierno, y muchas veces estamos solos. Necesitamos aliados para afrontar esta lucha, porque puede convertirse en una verdadera disputa sobre nuestros territorios”.
Los intentos fallidos de los bonos de carbono y la falta de transparencia
Los expertos identifican múltiples actores involucrados y destacan la participación de empresas privadas nacionales e internacionales, entidades estatales, instituciones intermediarias y alianzas multilaterales: LEAF Coalition, Green Carbon, Bluegrace Energy Bolivia, Fundación Federico Hecker, Green Oxygen SRL, Laconic Infrastructure Partners (SADAR), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Fundación Natura Bolivia.
Estas instituciones se reservan roles estratégicos en el desarrollo de los bonos de carbono, tales como el diseño, financiación, implementación y gestión de iniciativas que mitigan, reducen o remueven las emisiones de gases del efecto invernadero. Sin embargo, en la práctica, la implementación de proyectos de carbono en el territorio boliviano ha dejado únicamente frustración y vacíos de transparencia. El especialista Miguel Vargas recordó que el proyecto piloto del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, gestionado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y The Nature Conservancy (TNC), no logró concretar la venta de créditos por “falta de firma gubernamental y vacíos regulatorios”.
En cuanto a la falta de transparencia contractual, el investigador Stasiek Czaplicki señala que hay varios proyectos privados promovidos por empresas intermediarias, como Green Carbon, en territorios indígenas de Bolivia: el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la Tierra Comunitaria de Origen Monte Verde, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II), Isoso y Lomerío, que involucran contratos de 35 a 100 años. Estos acuerdos incluyen la cesión total de derechos sobre el carbono, la sumisión a tribunales arbitrales comerciales privados, como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO). Además, la falta de información en las comunidades vulnera el autogobierno y la libre determinación en la toma de decisiones sobre sus territorios.
Finalmente, los proyectos de ley, impulsados por intereses empresariales, buscan eludir el consenso social y el cumplimiento estricto de estándares constitucionales e internacionales de la CPLI. Francisco Maza, de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), planteó la necesidad de trabajar la consulta y el consentimiento: “Debemos trabajar sobre la consulta previa, libre e informada, con consentimiento, y en la planificación desde nuestros propios territorios. Tenemos que ser parte de toda esta construcción. Este mecanismo se va a implementar, pero la pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? No podemos quedarnos solo manifestándonos cuando todo ya ha sido aprobado”.
Contradicciones del marco normativo en Bolivia
La discusión sobre la (in)viabilidad de los bonos de carbono en Bolivia persiste debido a factores de riesgo y vulnerabilidad estructural ligadas a un marco normativo, como las denominadas “leyes incendiarias” N° 337, 741 y 1171, que favorece la quema y presiona los bosques y territorios indígenas sin sanciones relevantes. Entre 2016 y 2025, Bolivia acumuló casi 50 millones de hectáreas quemadas, lo que evidencia la persistencia de esta problemática ambiental y territorial. Esta magnitud ha posicionado a Bolivia como el segundo país con mayor área quemada en toda Latinoamérica.
Al respecto, Czaplicki indica: “En primer lugar, debe existir un programa nacional de gestión forestal que funcione y sea la principal fuente de financiamiento, y que los bonos de carbono sean complementarios. En segundo lugar, deben existir desincentivos reales a la deforestación. Esto significa que las sanciones deben ser lo suficientemente altas como para evitar que siga siendo rentable deforestar, incluso cuando existen penalizaciones. En tercer lugar, debe haber una estrategia integral y efectiva de gestión de incendios, centrada en la prevención y en el combate. Si estas condiciones no se cumplen, es muy difícil que los proyectos de carbono funcionen adecuadamente porque todavía tenemos deficiencias en estos tres aspectos”.
“Lo importante es entender que los mercados de carbono pueden provocar el despojo territorial y constituyen una falsa solución al cambio climático, porque las empresas siguen explotando y contaminando”, advierte Cassandra Smithies.
“Lo importante es entender que los mercados de carbono pueden provocar el despojo territorial”, advierte Cassandra Smithies.
Esta contradicción, entre la normativa y la debilidad institucional del Estado, se encuentra acompañada de la paradoja económica de los mercados de carbono: la venta de bonos financiaría la conservación de los bosques y territorios indígenas a través de la venta derechos de emisión a empresas transnacionales, como petroleras, mineras y madereras, que son altamente contaminantes. De este modo, las grandes corporaciones logran transferir su responsabilidad ambiental al sur global, como sería el caso de los Pueblos Indígenas que conservan su territorio.
Sobre este punto, la Investigadora Cassandra Smithies enfatiza: “Las empresas pagan una cantidad de dinero para acceder a los bosques, consiguen sus bonos de carbono y siguen contaminando. Lo importante es entender que los mercados de carbono pueden provocar el despojo territorial y constituyen una falsa solución al cambio climático, porque las empresas siguen explotando y contaminando”. Por eso, Smithies agrega que es importante realizar preguntas: “¿Quién está detrás de REDD? ¿Quién promueve el mecanismo REDD, el mercado de carbono y estas falsas soluciones? Las mismas empresas petroleras, mineras y madereras, junto con algunas ONG de conservación que terminan facilitando los intereses de las industrias extractivas”.
Alertas, amenazas y observaciones a la regulación del mercado de carbono
En el último semestre, diversos actores nacionales e internacionales han movilizado estrategias para posicionar la necesidad de otorgar seguridad jurídica, atraer inversiones y, facilitar el acceso a los mecanismos de financiamiento climático y los mercados de carbono. El Gobierno central y departamentales del Oriente boliviano (Pando, Beni y Santa Cruz), el sector empresarial y las ONG conservacionistas han recurrido a distintos medios de difusión a través de redes sociales, comunicación formal y alternativa, para instalar en el imaginario público las “oportunidades” que ofrece los proyectos de la economía verde.
Sin embargo, mientras se encienden alarmas sobre estas promesas, la propuesta de Regulación del Mercado de Créditos y Cuotas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero presenta algunos problemas críticos en su concepción. Por eso, durante el Encuentro Internacional Interorganizacional de Pueblos Indígenas sobre Crisis Climática y Financiamiento Climático, tras largas horas de reflexión y debate sobre las experiencia en Ecuador, Perú y Bolivia, se identificaron algunas alertas y amenazas preliminares:
– Falta de transparencia e imposición estatal y empresarial en el desarrollo de proyectos de bono de carbono fallidos.
– Ausencia de Consulta Previa, Libre e Informada, donde los gobernantes e intermediarios camuflan simples acciones de socialización con procesos efectivos de CPLI.
– Fragmentación territorial y cooptación de actores locales por parte de los intermediarios locales que promueven los mercados de carbono en el territorio.
– Presiones por parte de actores externos que buscan beneficiarse de los proyectos de carbono, lo que genera divisionismo y paralelismo, debilitando el tejido social y gobernanza territorial.
– Asimetrías económicas y, desconfianza en los intermediarios y la distribución de recursos económicos generados por los bonos de carbono, dado que la mayor parte de los ingresos queda en la burocracia estatal o en manos de intermediarios.
– Acuerdos contractuales abusivos por parte de empresas intermediarias, a través de acuerdos opacos y a muy largo plazo (30 a 100 años), que conlleva la amenaza de despojo o la cesión de derechos que restrinja el autogobierno territorial.
– Debilidad orgánica de algunas estructuras nacionales y regionales, debido a la intromisión partidaria y gubernamental, lo que motiva a la actualización de estatutos orgánicos que blinden a las organizaciones frente a proyectos de bonos de carbono inconvenientes.
En consecuencia, durante el evento, las organizaciones indígenas y originarias, junto a especialistas locales e internacionales, sugirieron las siguientes acciones para tomar decisiones con autonomía, bien informados y que no perjudiquen al territorio:
– Las organizaciones indígenas ven urgente consolidar protocolos propios de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, propios y específicos para cada pueblo, que definan las reglas territoriales antes de entablar cualquier negociación.
– Cualquier iniciativa pública o privada debe transparentar sus costos brutos, planes de distribución de beneficios y cláusulas de salida voluntaria. La conservación de los bosques en Bolivia no debe convertirse en un instrumento para vulnerar el autogobierno y libre determinación de sus pueblos.
– Los bonos de carbono no deben ser presentados como una tabla de salvación económica, generando falsas expectativas, sino como un terreno en disputa donde se juega la soberanía territorial.
– Los Pueblos Indígenas coinciden en defender el autogobierno, la Consulta Libre, Previa e Informada vinculante y el control directo de los recursos, para impedir que los mercados de carbono se conviertan en una nueva forma de neoextractivismo verde y despojo territorial.
– Necesidad de autodefensa jurídica para la construcción de propuestas de mínimos no negociables que eviten poner en riesgo el autogobierno y libre determinación de los pueblos.
Sergio Vasquez Rojas es Director Ejecutivo de la ONG PURISKIRI y abogado especialista en derecho agroambiental, derecho indígena y gestión territorial.