La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez marca un giro de 180 grados en la historia de nuestro país. La irrupción de los nadies en la escena política redunda en un profundo recambio en la elite gobernante. Sin embargo, la esperanza que hoy inunda a las y los colombianos tuvo que atravesar un largo y triste camino de espinas: a la violencia descarnada que, solo durante el gobierno de Iván Duque, se cobró la vida de 550 líderes sociales, se suma el aumento galopante de la pobreza que asciende al 51,5% de la población. Junto a los aberrantes casos de corrupción, el nepotismo y la represión fueron el motor de una movilización popular sin precedentes que logró blindar el triunfo del Pacto Histórico en la segunda vuelta.
La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez marca un giro de 180 grados en la historia de nuestro país. La irrupción de los nadies en la escena política redunda en un profundo recambio en la elite gobernante. Sin embargo, la esperanza que hoy inunda a las y los colombianos tuvo que atravesar un largo y triste camino de espinas: a la violencia descarnada que, solo durante el gobierno de Iván Duque, se cobró la vida de 550 líderes sociales, se suma el aumento galopante de la pobreza que asciende al 51,5% de la población. Junto a los aberrantes casos de corrupción, el nepotismo y la represión fueron el motor de una movilización popular sin precedentes que logró blindar el triunfo del Pacto Histórico en la segunda vuelta.
Finalmente, se produjo un movimiento telúrico en Colombia: después de 200 años de historia republicana resultó elegido un gobierno de vertiente popular encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez. A los ojos de muchos observadores, el impulso fundamental de este acontecimiento que marca un antes y un después en la violenta y segregacionista democracia del país, se cocinó a fuego lento durante todo el gobierno de Iván Duque.
Acostumbradas al control total del Estado, las élites más rancias y aquellas nacidas al compás del narcotráfico y el paramilitarismo nunca imaginaron las consecuencias de un gobierno caracterizado por la corrupción, la profundización de la pobreza y exacerbación de la violencia. Esta coyuntura terminó sellando el triunfo inédito de la coalición del Pacto Histórico personificada en un exguerrillero del M-19 como presidente y, una mujer negra y férrea defensora de las víctimas del conflicto y del ambiente como vicepresidenta.
La decisión de estas mayorías, sin embargo, no se produjo en un clima de pacífica deliberación democrática. Uno de los sucesos que, sin lugar a dudas, contribuyó a saturar la gran capacidad de resistencia y sumisión de la población fue la brutal represión a las multitudinarias protestas que se dieron en todo el país entre 2020 y 2021. Durante el gobierno de Duque y a pocos días de terminar su mandato, los asesinatos ascienden a 550 líderes y defensores de Derechos Humanos (191 indígenas entre ellos), y más de 330 firmantes del Acuerdo de Paz.
Gustavo Petro junto a indígenas arhuacos en Sierra Nevada. El Pacto Histórico promete un cambio profundo en el que los excluidos comiencen a formar parte de la toma de decisiones. Foto: Twitter
Petro junto a indígenas arhuacos en Sierra Nevada. Foto: Twitter
Una participación decisiva
La decisión de confluir en el Pacto Histórico por parte de los pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros e indígenas fue tomando fuerza a lo largo de la campaña. Aunque inicialmente existieron algunas desavenencias con organizaciones muy representativas como el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y Soy Porque Somos (movimientos de los cuales Francia Márquez forma parte), finalmente se logró su adhesión al Pacto Histórico. Dada la polarización que se creó durante el proceso electoral, esta alianza fue determinante para el triunfo.
Además, también se unieron los partidos políticos indígenas AICO y MAIS, y las organizaciones de nivel nacional y regional como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Sur Occidente (AISO), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC). Estas organizaciones pusieron su impronta hasta el mismo día de las elecciones cuando sus comunidades llegaron a los sitios de votación tras varias jornadas épicas de recorrido en canoas y caravanas con vehículos destartalados por trochas y caminos desde las regiones más apartadas del país.
La perspectiva étnica introdujo al proceso electoral símbolos y significados inéditos venidos de mundos aparentemente tan lejanos como la “indianidad” andina, las tribus amazónicas o el mundo africano de los Ubuntu.
La participación étnica se convirtió en un mensaje novedoso de lo que debería significar gobernar un país plural y de inmensa diversidad humana y ambiental.
El aporte étnico al enfoque programático y al carácter mismo del Pacto Histórico resultó en una potente refutación de las múltiples formas de violencia, discriminación y exclusión del proyecto de desarrollo neoliberal extractivista y patriarcal predominante hasta hoy en Colombia. Al mismo tiempo, la participación étnica se convirtió en un mensaje novedoso de lo que debería significar gobernar un país plural y de inmensa diversidad humana y ambiental, que garantice la realización efectiva del Estado Social de Derecho.
La perspectiva étnica introdujo al proceso electoral símbolos y significados inéditos venidos de mundos aparentemente tan lejanos como la “indianidad” andina, las tribus amazónicas o el mundo africano de los ubuntu. Los enunciados que Francia Márquez posicionó en la opinión pública trascendieron el carácter de consignas y propiciaron debates sobre racismo, feminismo, desigualdad y medio ambiente que antes eran eludidos por los medios de comunicación y por la gente del común situada en el plano de las ideologías autoritarias dominantes. “De las resistencia al poder, hasta que la dignidad se haga costumbre”, “Vamos a vivir sabroso” y “Soy porque somos” fueron frases que irrumpieron en plazas públicas, medios y redes sociales.
El aporte étnico fue decisivo para ganar la elección. Francia Márquez representó las luchas del feminismo, los pueblos afrodescendientes, el ambientalismo y la justicia social. Foto: Twitter
Francia Márquez representó las luchas del feminismo, los pueblos afrodescendientes y el ambientalismo. Foto: Twitter
Entre los desafíos del presente y los acuerdos incumplidos del pasado
Uno de los atributos inéditos del nuevo gobierno es que les está dando un lugar real a los pueblos y comunidades étnicas en las esferas del poder político y la gestión pública. No se trata de haber logrado una representación marginal en la dirección del Estado como venía dándose hasta ahora con los curules indígenas y afros de circunscripción especial en el Congreso de la República previstos en la Constitución Política. Esta vez, serán una parte estructural de las ramas ejecutiva y legislativa, trabajando con sectores afines a sus intereses.
Esta nueva prerrogativa en la conducción del país seguramente planteará nuevos desafíos a las organizaciones indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras que brindaron candidatos al Pacto Histórico. Estos nuevos liderazgos políticos, que pasarán a formar parte de la función pública, serán interpelados por sus propias comunidades para mantener la coherencia y cumplir los compromisos adquiridos. Así, es presumible que en este nuevo escenario nacional, las organizaciones étnicas también sufran procesos internos de transformación y fortalecimiento.
El reto para el nuevo gobierno no solo es garantizar derechos individuales y colectivos reconocidos a nivel nacional e internacional a los pueblos indígenas y afrodescendiente, sino también dar respuesta a un sinnúmero de compromisos incumplidos.
El reto para el nuevo gobierno no solo es garantizar derechos individuales y colectivos, sino también dar respuesta a un sinnúmero de compromisos incumplidos.
Es innegable que el nuevo gobierno colombiano hereda graves problemas acumulados durante décadas en materia de exclusión, violencia, despojo y condiciones ominosas de vida para la mayor parte de la población. Al mismo tiempo, también son incontables los acuerdos incumplidos a los pueblos y comunidades étnicas en diversos ámbitos: legalización, saneamiento y restitución de territorios colectivos; provisión de servicios vitales como agua potable; modelos eficaces e interculturales de salud y educación; ordenamiento y protección de bienes naturales; y erradicación de actores armados en sus territorios. Estas promesas incumplidas han suscitado constantes movilizaciones y luchas reivindicativas.
En este sentido, el reto para el nuevo gobierno no solo es garantizar derechos individuales y colectivos reconocidos a nivel nacional e internacional a los pueblos indígenas y afrodescendiente, sino también es necesario dar respuesta a un sinnúmero de compromisos adquiridos e incumplidos con antelación por otros gobiernos, incluso en materia judicial y legislativa.
“Una victoria más de los y los nadies”. David Racero, elegido recientemente como Presidente de la Cámara de Diputados, es uno de los nuevos liderazgos que instala el Pacto Histórico. Foto: Cámara de Diputados
David Racero, uno de los nuevos liderazgos que instala el Pacto Histórico. Foto: Cámara de Diputados
La deuda del Capítulo Étnico
Otro de los saldos en rojo que deja Iván Duque y que deberá ser abordado por el nuevo gobierno es la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC. Así como el balance general de cumplimiento y de inversión de recursos en los seis capítulos centrales del Acuerdo de Paz muestran un gran retroceso y problemas de corrupción, el capítulo dedicado a las salvaguardas y, la participación directa y diferencial de los pueblos y comunidades étnicas severamente afectadas por el conflicto armado colombiano no ha sido desarrollado.
En su Informe de Seguimiento, Impulso y Verificación del Capítulo Étnico, la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IANPE) observa: “Se estableció un punto especial al inicio del Capítulo Étnico relacionado con salvaguardas sustanciales y garantías respecto de la consulta previa, la objeción cultural, el enfoque étnico de género, mujer, familia y generación y el no detrimento de los derechos étnicos. Además, se prevén salvaguardas específicas en Reforma Rural Integral, participación política, fin del conflicto, solución del problema de drogas ilícitas, víctimas del conflicto e, implementación y verificación del Acuerdo de Paz”.
La IANPE fue creada para asesorar y verificar la existencia de avances en la implementación del Capítulo Étnico. Como organismo asesor y consultivo, su informe revela que, lejos de atender los compromisos adquiridos, se asistió a un recrudecimiento del exterminio, el desplazamiento y la violencia en los territorios colectivos durante los últimos cuatro años del gobierno de Duque. Su gestión fue tan mala que, incluso, fue incapaz de conformar y consolidar la institucionalidad prevista en el capítulo.
Consulta y consentimiento para la vida
Paradójicamente, el gobierno del presidente Duque se jacta de batir récords en materia de Consultas Previas: en junio de 2021, contabilizaba más de 7.162 procesos realizados. Sin embargo, esta enorme proliferación de consultas previas no han respetado el derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado. De este modo, las consultas están muy lejos de haber garantizado, no solo la participación, sino los derechos integrales colectivos de las comunidades étnicas afectadas.
Los problemas en torno al derecho a la Consulta Previa tienen que ver con la omisión de los estándares durante su realización. Así, se convirtió en un requisito más de los procedimientos que llevan a cabo las empresas para desarrollar sus proyectos extractivos en territorios étnicos. En consecuencia, las Consultas Previas solo sirven para legitimar la apropiación de recursos naturales, la ocupación de territorios colectivos y las intervenciones de terceros con la anuencia del Estado. Esto no hace más que generar conflictos de gobernabilidad y, quebrar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.
Hacia futuro, es posible esperar una alianza entre el gobierno y las comunidades indígenas que permita fortalecer los mecanismos de consulta y lograr un espacio para la garantía del derecho al consentimiento.
Hacia futuro, es posible esperar una alianza entre el gobierno y las comunidades indígenas que permita fortalecer los mecanismos de consulta.
En los últimos años, la mayor parte de las Consultas Previas efectuadas por la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio de Interior bajo la solicitud y el financiamiento de las empresas interesadas no resiste un examen jurídico. Esta situación ha generado un espacio de inseguridad tanto para las comunidades como para las mismas empresas dado que las consultas incluyen las licitaciones, las concesiones de exploración, la explotación y los contratos que podrían ser denunciados y suspendidos por jueces o tribunales.
Otro aspecto a resolver por el nuevo gobierno será la viabilidad de una reglamentación concertada para la Consulta Previa que permita superar los vacíos y la falta de legitimidad en los mecanismos impuestos unilateralmente por el Gobierno Nacional. Este asunto ha suscitado el rechazo de organizaciones y autoridades étnicas, lo cual hace presumir que los marcos regulatorios que hoy se aplican son motivo de las desavenencias entre las comunidades, las empresas y el Gobierno Nacional. Hacia futuro, es posible esperar una alianza entre el gobierno y las comunidades indígenas que permita fortalecer los mecanismos de consulta y lograr un espacio para la garantía del derecho al consentimiento.
El incumplimiento de los Acuerdos de Paz y el derecho a la Consulta Previa ha multiplicado las protestas indígenas en Colombia. Foto: Archivo/Semana
El incumplimiento del derecho a la Consulta Previa ha multiplicado las protestas indígenas. Foto: Archivo/Semana
Conclusiones
Con Francia y Petro, los pueblos y comunidades étnicas contribuyeron a romper las prisiones ideológicas, lograr que el poder cambie de manos y ponerle fin a un proyecto hegemónico, individualista y patriarcal. Colombia ha dado el primer paso hacia un proyecto democrático fundado en lo colectivo y lo femenino. Así, el país inicia una nueva perspectiva sobre la dignidad y el “vivir sabroso”, en donde se garantice la paz y los derechos consignados hace 30 años en la Constitución Política. A partir del próximo 7 de agosto, al nuevo gobierno le espera un duro camino para reparar el daño que, hasta hoy, los actuales dueños del Estado le siguen infligiendo a los pueblos y comunidades étnicas.
Diana Alexandra Mendoza es antropóloga, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.