El paradigma de la transición energética impuesto por las corporaciones promueve la extracción de minerales para la construcción de tecnologías que sustituyan a los combustibles fósiles. Si bien este enfoque promueve energías "limpias", en los hechos profundiza la depredación de la naturaleza que ya se ha probado insostenible. Como hub financiero para la minería global, Canadá se destaca como un actor clave en el avance de la minería industrial sobre la Amazonía. Para evitar el punto de no retorno, es necesario promover los territorios libres de minería, repensar nuestro hacer político y refundar nuestra relación con la Naturaleza.
A pesar de las limitaciones evidentes del planeta Tierra, el persistente modelo de desarrollo extractivista no ha sido acompañado por transformaciones políticas estructurales urgentes y necesarias. El actual modelo de transición energética impulsado por las corporaciones ha mantenido intacto el patrón de consumo global sin abordar la esencia depredadora de la interacción humana con la Naturaleza. Esta dinámica ha propiciado el auge de la minería autoproclamada como la industria líder de la transición energética.
Dado su conocido rol como hub financiero y de toma de decisiones de la minería global, Canadá emerge como un actor clave para regular a las corporaciones transnacionales que vulneran los derechos humanos y de la Naturaleza. Especialmente en áreas ecológicamente sensibles, como la selva amazónica, que posee una importancia estratégica desde la perspectiva climática. El análisis geopolítico también debe contemplar que los esfuerzos para la transición no están repartidos equitativamente en todo el planeta: mientras la extracción de minerales se practica en Latinoamérica, África y Asia, los mayores niveles de consumo de energía y bienes se registran en Estados Unidos y Europa.
La dependencia minera de la transición energética
La mayoría de los estudios especializados calcula que hasta 2050 la extracción de minerales para satisfacer la demanda de energías renovables se multiplicará por cinco, sobre todo, en los llamados “minerales críticos”. Aquí conviene señalar que esta definición no es meramente técnica, sino esencialmente política. Eso se observa en las diferentes tablas: qué minerales se consideran o no como críticos, los cuales varían por país, en función de sus intereses nacionales.
Bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, Brasil ha construido otra definición: minerales estratégicos. A través de este truco terminológico, el gobierno ultraderechista amplió el paraguas de las políticas de transición energética para influir en qué proyectos mineros serían priorizados por el Estado brasileño, tanto en términos financieros como con las licencias ambientales. En esta nueva definición se encuentran minerales que ni siquiera aparecen en otras listas mundiales de “minerales críticos”, como es el caso del oro. Además, se promueven proyectos extractivos que avanzan sobre la selva amazónica, lo que pone en peligro un ecosistema regional vital para el equilibrio climático mundial.
La contradicción es evidente: la generación de energía “renovable” depende de la extracción de recursos no renovables, los cuales ni siquiera cuentan con la tecnología para ser reciclados.
La generación de energía “renovable” depende de la extracción de recursos no renovables, los cuales ni siquiera cuentan con la tecnología para ser reciclados.
La paradoja aparece cuando, para satisfacer la demanda global de descarbonización y el cambio de la matriz energética, deberíamos apostar por las llamadas energías “limpias”. En teoría, estas tendrían un mínimo impacto ambiental porque provendrían de fuentes renovables con bajo impacto ambiental. El problema es que para fabricarlas necesitamos recursos minerales que no son renovables: son recursos finitos que también se agotan. La contradicción es evidente: la generación de energía “renovable” depende de la extracción de recursos no renovables, los cuales ni siquiera cuentan con la tecnología para ser reciclados.
Otro cuestionamiento que aparece es la denominación de una energía como “limpia”. El término oculta los severos daños socioambientales que genera la minería en la Amazonía: desplazamientos forzosos, destrucción de modos de vida tradicionales y devastación medioambiental. Estos pasivos ambientales quedan fuera de la ecuación para que un proyecto concreto encaje en la definición de energía limpia. Este es el caso de las represas hidroeléctricas como Belo Monte en Volta Grande do Xingu. Como si todo esto fuera poco, también se suele ignorar que las llamadas “energías renovables” requieren de una diversidad de minerales aún mayor que las fuentes de energía convencionales.
El modo de vida imperial, el no-consenso y las zonas de sacrificios
Mientras que Europa consume tres veces más recursos que Asia y cuatro veces más que África, una persona nacida en Estados Unidos consume más que la media europea. Este dato indica que el esfuerzo global para la transición energética sólo sostendría el consumo del Norte Global a expensas de la explotación y el despojo de las tierras del Sur Global. En consecuencia, si no cambiamos el patrón de consumo y el modo de vida imperial del Norte, acabaremos necesitando muchos más recursos de los que la Tierra tiene disponibles para ofrecernos. Que quede claro: no existen reservas minerales suficientes para atender a esa demanda. Así, la degradación ambiental seguirá agravándose y repercutirá de forma desigual en las poblaciones que habitan el Sur.
Ese esfuerzo por limitar la transición ecológica solamente en su dimensión energética ha sido llamado “colonialismo energético” ya que se ha reducido a la digitalización y la electrificación del consumo. Esta “solución” no consensuada es el nuevo acuerdo del modelo capitalista: el Consenso de la Descarbonización. La apuesta por un enfoque más complejo y polifacético de la transición ecológica, es decir, que sea más amplio que la dimensión puramente energética, ha sido defendida por el movimiento ecologista global. La misma propuesta plantean los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales cuyos territorios son condenados a zonas de sacrificio por las empresas mineras.
Es necesario debatir y cuestionar la expansión de la minería como respuesta a la crisis climática y propuesta de “desarrollo sostenible”, dada la historia del sector en conflictos, violencias y degradación ambiental.
Es necesario debatir y cuestionar la expansión de la minería como respuesta a la crisis climática y propuesta de “desarrollo sostenible”.
El despojo de las comunidades y la devastación ambiental son notorias cuando vemos el avance exponencial del extractivismo sobre la selva amazónica. La Amazonia brasileña concentra hoy cerca de 90 millones de hectáreas con aplicaciones minerales, de las cuales 2,6 millones ya fueron autorizadas para su explotación por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Entre 2005 y 2015, la minería fue responsable del 9% de la deforestación de toda la selva, además de ser responsable de al menos el 10% de las emisiones globales de los Gases del Efecto Invernadero, lo que demuestra una contradicción con los esfuerzos de descarbonización.
En este sentido, es necesario debatir y cuestionar la expansión de la minería como respuesta a la crisis climática y propuesta de “desarrollo sostenible”, dada la historia del sector en conflictos, violencias y degradación ambiental: desde la instalación de la infraestructura hasta el transporte de los minerales. Por lo tanto, la búsqueda de soluciones no puede crear otro problema, sobre todo cuando se trata de una industria como la minería que es la responsable de crímenes socioambientales, el colapso de represas, la contaminación de aguas subterráneas o el cambio del curso de los ríos. Sin lugar a dudas, la minería ha puesto en riesgo a la Amazonía, sus ríos y sus comunidades.
Canadá: el hub de la minería global
En las últimas décadas, Canadá se ha convertido en el centro financiero mundial del sector minero. La Bolsa de Toronto (TSX) y la TSX Venture Exchange (TSXV) son los principales centros de cotización de las empresas de minería y de exploración, con más de 1.170 emisores en 2021, o sea, el 42% de las cotizaciones mundiales. En la actualidad, entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina corresponde a empresas canadienses. Además, Canadá alberga casi la mitad de las empresas mineras del mundo que cotizan en bolsa, las cuales han recibido innumerables denuncias de abusos de los derechos humanos y daños medioambientales.
La política exterior canadiense de “diplomacia económica” consiste en facilitar el dominio mundial de sus mineras mediante el apoyo político y la prioridad de intereses empresariales. En este sentido, existe una clara tensión entre los objetivos nacionales de Canadá y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente. Este problema se agrava cuando el Gobierno de Canadá ha elaborado varios Planes de Acción para promover y proteger los intereses de las empresas canadienses que operan en el extranjero, pero, de modo contrario, no existe ninguna legislación nacional o internacional vinculante que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente en el exterior.
Ante la creciente demanda de “minerales críticos” para la transición energética, resulta relevante presionar al gobierno canadiense para que regule, supervise y controle las acciones de sus empresas en la región amazónica.
Ante la creciente demanda de “minerales críticos”, resulta relevante presionar al gobierno canadiense para que regule y controle las acciones de sus empresas en la región amazónica.
Las conexiones entre la diplomacia económica de Canadá y el sector extractivo también han encontrado tensiones en la jurisprudencia regional. Las audiencias e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los últimos tres años se han centrado en el accionar de las mineras canadienses en América Latina. La CIDH impone directamente a los gobiernos la obligación de consultar y obtener el consentimiento. Como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), Canadá está obligado a adaptar su legislación a las decisiones de la Comisión, incluida la obligación de respetar la libre determinación indígena y obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) antes de otorgar concesiones para explotar recursos en sus territorios.
Sin embargo, un estudio realizado por Amazon Watch, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y más de 50 organizaciones reveló que de 37 proyectos canadienses en América Latina al menos 26 carecen del consentimiento libre, previo e informado. El estudio concluyó que existe un patrón de vulneración a los derechos humanos y destrucción ambiental de las empresas canadienses que está siendo exportado a nuestra región. Ante la creciente demanda de “minerales críticos” para la transición energética liderada por las corporaciones, resulta relevante presionar al gobierno canadiense para que regule, supervise y controle las acciones de sus empresas en la región amazónica.
Una estrategia de seguridad planetaria y reparación colonial
El gobierno canadiense es un actor clave a ser presionado a nivel internacional. Por un lado, debe regular y limitar las operaciones de sus corporaciones mineras. Y, por otro lado, tiene que promover prácticas que respeten la integridad ecológica de los territorios y que reconozcan cómo las empresas extractivas violan los derechos humanos. Es momento de reforzar que su responsabilidad climática compartida, pero diferenciada como país del Norte Global, debe estar por encima de los intereses coloniales extractivistas de sus empresas. De este modo, podremos caminar hacia una transición que respete y preserve la biodiversidad, y disminuya la dependencia de la actividad minera.
Para lograr un cambio significativo es esencial limitar las operaciones mineras en la Amazonia y promover la participación popular. Son necesarias políticas específicas por territorio que regulen la minería, promuevan las economías locales y garanticen la consulta previa, libre e informada. En este sentido, la concepción de territorios libres de minería emerge como una alternativa de los pueblos del Sur Global para defender los bienes comunes de la amenaza minera y proponer alternativas socioeconómicas post-extractivistas. En este contexto, las sentencias judiciales son legitimadas por el apoyo popular para bloquear el avance de las actividades extractivas sobre los territorios.
La propuesta de territorios libres de minería defiende los bienes comunes amenazados por el extractivismo y propone alternativas socioeconómicas para superar esa dependencia.
La propuesta de territorios libres de minería defiende los bienes comunes amenazados por el extractivismo y propone alternativas socioeconómicas.
La determinación de la región amazónica como un territorio libre de minería significaría tanto una práctica de reparación colonial para la región y sus pueblos, como una medida preventiva de seguridad planetaria. La selva amazónica posee una importancia crucial en la regulación del ciclo de agua, las lluvias de la región, y por ende, del clima global. A su vez, la minería es incompatible con la protección de los ríos y los acuíferos ya que utiliza grandes cantidades de agua que son necesarias para la biodiversidad y la agroecología. La propuesta de territorios libres de minería defiende, por lo tanto, los bienes comunes amenazados por el extractivismo y propone alternativas socioeconómicas para superar esa dependencia.
En consecuencia, es prioritario que las autoridades de los países amazónicos presionen al gobierno de Canadá, al mismo tiempo que aseguren espacios colectivos para repensar nuestra relación con la tierra. Debemos promover una transición energética que respete la sociobiodiversidad, repare las violaciones de derechos y, promueva la preservación y restauración ecológica. No podemos aceptar una transición guiada por empresas que priorizan el beneficio sobre la vida. ¿Cómo puede presentarse a la minería como una solución a la emergencia climática, cuando es una actividad que destruye la tierra y agota las reservas existentes? No podemos repetir el ciclo de violencia y destrucción de los combustibles fósiles por otra industria que se pinta de verde.
La Amazonía como territorio libre de minería
La relación entre la transición energética, la minería y los desafíos políticos es evidente. Por eso, en el marco del XI Foro Social Panamazónico (FOSPA), los movimientos sociales, los ecologistas y, los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes hemos dedicado una gran cantidad de tiempo a debatir las alternativas al desarrollo y al modelo extractivista, impuesto por el mercado y la acumulación de capital. En los hechos, la llamada “transición energética”, centrada exclusivamente en las emisiones de carbono, ha llevado a un aumento de la dependencia mineral. Y esto afecta gravemente a la Amazonia.
Se revela una contradicción en la transición energética, ya que la generación de energía renovable depende de recursos minerales no renovables. La expansión de esta industria y su conexión con el modelo de consumo del Norte Global amenazan áreas esenciales para la estabilidad climática, como la Amazonia. El llamado “colonialismo energético” evidencia la necesidad de un enfoque más amplio de la transición, considerando las dimensiones territorial, social y ambiental, y no limitándose a la electrificación o digitalización del consumo.
La declaración de la Amazonía como un territorio libre de minería y una zona prohibida a las industrias extractivas significa una reparación colonial y una precaución para la seguridad global dado su papel en la regulación climática. Es necesario un cambio transformador en nuestra relación con la Naturaleza. Debemos promover alternativas económicas post-extractivistas y políticas adecuadas que consideren la participación popular y la preservación de los bienes comunes. La presión sobre Canadá sería una estrategia efectiva para controlar y limitar las empresas mineras, priorizando un enfoque más territorial y equitativo hacia la transición energética. No podemos repetir el mismo ciclo de violencia y destrucción planetaria en la Amazonía. Es imperativo trascender el paradigma colonial extractivista de desarrollo y priorizar la vida sobre los intereses económicos.
Gabriela Sarmet es asesora de Amazon Watch en Brasil, coordinadora del Decolonial Centre (DCC) y Magíster en Violencia, Conflicto y Desarrollo por SOAS. Además, investiga los conflictos relacionados a la tierra y las conexiones entre gobiernos y sectores extractivos en la Amazonía y la Mata Atlántica.