Asimismo, el Informe de Fin de Año 2025 de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) registró 135 casos de despojo de territorios indígenas, frente a los 121 del año anterior. El sector minero concentró la mayor cantidad de casos, con 69 incidentes que afectaron 1,06 millones de hectáreas. El sector de las plantaciones provocó los daños de mayor extensión, que alcanzaron 1,95 millones de hectáreas. Ese mismo año, las comunidades indígenas perdieron 3,8 millones de hectáreas de sus territorios ancestrales y las autoridades criminalizaron a 162 personas indígenas por defender sus espacios de vida.

En términos generales, existen tres mecanismos interrelacionados que impulsan tanto el deterioro ecológico como las violaciones de los derechos indígenas. En primer lugar, la legislación reduce la realidad ecológica a categorías administrativas, como bosques estatales y zonas industriales. En segundo lugar, el extractivismo concibe la naturaleza como un capital que debe ser explotado: la Ley de Minería de Minerales y Carbón, la Ley de Plantaciones y la Ley de Creación de Empleo constituyen la base jurídica para la expansión de la minería y de la palma aceitera. En tercer lugar, las políticas de conservación y climáticas que excluyen la participación suelen reproducir las mismas lógicas extractivistas: los mercados de carbono restringen el acceso de indígenas a sus bosques mediante prohibiciones que afectan la agricultura itinerante y la recolección de leña.

Estos tres mecanismos convergen en un mismo punto: los cuerpos de las mujeres indígenas, que día a día cuidan y sostienen sus tierras y comunidades.

La carga que recae sobre los cuerpos de las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas buscan agua, recolectan leña y plantas medicinales, y cuidan los cultivos de rotación. Cuando los ecosistemas se degradan, estas tareas se vuelven más pesadas y riesgosas. Cuando los ríos se contaminan, las mujeres deben recorrer mayores distancias para encontrar agua limpia. Cuando los bosques desaparecen, también lo hacen las plantas medicinales, por lo que las mujeres deben cuidar a sus familiares enfermos sin los remedios que utilizan habitualmente.

El deterioro de los ecosistemas también está relacionado con problemas de salud. Las mujeres que viven cerca de las minas de carbón en Kalimantan Oriental señalan que el polvo generado por los caminos utilizados para el transporte minero altera sus ciclos menstruales y afecta la salud de sus hijos e hijas. El agua contaminada con metales pesados provoca infecciones cutáneas y trastornos reproductivos. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (AMDAL) rara vez recogen estos datos, ya que miden parámetros de calidad del agua y límites de emisiones, pero no la carga de trabajo doméstico de las mujeres ni su salud reproductiva.

En muchos territorios, cuando los bosques son reemplazados por plantaciones de monocultivo, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales no madereros y su posición dentro del hogar se debilita.

Cuando los bosques son reemplazados por plantaciones, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales y su posición en el hogar se debilita.

A su vez, el deterioro de los ecosistemas interrumpe la transmisión de los conocimientos ecológicos indígenas. A lo largo de generaciones, las mujeres indígenas han adquirido conocimientos sobre las temporadas de fructificación, los ciclos migratorios de los animales y la ubicación de las plantas medicinales mediante la observación directa. En los territorios indígenas Rejang, Serawai y Malin Deman, en Bengkulu, las mujeres indígenas identifican cientos de especies de plantas del bosque que utilizan como alimento y medicina. Cuando los bosques son desmontados para dar lugar a plantaciones o minas, las generaciones más jóvenes pierden la oportunidad de adquirir estos conocimientos de primera mano.

Por último, los territorios indígenas también constituyen espacios para la vida ritual y las actividades económicas de las mujeres. En muchos territorios, cuando los bosques son reemplazados por plantaciones de monocultivo, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales no madereros y su posición dentro del hogar se debilita.

La crisis climática profundiza la doble carga

Las crisis de biodiversidad y climática están estrechamente relacionadas. La deforestación libera el carbono almacenado en los bosques y las turberas, lo que acelera el calentamiento global. Las mujeres indígenas soportan los mayores impactos de ambas crisis.  A medida que desaparecen los bosques, el suelo pierde su capacidad de almacenar agua. Las estaciones secas se vuelven más áridas y las lluviosas traen consigo un mayor riesgo de inundaciones. Las mujeres, responsables de garantizar el agua para sus hogares, deben recorrer distancias cada vez mayores durante la estación seca y, durante la temporada de lluvias, enfrentan daños en sus cultivos y la contaminación del agua.

Los cambios en las temporadas de siembra también alteran los conocimientos indígenas de las mujeres sobre los indicadores ecológicos. Cuando los ciclos estacionales se vuelven impredecibles, las cosechas disminuyen. En muchos hogares indígenas, las mujeres son las primeras en reducir sus propias porciones de comida para garantizar que sus hijos e hijas tengan suficiente para alimentarse. Los mecanismos de los mercados de carbono suman nuevos riesgos. Estos requieren grandes extensiones de bosque y, como consecuencia directa, suelen imponer restricciones de acceso que no tienen en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas para practicar la agricultura itinerante y, recolectar resina y leña.

El deterioro de los ecosistemas también amenaza a especies clave que forman parte de los sistemas de conocimiento de las mujeres indígenas. El tigre de Sumatra, el orangután y el elefante pierden sus hábitats a medida que los bosques son convertidos en plantaciones de palma aceitera y zonas mineras. Para las mujeres indígenas, la presencia de determinadas especies funciona como un indicador de la calidad de los bosques y del agua. Cuando estas especies desaparecen, las mujeres pierden una de las herramientas que utilizan cotidianamente para interpretar y comprender su entorno.

Las mujeres y la recuperación de los bienes comunes

Las mujeres indígenas encabezan la resistencia frente al avance de proyectos extractivos y desarrollan prácticas de conservación basadas en los conocimientos indígenas. En Kendeng, se cubrieron los pies con cemento frente al Palacio de Estado para oponerse a la instalación de una fábrica de cemento en las montañas y luego continuaron su labor de incidencia mediante el monitoreo de la calidad y el caudal del agua de los manantiales. Por su parte, las mujeres de Papúa resistieron la expansión de un proyecto agroindustrial a gran escala en Merauke y documentaron sus conocimientos sobre el procesamiento del sagú para evitar que se perdieran.

En Bengkulu, las mujeres rejang conservan semillas de variedades locales de arroz entre una temporada de siembra y otra, a modo de banco de germoplasma vivo, al mismo tiempo que mantienen la rotación de cultivos para recuperar la fertilidad del suelo. En las aldeas de Merpas y Linau, en la zona costera del sur de Bengkulu, las mujeres evitan el uso de artes de pesca destructivas y han acordado establecer zonas de desove en la laguna. Estas prácticas demuestran que la conservación no requiere expulsar a las personas de las áreas protegidas. La conservación basada en los conocimientos de las mujeres indígenas se sustenta en su participación activa, no en la restricción del acceso.

Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas, promueve el trabajo conjunto con organizaciones jurídicas e impulsa políticas que exijan el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas.

Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas y promueve el trabajo con organizaciones jurídicas como Akar Law Office.

Akar Global Initiative desarrolló el marco Rebuilding the Commons (Reconstruir los bienes comunes) para fortalecer las contribuciones de las mujeres en cuatro dimensiones. Commoning Land recupera las tierras indígenas como espacios de gestión colectiva mediante el mapeo participativo, la restauración basada en especies locales y formas de gobernanza colectiva que incluyen a las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Commoning Care reconoce las tareas de cuidado de las mujeres como trabajo ecológico y promueve su sostenimiento mediante infraestructura de agua potable, la documentación de las tareas de cuidado y los servicios de salud reproductiva en las zonas afectadas.

Commoning Culture recupera las prácticas rituales y los conocimientos ecológicos indígenas mediante la documentación oral y programas educativos intergeneracionales, de modo que las más jóvenes puedan recibir los conocimientos de las ancianas. Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas, promueve el trabajo conjunto con organizaciones jurídicas como Akar Law Office e impulsa políticas que exijan el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas para los permisos relacionados con la minería, las plantaciones y los proyectos energéticos. Estas cuatro dimensiones se refuerzan mutuamente. 

Desafíos sobre el terreno

Este marco de acción colectiva enfrenta tres desafíos concretos. En muchas regiones, las estructuras tradicionales colocan a los hombres como representantes de la comunidad, por lo que la participación formal de las mujeres indígenas suele encontrar resistencias. Los programas de conservación todavía miden sus resultados en función de la superficie de las áreas protegidas o del volumen de carbono almacenado, y no de los cambios en las condiciones de vida de las mujeres indígenas. Mientras estos indicadores no cambien, las contribuciones de las mujeres indígenas seguirán sin recibir reconocimiento oficial. Asimismo, la expansión de la minería y de los proyectos estratégicos aumentan año tras año, por lo que los procesos de recuperación impulsados por las comunidades se enfrentan a nuevas amenazas cuya escala supera la capacidad de los Pueblos Indígenas para responder por sí solos.

Por su parte, la restauración y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas requieren cambios jurídicos, no solo programas técnicos de rehabilitación. Las evaluaciones de impacto ambiental deben incorporar indicadores que den cuenta de los efectos sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, como la distancia que deben recorrer para encontrar agua limpia o la cantidad de plantas medicinales que han dejado de estar disponibles en su entorno cotidiano. Los marcos jurídicos deben reconocer los conocimientos ecológicos de las mujeres indígenas sobre las estaciones, las semillas y los indicadores ecológicos en igualdad con los estudios científicos, mediante el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas como requisito para la validez de los permisos.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia no son problemas técnicos aislados. Sus consecuencias recaen con mayor intensidad sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia recae sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos.

Los paradigmas del derecho ambiental también deben dejar atrás un enfoque basado en la soberanía estatal sobre los recursos naturales y avanzar hacia una gobernanza compartida, en la que las mujeres indígenas participen en la toma de decisiones y no sean consideradas meramente como participantes en procesos de consulta. La justicia ecológica exige reparación, no solo compensaciones económicas. Esto implica restituir las tierras indígenas, las fuentes de agua, los espacios rituales y las especies perdidas, junto con programas de regeneración ecológica liderados por mujeres indígenas.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia no son problemas técnicos aislados. Sus consecuencias recaen con mayor intensidad sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos que vinculan cotidianamente a sus comunidades con la naturaleza. La recuperación de la biodiversidad de Indonesia solo será posible cuando las políticas reconozcan a las mujeres indígenas como agentes fundamentales de esa recuperación y no como beneficiarias pasivas de programas de conservación diseñados sin su participación.

The post La lucha de las mujeres indígenas frente a la crisis de biodiversidad y la deforestación en Indonesia appeared first on Debates Indígenas.

En otras palabras, los gobiernos rendirán un examen para responder una pregunta sencilla, pero decisiva para la salud de la Tierra: ¿están haciendo realmente lo que prometieron para frenar la destrucción de la naturaleza y recuperar la biodiversidad perdida? Bolivia es uno de los países llamados a mostrar qué ha hecho. Para llegar a ese examen, durante la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026, los países debieron presentar una rendición de cuentas previa. Lo hicieron a través del Séptimo Informe Nacional (7NR), un reporte en el que cada gobierno detalla las medidas adoptadas y los resultados alcanzados. 

La fecha límite para entregarlo fue el 28 de febrero de 2026. Estos informes servirán como insumo para la primera revisión mundial del progreso colectivo. Bolivia también entregó su reporte, un documento que permite reconstruir (desde la versión oficial del Estado) qué avances declara y dónde reconoce dificultades.

El gran desafío

En 2022, durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,los países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y trazaron una hoja de ruta para alcanzar, de aquí a 2050, un mundo en armonía con la naturaleza. Para lograr ese desafío, fijaron 23 metas para 2030 que no solo comprometen a los gobiernos a detener la pérdida de biodiversidad, sino que colocan a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en un lugar central, como titulares de derechos y actores fundamentales en la conservación de sus territorios y formas de vida.

Esa relación entre conservación y derechos indígenas es transversal al Marco. Esto se refleja especialmente en las metas 1 y 3. La primera plantea una planificación territorial que reduzca la pérdida de áreas de importancia para la biodiversidad respetando los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, mientras que la 3, conocida como el objetivo 30×30, establece que la conservación de al menos el 30% de las tierras y aguas del planeta debe respetar los derechos de estos pueblos sobre sus territorios tradicionales. El mensaje es claro: la conservación de la biodiversidad no puede estar separada de los Pueblos Indígenas. Frente a ello, ¿qué ha hecho Bolivia en estos últimos cuatro años para cumplir con lo comprometido?

Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques frente a la deforestación, los avasallamientos y las demás presiones que el propio Estado reconoce?

Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques?

En el Séptimo Informe Nacional, elaborado por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Estado boliviano sostiene que los territorios indígenas forman parte de su estrategia de conservación. El documento, sin especificar cifra alguna, reporta avances en la titulación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) / Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) y la elaboración de planes de vida y el fortalecimiento de formas de gobernanza indígena. También destaca la creación de áreas de conservación bajo gestión indígena y experiencias de manejo forestal, aprovechamiento sostenible, restauración y vigilancia territorial.

Pero el mismo informe deja ver un escenario más complejo. Bolivia reconoce la existencia de avasallamientos, conflictos por el uso de la tierra y sobreposición de derechos, además de presiones derivadas de actividades extractivas, expansión agropecuaria y asentamientos ilegales. También admite dificultades para actualizar y compatibilizar los planes de vida y, sobre todo, una ausencia de información para medir el cambio de uso de suelo y la tenencia de la tierra en los territorios ancestrales y comunidades locales. En el documento se lee: “No hay datos disponibles”.

La paradoja es significativa. Bolivia presenta a los territorios indígenas como pieza clave para la conservación y meta internacional de proteger al menos el 30% de las tierras y aguas del planeta, pero cuando debe mostrar qué está ocurriendo en el interior de ellos, el propio Estado reconoce que todavía no cuenta con los datos necesarios para reportar uno de los indicadores establecidos por el Marco Mundial de Biodiversidad. Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques frente a la deforestación, los avasallamientos y las demás presiones que el propio Estado reconoce?

Bosques bajo presión

Una investigación realizada por Amazonía Traficada (un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, Mongabay Latam, RAI Bolivia y Asuntos Centrales) puso bajo el prisma de los datos satelitales a una región clave para la conservación: la Amazonía indígena boliviana.  Analizó la deforestación registrada en el interior de 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana y encontró que, entre 1986 y 2024, estos espacios ancestrales tuvieron una pérdida acumulada de 257.000 hectáreas de bosque. La cifra representa el 3,4% de toda la superficie deforestada en Bolivia durante el mismo período, que alcanzó los 7,6 millones de hectáreas.

Para determinar cuánto de esa deforestación ocurrió dentro del marco legal, se cruzó información con las autorizaciones de desmonte emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución aprobó el desmonte de casi 80.000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas. Sin embargo, solo 17.900 hectáreas de esa superficie autorizada perdieron efectivamente su cobertura boscosa. La mayor parte de la pérdida ocurrió fuera de las áreas con permiso. 

En otras palabras, entre 2003 y 2023, la deforestación registrada en zonas sin autorización alcanzó las 168.670 hectáreas. La proporción permite dimensionar el problema: por cada hectárea talada dentro de un área autorizada, más de nueve fueron desmontadas fuera de ellas. Es decir que cerca del 90% de la pérdida de bosque registrada en los territorios indígenas amazónicos durante ese período ocurrió al margen de los mecanismos de autorización estatal. La presión sobre estos territorios forma parte de una tendencia nacional.El informe del World Resources Institute (WRI) muestra que Bolivia volvió a ocupar en 2025 el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

Una demanda territorial que no termina

La presión a los territorios indígenas no se limita al bosque, también alcanza la tenencia y la seguridad jurídica de los territorios indígenas. En su Séptimo Informe Nacional, Bolivia afirma haber ampliado la superficie de las TCO/TIOC mediante nuevas titulaciones, aunque no especifica cuántas hectáreas fueron incorporadas. 

Sin embargo, el cruce de datos de investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) pone de manifiesto que la lucha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas por el reconocimiento, la titulación y la defensa de su dominio ancestral está lejos de haber concluido. 

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas.

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas.

Desde la década de los 90 hasta lo que va del siglo XXI, los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, solicitaron el reconocimiento legal de alrededor de 22,7 millones de hectáreas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) solo tituló 11,7 millones de hectáreas, apenas el 52% de la superficie solicitada. En otras palabras, más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Entre 2009 y 2019, el INRA entregó aproximadamente 318.500 hectáreas a interculturales y campesinos (organizaciones sociales afines con el partido político que gobernó Bolivia entre 2006 y 2025) para el establecimiento de 236 comunidades.

Cuando la protección no alcanza

La brecha entre la protección que el Estado declara y lo que ocurre dentro de los territorios indígenas también aparece en el propio Séptimo Informe Nacional. Bolivia reconoce que no dispone de información para medir, entre otros aspectos, la tenencia de la tierra en los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. También admite problemas de avasallamiento y tenencia ilegal.

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas, con la autorización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir, en los territorios que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose.

El análisis de entrevistas realizadas a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica concluye que 28 de estos espacios ancestrales registraron avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse. Detrás de estas ocupaciones, según los líderes consultados, existen redes que buscan activar un mercado ilícito de tierras en la Amazonía boliviana, principalmente, para habilitar superficies destinadas a actividades agropecuarias a gran escala.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose. Pero esta no es la única presión. Los 30 líderes indígenas señalaron, además, conflictos y amenazas vinculadas con mercados de carbono, minería ilegal, tráfico de madera y narcotráfico.

Conservar más allá del mapa

En Ereván, Bolivia tendrá que mostrar cuánto ha avanzado hacia el 30×30. Podrá hablar de territorios titulados, gobernanza indígena y conservación bajo gestión de los Pueblos Indígenas. Pero detrás de esas cifras hay territorios donde los árboles siguen cayendo, donde persisten disputas por la tierra y donde comunidades indígenas esperan durante años una respuesta del Estado frente a los avasallamientos y el tráfico de sus tierras.

El 30×30 puede parecer alcanzable cuando se mira desde un mapa, pero la conservación no ocurre sobre el mapa, sino en territorios concretos, donde los Pueblos Indígenas defienden sus bosques, sus derechos y sus formas de vida. El asunto por resolver que Bolivia llevará a la COP17 no es solo cuántas hectáreas puede declarar como conservadas, sino cuánto de aquello que dice proteger está realmente a salvo y cuánto puede frenar o controlar de aquello que reconoce en el mismo Séptimo Informe Nacional: expansión de la frontera agropecuaria, actividades extractivas y asentamientos humanos como causas principales de la pérdida de biodiversidad y deforestación.

En otras palabras, más allá del examen que debe rendir en octubre, el Estado boliviano (sin importar quien sea el inquilino de turno del poder en La Paz) debe ser capaz de hacer respetar las reglas que ha creado y garantizar la protección de los bosques y de quienes habitan estos espacios ancestrales. Esta no es solo una obligación con los bolivianos, sino también una responsabilidad con un planeta al que ya no le queda tiempo para esperar que las promesas se conviertan en acciones.

The post El 30×30 y los territorios indígenas: la contradicción de Bolivia appeared first on Debates Indígenas.

Los límites territoriales de Taung Pat Lal están demarcados por los arroyos Tho Doe The Loe y Chein Loe Yo (arroyo del Tigre), El Bra Loe Chee, Chein Loe Htit (roca del Tigre), Thaw Kha Loe Chee y las crestas de las montañas YaeKa Hday y Kyar Mwe. La comunidad gestiona un sofisticado sistema de zonificación que integra de manera armónica la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la protección espiritual. Este sistema comprende tierras destinadas a la agricultura rotativa (Shwe Pyaung Taung Ya), huertos agroforestales perennes gestionados por las familias y, tierras comunales: áreas protegidas de cuencas hidrográficas y sitios sagrados como la Montaña de la Oración (Su Taung Taung), una gruta mariana (Mae Taw Gu) y el cementerio comunitario.

La tenencia consuetudinaria de la tierra se rige por principios de equidad. La herencia de los huertos y las tierras familiares se distribuye por igual entre hijas e hijos, sin discriminación de género. Los límites de las tierras se respetan mediante acuerdos orales consuetudinarios y referencias geográficas naturales. Para proteger los territorios ancestrales, las normas consuetudinarias prohíben vender las tierras heredadas a personas ajenas a la comunidad. Si una familia debe transferir sus tierras, estas deben permanecer en manos de familiares o miembros de la comunidad. La resolución de conflictos está a cargo de los ancianos de la aldea, las autoridades locales y referentes religiosos; y culmina en prácticas tradicionales de reconciliación, como apretones de manos simbólicos y oraciones colectivas.

Conocimientos indígenas y conservación de los ecosistemas

El valor de las tierras indígenas para la conservación proviene directamente de los profundos conocimientos ecológicos indígenas transmitidos de generación en generación. En Taung Pat Lal, la gestión consuetudinaria de los recursos incluye mecanismos que regulan su aprovechamiento y, protegen la fauna y la flora de los bosques.

1. Agrobiodiversidad y control biológico de plagas

En las parcelas de cultivo rotativo de arroz, los agricultores Gheba Karen practican la agricultura diversificada plantando Phor Li Phor Par (flores de cresta de gallo) en los márgenes de los arrozales. Según los conocimientos consuetudinarios, estas flores de vivos colores atraen a los insectos y los alejan del arroz, proporcionando un control biológico natural que reduce al mínimo los daños a los cultivos sin utilizar pesticidas químicos. Además, las parcelas rotativas albergan una gran diversidad de cultivos alimentarios, preservando así un banco genético de plantas y especies locales resilientes.

2. Conservación de semillas y liderazgo de las mujeres indígenas

Las mujeres (Maetaw Thami) desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la agrobiodiversidad. Después de la cosecha, seleccionan cuidadosamente las semillas heredadas, las secan al sol, las ahúman sobre los fogones de las viviendas para protegerlas de los insectos y, finalmente, las almacenan para la temporada de siembra. Los rituales consuetudinarios refuerzan la preservación de las semillas: cuando el grano cosechado se traslada al granero familiar, un puñado de arroz y un ramo de flores se atan al poste principal de la casa y permanecen allí durante todo el año, asegurando que el espíritu de los cultivos (Saba Leik Pyar) permanezca vinculado a la tierra y vuelva a sembrarse en primavera.

3. Normas para el aprovechamiento sostenible

La comunidad aplica estrictas normas estacionales y biológicas para la recolección de productos forestales no maderables. Los brotes de bambú (Myit) son fundamentales para la subsistencia y los medios de vida de las familias, que los recolectan de manera estacional preservando la integridad de las raíces. Las plantas medicinales, como las raíces de Bhon Ma Ra Za y las orquídeas silvestres, se recolectan de manera selectiva para evitar su agotamiento.

4. Patrimonio y prácticas de medicina tradicional indígena

El Comité de Asuntos Gheba Karen y jóvenes de la comunidad documentaron una amplia variedad de plantas medicinales. Entre las especies documentadas, los sanadores locales utilizan Dwi Yin Kaung (un helecho silvestre del bosque), que se machaca para preparar una cataplasma con aceite de sésamo, cúrcuma y aglutinantes locales destinada al tratamiento de fracturas óseas graves y lesiones de tejidos. Otras especies silvestres del bosque, como las hojas de Yae Yin Pyar, las hojas de yaca silvestre y las raíces de jengibre, se emplean para los cuidados posparto y el tratamiento de traumatismos físicos.

Amenazas crecientes: conflicto, destrucción y vulnerabilidad climática

A pesar de estas prácticas sostenibles, los Pueblos Indígenas de las regiones de bosques tropicales enfrentan amenazas estructurales cada vez mayores que ponen en peligro tanto sus derechos como sus ecosistemas.

1. Intensificación del conflicto y violaciones de derechos humanos

El contexto en el estado de Kayin (Karen) está marcado por un intenso conflicto militar y desplazamientos forzados. La población civil sufre frecuentes ataques aéreos, bombardeos de artillería pesada e incendios de aldeas perpetrados por el régimen militar, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en zonas boscosas, sin poder regresar a sus aldeas. Diversos informes documentan numerosas víctimas, entre ellas las causadas por los ataques aéreos del régimen del 29 de abril de 2026 en Thandaunggyi, que dejaron 20 civiles muertos. Estas condiciones impiden mantener los ciclos agrícolas regulares y amenazan la seguridad de las personas. Asimismo, las comunidades indígenas Gheba Karen deben asumir la responsabilidad de albergar y asistir a otras personas desplazadas, lo que ejerce una presión aún mayor sobre sus recursos y su capacidad de resiliencia. 

2. Pérdida de biodiversidad y conocimientos indígenas

La deforestación y la destrucción de hábitats, intensificadas por una larga historia de explotación comercial, han provocado una fuerte disminución de especies raras de plantas medicinales. A medida que los mayores fallecen sin que sus saberes sean debidamente registrados, los conocimientos indígenas sobre el cuidado de la salud corren el riesgo de desaparecer para siempre. Documentar estas prácticas es fundamental para evitar la pérdida de conocimientos indígenas y garantizar que los futuros mecanismos de participación en los beneficios respeten la titularidad de las comunidades sobre estos saberes.

3. Fenómenos climáticos extremos y crisis de roedores

Las comunidades de los bosques tropicales se encuentran en la primera línea de los impactos del cambio climático. En 2024, las lluvias monzónicas extremas provocaron graves deslizamientos de tierra en Taung Pat Lal, que destruyeron arrozales de montaña, cultivos de cúrcuma y valiosos sistemas agroforestales tradicionales de cardamomo. Esta vulnerabilidad se ve agravada por crisis ecológicas cíclicas. En 1975 y 2016, la floración masiva del bambú (ciclos de Mautam) provocó una proliferación súbita de las poblaciones de roedores que destruyeron los arrozales de montaña y obligaron a las comunidades a atravesar prolongados procesos de recuperación económica.

4. Conservación impuesta y exclusión de las políticas públicas

Históricamente, los modelos de conservación impulsados por el Estado y las iniciativas diseñadas por el poder han ignorado los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra y han considerado a los Pueblos Indígenas como una amenaza para los bosques, en lugar de reconocerlos como sus principales guardianes. Los actuales mecanismos de conservación orientados por el mercado, como los créditos y las compensaciones de carbono y biodiversidad, corren el riesgo de reproducir modelos de “conservación de fortaleza” si se implementan sin respetar el derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado.  Esto podría provocar el desplazamiento de las comunidades de sus tierras ancestrales.

La demanda  de alinear los objetivos globales con las realidades locales

La evidencia de Taung Pat Lal (Khlo Do) demuestra que los objetivos mundiales de biodiversidad no pueden alcanzarse mediante mandatos impuestos desde arriba ni estrategias corporativas de compensación. Mientras las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) negocian la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM) en la COP17 en Armenia, la experiencia de las comunidades indígenas de Myanmar señala una serie de prioridades fundamentales en materia de políticas públicas.

1. Aplicar salvaguardas y  el Consentimiento Libre, Previo e Informado

Todos los proyectos de conservación, mitigación del cambio climático y compensación deben aplicar las salvaguardas de la Sección C. La ampliación de áreas protegidas, los proyectos de infraestructura verde y los sistemas de créditos de carbono y biodiversidad solo deben avanzar después de obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas respecto de sus territorios ancestrales. Deben eliminarse los sistemas de conservación y, de créditos de carbono y biodiversidad que conduzcan al despojo de los Pueblos Indígenas.

2. Reconocimiento directo de los Territorios Indígenas

La Meta 3 (30×30) no debe interpretarse únicamente como una ampliación de las áreas protegidas gestionadas por el Estado o de los parques nacionales de uso exclusivo para la conservación. Las Partes del CDB deben reconocer formalmente y proteger jurídicamente los Territorios Indígenas como figuras de conservación diferenciadas y autogobernadas. Sistemas como la gestión consuetudinaria de las tierras en barbecho y la protección de los bosques comunales de Taung Pat Lal constituyen modelos eficaces de conservación que contribuyen a preservar los territorios de bosques tropicales y su biodiversidad. Por ejemplo, las áreas sagradas, huertos y cuencas hidrográficas  conservan la cobertura forestal intacta.

3. Protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales

Se debe garantizar la participación plena y equitativa de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones, y respetar íntegramente sus derechos de tenencia de la tierra. Asimismo, debe garantizarse mecanismos de protección jurídica y financiamiento para las personas defensoras de derechos. En las regiones de bosques tropicales afectadas por conflictos, los Pueblos Indígenas que protegen sus tierras constituyen la última línea de defensa frente a la tala ilegal, la extracción de recursos y el colapso de los ecosistemas. La implementación de la Meta 22 requiere mecanismos operativos que brinden protección a los guardianes locales frente a los conflictos violentos, los ataques aéreos y el acaparamiento de tierras.

4. Financiamiento directo para el clima y la biodiversidad

A pesar de proteger sumideros de carbono fundamentales y áreas de gran importancia para la biodiversidad, las organizaciones comunitarias locales y las organizaciones indígenas enfrentan barreras sistémicas para acceder directamente al financiamiento. Los mecanismos financieros internacionales deben establecer vías de financiamiento directo y accesible para las organizaciones indígenas de base, evitando la intermediación de los canales estatales centralizados, con el fin de apoyar el mapeo liderado por las comunidades, la preservación de los conocimientos tradicionales y las iniciativas de resiliencia climática.

Gestión resiliente de los bosques tropicales

Los bosques tropicales de Myanmar perduran gracias a los Pueblos Indígenas que los gestionan y protegen. La gobernanza consuetudinaria de las tierras, las prácticas de agrobiodiversidad y el patrimonio y las prácticas de medicina tradicional indígena de la comunidad Gheba Karen de Taung Pat Lal (Khlo Do) constituyen una prueba contundente de que la conservación de la biodiversidad y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados.

Mientras los líderes internacionales se reúnen en la COP17 para evaluar los avances en el marco del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), las políticas internacionales deben basarse en estas realidades locales. Alcanzar plenamente los objetivos del MMBKM exige el reconocimiento formal de los territorios indígenas, la protección jurídica de los sistemas consuetudinarios de tenencia, la inversión en mecanismos de monitoreo liderados por los Pueblos Indígenas y salvaguardas sólidas para las personas defensoras del ambiente que se encuentran en primera línea.

La persona autora de este artículo prefiere permanecer en el anonimato.

The post Guardianes de la naturaleza y conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales de Myanmar appeared first on Debates Indígenas.

El elevado precio internacional del oro ha reforzado los incentivos económicos para la expansión de estas actividades. Según el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en 2025 la región amazónica perdió más de 736.000 hectáreas de bosque primario, y una parte significativa de las zonas afectadas por minería se encuentra dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Frente a esta realidad, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja en la elaboración de un informe regional que analizará la relación entre la minería ilegal de oro, la vulneración de derechos, los territorios y la gobernanza en distintos países de la Amazonía y el Escudo Guayanés.

De las alertas al análisis regional

La decisión de elaborar este informe se inscribe en un proceso de monitoreo y documentación que la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial vienen desarrollando desde hace varios años frente a una preocupación creciente en la región, que la REDESCA identificó como un ámbito prioritario de atención en su Plan de Trabajo 2024-2026. En 2019, en su informe sobre Pueblos Indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH advirtió sobre la exposición a altos niveles de mercurio y sus efectos en el agua, la biodiversidad y la salud. En 2021, la Resolución 3/21 sobre Emergencia Climática señaló la degradación ambiental como una de las grandes amenazas para los derechos humanos en la región. 

En abril de 2024, durante una visita in loco a Colombia, la Comisión y su Relatoría Especial identificaron la minería ilegal como una causa de contaminación hídrica, desplazamiento forzado y financiamiento de estructuras criminales. En octubre de ese mismo año, la CIDH y la REDESCA alertaron sobre la situación del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco, atravesada por desplazamientos, contaminación por mercurio y la presencia de grupos armados. En marzo de 2025, la REDESCA instó a fortalecer la cooperación internacional, la trazabilidad del oro y el control del comercio de insumos como el mercurio. En marzo de 2026, emitió una nueva alerta sobre los impactos de la actividad minera ilegal en el derecho humano al agua. Esta problemática también ha sido documentada de manera recurrente en los informes anuales de la Relatoría sobre diferentes países de la región.

La REDESCA presta especial atención a los impactos diferenciados sobre los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y tribales, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente.

La REDESCA presta especial atención al impacto sobre Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y tribales, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El objetivo del informe es analizar, desde una perspectiva de derechos humanos y, en particular, de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, los impactos de la minería ilegal de oro, así como las dinámicas territoriales, transfronterizas y de gobernanza que acompañan su expansión. La REDESCA presta especial atención a los impactos diferenciados sobre los Pueblos Indígenas (incluidos aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial), las comunidades afrodescendientes y tribales, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente.

Sin anticipar las conclusiones del informe, actualmente en elaboración, la información recopilada permite identificar dimensiones particularmente relevantes para el análisis: la contaminación por mercurio y, otros impactos sobre la salud y la alimentación; la deforestación y degradación de ecosistemas; la pérdida de control territorial; la expansión de economías ilícitas y actores armados; las debilidades de la respuesta institucional; y las dificultades para asegurar la trazabilidad y la debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro del oro.

Un proceso construido a partir del diálogo y la consulta

El proceso de elaboración ha combinado distintos mecanismos de diálogo, consulta y recopilación de información. Como parte de este trabajo, la CIDH convocó una audiencia regional de oficio en el marco del 195.º Período de Sesiones, celebrado en Ciudad de Guatemala, con participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades y Pueblos Indígenas. Posteriormente, la REDESCA remitió solicitudes de información a los Estados y abrió una convocatoria para recibir contribuciones de organizaciones, comunidades afectadas y personas expertas.

Entre el 15 y el 19 de junio de 2026, la REDESCA realizó una visita de trabajo a Brasil, donde sostuvo reuniones en Brasilia y Boa Vista, Roraima, con autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, participó en la 8.ª Asamblea General de la Asociación Hutukara Yanomami, junto con liderazgos indígenas. En julio, la Relatoría llevó a cabo una consulta híbrida con personas expertas en Bogotá y participó en el Encuentro Regional sobre Minería, Gobernanza Territorial y Derechos Indígenas en la Amazonía, realizado en Tena, Ecuador. El encuentro fue organizado por PAKKIRU, FOIN Ecuador y el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay, con el apoyo de IWGIA. Allí dialogó con lideresas y líderes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Estos espacios han permitido incorporar no solo información sobre las afectaciones, sino también las experiencias, conocimientos y respuestas desarrolladas por los propios Pueblos Indígenas. En distintos territorios, las comunidades, organizaciones y autoridades indígenas han impulsado mecanismos de monitoreo y protección territorial, herramientas de cartografía y documentación ambiental, sistemas de alerta y estrategias de interlocución con las autoridades. Incorporar esos conocimientos y experiencias resulta fundamental para comprender las dinámicas territoriales de la minería ilegal y para diseñar respuestas que reconozcan la autonomía, la participación efectiva y las prioridades definidas por los propios pueblos.

DESCA, territorio y continuidad de la vida comunitaria

Los impactos de la minería ilegal de oro no se limitan a la contaminación o a la pérdida de cobertura forestal. En los territorios indígenas, la deforestación, la alteración de los cursos de agua y la degradación de los ecosistemas pueden afectar las relaciones territoriales que sostienen la alimentación, la salud, los medios de vida, las prácticas culturales y espirituales y, en términos más amplios, las condiciones necesarias para la continuidad de la vida comunitaria. Desde una perspectiva interamericana de derechos humanos, la protección de los bosques se encuentra así estrechamente vinculada con la protección de los territorios, los DESCA, la identidad cultural y la libre determinación de los Pueblos Indígenas.

Entre las principales preocupaciones que surgen de la información relevada se encuentra la contaminación por mercurio. Una vez liberado al ambiente, el mercurio puede transformarse en metilmercurio, acumularse en peces y otros organismos acuáticos y, a través de ellos, ingresar en la cadena alimentaria de los habitantes de la Amazonía. De este modo, la contaminación de los ríos compromete también el derecho a la alimentación al afectar la dieta de numerosas comunidades indígenas y ribereñas, y al poner en riesgo prácticas alimentarias tradicionales.

Cuencas y territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque, degradación de fuentes de agua y presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas.

Territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque y degradación de fuentes de agua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los graves daños neurológicos asociados a la exposición al metilmercurio y sobre los riesgos particularmente elevados para niñas, niños y mujeres gestantes. Estudios citados en la información examinada por la REDESCA han detectado niveles elevados de mercurio en comunidades indígenas de Brasil y Perú. A ello se suman otras afectaciones a la salud: la transformación del territorio asociadas a la minería pueden favorecer condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades como la malaria.

La deforestación y fragmentación de hábitats constituye otra dimensión central de las problemáticas que atraviesa la Amazonía. Cuencas y territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque, degradación de fuentes de agua y presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas. Estas dinámicas se agravan cuando convergen con otras economías ilícitas y con actores que disputan el control territorial.

Minería ilegal, economías ilícitas y gobernanza territorial

La minería ilegal de oro no opera de manera aislada. En diferentes regiones de la Amazonía, la actividad se articula con redes de narcotráfico, tala ilegal, contrabando, tráfico de insumos y otras economías ilícitas. Esta convergencia puede traducirse en el control territorial por parte de grupos armados, amenazas a comunidades y autoridades indígenas, restricciones a la movilidad y, el debilitamiento de las capacidades estatales de prevención, fiscalización y protección.

El oro presenta características que facilitan su incorporación a circuitos comerciales aparentemente legales: tiene un alto valor por peso, puede ser fundido y mezclado con producción de origen lícito y circular mediante documentación irregular o a través de jurisdicciones con controles insuficientes. Por ello, la respuesta no puede limitarse al lugar de extracción. Requiere mecanismos efectivos de trazabilidad, cooperación transfronteriza y coordinación entre autoridades ambientales, aduaneras, financieras y judiciales. Asimismo, precisa de responsabilidades claras para los actores empresariales que participan en la cadena de suministro.

Los riesgos son especialmente graves para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, ya que cualquier interferencia externa puede tener consecuencias irreversibles. Las afectaciones también alcanzan de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, comunidades afrodescendientes y tribales, y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. En contextos adversos,  estas personas enfrentan amenazas, hostigamiento y violencia.

Un informe pensado como herramienta

El desafío no termina con documentar el avance de la minería ilegal ni con identificar sus impactos. La cuestión central es cómo traducir los estándares de derechos humanos en respuestas capaces de proteger efectivamente los territorios, prevenir nuevas afectaciones y fortalecer la capacidad de los pueblos para participar en las decisiones que inciden sobre sus formas de vida.

El informe regional que prepara la REDESCA busca contribuir a ese objetivo mediante la sistematización de estándares y la formulación de recomendaciones para Estados, empresas y otros actores relevantes. Al mismo tiempo, su elaboración procura incorporar las experiencias, conocimientos y perspectivas de los Pueblos Indígenas y comunidades afectadas, no solo como fuentes de información, sino como actores indispensables para comprender el territorio y construir respuestas adecuadas.

Frente a una economía ilícita que atraviesa fronteras, cadenas comerciales y territorios, las respuestas también deberán ser coordinadas, preventivas y transfronterizas. El propósito es que los hallazgos y estándares del informe puedan convertirse en herramientas útiles para el diálogo, la promoción de derechos y la adopción de medidas que coloquen en el centro la protección de los derechos humanos, los bosques y el derecho de los pueblos a decidir sobre el presente y el futuro de sus territorios.

Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter personal y no representan necesariamente la posición de la REDESCA, de la CIDH ni de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

The post Oro, territorios y derechos: minería ilegal en la Amazonía y el Escudo Guayanés appeared first on Debates Indígenas.

Sin embargo, esta relación de larga data se encuentra sometida a presiones cada vez mayores. En distintas zonas del sur y el este de Camerún, los territorios forestales se ven afectados por la explotación maderera, la expansión agrícola, las actividades extractivas, el desarrollo de infraestructura y la ampliación de las áreas de conservación. A medida que el bosque se deteriora, el pueblo Baka debe recorrer distancias cada vez mayores para encontrar determinados frutos, plantas medicinales y otros productos forestales no maderables. Los peces y los animales de caza son cada vez más escasos, mientras que el acceso a determinadas áreas utilizadas tradicionalmente se vuelve más difícil.

En el sur y el este de Camerún, las restricciones al acceso a los recursos forestales y las dificultades relacionadas con la garantía de los derechos sobre la tierra afectan directamente los medios de vida de las comunidades.  El pueblo Baka depende en mayor medida de los productos forestales no maderables y la disminución de los recursos, especialmente cuando es consecuencia de restricciones al acceso al bosque, puede alterar profundamente sus patrones de producción y consumo. Esta situación demuestra que la protección de los bosques no puede separarse de la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas que dependen de ellos.

Cuando la conservación se convierte en una cuestión de justicia

El desafío resulta particularmente evidente en determinadas áreas protegidas. La conservación de la biodiversidad es esencial para preservar los bosques de la cuenca del Congo, pero los modelos de conservación que excluyen a las poblaciones indígenas de sus territorios pueden tener efectos adversos sobre los derechos humanos. Investigaciones realizadas en el sur y el este de Camerún han documentado las consecuencias socioeconómicas de los modelos de “conservación de fortaleza”, en los que las comunidades Baka tienen escasas posibilidades de negociar su acceso a las áreas forestales.

Por lo tanto, la cuestión no es elegir entre los bosques y las comunidades indígenas, sino cómo proteger el bosque junto con estas comunidades. El pueblo Baka posee conocimientos ancestrales sobre las especies, los ciclos estacionales, las fuentes de agua, las plantas medicinales y, las zonas de caza y recolección. Estos conocimientos constituyen un patrimonio ecológico que puede contribuir a los objetivos de conservación. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas deben ser consideradas titulares de derechos y no meramente beneficiarias de proyectos ambientales.

Este enfoque requiere, en particular, garantizar la participación efectiva y significativa del pueblo Baka en las decisiones relativas a sus territorios. Además, los gobiernos de la región deben respetar su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado cuando las medidas o los proyectos puedan afectar sus tierras, recursos o modos de vida.

La conservación basada en derechos

La experiencia de la African Indigenous Women Organization Central African Network (AIWO-CAN) demuestra que la participación indígena puede adoptar formas muy concretas. En 2010, un grupo de lideresas indígenas baka y bagyeli participaron en la creación de un jardín de bosque tropical presentado en el Chelsea Flower Show de Londres. Las mujeres dieron a conocer sus tradiciones, así como los desafíos que enfrentan sus comunidades: la deforestación, la expansión industrial, la discriminación y la pérdida de acceso a la biodiversidad de sus bosques. También se incorporaron al proyecto mapas elaborados por el pueblo Baka para representar sus usos tradicionales del bosque.

Este ejemplo es importante porque demuestra que los Pueblos Indígenas pueden documentar la relación con sus territorios y transmitir sus propios mensajes en espacios internacionales. Un mapa, por lo tanto, no es simplemente una herramienta técnica: se convierte en un medio para visibilizar un territorio y formas de uso del bosque que pueden estar ausentes de los mapas administrativos o de los planes de gestión.

Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones, cuestionar una decisión o solicitar reparación cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.

Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones.

Más recientemente, el paisaje de Dja ofrece un ejemplo interesante de este avance hacia una gobernanza más inclusiva. En el marco del programa GEF-8 dedicado al paisaje de Dja, AIWO-CAN recibió el encargo de contribuir al establecimiento de un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos , diseñado para que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales puedan expresar sus preocupaciones y acceder así a un mecanismo de reclamación accesible. Este mecanismo está concebido como complemento del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas.

Esta experiencia resulta especialmente importante para la conservación de la cuenca del Congo. Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones, cuestionar una decisión o solicitar reparación cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. El establecimiento de mecanismos de diálogo y reclamación culturalmente apropiados puede, por lo tanto, transformar la conservación: pasar de un modelo en el que las comunidades indígenas son pensadas desde un rol pasivo a otro en el que pueden participar, cuestionar, proponer y exigir rendición de cuentas.

Las mujeres indígenas en el centro de la conservación

La participación de las mujeres también es fundamental. Las mujeres indígenas de Camerún desempeñan un papel importante en la transmisión de conocimientos relacionados con las plantas, la alimentación, la medicina tradicional y el uso de los recursos naturales. Asimismo, se ven directamente afectadas por las consecuencias económicas y sociales de la degradación de estos recursos.

La experiencia de AIWO-CAN demuestra la importancia de fortalecer sus capacidades para que las mujeres indígenas puedan participar en los procesos de toma de decisiones, defender sus derechos territoriales y contribuir a las políticas climáticas y ambientales. Este enfoque resulta especialmente pertinente en el contexto de la cuenca del Congo, donde la conservación y la adaptación al cambio climático deben basarse en las realidades de las comunidades.

La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación que proteja los ecosistemas sin desplazar a los Pueblos Indígenas que tradicionalmente los han protegido.

La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación valore los conocimientos indígenas.

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal ofrece una oportunidad importante para repensar las políticas de conservación desde un enfoque basado en derechos. Su implementación en Camerún no debería evaluarse únicamente en función del número de áreas protegidas o de especies conservadas, sino también del grado en que se garantizan los derechos y la participación de los Pueblos Indígenas.

Por lo tanto, alcanzar los objetivos mundiales de conservación no debería conducir a una mayor exclusión de las comunidades indígenas de los bosques. Por el contrario, las políticas de biodiversidad deberían reconocer sus conocimientos, garantizar su participación efectiva y significativa, proteger sus territorios y asegurar su intervención en las decisiones que afectan sus tierras y recursos. La 17° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica ofrece una oportunidad para recordar que la conservación de la cuenca del Congo no puede separarse de los derechos de los pueblos que la habitan.

Hacia una conservación con los Pueblos Indígenas

Toda esta situación pone de manifiesto una realidad fundamental en materia de derechos humanos. La pérdida del acceso a los territorios forestales, o las restricciones impuestas sobre este, afectan los derechos a la cultura, la alimentación, la salud y los medios de vida de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Congo. En el mismo nivel, afecta el derecho a participar en las decisiones relativas a sus tierras y recursos naturales. Finalmente, la deforestación del bosque también puede socavar la transmisión de los conocimientos ancestrales.

El futuro de los bosques de la cuenca del Congo no dependerá únicamente de las políticas forestales, las inversiones internacionales o la ampliación de las áreas protegidas. También dependerá de la capacidad de los Estados y de los actores de la conservación para reconocer a los Pueblos Indígenas como socios en pie de igualdad y titulares de derechos. En Camerún, la experiencia del pueblo Baka demuestra que el bosque puede ser un espacio de subsistencia, cultura, transmisión de conocimientos y conservación de la biodiversidad. Las iniciativas a las que AIWO-CAN ha contribuido demuestran que la participación indígena puede materializarse de formas concretas: mapeo comunitario, participación en las políticas forestales, mecanismos de reclamación, Consentimiento Libre, Previo e Informado, y fortalecimiento del papel de las mujeres indígenas.

Por lo tanto, la cuestión ya no es simplemente cómo proteger los bosques de la cuenca del Congo, sino también quién decide sobre su futuro y qué garantías se ofrecen a quienes los han habitado durante generaciones. La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación que proteja los ecosistemas sin desplazar a los Pueblos Indígenas que tradicionalmente los han protegido, que valore los conocimientos indígenas sin explotarlos y que convierta a las comunidades indígenas de los bosques en verdaderos socios en la gobernanza de la biodiversidad.

The post Los bosques de la cuenca del Congo en Camerún y los derechos del pueblo Baka appeared first on Debates Indígenas.

La desaparición forzada es una forma de tortura continuada que se empleó contra disidentes políticos y guerrilleros en los años sesenta y setenta, tanto en México como en otras regiones de Abya Yala. A partir de 2006, empezó a ser utilizada de forma generalizada por agentes armados legales e ilegales como estrategia de castigo, control territorial y terror, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició lo que coloquialmente se conoce como “guerra contra el narco”. Esta estrategia militarizó la sociedad, implicó una mayor circulación de armas en el país e, incorporó técnicas de tortura y de manejo de los cuerpos que los militares habían aprendido en el marco de los conflictos armados. 

Si bien fueron los gobiernos de derecha los que iniciaron la “guerra contra las drogas”, los gobiernos de centro izquierda de Andres Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheimbaum (2024 – ) han dado continuidad a esta estrategia, dándole más poder e impunidad al ejército mexicano. A pesar de que la retórica utilizada por estos gobiernos ha puesto en el centro la lucha contra la desigualdad, los derechos de las mujeres, de las víctimas y los Pueblos Indígenas, en la práctica han continuado las políticas de militarización de la seguridad pública, de despojo y violación a los derechos humanos por parte cuerpos policiales, militares y migratorios. Esto denunciaron los colectivos de búsqueda en sus movilizaciones durante el Mundial de Fútbol. 

Más de 70.000 cuerpos sin identificar

Entre las demandas de este movimiento se encuentra la identificación de los más de 70.000 cuerpos que están bajo custodia estatal: en morgues, instituciones de servicios periciales, hospitales y fosas comunes de fiscalías. Si faltan 133.000 personas y el Estado tiene bajo su custodia los restos de 70.000 personas, las familias saben que muchos de sus seres queridos podrían estar esperando ser identificados para regresar a casa. La respuesta estatal a esta demanda ha sido que no se cuenta con los recursos económicos ni materiales para llevar adelante esta tarea. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se refirió a esta realidad como “la crisis forense mexicana”.

Sin embargo, el saldo de la organización de la Copa del Mundo habla por sí solo: no hay dinero para buscar e identificar a las personas desaparecidas, pero sí para invertir 1.323 millones de dólares en obras de infraestructura para hacer posible el Mundial de Fútbol. Ante esta realidad, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron las calles de las tres ciudades en donde se realizó el mundial al clamor de “México, campeón en desaparición”. Mientras las sedes mundialistas se llenaron de carteles que anunciaban que la pelota regresaba a casa, las familias exigían: “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”. 

Violencias en territorios indígenas, despojos y desapariciones

En el contexto del Mundial de Fútbol, los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscaban mostrar este otro rostro de los llamados gobiernos de la “Cuarta Transformación”: gobiernos de centro-izquierda que han continuado con políticas de muerte e impunidad y han posibilitado que, solo en los seis años de gobierno de López Obrador y los dos primeros años de Claudia Sheibaum, hayan desaparecido 67.000 personas. Si bien no tenemos la cifra exacta de cuántos de estos desaparecidos pertenecen a Pueblos Originarios, debido a que no se cuenta con datos desglosados por origen étnico, sí sabemos que las violencias extremas tienden a concentrarse en territorios pobres y racializados, donde habitan las comunidades.

Las historias de personas indígenas desaparecidas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Chihuahua dan cuenta de un continuum de violencias que incluye la violencia estructural, que antecede a la desaparición forzada y forma parte del agravio. El racismo contribuye a concentrar las desapariciones en las regiones más pobres y marginadas del país. La estructura colonial ubica a determinados cuerpos en ciertos territorios, que reciben menos recursos y menos atención en las políticas públicas. En una sociedad racista y racializada como la mexicana, la identidad indígena es un factor que duplica las posibilidades de sufrir violencias. La denuncia, la búsqueda y el acceso a la justicia se vuelven un desafío mayor cuando no se habla el español (y no se cuenta con traducción) y escasean los recursos para trasladarse a las ciudades en donde se encuentran las instituciones judiciales y de búsqueda.  

Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Esta es la otra cara del México mundialista: en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Por eso, nos referimos a las múltiples ausencias de indígenas desaparecidos porque, además de su ausencia física en las comunidades de las que formaban parte, hasta hace poco había una falta de reconocimiento a su identidad étnica en estadísticas oficiales sobre la desaparición, además de un silencio sobre el fenómeno en las movilizaciones indígenas. Muchos de sus cuerpos han terminado en fosas comunes estatales sin que existan expedientes forenses que permitan a sus familiares encontrarlos. 

En paralelo a los miles de jóvenes indígenas anónimos que han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado y desaparecidos, o han sido asesinados por resistirse al reclutamiento, están las historias documentadas por organismos internacionales de 46 defensores indígenas del territorio que, desde 2019, han sido asesinados o desaparecidos por defender sus territorios del despojo por parte de proyectos mineros o desarrollistas. Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar al tomar las calles y recordar a los aficionados que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta. 

Los colectivos de familias buscadoras ante el Mundial

La Ciudad de México fue la encargada de acoger la ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente en el Estadio Azteca, sede mundialista ubicada en la zona de Santa Úrsula Coapa, un Pueblo Originario cuyo territorio quedó fragmentado por la construcción del recinto deportivo. Por tercera vez en su historia, el pueblo de Santa Úrsula ha tenido que albergar un mundial de fútbol mientras el acceso a su territorio es restringido y obstaculizado. Además, en el marco de este mundial, tal y como sucedió en las ocasiones anteriores, el contexto social de México no es el que el gobierno ha querido vender al mundo.

Frente a una ciudad que es cada vez más hostil para sus habitantes y una FIFA bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias, las personas que buscan a un ser querido desaparecido prepararon una agenda de movilizaciones y acciones de memoria para agrietar la cancha de pasto verde y alzar sus demandas de justicia. Así, incluso bajo amenazas y acciones represivas por parte del gobierno, las familias buscadoras encontraron la manera de unirse a la euforia mundialista sin atacarla, porque, como ellas mismas dicen, sus hijos e hijas, esposos y esposas, hermanos y hermanos, y amigos y amigas también son fanáticos y fanáticas del fútbol. Por eso, las familias buscadoras han salido a la calle a expresar que no quieren que haya otro Mundial sin que sus seres queridos estén de regreso en casa. 

Estas acciones de protesta se han llevado a cabo tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey (las tres ciudades sede del Mundial en nuestro país) y han ocupado planas de medios a nivel nacional e internacional. El caso de Guadalajara ha sido de los más sonados, no solo por las movilizaciones, sino porque los colectivos de búsqueda han documentado que en las inmediaciones del Estadio Akron se han localizado varias fosas clandestinas. 

Las movilizaciones y acciones de las familias han sido múltiples: la caminata y velada nocturna previas al partido inaugural; la marcha llevada a cabo el día de la inauguración, en la que algunas familias lograron llegar a las inmediaciones al Estadio Azteca tras cruzar el cerco que les impedía el acceso; las intervenciones gráficas y visuales de la cultura mundialista; los carteles con el rostro de las personas desaparecidas como las figuritas del álbum Panini; las pegas masivas de fichas de búsqueda; las “cascaritas [como se llama en México a los partidos entre amigos] por la memoria y contra el olvido”; la creación de la botarga del “Ajolote buscador” (un anfibio endémico de las lagunas del Valle de México y divinidad en el mundo mexica).

Ante este clima de protestas, actos memoriales, actividades culturales y celebraciones interreligiosas, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy alejada de lo que podría esperarse: llegó incluso a insinuar que los colectivos habían acudido a las manifestaciones con financiamiento ilícito. En lugar de comprometerse a investigar las desapariciones de personas (muchas de ellas ocurridas durante su gobierno), el discurso oficial anunció que se investigaría dicho financiamiento, hecho que fue denunciado por las familias buscadoras como revictimizante. 

En consecuencia, el discurso oficial, los cercos policiales y los diversos intentos de limitar las protestas fueron parte de la respuesta estatal y federal. Entre los hechos destaca la lamentable acción represiva cometida por parte de la policía de la Ciudad de México contra familias buscadoras y personas solidarias que se encontraban realizando una acción pacífica sobre una de las avenidas que conectan directamente el centro de la ciudad con el Estadio Azteca, el día que se jugaba el partido entre México y Ecuador. Como resultado, Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en 2024, fue herido. Mientras tanto, las movilizaciones por la memoria y contra el olvido continúan.

¡Todxs al Estadio!: crónica de la marcha nocturna pre-inauguración

El 10 de junio del 2026 tuvo lugar una caminata en Ciudad de México que, bajo el lema “Iluminemos la búsqueda”, salió de la estación del tren ligero Registro Federal con la intención de llegar al Estadio Azteca. A las ocho de la noche comenzamos a marchar, con una presencia masiva de medios nacionales e internacionales. Una de las familiares coordinadoras del evento agarró el megáfono y gritó: “¡Pedimos a todas las personas que dejen su rostro al descubierto!”. Esta petición resaltaba el carácter pacífico de la manifestación y buscaba evitar que actores externos desprestigiasen el interés genuino de la acción. 

Unos metros antes de llegar al límite de la ‘última milla’ –un perímetro de acceso restringido alrededor del estadio, al que solo lxs vecinxs y el público de los partidos tenían acceso–, la caminata se volvió más cautelosa. Lxs manifestantes nos agarramos de los brazos y decidimos seguir caminando. Mientras recorríamos esos últimos metros, a lo lejos comenzó a perfilarse una imagen extraña. En una subida de la calzada se veía un reflejo de luces que bloqueaba el paso. Algunas pensamos que podían ser los flashes de las cámaras de la prensa, pero conforme nos acercamos, la visión se volvió más nítida. Al menos diez hileras de policías obstaculizaban el paso, mientras la luz de las farolas se reflejaba en la superficie de sus escudos. De un lado, entonces, quedaba la coraza policial; del otro, las familias con sus megáfonos gritando: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”.

Cuando quedamos en frente de las hileras de policías, las familias mantuvieron los ánimos. Algunas cantaron y oraron en colectivo, mientras otras improvisaron un altar, en el que se fueron depositando las veladoras de la caminata. También se organizaron cascaritas en medio de la calzada. Poco a poco, y conforme avanzaba la noche, la concentración comenzó a dispersarse y los alrededores del estadio se vaciaron de manifestantes. Sin embargo, al igual que el Mundial estaba a punto de comenzar, las acciones de protesta frente al mismo también se dieron por inauguradas.

¡Hagamos que suceda!: la cascarita por la memoria y contra el olvido

En las inmediaciones de la Glorieta de las y los Desaparecidos, así renombrada por las familias buscadoras, el asfalto se ha transformado de manera espontánea en el estadio donde hoy se juega el partido “por la memoria y contra el olvido”. Pintura blanca delimita la cancha. Las porterías son señaladas por un par de mochilas. En la cancha, las y los jugadores portan jerseys de la selección nacional intervenidos a modo de visibilización y denuncia: algunos llevan impresos los rostros y nombres de personas desaparecidas; otros, consignas de denuncia contra la crisis de desaparición. Los equipos no se enfrentan como rivales: colaboran para “meter gol contra el olvido”. Cada gol marcado es un gol por la memoria.

Entre el público aficionado y los jugadores se levantan mantas y pancartas con los rostros y nombres de quienes nos hacen falta, aquellos y aquellas por quienes se juega esta cascarita. Verónica, Benita y Dioni, mujeres buscadoras pertenecientes al colectivo “Uniendo Esperanzas”, juegan en el equipo retador. En sus jerseys portan a sus hijos desaparecidos: Diego Maximiliano, Fernando Iván y Guillermo David. La alineación de su equipo se completa con Leo, el pequeño nieto de Benita, y un grupo de mujeres y hombres jóvenes que las acompañan solidariamente en la búsqueda de sus hijos. Con destreza y tenacidad, entregan todo en la cancha.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

El marcador sigue en juego. Los equipos van entrando a la cancha según su turno. Cada gol es celebrado. Toda falta de solidaridad está “fuera de lugar”. En un momento de tensión en la cancha, la hermana Pao, árbitro voluntaria del partido y religiosa católica acompañante de las familias buscadoras, marca con firmeza una tarjeta roja contra la injusticia. Rápidamente, pone de nuevo el balón en juego, no sin antes recordarle a todos los presentes que este partido es colaborativo. Entre los retadores se encuentran jugadores que también entregan todo en la cancha por diversas causas justas. La colaboración entre todos los jugadores es estratégica para meter goles por la justicia.

A unos instantes de que caiga la lluvia, el último gol de esta jornada de fútbol callejero mexicano es anotado. Se acaba la cascarita. Las y los jugadores corren a resguardarse de la lluvia donde les sea posible. Sin embargo, este no es el fin del partido principal. El que a diario juegan las familias buscadoras. La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La posibilidad de jugar un partido más

Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol, las familias buscadoras no dejaron de levantar sus voces, de meter goles por la memoria y de recordar a la ciudadanía que la nación mexicana está incompleta y fracturada: nos faltan al menos 133.000 personas desaparecidas. Ante un nacionalismo futbolero, que muchas veces mostró poca empatía hacia el dolor de las familias, los colectivos de búsqueda mostraron la otra cara del México mundialista. Ante un gobierno y una sociedad que niegan la crisis de desapariciones, las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos continúan de-velando el rostro de un México profundamente herido.

Los territorios indígenas siguen siendo despojados, ocupados y convertidos en estadios de fútbol o en cementerios clandestinos, mientras que el gobierno inunda los medios de comunicación con propaganda indigenista sobre leyes y políticas públicas, que no responde a las políticas reales de despojo, violencia e impunidad que viven los Pueblos Originarios de México.

Mientras este país intenta ocultar su rostro lacerado por la desaparición, por las fosas clandestinas y por las múltiples violaciones a derechos humanos, las familias buscadoras no dejan de hacer visibles los nombres y rostros de las más de 133.000 personas que nos faltan. Sus acciones y movilizaciones son actos por la memoria y contra el olvido. Esperemos que cada una de esas ausencias no sea recordada solo por las familias que buscan a diario, sino también por aquellos que creemos que todas las personas merecen una cancha justa, un recuerdo digno y la igual oportunidad de ver (o jugar) un partido con aquellos a quienes aman.

The post La pelota regresa a México, ¿y las personas desaparecidas cuándo? appeared first on Debates Indígenas.

El profesor rural cajamarquino solo pudo gobernar 1 año y 132 días, entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022. Fue destituido de manera irregular por “permanente incapacidad moral” y acusado de un supuesto “golpe de Estado” que nunca llegó a concretarse. Al no estar tipificada esa conducta como delito, la imputación fue  modificada posteriormente como “conspiración para la rebelión”. La destitución de Pedro Castillo permitió al denominado “pacto mafioso” designar gobiernos títeres bajo su influencia directa, como los de Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí León (2025-2026) y José María Balcázar (2026).

El voto rural y el voto de la costa

Desde el primer gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, Perú vive una crisis de representación política caracterizada por el colapso del sistema de partidos políticos. En ese marco, el proceso electoral de 2026 fue diseñado por el fujimorismo para generar las mejores condiciones para su conveniencia. La Ley 30.995 redujo drásticamente los requisitos de inscripción de partidos: se pasó de exigir alrededor de 700.000 firmas de adherentes a aproximadamente 25.000 afiliados (0,1 % del padrón electoral). Esa reducción estuvo vigente entre 2019 y comienzos de 2024, lo que permitió que decenas de organizaciones iniciaran o culminaran su inscripción.

Como resultado, el Registro de Organizaciones Políticas llegó a tener 43 partidos habilitados para las elecciones de 2026, un récord histórico. Además, la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fragmentó aún más la oferta electoral, que alcanzó 35 candidaturas presidenciales y una boleta de sufragio interminable. En este contexto, Keiko Fujimori se postuló por cuarta vez a la presidencia, a pesar de arrastrar graves acusaciones por corrupción y de haber permanecido tres periodos en prisión preventiva por presunto lavado de activos y aportes irregulares en el caso Odebrecht. Entre 2018 y 2020, Keiko acumuló 16,5 meses de encarcelamiento. “La acusación central fue anulada en 2025 por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron designados por un Congreso con una fuerte influencia fujimorista”, puntualiza el politólogo Omar Coronel. 

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa.

Los resultados electorales muestran un país dividido, fragmentado y, hasta se podría decir, polarizado y desconfiado del régimen democrático. En la primera vuelta, Keiko Fujimori pasó al balotaje con 17,8% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) accedió con apenas 12,03%. Ambos candidatos representaron menos del 30 por ciento de los votos válidos en primera vuelta. La gran mayoría de los 35 candidatos quedó por debajo de 10 por ciento, lo que grafica la dispersión y pulverización del voto. Aunque en el balotaje Roberto Sánchez se impuso por un estrecho margen en el territorio nacional, la ventaja de Fujimori entre los votantes peruanos del exterior revirtió el resultado final.

Juntos por el Perú ganó en 18 de las 25 circunscripciones regionales (24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao), mientras que Fuerza Popular ganó solo en siete. Por otra parte, Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

La agenda indígena y ambiental a la deriva

En el debate electoral el tema indígena y ambiental estuvo ausente y sin propuestas concretas. Esto refleja el deterioro del tema en la última década, un periodo marcado por la profunda inestabilidad política en el que Perú llegó a tener ocho presidentes en 10 años. Entre los principales retrocesos se destacan las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a través de la Ley 31.973 de 2024, conocida como Ley Antiforestal, a pesar de las advertencias sobre sus nefastas consecuencias. La reacción ciudadana fue enorme y la norma fue criticada incluso por instituciones públicas. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la ley por una mayoría de cinco votos contra dos, manteniendo en vigencia la disposición más nefasta de la norma: la Única Disposición Complementaria Final.

Manuel Pulgar Vidal, de la World Wide Fund for Nature (WWF), resume el debate electoral: “En estos diez años hemos visto un debilitamiento de las exigencias ambientales en el país. También es una consecuencia indirecta de que Perú haya tenido por diez años tanta inestabilidad política. Esto ha hecho que incluso en los medios de comunicación el tema ambiental esté absolutamente ausente. Ningún partido de gobierno tiene una sólida agenda ambiental en sus planes ni un funcionario sólido que pueda describir elementos básicos de la agenda ambiental”. Por otra parte, un factor grave de preocupación para las comunidades indígenas y para la naturaleza es el incremento de la criminalidad, en particular de la minería ilegal. Frente a este fenómeno, los candidatos no exhibieron propuestas firmes y, más bien, se mostraron condescendientes.

Por su parte, Isabel Calle, Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala:“La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la Amazonía, la gobernabilidad y la seguridad nacional. A ella se suman la tala ilegal, el tráfico de fauna, el tráfico de tierras y la expansión desordenada de actividades que operan al margen de la ley. Estas actividades no son únicamente problemas ambientales: son expresiones de redes criminales que capturan territorios, corrompen instituciones, generan violencia y deterioran la confianza ciudadana. Combatirlas exige mucho más que operativos aislados. Requiere inteligencia financiera, presencia efectiva del Estado, fortalecimiento institucional, coordinación entre niveles de gobierno y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales. 

El modelo peruano y la desigualdad estructural

Quienes observan a la distancia los indicadores macroeconómicos se sorprenden del “modelo peruano” que aparece como exitoso y prometedor. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país fue una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Entre 2000 y 2019, el Producto Bruto Interno prácticamente se triplicó por el auge de las exportaciones mineras, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica, lo cual se reflejó en el aumento del presupuesto público. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual y se ha concentrado en Lima y la costa. Muchas provincias andinas y amazónicas mantienen economías basadas en actividades de baja productividad y escasa presencia estatal.

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para una distribución más equitativa de los ingresos. Alrededor de siete de cada diez trabajadores se desempeñan en empleos informales, con bajos salarios y sin acceso a seguridad social, pensiones o protección frente al desempleo. Otro factor es la desigualdad en el acceso a servicios públicos. Aunque el presupuesto nacional aumentó de manera importante en las últimas dos décadas, la calidad de la educación, la atención de salud, el acceso al agua potable, al saneamiento y a internet siguen siendo muy desiguales; incluso, entre distritos de una misma región. 

Además, el Perú mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y una elevada dependencia de actividades extractivas y de la economía informal. Esto limita la capacidad redistributiva del Estado y reduce los recursos disponibles para sostener políticas públicas universales y de largo plazo. En efecto, uno de los rasgos que caracterizan al país es la persistencia de desigualdades históricas y culturales. La población indígena, afroperuana y rural sigue enfrentando barreras de acceso a servicios, mercados y oportunidades. Estas brechas responden a procesos de larga duración, asociados al centralismo, la exclusión territorial y la discriminación.

Las advertencias sobre la deriva autoritaria

El escenario que proyecta el fujimorismo en el poder es el mismo de los últimos años: las normas a favor de la criminalidad y el paquete de leyes a favor de la amnistía y la impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales están creando las condiciones para un régimen de terror. El analista y fotógrafo Ezio Macchione advierte: “No veo motivos para el optimismo. Veo un país cansado, fracturado, con miedo, con enormes urgencias acumuladas y con una clase política que ha demostrado una y otra vez estar muy por debajo de la gravedad del momento. Y veo, sobre todo, el riesgo de confundir orden con autoritarismo, seguridad con represión, estabilidad con silencio, gobernabilidad con captura del Estado”.

Por su parte, Omar Coronel, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, escribe: “Desde 2022, el país ya era gobernado por una coalición autoritaria donde el fujimorismo tuvo un rol protagónico; las elecciones de 2026 le dan a ese liderazgo la legitimidad de las urnas. La presidenta cuenta con el respaldo de los gremios empresariales, de las Fuerzas Armadas y de una Policía beneficiadas por garantías de impunidad ante violaciones de derechos humanos. Si gobierna con baja popularidad y es sacudida por protestas sociales, su historial sugiere que recurrirá a la represión como principal herramienta de gobernabilidad, con el apoyo de los principales medios de comunicación. El fujimorismo es, a fin de cuentas, la amenaza a la democracia más organizada del país y con los aliados más poderosos”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia”.

En el mismo sentido, el analista norteamericano Steven Levitsky pone el énfasis en la concentración del poder: “Fujimori controlaría el Ejecutivo, tendría peso en el Congreso y, como sabemos, influencia en otras instituciones, incluido el Poder Judicial, las autoridades electorales y sectores de las fuerzas armadas y de seguridad. Además, contaría con un gobierno amigo en Washington bajo la administración de Donald Trump. Eso le daría la posibilidad de consolidar mucho poder, y la oposición tendría que organizarse y trabajar de manera mucho más seria si quiere defender derechos básicos y un sistema competitivo en el Perú”. 

Del mismo modo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú advierte: “La democracia peruana tendrá que seguir luchando, en primer lugar, para mantener o recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”. En tanto, la activista social y comunitaria Nury García señala: “Pienso en el desafío de una nueva articulación política que pueda conectar memoria, precarización, violencia criminal, extractivismo, desigualdad, crisis ecológica, cuidados y nuevas formas de sufrimiento social. Es el desafío de poder producir un sujeto político amplio, sin borrar las memorias específicas de cada lucha”. 

La salida es colectiva

Un primer desafío de orden pragmático es que la oposición en el Congreso que defiende los derechos humanos y las libertades democráticas se mantenga unida y coordine plataformas vivas con los movimientos sociales y la sociedad civil. Para tal fin, será clave sostener una movilización persistente, activa y no violenta, para evitar darle al gobierno el pretexto represivo que busca. El movimiento indígena y las organizaciones de la sociedad civil corren el riesgo de ser avasalladas por el poder autoritario si se mantienen fragmentadas, en aislamiento, cada una con su agenda particular, sin construir diálogos y alianzas fructíferas que ensanchen el horizonte de cada perspectiva. 

El sectarismo, el oportunismo y el individualismo siguen siendo lastres que dividen y debilitan la capacidad de resistencia y de lucha de quienes defienden derechos y libertades en un mundo cada vez más asolado por el negacionismo, la vocación autoritaria, tanto de izquierda como de derecha, y la polarización a favor de intereses transnacionales. Juega a favor de los sectores populares que las promesas e ilusiones electorales del fujimorismo comenzarán a contrastar con la realidad y con las expectativas. De no ser atendidas y satisfechas generará descrédito e incrementará la frustración.

El pobre discurso de asunción de mando presidencial y el primer gabinete de ministros evidencia la ausencia de cuadros políticos y técnicos con capacidad para hacer un buen gobierno. Asimismo, el amplio pedido de facultades para legislar por decreto hace evidente que el gobierno de Keiko Fujimori desea tomar decisiones claves entre bambalinas, de espaldas a la ciudadanía y al escrutinio público.

The post Perú: el desafío de enfrentar un gobierno autoritario appeared first on Debates Indígenas.

Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se observó una progresividad en el reconocimiento de derechos étnico-territoriales y de gobernanza ambiental de las comunidades indígenas. Una de sus prioridades fue la protección y garantía de los derechos territoriales, culturales y ambientales de los Pueblos Originarios, con “avances normativos en materia de autonomía territorial, fortalecimiento de los sistemas de conocimiento propio y reconocimiento de las autoridades ambientales”. Además, en los últimos cuatro años se impulsaron las reclamaciones de tierra en resguardos indígenas, a través de reparaciones colectivas, restablecimiento de derechos territoriales étnicos y restitución de tierras. Actualmente, los territorios colectivos legalizados en calidad de resguardos acumulados son un total de 935.

La política del racismo y la estigmatización

Durante la campaña política, el proyecto de extrema derecha se perfiló a través de discursos de discriminación, amenazas y estigmatización. El racismo apareció, de manera oportunista, en los comentarios hacia la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, la mayora indígena y senadora del pueblo Nasa, Aida Quilcué. Abelardo de la Espriella declaró que la lideresa era incapaz de asumir el rol de segunda dignataria del país: “¿Ustedes se quedarían tranquilos si al señor Cepeda le pasa algo y asume su fórmula vicepresidencial? Se las dejó ahí, analícenlo. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con Colombia”.

A ello se le sumaron declaraciones estigmatizantes, con amenazas y posibles restricciones a la legítima protesta y movilizaciones de los Pueblos Indígenas: “Conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad o van a saber también lo duro que muerde el tigre. Yo ese desorden de los indígenas y esa extorsión constante y esa presión no la voy a permitir. Son los dueños del 33% de la tierra en Colombia y siguen exigiendo más, una deuda ancestral que, a juicio de ellos, no hay como pagar. Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.

Estas falsas afirmaciones ya han generado discriminación, odio y racismo entre sus votantes, desconociendo los procesos históricos de restitución de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas sistemáticamente vulnerados y segregados de la política nacional, a pesar de sus aportes al cuidado y restauración de ecosistemas vitales para la pervivencia, no solo de sus gentes, sino de las comunidades humanas y no humanas del país. Ello sin mencionar la instrumentalización y fractura de los procesos organizativos y comunitarios, utilizando el descontento de algunas comunidades por incumplimiento de compromisos del gobierno saliente, y adhiriendo liderazgos indígenas a su campaña con el objetivo de sumar capital político e intentar matizar las amenazas y estigmatización racista.

Propuestas que afectan a las Pueblos Indígenas

Desde su plan de gobierno, el proyecto político de extrema derecha anunció peligrosos retrocesos en la garantía y protección de los derechos colectivos relacionados con la consulta previa, libre e informada. En consecuencia, desconoce la jurisprudencia vigente sobre este derecho y, paralelamente, le da vía libre a los procesos extractivistas que generarían un alto impacto en los ecosistemas bioculturales de todo el país. 

En materia de “Economía”, sus propuestas sugieren que los licenciamientos ambientales y la consulta libre, previa e informada a las comunidades son trabas y cargas para el sector empresarial, por lo que propone licenciamientos express y acelerar las consultas. En cuanto a la “Política Minero-Energética”, expone supuestos tratamientos al sector extractivista a través de prejuicios ideológicos y desvaloriza los esfuerzos por adelantar procesos de transición energética justa y popular, que ya habían avanzado en el actual gobierno en consulta con las comunidades locales.

La falta de mención al pluriculturalismo y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas.

La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional.

En materia rural, en el apartado sobre “El Campo”, el programa de gobierno señala que se ha producido una “falsa reforma agraria” que desconoce los alcances de los procesos de restitución y entrega de tierras a comunidades rurales y, particularmente, resguardos indígenas. Propone, además, “ampliar la frontera agrícola productiva”, seguramente, a través de monocultivos industriales extensivos, lo cual pondría en alto riesgo ecosistemas esenciales para la pervivencia e integridad de los territorios indígenas y sus recursos vitales. 

Finalmente, en la sección sobre cultura se propone “apoyo fiscal a nuevas empresas de acción cultural y a mega eventos culturales y deportivos que atraigan ingresos del exterior”. De este modo, se reduciría la cultura a las lógicas de mercado. La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas. Eventualmente, la ausencia de recursos podría afectar la protección de conocimientos propios, revitalización de lenguas y pervivencia de prácticas ancestrales, que aportan de forma directa a su supervivencia física.

Designaciones que anuncian el huracán

Adicionalmente, los recientes nombramientos en carteras ministeriales claves para la protección de los derechos de las comunidades étnicas, como es el Ministerio del Interior y el de Ambiente, parecen ser el preludio de futuras decisiones ultraderechistas. Estas políticas que significan un giro de 180 grados podrían materializarse de forma temprana a través de una suerte de fast track vía decretos presidenciales durante los primeros 90 a 100 días del nuevo gobierno,  que entrará en vigor a partir del 7 de agosto.

En primer lugar, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, en 2018, como senador fue coautor del Proyecto de Ley Estatutaria 134, que pretendía reglamentar el derecho a la consulta previa. Este proyecto buscaba regular los procedimientos, plazos, competencias de autoridades y sus efectos, así como la coordinación entre el Estado y las comunidades étnicas. En el debate sobre el articulado, se presentaron críticas en cuanto a posibles mecanismos restrictivos para el ejercicio de este derecho, sin además prever consultas amplias a las comunidades directamente afectadas. En consecuencia, Lara Restrepo podría generar una agenda legislativa que busque restringir la consulta previa y otros derechos colectivos.

Por su parte, el ministro designado para la cartera de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, ya había hecho declaraciones sobre la consulta previa como un mecanismo “absolutamente transaccional”. Incluso había llegado a decir que “el tiempo de la consulta previa no puede seguir como un mecanismo extorsivo”, suscitando una grave deslegitimación de este derecho. Desde su perspectiva, las consultas han generado dificultades para el desarrollo de infraestructura. De más está decir que este tipo de declaraciones podría incentivar la estigmatización de las comunidades indígenas por, presuntamente, ir en contra del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que desconoce los proyectos de vida propios y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos para su bienestar. 

Alertas que se encienden hacia el futuro

Probablemente, en los primeros meses de gobierno, la designación de ministros con estos perfiles facilitará la ejecución de políticas que busquen materializar el modelo extractivo a gran escala propuesto en el plan de gobierno. Fue justamente lo que anunció Abelardo de la Espriella en campaña: “¡En el gobierno del tigre vamos a explotar el subsuelo a lo que da!”. Esta postura no solo desconoce, sino que también amenaza modelos alternativos de bienestar que se han ido consolidando por la gobernanza territorial en las comunidades étnicas, a través de apuestas propias para el sostenimiento mismo de la vida.

Finalmente, quisiera alertar, como advirtió la oposición liderada por Iván Cepeda, sobre posibles represiones y criminalización a la protesta social en el gobierno entrante. Esto podría traducirse en la limitación de las diversas expresiones de la movilización indígena y popular. La historia colombiana cuenta con procesos emblemáticos de Minga indígena que han jalonado la movilización civil en las carreteras y calles del país con el objetivo de exigir respeto y garantía de los derechos colectivos étnico-territoriales y de autodeterminación de los pueblos, esenciales para la construcción de paz desde una perspectiva territorial en Colombia.

The post Narrativas de estigmatización y racismo en Colombia: el riesgo de la regresividad en los derechos colectivos appeared first on Debates Indígenas.

Finalmente, otra incógnita es si el conflicto sirvió para frenar las medidas estructurales de modificación del modelo económico (que inicialmente implicaba el retroceso en conquistas sociales) o si, más bien, le sirvió a las organizaciones movilizadas para potenciar la demanda de renuncia del presidente (pedido central en la última parte del conflicto). Sobre esto último, varios líderes de organizaciones y de comunidades campesinas explicaban que la demanda se canalizaría en la renuncia del primer mandatario, siguiendo la consecuente sucesión constitucional del vicepresidente, Edman Lara, y una convocatoria a nuevas elecciones en el plazo de tres meses. Algunos incluso proponían la habilitación del ex presidente Evo Morales, por ahora, negada por la Justicia.

Un presidente que nadie vio venir

Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, llegó a la primera magistratura como una completa sorpresa. De familia de izquierda y guerrillera, su padre fue presidente y jefe del antiguo Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), gracias a un insólito acuerdo político con el ex dictador de derecha Hugo Banzer, tras las elecciones de 1989. En 2025, Paz Pereira ganó el ballotage contra el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga con los votos que quedaron dispersos por la desaparición del MAS: estos votantes, de extracción popular, nunca habrían optado por un candidato de la ultraderecha como “Tuto”.

Asumido el cargo, Paz desactivó temporalmente la emergencia de la escasez de combustible, a través de acuerdos con Estados Unidos y países aliados de la región. Sin embargo, muy pronto empezó a firmar decretos y resoluciones destinadas a desmontar lo que él mismo llamó “Estado tranca”. En realidad, se trató de medidas que favorecían a los sectores de poder económico de la región del Oriente, dando la espalda a su electorado en la zona andina. Así, aprobó la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y dictó el Decreto Supremo 5503, que a través de 121 artículos establecía un procedimiento fast-track de flexibilización en la aprobación de contratos de inversión extranjera en infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales, sin aprobación parlamentaria ni consentimiento previo de los Pueblos Indígenas afectados. Además, eliminó casi en su totalidad el subsidio a los hidrocarburos líquidos, lo cual duplicó el precio de la gasolina y triplicó el del diésel. 

Justamente en estos primeros días se puede rastrear uno de los antecedentes del conflicto posterior. El presidente y su gobierno plantearon una posición distante del vicepresidente, Edman Lara, un ex policía de gran aceptación popular. Incluso antes de la asunción, Lara acusó al presidente, a través de sus redes sociales, de incumplir las promesas acordadas y construir un gobierno sin su participación. Cuando la reyerta escaló, el gobierno aprobó un decreto que eliminó las atribuciones constitucionales del vicepresidente y le quitó casi todo el financiamiento. Mientras Paz acusaba a Lara de ser una persona no apta para el cargo, un sector no despreciable de su electorado leyó esto como una traición de clase: sobre todo los sectores populares andinos representados por campesinos, comerciantes, cuentapropistas, transportistas y trabajadores, que son más refractarios a las clases medias y altas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, considerados por ellos como de “derecha”.

Una sumatoria de demandas

La composición de la movilización fue cambiando con el tiempo. En abril, el presidente aprobó de manera completamente inconsulta la Ley 1720, con la que se pretendía convertir las pequeñas propiedades agrarias en medianas a través de un trámite administrativo y otorgar una moratoria de verificación de la función económica y social de predios medianos. El gobierno y los sectores del agronegocio intentaron posicionarla como una norma beneficiosa para el campesinado pequeño, aunque era evidente que estaba dirigida de manera directa a los terratenientes del Oriente. En efecto, el principal empresario y senador de esta región se encargó de difundir y defender su aprobación. 

En este contexto, la primera protesta fue protagonizada por las organizaciones campesinas del Norte Amazónico que iniciaron una marcha exigiendo la abrogación de la Ley 1720. En el camino se sumaron organizaciones indígenas del departamento del Beni, que se desmarcaron de los acuerdos asumidos por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) con el gobierno, el cual intentaba restarle peso a la marcha campesina. A su vez, esta movilización despertó a los mineros cooperativistas y al magisterio con sus propias peticiones. Hasta aquí, el gobierno había procesado las protestas como un conjunto de conflictos sectoriales atribuidos a la herencia de los “20 años del MAS” y al intento de desestabilización de líderes políticos, desplazados del poder y ligados al ex presidente Evo Morales. 

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales.

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana presentó su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social.

Abrogada parcialmente la ley 1720 y firmado el decreto 5613, que habilita la dotación de áreas fiscales de vocación forestal a las comunidades campesinas e indígenas amazónicas, el gobierno declaró que las movilizaciones ya no tenían carácter reivindicativo, sino político. Especialmente porque empezó a emerger con mayor fuerza el pedido de renuncia del presidente: una demanda de la cual se despegaron las organizaciones indígenas tras la abrogación parcial de la Ley 1720. Adicionalmente, el gobierno aprobó una resolución ministerial que otorgaba a los mineros la regularización de contratos en áreas protegidas y territorios indígenas, sin consulta previa. De este modo, se consolidó la violación de los derechos indígenas establecidos en la Constitución, con la única intención de neutralizar uno de los sectores más fuertes de la protesta. 

Por su parte, el 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: adquirió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales. En esta nueva etapa, las organizaciones movilizadas fueron otras: los cocaleros del Chapare, que iniciaron una marcha hacia La Paz, y los campesinos de la histórica “Túpac Katari”, que aglutina a los denominados “ponchos rojos”, uno de los sectores más combativos del país. Los bloqueos se extendieron por casi toda la zona andina y el campesinado comunitario se incorporó masivamente a las movilizaciones en sus territorios. Ahora sí, la demanda excluyente fue la renuncia de Rodrigo Paz por la comercialización de combustibles líquidos de mala calidad, la falta de dólares y la creciente inflación. 

Un conflicto que parecía nunca acabar

Otra arista del conflicto es el impacto en los sectores populares andinos por la alianza de Rodrigo Paz con los sectores de poder del Oriente (tras la victoria electoral). Sumado a las medidas de corte neoliberal que afectan las conquistas sociales inscriptas en la Constitución, las clases populares procesaron este acuerdo como una traición al voto que lo llevó a Paz a ganar las elecciones. A esto se agregó la ausencia de los elementos simbólicos indígenas en los símbolos del Estado y un cambio en el lenguaje y prácticas con las que el gobierno se relacionó con los sectores movilizados: sin interlocutores que entendieran las problemáticas sociales, el conflicto no encontraba salida y se extendía en el tiempo.

El gobierno apostó siempre al diálogo, sin ceder a la demanda de renuncia presidencial, y encaró al conflicto como sectorial. Durante varias semanas, la renuncia presidencial fue la única forma de levantar los casi 100 cortes de ruta que comenzaban a asfixiar a La Paz, la sede de gobierno. El lenguaje xenófobo y discriminatorio hacia los movilizados se impuso en las redes sociales y los medios de comunicación, completamente volcados hacia el gobierno. Por su parte, los movilizados respondieron con una agresividad solo justificada por la impotencia.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional.

Como sucede en otros conflictos liderados por la región andina, la polarización se expresó en las fisuras históricas de Bolivia, principalmente de orden étnico y regional.

De este modo, el gobierno apeló a la estrategia del desgaste y evitó dictar el estado de excepción, para no activar otros sectores y generar un caos mayor. Si bien la ausencia de represión armada (como la vivida en tiempos de Jeanine Añez o Gonzalo Sánchez de Lozada, con un reguero de muertos, heridos y detenidos) mantuvo la protesta dentro de los carriles institucionales manejables, la extensión del conflicto le generó al presidente un daño político importante en el conjunto de la sociedad, que le exigía sacar el Ejército a las calles.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional. En Santa Cruz, el bloqueo fue leído como una medida que, en realidad, iba dirigida contra ese departamento, en tanto proveedor de muchos productos consumidos en Occidente. Mientras que, desde la intelectualidad indígena de las ciudades, sobre todo aimara y quechua, el conflicto habría hecho aflorar el racismo y la discriminación contra la población originaria de los Andes, que era nuevamente postergada en la gestión pública. Asimismo, se planteaba de modo generalizado que las conquistas incorporadas en la Constitución estaban en peligro.

El rol de Evo Morales

Dentro de los ejes de descalificación mediática, el gobierno le endilgó a Evo Morales estar detrás de una intentona sediciosa y de financiar los bloqueos  a través del narcotráfico, con el único objetivo de lograr su habilitación para unos supuestos comicios post renuncia presidencial. En realidad, salvo por la movilización de los cocaleros del Chapare, el ex presidente tuvo más participación mediática que en las acciones concretas, en tanto está enfrentado a varios de los sectores que protestaron. Si bien confluyeron en la demanda principal del conflicto, la multiplicidad de actores articulados por la Central Obrera Boliviana y los campesinos fue mayor a la movilización del sector cocalero, desde su histórico enclave del Chapare hacia la sede del gobierno. 

Los momentos de mayor tensión se vivieron durante mayo, con la entrada de diferentes marchas a La Paz y el bloqueo total de la ciudad. Las organizaciones multiplicaron las agresiones contra comercios que no cerraban e, incluso, de ciudadanos de a pie que rechazaban la radicalidad de las medidas y el pedido de renuncia a solo seis meses de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz. A nivel nacional, los bloqueos paralizaron la economía y provocaron, de manera directa e indirecta, la muerte de 22 personas: tanto por  impedir el paso en los puntos de bloqueo a las ambulancias (lo que imposibilitaba la atención médica) como por la escasez de insumos que no llegaron a los hospitales para pacientes en situación crítica. 

La sociedad urbana también le reprochó al Presidente una ineficiente gestión de la crisis, que desnudó la falta de conocimiento acerca de cuáles sectores reclamaban, sobre todo, en lo relacionado a la tierra y territorio. En este caso, la vocería fue manejada por el senador y empresario terrateniente Branko Marincovic, del partido Alianza Libre del ex candidato presidencial de extrema derecha Jorge “Tuto” Quiroga. Este fue otro de los ingredientes que potenció a los movilizados, puesto que veían en Marincovic a un descendiente de extranjeros, terrateniente, blanco y de la región oriental, promoviendo una reforma que claramente perjudicaba al campesinado pequeño, con argumentos poco creíbles ante la sociedad. 

La tregua y la incertidumbre

El conflicto finalizó con la firma del acuerdo el 26 de junio, que si bien no representa una agenda política del movimiento popular, podría ser una bisagra en el relacionamiento entre el Estado y un amplio espectro social sobre sus conquistas históricas: soberanía nacional; respeto a los Pueblos Indígenas; consulta y participación en las decisiones que puedan afectarles; y la no autorización de actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Un punto fundamental fue el compromiso de Rodrigo Paz de no entregar los recursos naturales (gas y litio) ni privatizar las empresas estratégicas nacionales. Finalmente,  el resarcimiento por la afectación de vehículos por los combustibles en mal estado, medidas para proteger la canasta familiar, recomposición salarial y previsional. 

A casi un mes de la firma del acuerdo, es evidente que varias de las demandas no fueron solucionadas. En lo político, el presidente, Rodrigo Paz, no renunció y declaró el estado de excepción, que, de todos modos, no fue el mecanismo para desmontar los bloqueos. Además, la atomización en el Congreso se mantiene y las organizaciones populares no se han recompuesto ni fortalecido: negociaron demandas puntuales y volvieron a sus regiones. En lo económico, no existe claridad en la política de desarrollo, que combina discursos altisonantes con una indispensable dependencia de créditos internacionales para cubrir los huecos presupuestarios que dejó la caída de la renta gasífera.

El correr de los días y los meses demostrará quién venció a quién en este conflicto. El gobierno está reponiendo lentamente varios de los puntos de su agenda económica: dejar fluctuar el tipo de cambio para “sincerar” su cotización; proponer normas que atraigan la inversión extranjera directa; y la flexibilización de impuestos y trabas estatales. La conversión de la pequeña propiedad en mediana, que dio origen al conflicto, ha sido recientemente repuesta a partir de dos proyectos de ley, con varios retoques y una salvaguarda expresa para la propiedad colectiva de los territorios indígenas. No se sabe si se trata de una iniciativa del agronegocio o del propio gobierno. En este último caso, sería realmente jugar con fuego, sin haber salido aún de la crisis generada por los bloqueos.

The post Fin del gran bloqueo nacional en Bolivia: ¿sin vencedores ni vencidos? appeared first on Debates Indígenas.

Siguiendo la misma lógica que los gobiernos anteriores, la actual gestión prorrogó la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en este territorio. Durante la presentación de la Cuenta Pública, el presidente Kast señaló: “La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile. Su gente merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver florecer su tierra. En esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo. Para lograrlo, estas medidas se acompañan con el diseño de una política indígena coherente que hemos estado trabajando”.

En este marco, no llama la atención que la propiedad y explotación de las tierras indígenas se hayan convertido en el foco del anuncio de lo que será la política indígena de este gobierno: “Una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”. Con este objetivo, se reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras y se reordenará el sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones a valor de mercado y trazabilidad en cada compra. 

Tierras indígenas y la institucionalización del despojo

La Ley Indígena (Ley N° 19.253) fue promulgada en 1993 bajo el gobierno de Patricio Aylwin, una vez recuperada la democracia. Si bien se han señalado algunas limitaciones en su forma de definir las tierras indígenas, cualquier modificación ha sido evaluada como una posible amenaza, especialmente en un contexto en el que no existe reconocimiento constitucional ni representación política de los Pueblos Indígenas en los espacios del Estado-nación. Esta ley crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y, establece normas sobre la protección, el fomento y el desarrollo de los indígenas. A su vez, define como tierras indígenas a aquellas que se poseen bajo los títulos de merced, título de comisario u otros que se enumeran en el artículo 12, así como las correspondientes a la ocupación histórica. 

En ese contexto, la propuesta de reformar la ley para permitir arriendos e hipotecas se presenta bajo el lenguaje de la libertad individual y de la igualdad ante el mercado. Sin embargo, la ley vigente ya permite arrendar tierras indígenas individuales por un plazo de hasta cinco años y constituir gravámenes con la autorización de la CONADI. Asimismo, prohíbe el arrendamiento de tierras comunitarias y protege a ambas frente a enajenaciones, embargos y adquisiciones externas. En efecto, cuando las restricciones a las tierras indígenas desaparecieron en Chile, principalmente entre 1943 y 1947, se enajenó cerca de una quinta parte de ellas. Más tarde, durante la dictadura, los arriendos a 99 años privaron a familias y comunidades indígenas del uso de sus predios. 

El actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

El actual gobierno busca reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sin considerar las recomendaciones sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

Para llevar adelante esta reforma, el Poder Ejecutivo ha señalado que reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno de Gabriel Boric “abandonó sin resultados”, en alusión a las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPPyE). Esta Comisión, creada por Decreto Supremo Nº 14, tenía como principal mandato “realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo Mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, con el objeto de cuantificar dicha demanda”. 

Para abordar este mandato, la CPPyE realizó un diagnóstico exhaustivo de la demanda de tierras, las brechas existentes en esta materia y las limitaciones del mecanismo vigente. El diagnóstico concluyó que este mecanismo ha sido utilizado “prácticamente en su totalidad” por comunidades Mapuche de las cuatro regiones señaladas, representando un 99,59% de las compras realizadas hasta 2024 y manteniendo más de 1.100 solicitudes pendientes de resolución. En ese contexto, la Comisión recomendó avanzar hacia un nuevo sistema de tierras que armonizara la Ley Indígena con el Convenio Nº 169 de la OIT, incluyendo mecanismos de reparación territorial, criterios de priorización, reformas institucionales y herramientas para fortalecer la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche. 

Dado que estas medidas impactaban directamente a comunidades y organizaciones mapuche, se configuró la susceptibilidad a una afectación directa, lo que obligó al Estado a realizar un proceso de consulta. Sin embargo, este proceso fue ampliamente rechazado por las comunidades y quedó sin efecto. De esa forma, el actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo. 

Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originario bajo presión

Sin embargo, la política del gobierno de José Antonio Kast trasciende el anuncio de la reforma de la Ley Indígena. Más bien, el foco en la tierra y su propiedad debe entenderse como parte de una estrategia mayor que busca limitar los derechos de los Pueblos Indígenas y la toma de decisiones de las comunidades sobre los recursos. Desde una mirada neoliberal,  estos recursos deben ser explotados por capitales privados; al mismo tiempo, la propiedad de la tierra se encuentra asociada a una política de seguridad. Así, en paralelo a este anuncio, el Ejecutivo ha impulsado cambios a la denominada Ley Lafkenche. 

Por su parte, la Ley 20.249 (2008) creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) para resguardar los usos consuetudinarios y ceder su administración a las comunidades indígenas que los han habitado ancestralmente. Si bien los ECMPO no suponen propiedad sobre esos territorios, deben contar con un plan de administración que permita la coexistencia de diferentes actores vinculados a la pesca (industrial y artesanal), al turismo y a la navegación. Este plan debe ser aprobado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) en una instancia final. Sin embargo, las comunidades han debido enfrentar la oposición de empresas pesqueras, principalmente salmoneras, y las propias instancias aprobatorias del Estado. En este marco, se ha instalado un discurso que cuestiona la eficiencia de las comunidades, las solicitudes desproporcionadas, la paralización de inversiones y la apropiación exclusiva del borde costero. 

Las organizaciones indígenas han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas.

Lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.

Sólo en 2024, el 80% de las solicitudes presentadas por comunidades o asociaciones de comunidades indígenas han sido rechazadas en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde las instituciones representantes del Estado han sido las principales opositoras a la creación de nuevos espacios costeros marinos. De esa forma, los rechazos se sustentan fundamentalmente en cuestiones políticas más que técnicas, pues el CRUBC interviene antes de que las comunidades presenten sus planes de administración. De hecho, la evidencia disponible rechaza la idea de que los ECMPO hayan paralizado a la industria salmonera, la cual continuó expandiendo su producción y sus exportaciones.

Organizaciones indígenas, como la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, han insistido en esta inversión de responsabilidades y han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas. Más bien, sostiene que lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.  

Políticas indígenas y mercado: dos caras de la misma moneda

En cuatro meses de gobierno, la mercantilización de las tierras indígenas y de los recursos valorados por las empresas se perfila como el eje en la formulación de las políticas indígenas. En el caso de las tierras, la protección colectiva debe justificarse frente a la libertad contractual. En cuanto a los espacios costeros, el uso consuetudinario debe justificar su extensión frente a la inversión. En ambos casos, la carga de la prueba recae sobre los Pueblos Indígenas para demostrar que no son “recursos inutilizados”. No se trata, por lo tanto, de dos políticas aisladas. 

En Chile, el mercado se presenta como sinónimo de desarrollo, mientras que los derechos colectivos se convierten en restricciones que deben corregirse. Así, la tierra deja de ser entendida como base material de la continuidad histórica y cultural de los Pueblos Indígenas; al mismo tiempo que el maritorio deja de ser reconocido como espacio de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional. Así, el problema no radica en discutir mecanismos para mejorar las condiciones de vida de las familias y comunidades indígenas. El punto crítico es que esas necesidades no pueden utilizarse para debilitar los derechos colectivos ni para impedir la decisión de las comunidades sobre sus territorios con la excusa del desarrollo.

Por ello, los primeros meses de este gobierno no sólo abren una discusión legislativa sobre la Ley Indígena o la Ley Lafkenche, sino que también plantean una pregunta más profunda sobre el respeto de la política indígena en Chile y la aplicación de los derechos garantizados a nivel internacional. Si el punto de partida es la seguridad, la inversión y la certeza para los privados, los derechos indígenas quedan relegados bajo la mirada de un Estado colonial. En consecuencia, lo que está en juego no es sólo la propiedad, la tierra o el borde costero, sino la posibilidad de imaginar una relación distinta entre el Estado, el mercado y los Pueblos Indígenas, en la que sus derechos no sean la moneda de cambio. Por ahora, todo indica que estamos lejos de ese horizonte.

The post ¿Las leyes del mercado?: la política indígena bajo el gobierno de Kast appeared first on Debates Indígenas.