Más allá de la represión en el área urbana, la dictadura brasileña también tuvo un brazo represivo en las vastedades del Centro-Oeste y la Amazonía a través de su proyecto “civilizatorio”. La construcción de la carretera Transamazónica, los proyectos de infraestructura y la expansión de la frontera agrícola-ganadera generaron masacres y desplazamientos forzados. Instituciones como la Fundación Nacional del Indio y el Reformatorio Agrícola Indígena Krenak profundizaron el despojo. Medio siglo más tarde, la Comisión Nacional de la Verdad abre un horizonte de justicia y reparación.
Durante los años de plomo, como se llamó a la dictadura militar en Brasil (1964-1985), se libró una batalla menos conocida, lejos de los centros urbanos y de los titulares de prensa. En la inmensidad del Medio Oeste y la Amazonia, las comunidades indígenas se encontraron en el epicentro de un proyecto nacional destinado a ocupar y desarrollar estas “fronteras vacías”. Sin embargo, este progreso tuvo un alto coste.
La investigación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre las violaciones cometidas contra los pueblos indígenas durante la dictadura militar arroja luz sobre una página oscura de la historia de Brasil. Revela no sólo la profundidad de las injusticias sufridas, sino también la fuerza de la resistencia indígena. La lucha por la justicia y la reparación es larga y requiere el compromiso continuo del Estado y la sociedad para reconocer y valorar la diversidad cultural y los derechos indígenas como pilares de una democracia plena.
La política de “seguridad y desarrollo”
Con el inicio de la dictadura, surgió la Doctrina de Seguridad Nacional como base ideológica para justificar el control estatal y la represión de los movimientos considerados subversivos. Al mismo tiempo, el régimen adoptó una política de desarrollo dirigida a la transformación económica del país, con especial atención a las “fronteras vacías” de la Amazonia y el Centro-Oeste. Estas regiones, ricas en recursos y consideradas estratégicas para la seguridad nacional, se convirtieron en el objetivo de una serie de proyectos de infraestructuras y colonización. Comenzó una nueva ola de “civilización”. El resultado fue una gran masacre y la violación de los derechos indígenas.
Paradójicamente, en 1967 se creó la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) con el objetivo de reformar la administración indígena, sustituyendo al antiguo Servicio de Protección del Indio (SPI), considerado una organización corrupta que no respetaba los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Lejos de mejorar la situación, la FUNAI intensificó la represión con la militarización de los Puestos Indígenas, imponiendo un estricto control sobre los movimientos indígenas dentro de sus propias tierras.
El objetivo era proporcionar apoyo a las comunidades indígenas, incluyendo sanidad, educación y asistencia técnica. Sin embargo, se convirtieron en instrumentos de control estatal, aplicando una disciplina rígida y autoritaria. Este modelo de administración no sólo impedía la libre circulación de los indígenas en sus propias tierras, sino que también sometía sus vidas a una vigilancia constante, restringiendo sus prácticas culturales, sociales y económicas. Las políticas aplicadas en estos puestos reflejaban una visión paternalista y asimilacionista, que veía la cultura indígena como un obstáculo para el progreso que había que superar.
El informe de Jader Figueiredo Correa de 1968 reveló amplias violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo masacres, torturas y desplazamientos forzados”.
El estricto control de los movimientos indígenas se manifestaba en prácticas como la exigencia de permisos para viajar fuera de los territorios indígenas, las restricciones a la realización de rituales y ceremonias tradicionales y la imposición de prácticas agrícolas no tradicionales. Estas medidas no sólo violaban los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la libertad y la autodeterminación, sino que también contribuían a debilitar sus estructuras sociales y culturales.
El informe de Jader Figueiredo Correa de 1968 reveló amplias violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo masacres, torturas y desplazamientos forzados. El informe, redactado por el entonces fiscal Jader de Figueiredo Correia, muestra las acciones genocidas e impunes del Estado brasileño”.
Megaproyectos a la sombra de la dictadura: entre el desarrollo y el exterminio
Durante la era del “Brasil Potencia”, bajo la dictadura militar, el país se embarcó en la ejecución de megaproyectos de desarrollo con el objetivo de ocupar y explotar económicamente regiones remotas, especialmente en la Amazonia, denominada por el régimen el “desierto verde”. Uno de los principales pilares de esta iniciativa fue el lanzamiento, en 1970, del Programa de Integración Nacional (PIN), que proponía la construcción de carreteras y proyectos de colonización, siendo la Carretera Transamazónica (BR-230) uno de los más emblemáticos. Esta carretera, que debía recorrer unos 4.000 kilómetros y atravesar estados como Amazonas, Roraima, Pará, Acre, Rondônia, Maranhão y Tocantins, pretendía integrar las regiones aisladas de la Amazonia con el resto del país.
Sin embargo, la ejecución del Transamazonas y otros proyectos similares ha tenido profundas y devastadoras repercusiones en las comunidades indígenas que habitan estas zonas desde hace siglos. La construcción de estas infraestructuras no sólo causó una importante devastación medioambiental, sino que también promovió el desplazamiento forzoso de numerosas poblaciones indígenas, a menudo sin ofrecer ningún tipo de compensación ni apoyo adecuado para el reasentamiento. Este proceso simbolizó los esfuerzos desarrollistas del régimen militar, que, en su carrera por el progreso económico, descuidó los derechos y la propia existencia de los pueblos indígenas.
Testimonios de indígenas supervivientes de la época al Ministerio Público Federal denuncian acciones violentas, como helicópteros que sobrevolaban las aldeas con veneno y bombas. La Comisión Nacional de la Verdad estimó que esos conflictos causaron cerca de 2.600 muertos. Además, la estrategia del gobierno de exterminar a los pueblos indígenas aislados, tratándolos peyorativamente como “arredios” u “hostiles” para liberar tierras para la construcción, resultó en altas tasas de mortalidad entre esas poblaciones, evidenciando una política de ocultamiento de datos y hechos por parte del régimen.
Los pueblos Xavante, Kadiwéu, Terena, Bororo, Guaraní-kaiowá, Kayapó y Guató se vieron significativamente afectados por estas políticas, enfrentándose a desplazamientos forzosos, pérdida de territorio y graves problemas medioambientales.
La situación del pueblo Tenharim ejemplifica los profundos impactos sufridos por las comunidades indígenas como consecuencia de estas obras. La autopista atravesó el territorio tradicional de los tenharim, causando graves daños ambientales y socioculturales. La FUNAI, buscando mitigar la resistencia indígena, facilitó el avance de tractores y peones en la región, lo que no hizo más que agravar los daños causados.
Además de la Transamazónica, la región Centro-Oeste de Brasil también fue objeto de diversos proyectos destinados a promover la ocupación, la explotación económica y la integración de la zona con el resto del país. Proyectos como el Polonoroeste, las iniciativas de colonización, la expansión de la frontera agrícola, el Programa de Desarrollo de los Cerrados (Prodecer) y el Programa de Asentamiento Dirigido del Alto Paraguay (PADAP) pretendían transformar radicalmente el paisaje y la sociedad local. Aunque estos proyectos no fueron reconocidos formalmente bajo el mismo estigma que la Transamazónica, compartieron la característica común de alterar profundamente la región e impactar en las comunidades indígenas residentes.
Los pueblos Xavante, Kadiwéu, Terena, Bororo, Guaraní-kaiowá, Kayapó y Guató se vieron significativamente afectados por estas políticas, enfrentándose a desplazamientos forzosos, pérdida de territorio y graves problemas medioambientales. Estas comunidades, muchas de las cuales siguen luchando por la demarcación de sus tierras y la preservación de sus formas de vida, simbolizan la resistencia actual contra las políticas de asimilación forzada y explotación promovidas durante la dictadura militar. La lucha por recuperar y garantizar sus derechos territoriales y culturales sigue siendo una cuestión crítica en el Brasil contemporáneo.
Intentos civilizadores de pueblos considerados “primitivos”
Las iniciativas implementadas por el gobierno militar brasileño, con el pretexto de “civilizar” a los pueblos indígenas, dejaron dolorosas huellas de violaciones contra los indios Krenak, entre otros grupos étnicos. Una de estas medidas fue la creación, en 1969, del Reformatorio Agrícola Indígena Krenak, que funcionaba más como una prisión que como una institución de rehabilitación, confinando a 94 individuos de 15 grupos étnicos diferentes, procedentes de 11 estados de todo el país.
Según los informes, muchos de los detenidos no entendían el motivo de su detención, y algunos fueron encarcelados por razones tan triviales como beber alcohol o salir de sus zonas demarcadas. Estos indígenas fueron sometidos a un régimen sin juicio previo, en el que la tortura y los trabajos forzados eran prácticas habituales, como señaló un fiscal de la época.
Estas acciones, lejos de ser integradoras o “civilizadoras”, representaron intentos de sometimiento y erradicación de las culturas indígenas, dejando profundas heridas que perduran hasta nuestros días en la memoria y en la vida de los pueblos indígenas afectados.
Otro aspecto de esta política de asimilación forzosa fue la institución de la Guardia Rural Indígena. Formada por miembros de las propias comunidades indígenas, esta fuerza tenía la misión de vigilar y castigar a los propios indígenas. La primera hornada de esta guardia fue preparada por la Policía Militar de Minas Gerais e incluía 84 indígenas de diversas etnias y regiones de Brasil, como los Craós (Maranhão), Xerente (Goiás), Carajás (Pará), Maxacali (Minas Gerais) y Gaviões (Tocantins). Esta estrategia de utilizar a los indígenas para controlar y castigar a otros indígenas provocó una profunda división cultural y puso en peligro el sentido de comunidad y hermandad entre los diversos grupos étnicos. Esta división se vio intensificada por la exhibición de poder y violencia por parte del gobierno, como ilustra una impactante fotografía de un indígena siendo golpeado con un palo de madera durante la ceremonia de graduación de la primera promoción de la Guardia Rural Indígena en Belo Horizonte, acto al que asistieron altas autoridades estatales.
Estas acciones, lejos de ser integradoras o “civilizadoras”, representaron intentos de sometimiento y erradicación de las culturas indígenas, dejando profundas heridas que perduran hasta nuestros días en la memoria y en la vida de los pueblos indígenas afectados.
Un devenir esperanzador
En un prometedor avance hacia el reconocimiento y la reparación, la Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos marcó un hito histórico al aceptar, por primera vez, una solicitud de reparación colectiva. Esta acción pionera arrojó luz sobre las injusticias sufridas por los pueblos indígenas durante la dictadura militar en Brasil, especialmente los pueblos krenak y guaraní-kaiowá, que sufrieron desplazamientos forzosos y violaciones de derechos en nombre del “desarrollo” y la “seguridad nacional”. Además, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) reveló que aproximadamente 8.350 indígenas fueron asesinados como consecuencia de estas políticas, una cifra que, aunque alarmante, se considera sólo una fracción del número total de víctimas, dada la dificultad de documentar plenamente los impactos sufridos.
La decisión unánime reconoció no sólo la persecución sistemática llevada a cabo por el régimen militar, sino también los abusos cometidos antes del golpe de 1964. Leonardo Kauer Zinn, al informar sobre la situación a la que se enfrenta el pueblo krenak, hizo hincapié en la gravedad de las intervenciones gubernamentales y empresariales en tierras indígenas, que provocaron la muerte de miembros de la comunidad y la expulsión de pueblos enteros. En el caso concreto de los Krenak, se produjo la creación de cuerpos policiales destinados a perseguir a sus miembros, así como la puesta en marcha de un reformatorio para recluir a los líderes opuestos a la dictadura y forzar una migración que dejara sus tierras disponibles para el uso agrícola.
Este hito en el trabajo de la Comisión de Amnistía subraya la importancia de que el Estado brasileño reconozca la violencia y las injusticias perpetradas contra los pueblos indígenas durante los oscuros tiempos de la dictadura.
Es importante destacar que la Comisión de Amnistía, al responder a estas solicitudes de reparación colectiva, no previó una indemnización económica directa, sino que recomendó al gobierno la implementación de políticas públicas específicas. Entre las medidas sugeridas estaban la demarcación de las tierras pertenecientes a los dos grupos étnicos y el fortalecimiento de la atención sanitaria en las comunidades indígenas, con vistas a la reparación y el reconocimiento de los derechos de estos pueblos.
Este hito en el trabajo de la Comisión de Amnistía subraya la importancia de que el Estado brasileño reconozca la violencia y las injusticias perpetradas contra los pueblos indígenas durante los oscuros tiempos de la dictadura. Este paso es crucial para curar las heridas dejadas por el pasado, garantizando que las generaciones futuras de los pueblos Krenak y Guaraní-kaiowá puedan habitar sus tierras ancestrales con dignidad, seguridad y salud, honrando su patrimonio cultural y sus derechos fundamentales. Este es un futuro esperanzador, una señal de progreso en el largo camino hacia la justicia histórica para las comunidades indígenas de Brasil.
María de Lourdes Beldi de Alcantara es graduada en Ciencias Sociales, magister en Antropología (Pontifícia Universidade de São Paulo), Doctora en Sociología (Universidad de São Paulo) y Post PHD en Psicología Social. Actualmente, es profesora de antropología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (FMUSP).