La agresión sexual, incluida la violación y el asesinato posterior, es la forma más prevalente de violencia perpetrada contra mujeres y niñas indígenas en la región de las Chittagong Hill Tracts. De este modo, viven bajo una “cultura de impunidad”, donde la violencia sexual se utiliza como un arma de control político y territorial. La perpetuación de la cultura de impunidad no es el resultado de meras instituciones débiles, sino más bien una consecuencia de la opresión estatal sistemática y deliberada contra los Pueblos Indígenas, que involucra militarización y el asentamiento de colonos en la región.
Durante décadas, la región de las Chittagong Hill Tracts (CHT) fue sometida a la militarización y a un programa de asentamiento patrocinado por el Estado, que comenzó en 1979 como una ingeniería demográfica. Más de 400.000 bengalíes sin tierra y en situación de indigencia fueron reubicados en los territorios indígenas de la región y provistas de raciones de alimentos hasta hoy. A pesar de que las regulaciones prohíben a ciudadanos no indígenas poseer tierras en las CHT, el número de bengalíes continuó creciendo exponencialmente. Este cambio demográfico transformó a los Pueblos Indígenas de aproximadamente el 96 por ciento de la población en 1940 al 50 por ciento para 2022.
En 1997, el Acuerdo de Paz firmado entre el movimiento indígena que lideró la resistencia y el partido gobernante incluyó disposiciones para resolver los conflictos de tierras entre los Pueblos Indígenas y los colonos, y para desmilitarizar las CHT mediante la remoción de más de 230 campamentos militares temporales. Si el Acuerdo de las CHT hubiera sido implementado en su totalidad, la ocupación militar y la expansión de colonos podrían haberse detenido. Sin embargo, la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar el tratado resultó en la continuidad de un régimen militar de facto en la región.
Existe una relación simbiótica entre la fuerza militar y el establecimiento de colonos. Estos dependen de la protección militar para reclamar, retener y expandir su propiedad sobre la tierra, mientras que el ejército consolida su poder en las CHT a partir de los colonos que actúan como soporte civil y, en ocasiones, como instrumentos contra la resistencia indígena. En este contexto, cuando la violencia sexual contra mujeres o niñas indígenas es perpetrada por bengalíes, el ejército y las instituciones estatales protegen a los perpetradores.
Un patrón que se repite: la falta de cooperación policial
Las medidas para encubrir delitos de violencia sexual siguen un patrón recurrente, especialmente en los casos que generan indignación pública. Y los casos que alcanzan mayor visibilidad nacional e internacional suelen ser los menos propensos a resultar en justicia para las víctimas. Paradójicamente, cuanta más atención reciben, más esfuerzos se activan por parte de las agencias estatales para proteger a los perpetradores. En algunos casos extremos, culminan en ataques contra toda la comunidad indígena por parte de los colonos bengalíes, lo que resulta en muertes y destrucción. Existen cuatro casos de violencia sexual en la última década que ilustran cómo se les niega justicia a las víctimas indígenas.
En primer lugar, cuando familiares de las víctimas intentan presentar denuncias por violencia sexual presuntamente perpetrada por colonos, los oficiales a cargo se muestran renuentes a recibirlas. Tras mucha persuasión e insistencia, cuando la policía finalmente acepta recibir o registrar un caso, la información crítica (como relatos de testigos o detalles específicos cruciales para la investigación futura) suele omitirse o tergiversarse. Esto se hace intencionalmente para dejar espacio a dudas y permitir una narrativa alternativa que, en última instancia, protegerá a los perpetradores de la rendición de cuentas.
En 2018, cuando dos hermanas marma acudieron a un hospital por lesiones sufridas tras haber sido presuntamente violadas por dos soldados, las detuvieron ilegalmente en una sala abandonada del mismo hospital.
Cuando dos hermanas marma acudieron a un hospital por lesiones sufridas tras haber sido presuntamente violadas por dos soldados, las detuvieron ilegalmente.
En septiembre de 2025, una niña indígena marma de 12 años afirmó que había sido violada por tres colonos bengalíes. Según el padre, cuando presentó la denuncia, la policía lo presionó para describir a los perpetradores como “tres hombres no identificados”, pese a existir relatos de testigos que habían visto a tres bengalíes siguiéndola antes del incidente. Tres la violación y asesinato de una mujer chakma en 2014, el esposo proporcionó los nombres de tres sospechosos basándose en testimonios. La policía omitió deliberadamente esos nombres al redactar el caso y, sin informar los cambios al esposo (quien era analfabeto), obtuvo su firma en el documento al día siguiente.
En mayo de 2025, el comisionado distrital y la policía cuestionaron si se había cometido un delito cuando una mujer indígena khyang fue brutalmente asesinada tras una presunta violación, pese a existir evidencia clara de homicidio. Su cuerpo fue hallado desnudo y con el cráneo aplastado. En el comunicado de prensa, la policía omitió un testimonio de que había sido acosada por tres bengalíes el día anterior. En 2018, cuando dos hermanas marma acudieron a un hospital distrital por lesiones sufridas tras haber sido presuntamente violadas por dos soldados militares, las agencias de aplicación de la ley las detuvieron y confinaron ilegalmente en una sala abandonada del mismo hospital durante más de tres semanas.
Manipulación de evidencia médica y complicidad institucional
Los exámenes médicos forenses son esenciales para sustentar casos de agresión sexual. Tras la presentación de denuncias, si ya han ocurrido manifestaciones públicas exigiendo justicia y condena, la autoridad médica retrasa la emisión de los informes y, eventualmente, arrojan un resultado negativo. En el caso de las dos hermanas marma, el primer informe médico presentado fue retenido por las agencias de seguridad y, dos semanas después, se presentó un segundo informe, generado por otro médico, cuyo resultado era negativo.
Los examinadores médicos se arriesgan a sufrir represalias si se niegan a manipular informes. En una ocasión, incluso se presentó repentinamente una denuncia falsa por corrupción contra el examinador pocos días después de que produjera el primer informe médico. Esto arruinó su carrera médica en el servicio público. De este modo, la denuncia falsa funcionó como castigo por no realizar un informe falso, como coerción para mantener su silencio sobre el caso en curso y como advertencia para otros examinadores médicos sobre las consecuencias de no cumplir.
Los examinadores médicos se arriesgan a sufrir represalias si se niegan a manipular informes. En una ocasión, se presentó una denuncia falsa por corrupción contra el examinador pocos días después de que produjera el primer informe médico.
Los examinadores médicos se arriesgan a sufrir represalias si se niegan a manipular informes. En una ocasión, se presentó una denuncia falsa por corrupción.
El informe médico de la niña marma fue retenido durante varios días. El documento confidencial de la menor, que contenía su fotografía y sus datos personales, fue filtrado y difundido en medios en línea administrados por colonos y en algunos de los medios de nayor audiencia, incluso antes de haber sido entregado a la policía por la autoridad hospitalaria. Paralelamente, en los días previos, las organizaciones de colonos realizaron manifestaciones afirmando que no había ocurrido ninguna violación, lo que indica un aparente conocimiento previo del resultado del informe.
Los datos del informe fueron visiblemente alterados. La fecha del examen fue sobreescrita por una nueva y firmada por los examinadores con la fecha anterior. Al hacerlo, no pudieron evitar inconsistencias en la información brindada. Ninguna autoridad relevante emprendió investigación alguna sobre la divulgación no autorizada del informe confidencial ni sobre las discrepancias.
Control narrativo a través de los medios
En los últimos años, los medios tradicionales, los portales de noticias y las redes sociales han sido utilizados para propagar las narrativas que deslegitiman las demandas de los Pueblos Indígenas. Mientras las movilizaciones indígenas reciben una cobertura mínima, las manifestaciones lideradas por colonos son ampliamente difundidas. Asimismo, los medios funcionan como instrumentos de propaganda pro-militar. Al mismo tiempo, numerosos colonos administran portales de noticias y redes sociales que difunden noticias falsas sobre la resistencia indígena. Esta campaña busca presentar a los Pueblos Indígenas como fuerzas antiestatales y a los defensores de derechos indígenas como separatistas.
En este contexto, cuando los Pueblos Indígenas intensifican su demanda de justicia por los crímenes cometidos contra mujeres y niñas, se lanza una campaña coordinada para desplazar el debate público desde la justicia para las víctimas hacia la sospecha sobre las intenciones de las protestas indígenas. La generación de un informe médico negativo resulta esencial para promover la narrativa de que “separatistas indígenas” utilizan falsas acusaciones de violación para crear agitación contra el ejército y los colonos bengalíes con el objetivo de desestabilizar la región.
Puede afirmarse que la misma estructura que otorga impunidad sistemática a los perpetradores de violencia sexual también garantiza impunidad frente a la violencia comunal posterior contra comunidades indígenas que buscan justicia.
La misma estructura que otorga impunidad a los perpetradores de violencia sexual también garantiza impunidad frente a la violencia posterior contra comunidades que buscan justicia.
En casos extremos, se orquestan ataques contra comunidades indígenas para intimidar, reforzar la narrativa propagandística y desviar la atención de las demandas de justicia. En el caso de violación y asesinato de la mujer chakma en 2014, los colonos lanzaron una serie de ataques comunales contra aldeas indígenas utilizando rumores sobre la desaparición de un niño bengalí. En el caso de la niña marma, ataques e incendios se extendieron por el distrito durante dos días, causando al menos tres muertos, decenas de indígenas heridos y la destrucción de propiedades. Existen fuertes alegaciones de que el ejército respaldó los ataques y disparó contra aldeanos. Estos ataques siguieron el mismo patrón de difusión de rumores sobre agresiones indígenas contra colonos bengalíes, mientras que el uso coordinado de redes sociales amplificó su impacto.
No se iniciaron investigaciones sobre los ataques comunales en ninguno de los dos casos. Por el contrario, en el caso de la niña marma se presentaron cargos falsos contra más de una docena de jóvenes indígenas bajo varias leyes, incluida la Ley de Poderes Especiales, una ley draconiana frecuentemente utilizada para reprimir a los Pueblos Indígenas. Puede afirmarse razonablemente que la misma estructura que otorga impunidad sistemática a los perpetradores de violencia sexual también garantiza impunidad frente a la violencia posterior contra las comunidades indígenas que buscan justicia.
Este artículo sintetiza testimonios de defensores de derechos indígenas que trabajan en las Chittagong Hill Tracts, junto con informes de fuentes documentadas.
Rani Yan Yan es defensora de derechos humanos de los Pueblos Indígenas con una década de experiencia en la búsqueda de justicia para víctimas indígenas de violencia sexual. Se desempeña como Asesora del Círculo Chakma, una de las instituciones de gobernanza indígena en las Chittagong Hill Tracts.