La búsqueda de oro ha dado forma a la historia humana durante siglos, impulsando la exploración, la conquista y la explotación. Para la Corona española, fue la atracción del oro lo que motivó la segunda expedición a las Américas y se convirtió en un factor crucial en la posterior colonización del continente. El legado de la minería de oro en América Latina se ha transformado en una crisis moderna con consecuencias de gran alcance. Al invadir territorios indígenas, el cultivo de coca, las rutas de tráfico y las operaciones de minería ilegal provocan desplazamientos, violencia y destrucción ambiental.
En la actualidad, los altos precios del oro han convertido a la minería ilegal en un negocio lucrativo para organizaciones criminales y grupos armados. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la minería ilegal de oro se está extendiendo por toda la cuenca del Amazonas, afectando a los nueve países de la región.
Paralelamente, el mercado global de la cocaína está experimentando un crecimiento sin precedentes. El Informe Mundial sobre las Drogas de la Organización de Naciones Unidas de 2024 reveló que la producción de cocaína alcanzó las 2.700 toneladas en 2022, un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior y el triple de los niveles registrados hace una década.
Aunque a primera vista estas dos economías ilícitas, el oro y la cocaína, parecen separadas, están cada vez más interconectadas. Esta convergencia plantea graves amenazas para los Pueblos Indígenas del Amazonas y tiene consecuencias ambientales devastadoras para la selva tropical.
Una red de economías ilícitas en el Amazonas
Según el informe Amazon Underworld, la cuenca del Amazonas se ha convertido en un importante centro de tránsito para las economías criminales de América Latina. El informe revela que los grupos armados están activos en el 70 por ciento de los municipios estudiados en seis países y que casi todas las principales organizaciones criminales participan en algún eslabón de la minería ilegal. Estas actividades incluyen el control de concesiones, la extorsión a mineros, el tráfico de mercurio o el contrabando de oro. Las áreas más afectadas por la minería ilegal son el sur de Venezuela, particularmente el estado de Bolívar, así como los estados brasileños de Pará y Roraima. A su vez, la minería ilegal de oro también está en expansión en Ecuador, Perú y Colombia.
El territorio yanomami en Brasil es un ejemplo de esta crisis. La llegada de mineros ilegales ha devastado tierras indígenas, con grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) infiltrándose en las operaciones. Conocido principalmente por el narcotráfico, el PCC se ha expandido al comercio ilegal de oro, ofreciendo protección a los mineros, controlando operaciones de dragado e imponiendo “impuestos” a la producción. Aunque el PCC es uno de los grupos criminales más grandes y organizados del Amazonas, el panorama criminal de la región sigue siendo fragmentado.
En Colombia, los Acuerdos de Paz de 2016 lograron desmovilizar 13.000 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y crearon un vacío de poder que rápidamente fue ocupado por facciones disidentes y grupos armados más pequeños. Esto ha resultado en intensas disputas territoriales por áreas claves que son utilizadas como rutas de tráfico, plantaciones de coca y zonas ricas en minerales. Un informe del Departamento Contra el Crimen Transnacional (DTOC) destaca que el control de áreas ricas en oro es altamente valioso para las organizaciones criminales, ya que la creciente demanda global ha hecho del oro un negocio extremadamente rentable (a veces incluso más lucrativo que el narcotráfico).
Lavado de dinero en la Amazonía peruana
El oro también desempeña un papel en el lavado de dinero, ya que las organizaciones criminales lo utilizan para legitimar ganancias del narcotráfico. Esto es especialmente evidente en Perú, donde la minería de oro representa una parte significativa de la economía. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú estima que entre el 30 y el 70 por ciento de las exportaciones de oro podrían proceder de fuentes ilegales. El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la ONU destaca que la minería aurífera es una de varias industrias en las que los narcotraficantes peruanos están activamente involucrados, canalizando ingresos del narcotráfico hacia operaciones mineras, financiando dragas, excavadoras y otras maquinarias pesadas.
Vladimir Pinto, abogado y coordinador de Amazon Watch en Perú, explica que la minería ha sido históricamente central en la economía del país y, en los últimos años, se ha expandido dramáticamente debido al aumento de los precios y rentabilidad del oro. Esta expansión ha pasado de los Andes al Amazonas, con una minería ilegal a gran escala, particularmente en el departamento de Madre de Dios. “Es más fácil lavar dinero del narcotráfico a través de la minería porque, con las drogas, el producto es ilegal en todas las etapas: producción, venta y consumo. Con el oro, sólo la extracción es ilegal”, explica Pinto. Una vez extraído, el oro puede convertirse fácilmente en un recurso legal y rentable en comparación con la cocaína. Esta dinámica está desdibujando las líneas entre los negocios de la minería y las drogas.
Aunque existen mecanismos para supervisar y rastrear si el oro se extrae legal o ilegalmente, Pinto señala que estos sistemas son fácilmente eludidos. Los productores autodeclaran información sobre el origen del oro, la cual no es verificada de manera independiente, permitiendo el lavado de oro ilícito. Este blanqueo de oro se extiende más allá de Perú. Una investigación de Convoca descubrió un sistema sofisticado de lavado de oro ilegal en Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Las tácticas incluyen facturas de compra y venta falsificadas, autorizaciones fraudulentas y concesiones fantasmas, lo que revela la naturaleza generalizada y sistemática del problema.
La creciente crisis de la minería ilegal en Ecuador
Ecuador ha sido testigo de un aumento dramático de la minería ilegal de oro, con un incremento del 325 por ciento entre 2015 y 2021. Casi la mitad de esta actividad ocurre en tierras indígenas. El sociólogo ecuatoriano Pablo Ortiz-T explica que, aunque el país no es un gran productor de cocaína, sirve como una ruta de tránsito crítica para la cocaína colombiana destinada a Europa. Según Amazon Watch, grupos criminales como Los Lobos y Los Choneros, que a menudo trabajan con disidentes de las FARC colombianas, han establecido una base de operaciones en el sector de la minería ilegal de oro en Ecuador.
El crimen organizado controla concesiones, extorsiona a los mineros locales y contrabandea oro a través de las fronteras de Ecuador. Ortiz-T destaca un cambio clave durante la presidencia de Rafael Correa, quien apoyó activamente al sector y elevó la importancia económica de la minería en el PIB. Antes de esto, la minería de oro no era tan prominente en el país como lo ha sido en Perú y Bolivia. Este respaldo político elevó la importancia de la minería, pero también abrió la puerta para que florecieran las operaciones ilegales. Ahora los mineros invaden áreas protegidas, amenazando el medio ambiente y los medios de vida indígenas.
Las organizaciones criminales brindan protección armada a los mineros irregulares y extorsionan concesiones legales. Con el tiempo, los obligan a entregar parte de la producción o secuestran a los propietarios de las minas legales para exigir rescates.
La llegada de mineros a Napo ha interrumpido prácticas tradicionales, contaminado ríos y desencadenado conflictos internos.
En la provincia de Napo, la minería ilegal ha traído violencia, contaminación e inestabilidad social a las comunidades kichwas. Una lideresa local kichwa, que permanece en el anonimato por razones de seguridad, describe cómo, a lo largo del río Jatunyacu, las empresas mineras están apoderándose de tierras mediante coacción o explotando la desesperación económica. La llegada de mineros ha interrumpido prácticas tradicionales, contaminado ríos y desencadenado conflictos internos.
La lideresa señala que los mineros están altamente organizados y están involucrados en el narcotráfico y otras actividades violentas. Según un informe de Amazon Watch sobre la minería ilegal en Ecuador, las organizaciones criminales brindan protección armada a los mineros irregulares y extorsionan concesiones legales. Con el tiempo, intensifican sus demandas, obligando a los mineros a entregar parte de su producción diaria o secuestrando a los propietarios de las minas legales para exigir rescates. Eventualmente, las bandas criminales buscan controlar por completo las concesiones mineras, expulsando a los propietarios y apoderándose de sus operaciones y equipos.
La fractura del tejido social
El impacto ambiental de la minería ilegal es particularmente grave en los territorios indígenas. La lideresa kichwa mencionada explica que el comercio de oro ha contaminado el río del que su comunidad depende para pescar. Aunque no hay proyectos mineros en su aldea, las actividades río arriba están contaminando el agua y matando peces río abajo. En la provincia de Napo, los mineros ilegales han deforestado 832 hectáreas desde 2017, liberando metales pesados como cobre, hierro, plomo y mercurio en los ríos. Estos contaminantes han tenido efectos devastadores en la salud y los medios de vida indígenas.
Las consecuencias sociales de la minería ilegal en tierras indígenas son profundamente preocupantes, ya que la llegada de los mineros interrumpe el tejido social de las comunidades. Los conflictos internos surgen a partir de transacciones en las que personas indígenas venden sus tierras para fines mineros. Los vendedores suelen ser coaccionados a apoyar la minería, priorizan las ganancias a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo y, de este modo, se crean tensiones con quienes resisten. Esta explotación y degradación ambiental amenazan la supervivencia de todas las comunidades en la región. Esta situación ha provocado un aumento del alcoholismo entre las familias que vendieron sus tierras, lo cual desestabiliza la zona y la vuelve cada vez más peligrosa.
Finalmente, en Ecuador, la presencia de los mineros está erosionando el conocimiento tradicional. La generación más joven está siendo reclutada por forasteros para participar en actividades ilícitas y está comenzando a adoptar sus comportamientos. “Nuestra conciencia se está muriendo lentamente”, lamenta la lideresa kichwa y agrega que hablar, como ella lo hace, conlleva riesgos significativos de persecución. Según Pablo Ortiz-T, quien trabaja estrechamente con las comunidades kichwas en la provincia de Napo, muchas personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a las amenazas.
Enfrentando una crisis multifacética
Las economías ilícitas del oro y la cocaína en la Amazonía constituyen una crisis compleja sin soluciones simples. Es necesario supervisar de modo más estricto a los compradores de oro y comprender que la influencia política de los grupos criminales son problemas críticos. Sin embargo, los gobiernos enmarcan estos problemas de manera limitada, tratándolos solo como desafíos policiales o judiciales, sin considerar sus raíces sociales más profundas. Asimismo, es importante incorporar las voces indígenas en la toma de decisiones y reconocer que, mientras exista una demanda global de oro y de drogas, alguien intervendrá para satisfacerla.
La lideresa Kichwa aboga por iniciativas económicas que permitan a las comunidades prosperar sin recurrir a la venta de sus tierras. Destaca el potencial del lavado de oro tradicional, libre de productos químicos: una práctica transmitida a través de generaciones de mujeres indígenas, quienes también fabrican joyas con el oro. Ampliar esto a un negocio local podría garantizar la sostenibilidad, mantener la industria enraizada en la comunidad y reducir la intrusión de forasteros.
Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia y el desplazamiento en toda la Amazonía, con los Pueblos Indígenas soportando el peso de la crisis. Han enfrentado formas similares de explotación durante décadas.
Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia y el desplazamiento en toda la Amazonía.
Sin embargo, la dirigenta destaca que estos proyectos necesitan financiamiento y, aunque muchas personas se acercan a ella y a otros miembros de la comunidad para discutir los problemas que enfrentan, expresa su frustración porque la ayuda prometida frecuentemente no llega a concretarse. También agrega que es necesario restaurar los hábitats de los peces y generar conciencia comunitaria sobre los beneficios limitados de la minería.
Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia y el desplazamiento en toda la Amazonía, con los Pueblos Indígenas soportando el peso de la crisis. Han enfrentado formas similares de explotación durante décadas. Como expresa con contundencia la lideresa kichwa: “Antiguamente, eran los españoles quienes venían a invadir nuestras tierras, violar a nuestras mujeres. Ahora, viene el crimen organizado para explotar nuestras tierras, destruyendo todo”. Sus palabras sirven como un recordatorio tajante de que la lucha contra las economías ilícitas es una confrontación con una historia colonial de violencia y explotación.
Tora Aurora Jensen es estudiante de máster en antropología en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. En 2023, realizó un trabajo de campo en la TCO Monte Verde, Bolivia, centrado en el impacto de los incendios forestales en las prácticas de quema agrícola de los chiquitanos. Actualmente, es pasante en el Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).