Áreas protegidas y territorios indígenas: una convivencia problemática

En el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica del 2022 (COP 15) llamado Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, se incluye una lista de 23 metas orientada a adoptar medidas urgentes, a iniciarse inmediatamente y completarse hasta 2030.

Particularmente, resulta relevante la meta número 3 que establece: “Garantizar y hacer posible que, para 2030, al menos un 30 % de las zonas terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados equitativamente y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, reconociendo, cuando proceda, los territorios indígenas y tradicionales (…)”.

No fueron solamente organizaciones ambientales internacionales las que habían estado trabajando durante años para lograr este objetivo, llamado meta 30 X 30. Economistas y empresarios también analizaron los efectos positivos de la expansión de las áreas protegidas. Particularmente en la industria del turismo y, especialmente, después del desplome de la actividad provocado por el confinamiento del Covid-19. Este desarrollo reciente muestra que el concepto de áreas protegidas sigue generando una amplia respuesta positiva.

Durante la COP 15 se adoptó el Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Foto: CBD

Las áreas protegidas

Supuestamente, las áreas protegidas deben establecerse para conservar la biodiversidad y estabilizar los ecosistemas en peligro. Son vistas como un mecanismo que protege a las especies en peligro de extinción. Incluso, son más antiguas que el nuevo marco de protección de la biodiversidad. El 1° de marzo de 1872, el entonces presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, firmó una ley titulada: “Una ley para separar una cierta extensión de tierra que se encuentra cerca de las cabeceras del río Yellowstone como parque público”. De este modo, nació el primer parque nacional.

Yellowstone se sitúa dentro de un paisaje impresionante. En aquel entonces, aún se encontraba lejos del avance de la civilización de colonos anglosajones. Sin embargo, el territorio no estaba vacío de gente: los pueblos Crow, Shoshone, Nez Percé y otros grupos indígenas fueron expulsados ​​inmediatamente de la región por el ejército de Estados Unidos. Había, por lo menos, 27 pueblos indígenas que tenían una conexión histórica con esta área de protección ambiental creada por Grant.

El primer parque nacional del mundo fue resultado de las actividades y esfuerzos de John Muir, uno de los primeros defensores de la preservación de la naturaleza en Estados Unidos. Muir fue un profeta cristiano que pensaba que había una presencia divina en la naturaleza: supuestamente, una naturaleza originaria y pura.

De este modo, Muir ha influido profundamente en la forma en que los estadounidenses siguen entendiendo su relación con el mundo natural. Según él, no hay lugar para los “salvajes” en una región vista como una naturaleza original, divina y sublime. Así, las maravillas naturales habían sido preservadas por Dios para impactar a los colonos cristianos que habían llegado del “Viejo Mundo”.

Los Shoshone fueron unos de los pueblos indígenas expulsados por el ejército estadounidense de Yellowstone. Públicamente, se afirmó que no había nativos en el parque nacional. Foto: William Henry Jackson

El modelo Yellowstone

Desde mediados del siglo XX, los problemas ambientales se fueron haciendo cada vez más visibles y el establecimiento de nuevas áreas protegidas experimentó un auge global. Entre 1951 y 2000, la extensión de las áreas terrestres protegidas aumentó de, aproximadamente, un millón de kilómetros cuadrados a más de 13 millones. En cantidad, significa un crecimiento de 20.000 a 100.000 áreas protegidas. Sin embargo, lo que se propagó fue el modelo Yellowstone, que se convirtió en el exponente de área protegida, fundamentado en la idea de proteger la “naturaleza pura”.

El modelo Yellowstone posee las siguientes características: las áreas protegidas son establecidas unilateralmente por el Estado; su diseño y administración está en manos de agencias gubernamentales que, a menudo, trabajan con ambientalistas; las tierras y la biodiversidad se consideran propiedad del Estado; la base de conocimiento para su administración se basa en las ciencias biológicas; su propósito es la conservación de la naturaleza sin humanos; no son considerados los contextos socioculturales; y, finalmente, su creación se realiza de acuerdo a los llamados criterios científicos objetivos, es decir, el alto nivel de diversidad biológica endémica y el alto grado de amenazas para esta diversidad.

La mayoría de estas áreas protegidas están situadas en regiones remotas de países en desarrollo, las cuales ni son silvestres ni están deshabitadas. En efecto, se superponen sobre territorios con poblaciones humanas que tradicionalmente han vivido allí. Según las estimaciones, el 50% de estas áreas coincide con el hábitat tradicional de pueblos indígenas. La mayoría de estas poblaciones no fueron consideradas como relevantes para los propósitos de las áreas protegidas porque estas se crean sobre la base de los criterios científicos occidentales de “naturaleza” y de “conservación”. Y es potestad exclusiva (y excluyente) del Estado definir y gestionar su funcionamiento. El establecimiento de áreas protegidas implica un proceso de extensión del control estatal sobre tales espacios reclamados por los Estados.

Al mismo tiempo, las áreas protegidas se convierten en un vehículo de asimilación coercitiva y una especie de “misión civilizadora”. Esta idea colonial tiene un fuerte trasfondo histórico y filosófico: John Locke, el padre del liberalismo moderno, defendió los derechos de propiedad individual como fundados en el derecho natural. Siguiendo sus argumentos, los frutos del trabajo son propios porque uno trabajó para ello, por ejemplo, cuando se transforma la naturaleza en regiones de (agri-)cultura. Así, al agricultor le corresponde el derecho de propiedad natural sobre la tierra porque la propiedad exclusiva sería necesaria para la producción. De acuerdo a esta perspectiva, las personas que no cultivan ni delimitan sus tierras no tendrían propiedad legítima. De este modo, los indígenas americanos fueron vistos como tribus errantes, sacando frutas y animales de la naturaleza, sin ninguna contribución significativa.

Los pastores maasai de Tanzania luchan para evitar que el gobierno cree una un área de conservación para la caza deportiva. Foto: Landportal

Los territorios indígenas: los más biodiversos del planeta

Este enfoque colonialista del liberalismo se ha ido convirtiendo en una teoría general sobre la legitimidad de la propiedad, que niega a los pueblos indígenas el derecho sobre sus tierras. Esta filosofía social del iluminismo incluyó una determinada visión sobre la naturaleza, la cual sirvió como base teórica para justificar el establecimiento de la nueva civilización de colonos europeos: la naturaleza fue vista como una categoría de vacuum domicilium (de tierra baldía) y solo el trabajo humano la podía transformar en un objeto de propiedad.

Las instituciones sociales de los pueblos originarios de América no fueron consideradas como un orden político: su relación con la tierra no fue reconocida como una condición adecuada para reclamar su propiedad, y su manejo de los conflictos internos tampoco fue visto como un orden jurídico legítimo. En resumen, los filósofos iluministas consideraron que los pueblos indígenas vivían en un estado de naturaleza y no en una sociedad civil, idea que más tarde entró a formar parte de la doctrina jurídica del siglo XIX. Aunque los indígenas no fueron definidos como no humanos, los conquistadores sí consideraron que debían ser sometidos y “gobernados” por instituciones europeas. En este sentido, el concepto de la naturaleza baldía creó el prerrequisito para la expansión de las instituciones coloniales.

Sin embargo, la coincidencia espacial de ecoregiones biodiversas y de territorios indígenas no es accidental. La diversidad y la riqueza ecológica de estas áreas son el resultado de la forma de vida y de las instituciones de los pueblos indígenas. Las conexiones espirituales que tienen con su hábitat, el uso comunal de los recursos y las formas consuetudinarias de manejo de los bosques, las zonas montañosas, los recursos hídricos y la vida silvestre han preservado la diversidad genética y ecológica, y han estimulado su desarrollo en un gran número de lugares.

Los estudios de ciencias naturales más recientes confirman estos datos. Las tierras, a menudo caracterizadas como “naturales”, “intactas” y “originarias”, generalmente exhiben largas historias de uso por sociedades tradicionales. Hoy en día, los territorios bajo manejo indígena son reconocidos como los de mayor biodiversidad del planeta, incluso superior a las áreas con una ausencia total de poblaciones humanas. Las investigaciones indican que aproximadamente el 80% de la diversidad biológica mundial existe en regiones que aún están bajo control de pueblos indígenas. A su vez, el 92% de las tierras de las comunidades indígenas y locales estudiadas son “sumideros netos de carbón”, lo que significa que absorben más dióxido de carbono del que emiten.

Durante el V Congreso Mundial de Parques en Durban (UICN), una de las demandas formuladas por los indígenas fue dar prioridad a la conservación basada en la tenencia comunitaria en África. Hindou Oumarou Ibrahim, referenta mbororo. Foto: @hindououmar

Compatibilizar las áreas protegidas y los territorios indígenas

La actual crisis de extinción, la amenaza global para la diversidad biológica, no es el resultado de una invasión a regiones naturales deshabitadas. Se trata más bien de la destrucción de paisajes culturales, habitados y protegidos por sociedades indígenas. Paradójicamente, la expansión de las áreas protegidas contribuyó a esta destrucción a partir de la reubicación o aniquilación de los guardianes de la tierra. Sin contar las pérdidas asociadas a sus conocimientos y prácticas ancestrales, así como de sus sistemas de organización social.

Estos hechos recién están influyendo en la política ambiental. En 2003, por primera vez, representantes de los pueblos indígenas participaron en el V Congreso Mundial de Parques en Durban (Sudáfrica): un foro internacional central para la agenda de áreas protegidas y patrocinado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los indígenas han presentado una serie de acciones: exigían el reconocimiento del derecho consuetudinario sobre sus territorios y recursos; denuncian el desplazamiento forzado como genocidio cultural y físico; y reclaman la restitución de sus tierras. Es importante mencionar que no cuestionan la política ambiental, sino que enfatizan la necesidad de compatibilizar la protección de la naturaleza con la diversidad cultural.

Durante las últimas décadas, los pueblos indígenas son cada vez más escuchados en la gestión de las áreas protegidas. Las organizaciones ambientales han promovido la idea de la gestión conjunta: una combinación entre conocimientos tradicionales y la “gestión moderna de parques”, en la que los indígenas son “parte interesada”. Sin embargo, las áreas protegidas siguen teniendo una estructura de gobernanza donde la población indígena se encuentra subordinada y las decisiones finales son responsabilidad de la burocracia estatal.

La conservación y la protección ambiental efectiva precisan un camino alternativo. Las voces indígenas no solo deben ser escuchadas, sino que sus conocimientos y prácticas tradicionales deberían ser la base para la conservación. El funcionamiento de las áreas protegidas debe fundarse en el derecho de libre determinación de los pueblos. Su establecimiento y su gestión exigen el consentimiento libre e informado.

El Marco Mundial Kunming-Montreal hace referencia al reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales “cuando proceda”. Los años venideros mostrarán si esto contribuirá al acaparamiento de las tierras indígenas o si, en cambio, se reconocerá seriamente la relevancia de los pueblos indígenas para la conservación.

René Kuppe es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena e integrante del Directorio Internacional del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Sus áreas de investigación son los derechos de los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico y los aspectos interculturales de los derechos humanos.