Norman Bañol es uno de los elegidos por la circunscripción especial indígena para el periodo 2022-2026 en la Cámara de representantes (Cámara Baja de Colombia). Procedente del territorio ancestral de San Lorenzo, fue Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas -CRIDEC, así como también Gobernador indígena de su territorio. Es enfermero de Profesión, especialista en Gerencia de Seguridad Social, y ha trabajado en diversos organismos de salud. Ha sido vocero de la Minga suroccidente y fundador del partido MAIS, grupo político que hace parte del Pacto Histórico encabezado por el actual Presidente Petro.
Norman Bañol es uno de los elegidos por la circunscripción especial indígena para el periodo 2022-2026 en la Cámara de representantes (Cámara Baja de Colombia). Procedente del territorio ancestral de San Lorenzo, fue Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas -CRIDEC, así como también Gobernador indígena de su territorio. Es enfermero de Profesión, especialista en Gerencia de Seguridad Social, y ha trabajado en diversos organismos de salud. Ha sido vocero de la Minga suroccidente y fundador del partido MAIS, grupo político que hace parte del Pacto Histórico encabezado por el actual Presidente Petro.
¿Cuál crees que es uno de los temas cruciales que deberá abocar el gobierno entrante en materia de la garantía de los derechos a la participación indígena?
Uno de los temas prioritarios que debe tratarse en materia de participación real -desarrollando instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas-, es el derecho a la Consulta Previa y al Consentimiento previo, libre e informado. Tal como se ha aplicado en Colombia, en palabras sencillas, la Consulta Previa es para decir SÍ o SÍ, porque si en una Consulta Previa la comunidad dice que NO, por ejemplo, a un pozo de petróleo, el Gobierno nacional le aplica un Test de Proporcionalidad y toma la decisión en su lugar, esto porque todavía nos considera menores de edad. La Consulta Previa ha generado fracturas profundas en varias regiones, especialmente cuando se trata de la explotación de recursos naturales. Nosotros necesitamos la garantía del Consentimiento porque, a diferencia de la Consulta, nos da el derecho a decir NO, es decir, la posibilidad de quedarnos en nuestros territorios.
Sabemos que, en medio de sus diferencias, el movimiento indígena hizo parte activa y fundamental de la movilización social que llevó al triunfo de Petro y Francia. ¿Cómo ves a las organizaciones indígenas en el nuevo contexto social y político que planteará el nuevo gobierno?
El Presidente Gustavo Petro inició su gobierno haciendo unas designaciones de indígenas como Leonor Zalabata [embajadora ante la ONU], Patricia Tobón [directora nacional de la Unidad de Víctimas], de Giovani Yule [director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras]. Estos nombramientos se dieron por decisión directa e independiente del Presidente y por eso se generaron algunas controversias internas, pero considero que fue acertado hacerlo de esta manera porque en el movimiento indígena unos queremos figurar, otros también y, al menor inconveniente, nos divorciamos. El llamado a nuestras autoridades es a la unidad, a corregir esas divisiones, porque si no lo hacemos durante estos cuatro años, no podremos tener la posibilidad real de construir lo que nos hemos prometido. Durante la campaña, el Presidente Petro dijo “yo quiero que el movimiento indígena lidere la paz integral, que nos ayude a construir una paz estable y duradera”, nosotros tenemos que estar a la altura de este llamado.
Tú fuiste elegido como uno de los congresistas indígenas para la nueva legislatura. ¿Cuáles son los temas que, en materia legislativa, deberían ser impulsados por los representantes indígenas en alianza con las voces progresistas que, parece, serán mayoría en el Congreso de la República?
El primer esfuerzo estará centrado en impulsar la Declaración de Pueblos Indígenas. Necesitamos que Colombia promueva esa Declaración para proteger los derechos de los originarios, de todos los ancestrales, de los pueblos indígenas, de todos los pueblos étnicos.
En materia legislativa, también hemos hablado de la importancia de desarrollar plenamente el pluralismo jurídico. Si desarrollamos este principio, vamos a tener las garantías materiales y reales para ejercer la Jurisdicción Especial Indígena. Hoy tenemos una instancia encargada de la articulación entre la jurisdicción nacional y las jurisdicciones indígenas que se llama COCOIN (Comisión Coordinadora Interjurisdiccional), pero tenemos que avanzar hacia una Ley de coordinación con garantías. Ya existen desarrollos en esta materia, pero necesitamos bajarla a las bases para su discusión.
Tenemos también el propósito de participar en los proyectos de Ley que tienen que ver con el presupuesto nacional porque necesitamos garantizar las condiciones materiales para poder ejecutar nuestros planes. Igualmente nos interesan todos los proyectos de Ley que tengan relación con las economías propias. Hoy tenemos trámites limitantes como son las certificaciones o registros que imponen una barrera para que nuestros emprendedores y emprendedoras indígenas puedan desarrollar sus economías propias en el campo. Estos y otros temas de alcance nacional contarán con nuestra activa participación en el trabajo legislativo, teniendo en cuenta, eso sí, que una cosa es la agenda legislativa, y otra las medidas administrativas del Presidente de la República en las que también tendremos que trabajar para lograr, por ejemplo, que un Decreto pueda garantizar las medidas de protección individual y colectiva de los líderes amenazados, esto en el marco de una Declaratoria de Emergencia Humanitaria para Pueblos Indígenas con ocasión del conflicto armado, pero también con ocasión de la crisis por el costo de vida.
Nuestros compañeros de la Orinoquia hoy están viviendo una hambruna, así como nuestros compañeros de Nariño, Chocó y Cauca están en una situación de exterminio físico por matanzas, por violencia. Nosotros pensamos que vía administrativa puede salir una disposición de protección para generar una articulación entre las instituciones nacionales, regionales y locales, y lograr que vuelquen sus ojos sobre los pueblos indígenas que hoy sufren estas amenazas. En síntesis, la agenda legislativa se discute en el Congreso, pero las disposiciones administrativas se discutirán con el Presidente Gustavo Petro.
Hay un asunto que desde la Constitución del 91 ha generado tensiones entre los gobiernos nacionales y los pueblos y comunidades étnicas: se trata de la autoridad ambiental. Existe una constante disputa entre las instituciones ambientales y las autoridades indígenas quienes tratan de hacer valer su derecho como autoridad ambiental y tomar las decisiones sobre los bienes naturales de sus territorios colectivos. ¿Cómo ves las relaciones con el nuevo Gobierno en esta materia?
Dentro de las medidas administrativas que mencionaba antes, está la expedición de Decretos y, en este sentido, hemos pensado en un Decreto que ya se tenía concertado sobre el tema de autoridades ambientales. Esperamos que con este Decreto, el Gobierno nos otorgue el reconocimiento jurídico para que las autoridades étnicas sean autoridades ambientales, es decir que, en adelante, no sean instituciones como las CAR [Corporaciones Autónomas Regionales] o la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] las que expidan las licencias ambientales, sino las autoridades étnicas y sus comunidades. Ya entendemos la dimensión de las licencias y sabemos que sin ellas, no se pueden llevar a cabo, ni siquiera, actividades de exploración.
Es un hecho que los pueblos indígenas tenemos 33 millones de hectáreas, el 30% del territorio nacional, por eso la derecha nos llama “latifundistas”, pero de esta extensión, solo un poco más de un millón tiene vocación para ganadería y agricultura. Esto significa que las llanuras, los bosques, los ríos que aún se encuentran conservados, se debe a que los pueblos indígenas seguimos siendo los guardianes y los custodios de las grandes reservas de biodiversidad, no solo en Colombia, sino en el Planeta. Por esto también es que decimos que el derecho a la Consulta Previa y al Consentimiento es irrenunciable, pero tiene que ser una Consulta que se dé con las bases, no solo con unos cuantos representantes que deciden por todos. Eso no lo podemos permitir como movimiento indígena, más aun sabiendo que la tentación también ha tocado a las organizaciones, causando serios problemas internos.
El tema de la movilización y la minga indígena ha sido un asunto que se ha venido planteando el movimiento indígena de cara a un nuevo Gobierno que, sin lugar a dudas, se percibe como un Gobierno amigo. ¿Cómo piensas que debe resolverse esta encrucijada de la movilización popular que venía con una fuerza creciente y, ahora, siente que sus banderas son parte real de la agenda pública?
Para nosotros es claro que las reformas del nuevo Gobierno van a tener muchos enemigos, por eso sabemos que estas reformas se van a defender en la calle, en los caminos, en las veredas, en las ciudades, porque los que están acomodados no van querer ceder sus privilegios y van a hacer todo lo posible por apretarnos. Ya pasó durante la campaña. En ese momento, varios empresarios le dijeron a la gente que si votaba por Petro nos convertiríamos en Venezuela, esto con la intención de llenarnos de miedo. Prevemos una presión muy fuerte de estos sectores, pero el movimiento indígena tiene que estar preparado: ya no puede llegar con listas de mercado a los escenarios de concertación. Debe llegar con propuestas claras y viables, debe estar enterado de la dinámica política del País, y debe tener una participación calificada en la formulación de la Ley del Plan de Desarrollo, porque esta norma marca el norte de las prioridades de ejecución y de la distribución de los recursos públicos. En cuanto a la movilización, como te decía, tenemos también que estar preparados para poner en marcha lo que sabemos hacer: movilizarnos para acompañar y defender nuestros derechos y las reformas del nuevo Gobierno.
(Artículo sin editar por pedido de la autora)
Diana Alexandra Mendoza es antropóloga, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.