En África, el modelo de área protegida conocido como “conservación de fortaleza” está avanzando sobre las tierras indígenas y vulnerando sus derechos. Un caso muy claro es el del pueblo Maasai en Loliondo, en cuyo territorio el Gobierno de Tanzania quiere crear un área de conservación para la caza deportiva. Como consecuencia, las comunidades maasai han sufrido desalojos forzosos y violaciones a los derechos humanos. En vez de reconocer sus conocimientos para proteger la naturaleza, el método de conservación fortaleza socava las formas de vida indígena y pone en peligro la biodiversidad de sus ecosistemas.
En todo el mundo, la naturaleza y la biodiversidad están siendo amenazadas por la acción humana. Y su conservación es actualmente una cuestión clave a nivel global. Algunas de las áreas protegidas de mayor biodiversidad del mundo se encuentran en territorios de pueblos indígenas. Esta situación ocurre en África, donde la mayoría de las áreas con una rica vida silvestre se halla en las tierras ancestrales. A pesar de esto, los pueblos indígenas son desalojados de manera forzosa de sus territorios en nombre de la conservación.
El principal modelo de conservación practicado en África es la “conservación de fortaleza”: los parques nacionales y otros tipos de áreas de conservación son custodiados de manera militarizada. De este modo, las personas locales, incluidos los pueblos indígenas, son expulsadas de sus tierras, se les niega el acceso a sus medios de vida y, si intentan ingresar, se enfrentan a situaciones de violencia. Frente a este panorama, la conservación se ha convertido en uno de las principales causas de la desposesión de tierras de los pueblos indígenas de África, tal como ocurre en Kenia, Tanzania, Uganda, Camerún y Botswana.
Las comunidades maasai están siendo avasalladas por el Gobierno para crear un área de conservación dedicada a la caza deportiva.
Desalojos forzosos de pastores maasai en Loliondo
Si bien los pueblos indígenas de Tanzania han conservado durante generaciones la biodiversidad y la vida silvestre de su territorio ancestral, en la actualidad se los está culpando por causar la degradación de la tierra, la disminución de la fauna y la escasez de agua. En consecuencia, los pastores maasai están siendo acosados, arrestados y desalojados por la fuerza.
En este sentido, un caso grave son los desalojos forzosos de los pastores del pueblo Maasai de su tierra ancestral en Loliondo. Ubicadas en el distrito de Ngorongoro, al norte del país, sus tierras están legalmente registradas como “tierras de aldea”. Sin embargo, los están desalojando por la fuerza en nombre de la conservación. Las tierras en cuestión abarcan 1.500 kilómetros cuadrados y han sido perfectamente conservadas por el pueblo Maasai durante siglos. Sin embargo, el gobierno de Tanzania ha querido apropiarse de estas tierras durante años con el propósito de crear un área de conservación para la caza deportiva de personas ricas que viven en los Emiratos Árabes Unidos.
La última ronda de desalojos organizada por el gobierno contra 14 aldeas maasai comenzó en junio de 2022. Se desplegaron militares, policías y guardabosques del Parque Nacional de Tanzania. Los maasai intentaron resistir pacíficamente, mientras las fuerzas de seguridad lanzaban gases lacrimógenos y disparaban contra la gente. El resultado fue de al menos 40 personas heridas, incluidos niños, mujeres y ancianos. Los heridos tuvieron que cruzar la frontera con Kenia para recibir tratamiento médico ya que los centros de Loliondo se negaron a tratarlos si no podían presentar un Formulario de Examen Médico de la Policía.
Los pastores maasai necesitan de sus tierras para poder alimentar a sus animales. Especialmente durante la temporada seca.
La criminalización y la impunidad
Alrededor de 240 granjas fueron demolidas, lo cual dejó a unas 600 mujeres, niños, jóvenes y hombres sin hogar. Muchos líderes maasai y defensores de derechos humanos enfrentaron el acoso y, se estima que cerca de 500 pastores indígenas se vieron obligados a huir a Kenia y sobrevivir sin medios económicos. Además, se generalizó la represión contra quienes intentaban organizar reuniones y protestas, y se persiguió a quienes trataban de ejercer su derecho a la libertad de expresión. Paralelamente, se generó un “apagón mediático” y se prohibió a los medios de comunicación acceder al territorio.
Entre junio y noviembre de 2022, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y acusadas injustamente de delitos relacionados con la muerte de un oficial de policía que había fallecido durante las protestas. En total, 27 personas fueron señaladas por delitos relacionados con el asesinato. Después de seis meses de litigio e intervenciones de defensa, todos fueron liberados porque el fiscal general no pudo presentar pruebas sobre el caso.
Finalmente, los desalojos forzosos tampoco respetaron la orden judicial que había sido emitida por el Tribunal de Justicia de África Oriental en 2018. La orden le prohíbe al Gobierno de Tanzania desalojar a los pastores maasai hasta la resolución de un caso presentado por las comunidades contra el Estado en 2017. Hasta el momento, no han habido investigaciones policiales sobre las violaciones de derechos humanos hacia las comunidades.
El Gobierno de Tanzania intenta apropiarse de 1.500 kilómetros cuadrados de tierras legalmente registradas y conservadas por los maasai.
La resistencia del pueblo Maasai
La expropiación de 1.500 kilómetros cuadrados de tierras Maasai se realizó en nombre de la conservación de la vida silvestre. Posteriormente, estas tierras se convirtieron en la Reserva de Caza Pololeti y, a los pastores maasai y su ganado se les prohibió ingresar a sus tierras de pastoreo que son vitales durante la temporada seca. Además, miles de animales fueron confiscados y los pastores tuvieron que pagar multas exorbitantes para que les devolvieran su ganado. Aquellos que no pudieron pagar las multas vieron cómo sus animales eran subastados. Todo esto ha llevado al empobrecimiento, la inseguridad alimentaria, el hambre, el miedo y la desesperación.
Por otro lado, no hubo ninguna forma de consulta libre, previa e informada. Las comunidades no recibieron ninguna compensación por la destrucción de sus propiedades y, por la pérdida de sus tierras tradicionales y medios de vida. Esto viola los tratados internacionales firmados por Tanzania: el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESCR) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Tampoco se contempló las observaciones planteadas por Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Recientemente, los líderes locales lograron detener la adopción de un nuevo Plan de Uso de Tierras del Distrito, que habría convertido el 90% del Distrito de Ngorongoro en áreas de conservación.
Las organizaciones de las Naciones Unidas han continuado expresando sus preocupaciones. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial emitió una Advertencia Temprana y Acción Urgente al gobierno de Tanzania, expresando su preocupación por los desalojos forzados y las violaciones de los derechos humanos sufridos por los pueblos indígenas Maasai en Loliondo y Ngorongoro. Por su parte, los residentes Maasai de Loliondo han impugnado el establecimiento de la Reserva de Caza de Pololeti. Como consecuencia, el Tribunal Superior de Arusha detuvo temporalmente el Aviso del Gobierno que prevé su establecimiento. Estas son buenas noticias. Queda por verse si la decisión será respetada.
A pesar de todas las violaciones, las comunidades siguen organizadas y vigilantes. Cuando el Vicepresidente visitó la región, los maasai aprovecharon para protestar por las injusticias y violaciones de derechos humanos. Recientemente, los líderes locales lograron detener la adopción de un nuevo Plan de Uso de Tierras del Distrito, promovido por el gobierno y las organizaciones internacionales de conservación, que habría convertido el 90% del Distrito de Ngorongoro en áreas de conservación. Todavía está por verse qué sucederá con estos planes.
La expropiación de tierra a los maasai los ha llevado a la inseguridad alimentaria. Foto: Ecoportal
Un modelo de conservación injusto
Hasta la fecha, los residentes en Loliondo siguen viviendo bajo la amenaza de las fuerzas de seguridad que continúan arrestando, interrogando e intimidando arbitrariamente a las personas para evitar que exijan sus derechos humanos a la tierra y sus recursos naturales. En una gira por Europa, los representantes maasai informaron a los gobiernos y organizaciones sobre las injusticias y violaciones de derechos humanos cometidas en Loliondo. La delegación visitó la sede de la Unión Europea, Alemania, Austria e Italia, y espera que se refuerce la presión internacional sobre el gobierno de Tanzania para que brinde compensaciones a las injusticias cometidas.
La conservación es la principal causa de despojo en Tanzania. Las áreas de conservación se están expandiendo constantemente y casi el 40% de todas las tierras están ahora bajo conservación. En la mayoría de los lugares, la conservación se lleva a cabo en el estilo antiguo y militarizado de “fortaleza”. En la actualidad, existen tres parques nacionales que se están ampliando hacia las tierras de los pueblos indígenas: el Área de Conservación de Ngorongoro, el Parque Nacional de Tarangire y el Parque Nacional de Ruaha (uno de los más grandes de África).
En lugar de ser apoyados para que sigan siendo los principales conservadores de la biodiversidad, los pueblos indígenas de Tanzania son desalojados y, se socava su seguridad alimentaria, su forma de vida y su existencia futura. La situación es muy preocupante y hay una gran necesidad de desarrollar modelos de conservación basados en los derechos humanos que respalden los medios de vida y la existencia futura de los pueblos indígenas.
