La crisis que vivimos no es nueva. Parecería que ya hemos tocado fondo y que no se puede caer más bajo, que el caos no puede superarse. Sin embargo, pasan los días y el desgobierno se potencia. Tras cinco presidentes en cinco años, en Perú lo único permanente son la represión policial y un modelo económico basado en la explotación y exportación de materias primas.
Tras derrotar a la dictadura fujimorista en el 2000, vivimos veinte años en una accidentada y supuesta primavera democrática, en la que por fuera todo se veía muy bonito: cada cinco años se elegía presidente; las cifras macroeconómicas nos ponían como un país de renta media gracias a la exportación de materias primas; y un proceso judicial impecable y con absoluto respeto al debido proceso que juzgó y sancionó a 25 años de prisión al ex dictador Alberto Fujimori.
Sin embargo, mientras la envoltura resplandecía, la corrosión avanzaba por dentro. Como quienes recibían los golpes eran las y los más vulnerables, en Lima, el poder político y económico no le prestaba atención a las embestidas sufridas en otras regiones de un país tan extenso como Perú.
Las protestas sociales por la contaminación y el abuso generado por el extractivismo aumentaron, sobre todo, en los territorios indígenas. Mientras crecían los conflictos socioambientales, la criminalización de líderes y las muertes de defensores de territorios, la respuesta del Estado, gobierno tras gobierno, seguía el mismo guión: represión, uso desmedido de la fuerza y recorte de derechos.
La huelga de maestros inició la larga crisis política que vive el Perú. Foto: Pólemos
Los terremotos políticos y el fenómeno desapercibido
Entre junio y septiembre de 2017, una huelga magisterial paralizó la educación pública. Allí se hizo conocido un líder sindical: Pedro Castillo. Sin embargo, como la educación pública no afecta ni al poder político ni al económico, se negociaron algunas prebendas y se superó la huelga. Pero la educación pública no mejoró. La élite peruana creyó que Pedro Castillo quedaría en el olvido.
Luego, dos terremotos sacudieron al poder político: el escándalo de Odebrecht y el descubrimiento de una red criminal de jueces y fiscales de alto rango. El primero denunció cómo políticos de todos los gobiernos lucraron criminalmente con las empresas constructoras. El segundo puso al descubierto una red de corrupción judicial que negociaba la impunidad a quien pudiera comprarla: violadores de niñas y mujeres, asesinos, narcotraficantes y criminales de cuello blancos. Se gatilló el inicio del caos.
Dos terremotos sacudieron al poder político: el escándalo de Odebrecht y el descubrimiento de una red criminal de jueces y fiscales de alto rango.
Dos terremotos sacudieron al poder político: el escándalo de Odebrecht y el descubrimiento de una red criminal de jueces y fiscales de alto rango.
Cuando en 2018 se hizo público que el entonces Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, había recibido dinero de Odebrecht durante su gestión como Ministro de Economía de Alejandro Toledo (2001-2006), este buscó negociar su permanencia en el poder otorgando el indulto a Fujimori. Creyó que de este modo el Congreso, con mayoría fujimorista, no lo destituiría. Se equivocó. Dada la magnitud del escándalo, tuvo que renunciar. Asumió su lugar el vicepresidente, Martín Vizcarra.
El nuevo presidente empezó su mandato de modo inédito: enfrentando al fujimorismo. Frente a la magnitud de la corrupción, Vizcarra tuvo reflejos rápidos y enunció discursos públicos que se ganaron el apoyo de la población. En esta pugna con el fujimorismo incluso llegó a cerrar el Congreso. Si bien alcanzó una gran popularidad, la ruta económica del país, basada en la explotación y exportación de materias primas, continuó el mismo camino.
Kuczynski renunció por el escándalo de Odebrecht. Su vicepresidente y sucesor, Vizcarra, enfrentó al fujimorismo y logró altos niveles de adhesión. Foto: Presidencia de Perú
De la pandemia a la promesa vacía de un cambio económico
Con la llegada del Covid-19 en 2020, la brillante envoltura de la institucionalidad no dio para más y la espiral del caos se potenció: la peste evidenció un sistema de salud precario y basado en la informalidad. Tras el escándalo de corrupción con las vacunas, el nuevo Congreso terminó vacando a Vizcarra. El líder de este proceso, Manuel Merino, asumió la presidencia. El descontento por la destitución de un presidente con altos niveles de popularidad generó masivas protestas en Lima que terminaron con una desproporcionada represión policial y la muerte de dos jóvenes. Merino tuvo que renunciar y la Presidencia fue ocupada por el congresista Francisco Sagasti.
En las elecciones de 2021, había más de 10 postulantes a la presidencia. Tras una votación atomizada, pasaron al balotaje Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el profesor de Cajamarca que había liderado la huelga de 2017. Mientras la hija de Alberto Fujimori tenía el apoyo de la derecha empresarial, el líder sindical embanderaba un discurso de izquierda contra la corrupción que aglutinaba las demandas de la población, sobre todo, de los pueblos indígenas afectados por las empresas extractivas. Sin embargo, se notaba que Castillo no entendía ni los derechos humanos ni la igualdad de género: se burlaba de las personas transexuales y no sabía qué responder sobre los femicidios.
Castillo no cumplió sus promesas de modificar el rumbo económico, una nueva constitución que limitara el lucro inhumano de las empresas privadas, una reforma agraria, la lucha contra la corrupción y la igualdad para todas las personas
El gobierno de Castillo no cumplió sus promesas de modificar el rumbo económico
En una segunda vuelta ajustada, Keiko no quiso asumir su derrota. Acusó a cientos de personeros de mesas de regiones alejadas de Lima de haber cometido fraude. El racismo reventó. El cuestionamiento a Pedro Castillo por el cambio de rumbo económico se mezcló con el desprecio y discriminación a los indígenas. Los estudios de abogados más caros de la capital interpusieron acciones de nulidad, procesos constitucionales y todo tipo de acciones legales contra cientos de actas de votación de todo el país. El intento de desconocer las elecciones no prosperó y, luego de una prolongada espera, la autoridad electoral proclamó a Castillo como presidente.
En agosto de 2021 empezó un nuevo periodo. Sin embargo, desde el inicio el Parlamento buscó por todos los medios atacar y vacar al presidente con argumentos cada vez más endebles. Por su parte, el gobierno de Castillo no cumplió sus promesas de modificar el rumbo económico, una nueva constitución que limitara el lucro inhumano de las empresas privadas, una reforma agraria, la lucha contra la corrupción y la igualdad para todas las personas. En cambio, se ha dedicado a responder al Congreso, repetir viejas prácticas de corrupción, negociar puestos en los ministerios y ofrecer medidas violatorias de derechos humanos. En síntesis, se olvidó de gobernar.
El estallido de la crisis
Para finales de marzo de 2022, el desgobierno y la crisis económica no aguantaron más y las protestas estallaron. La paralización de agricultores y comerciantes en diversas zonas del país impidió el traslado de personas y alimentos. La respuesta del gobierno fue la misma fórmula: la represión. El 5 de abril, la misma fecha del autogolpe de Fujimori, Castillo decretó el estado de emergencia en Lima y, al día siguiente, lo extendió a toda la red vial del país con el objetivo de limitar la protesta. La represión provocó cuatro muertes y los manifestantes denunciaron disparos de la policía. El gobierno aún no pidió disculpas y ningún ministro ha renunciado.
Mientras el Parlamento sigue ocupado atacando de manera absurda al Ejecutivo, el 22 de abril el Gobierno anunció una Asamblea Constituyente para ser votada vía referéndum en octubre de este año. Si bien la propuesta no da soluciones urgentes, Castillo ha logrado desviar el debate público porque el cambio estructural y de modelo económico es una demanda de muchos sectores de la ciudadanía.
El Tribunal Constitucional ha negado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y corre el peligro de ser renovado con integrantes anti-derechos y denunciados por corrupción.
Las instituciones que deberían proteger al Estado de derecho y defender a la ciudadanía también están en grave riesgo.
Mientras tanto, las instituciones que deberían proteger al Estado de derecho y defender a la ciudadanía también están en grave riesgo. El Tribunal Constitucional ha negado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y corre el peligro de ser renovado con integrantes antiderechos y denunciados por malversación de fondos públicos. Por otro lado, para las elecciones regionales y locales de octubre se están postulando personajes vinculados con la corrupción.
Lo único constante es que la economía basada en el extractivismo persiste igual que la represión a la protesta social. Al sur del país, dos localidades del pueblo indígena K´ana han sido afectadas por la empresa minera Las Bambas y amanecieron con un decreto que restringía sus derechos. Mientras tanto, desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), Castillo invitaba a visitar los pueblos vestido con un traje de los indígenas amazónicos e instaba al Congreso a aprobar la propuesta de Asamblea Constituyente.
A pesar de su cercanía con las clases populares de las regiones, Castillo no ha cumplido su agenda de reformas que distribuyan la riqueza concentrada en Lima. Foto: Presidencia de Perú
Un país en busca de una salida
Mientras el Presidente sigue sin anunciar acciones concretas para paliar la crisis, la policía acaba de reprimir a la población de Cotabambas. Entre los heridos y las personas detenidas se encuentra Rosa Paniura Vargas, una mujer de 60 años que terminó hospitalizada por una herida grave en el ojo y podría perder la vista.
La clase política sigue cavando un pozo sin fondo, sin atisbos de salida ni liderazgos que aglutinen las múltiples demandas de la población. Lo cierto es que si no explotaban estas protestas, el gobierno y el Congreso habrían continuado en su juego finito (que ya lleva cinco años) de boicotearse entre sí, para atacarse y, al mismo tiempo, mantener el statu quo.
Este círculo vicioso solo ha podido ser trastocado gracias a las protestas de las regiones. Si estas demandas lograran articularse, se podría empezar a exigirle a este gobierno un poco de orden, dirección y acciones concretas para enfrentar una crisis económica que crece a pasos agigantados. Mientras no lo hagan, seguiremos a la espera de un mesías o continuaremos en el mismo juego de ataques entre el Gobierno y el Parlamento.
Ana María Vidal Carrasco es abogada defensora de derechos humanos. Además, es fundadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas y litiga en defensa de la igualdad de género y de los derechos sexuales y reproductivos.