Los planes para convertir la “naturaleza positiva” en una nueva clase de activo avanzan rápidamente. Gobiernos, bancos y ONG de conservación promueven los créditos de biodiversidad como herramientas innovadoras para cerrar la brecha mundial de financiamiento para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, para los Pueblos Indígenas que habitan algunas de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, estos mercados emergentes corren el riesgo de repetir e incluso profundizar los impactos ya observados con las compensaciones de carbono y los bancos de biodiversidad.
Los créditos de biodiversidad se han posicionado como una herramienta central para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), adoptado en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), particularmente a través de la Meta 19 sobre movilización de recursos. Esta meta exige al menos 200.000 millones de dólares anuales para 2030 y alienta explícitamente: “Mecanismos innovadores como los pagos por servicios ecosistémicos, los bonos verdes, las compensaciones y los créditos de biodiversidad, y los mecanismos de distribución de beneficios”.
Un crédito representa una “unidad” cuantificada, medible y comercializable de un resultado positivo para la biodiversidad, como la restauración o protección de determinados ecosistemas o especies. Las principales iniciativas insisten que, a diferencia de las compensaciones tradicionales, estos créditos deberían servir únicamente como inversiones adicionales en biodiversidad y no como mecanismos para compensar daños causados en otros lugares. En este marco, se los presenta como una herramienta voluntaria para empresas e inversores que buscan demostrar contribuciones “positivas para la naturaleza”. Sin embargo, la distinción entre créditos y compensaciones sigue siendo poco clara en la práctica.
Varios esquemas impulsados por Estados y actores privados han explorado el “uso dual”, mediante el cual las unidades de biodiversidad contribuyen tanto a requisitos regulatorios de compensación como a mercados voluntarios de “créditos para la naturaleza”. Sin embargo, esta posibilidad sigue siendo objeto de controversia debido a preocupaciones relacionadas con la doble contabilización y la integridad de los sistemas. Los enfoques nacionales varían. La Ley de Medio Ambiente de Inglaterra de 2021 estableció un mercado regulado obligatorio de unidades de biodiversidad. Nueva Zelanda, por su lado, apoya actualmente un mercado voluntario y gestionado por actores privados, que eventualmente podría interactuar con los mecanismos regulatorios de compensación.
La promoción del financiamiento privado
Los principales organismos de certificación de carbono y consultoras también están ingresando en este ámbito. Organizaciones como Verra, South Pole, Plan Vivo, rePLANET, Terrasos y ValueNature han desarrollado metodologías para certificar resultados positivos para la biodiversidad y crear unidades comercializables. El atractivo es evidente: un nuevo producto para inversores y empresas, y una nueva fuente de ingresos para intermediarios que ya controlan gran parte del mercado de carbono.
Una creciente red de iniciativas está configurando la arquitectura de las finanzas para la naturaleza y promoviendo mercados de biodiversidad de “alta integridad”: la Biodiversity Credit Alliance, la plataforma Financing for Nature del Foro Económico Mundial, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) y el Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Paralelamente, iniciativas como el Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad están impulsando una Hoja de Ruta Global para los créditos de biodiversidad mediante procesos voluntarios y multipartícipes.
La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos.
La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios y recursos.
En la COP 16 del CDB, los gobiernos priorizaron la movilización de financiamiento privado para el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la puesta en funcionamiento del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad, pero evitaron respaldar formalmente los mercados de créditos de biodiversidad. Aunque el Fondo reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas y contempla salvaguardas sociales, persisten serias dudas sobre cómo se garantizará el cumplimiento de estos compromisos en la práctica. Especialmente, a medida que aumente la financiación para la biodiversidad.
En julio de 2025, la Comisión Europea publicó su Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza, un marco basado en el mercado destinado a movilizar inversiones del sector privado para la conservación de la biodiversidad, bajo la premisa de que la financiación pública por sí sola es insuficiente. La Hoja de Ruta no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos. Tampoco enfrenta de manera suficiente los impulsores estructurales de la pérdida de biodiversidad, como los subsidios perjudiciales para la biodiversidad, los flujos financieros y los sistemas de producción.
¿Puede la biodiversidad estandarizarse y venderse?
Sus defensores sostienen que los créditos de biodiversidad pueden desbloquear financiamiento para la conservación, recompensar una buena gestión ambiental e incentivar mejores prácticas empresariales. Sin embargo, el enfoque de la “brecha de financiamiento” adoptado en el MMBKM oculta el hecho de que las propuestas actuales dependen en gran medida del capital privado de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Esto refuerza patrones en los que los Estados y las corporaciones más ricas mantienen el control sobre los flujos de “financiamiento para la naturaleza”.
De este modo, los créditos de biodiversidad corren el riesgo de reproducir dinámicas coloniales, al concentrar el poder de decisión y la extracción de valor en el Norte Global, mientras los territorios y pueblos del Sur Global son presentados como espacios de “reparación” ambiental. El lenguaje técnico de la “integridad de los mercados” termina sosteniendo un proyecto político que preserva patrones económicos extractivos, al tiempo que desplaza la responsabilidad por los daños ecológicos hacia los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades racializadas.
Las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.
Las estrategias privilegian los instrumentos del mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.
No obstante, los desafíos fundamentales suelen presentarse como cuestiones técnicas: definir una unidad de biodiversidad que sea científicamente sólida, medible y escalable. En la práctica, estos esfuerzos se enfrentan a problemas ecológicos y éticos más profundos. La biodiversidad está profundamente ligada al lugar: los ecosistemas no son intercambiables, sus relaciones son complejas y, a menudo, solo se comprenden de manera parcial. Los intentos de definir una “equivalencia ecológica” ya han fracasado en los sistemas de compensación de biodiversidad. Una revisión global concluyó que la mayoría de estos esquemas no logró cumplir su promesa de “ninguna pérdida neta”, debido a un monitoreo deficiente, una aplicación débil de las normas y plazos poco realistas para la restauración.
También existe una cuestión más amplia sobre la dependencia de los mercados para resolver una crisis impulsada, en gran medida, por la acumulación de riqueza. Las herramientas económicas, como los créditos, deberían complementar —y no sustituir— la regulación, la financiación pública y las formas colectivas de gobernanza. Sin embargo, las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.
Los territorios indígenas en la primera línea de las finanzas para la biodiversidad
Muchos proyectos piloto de créditos de biodiversidad se están desarrollando en el Sur Global, particularmente en territorios boscosos gobernados por Pueblos Indígenas. Se trata de las mismas tierras que han albergado proyectos de compensación de carbono durante las últimas dos décadas, frecuentemente acompañados por violaciones de derechos y conflictos sociales. Las áreas protegidas se han establecido de manera reiterada sin reconocer la tenencia consuetudinaria, sin garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y con severas restricciones a los medios de vida tradicionales. Es probable que los créditos de biodiversidad intensifiquen estas dinámicas de diversas maneras:
Presión sobre la tierra. La asignación de un valor financiero a los resultados de conservación de la biodiversidad hace que los territorios indígenas resulten más atractivos para los inversores en conservación, especialmente allí donde los derechos territoriales siguen sin resolverse, lo que genera el riesgo de acuerdos de gestión a largo plazo que marginen a las instituciones consuetudinarias.
Control y vigilancia. Los sistemas de verificación, como sensores remotos, indicadores estandarizados y tokens digitales, desplazan los conocimientos y sistemas de gobernanza indígenas al otorgar prioridad a expertos externos y, al mismo tiempo, posibilitar el monitoreo de la forma en que las comunidades utilizan sus propios territorios.
Contratos injustos. Al igual que ocurre con los proyectos de carbono, las comunidades suelen carecer de asesoramiento jurídico independiente; los contratos pueden ser firmados por grupos reducidos de liderazgo sin consentimiento colectivo, mientras que las pequeñas y poco transparentes participaciones en los ingresos son vulnerables a la captura por élites.
División y criminalización. Cuando hay sumas importantes de dinero en juego, los intermediarios pueden explotar las diferencias internas para obtener consentimiento. Quienes cuestionan los proyectos corren el riesgo de ser etiquetados como opositores al desarrollo o una amenaza para la conservación, una preocupación especialmente grave en un contexto de creciente criminalización y asesinato de personas defensoras del ambiente.
Detrás de estos riesgos concretos subyace un conflicto más profundo de valores. Las metodologías de los créditos de biodiversidad reducen la naturaleza a aquello que puede contarse, valorarse económicamente y comercializarse, mientras que muchos sistemas de conocimiento indígenas se basan en la responsabilidad, la reciprocidad y el carácter sagrado de la naturaleza, donde el territorio no puede fragmentarse en mercancías. Cuando esta visión relacional del mundo es tratada como un obstáculo y no como un fundamento para las políticas públicas, los créditos de biodiversidad se convierten en otra herramienta de colonización.
¿La integridad de quién?
En respuesta a las crecientes críticas, las iniciativas de créditos de biodiversidad destacan principios de “alta integridad”, como una gobernanza sólida, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), una distribución equitativa de beneficios y mecanismos de reclamación. Algunos fondos multilaterales incluso reconocen a los Pueblos Indígenas como custodios de la biodiversidad. Sin embargo, existe una marcada brecha entre el discurso y la práctica. Los principios y metodologías fundamentales están siendo diseñados por coaliciones de instituciones financieras, ONG de conservación y organismos de establecimiento de estándares, con una participación indígena limitada o incorporada en etapas tardías.
Desde la adopción del MMBKM, numerosas organizaciones indígenas, entre ellas el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, han advertido reiteradamente que los mercados de biodiversidad corren el riesgo de reproducir las dinámicas de despojo, desigualdad y control territorial observadas en los proyectos de compensación de carbono. Estas organizaciones subrayan que el financiamiento para la biodiversidad debe abordar las injusticias históricas, fortalecer la financiación directa para los Pueblos Indígenas y evitar la mercantilización de la naturaleza a costa de debilitar la gobernanza territorial colectiva. Cualquier marco emergente de créditos de biodiversidad debe incorporar de manera crítica estas posiciones.
La gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad.
Se necesitan normas vinculantes para evitar el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos.
Se requieren tres transformaciones fundamentales para evitar que los créditos de biodiversidad reproduzcan los daños asociados a los mercados de carbono. En primer lugar, los derechos deben preceder a los mercados: el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y formas colectivas de tenencia debe ser una condición previa para cualquier esquema de créditos, y no una aspiración futura. Esto implica la plena implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al CLPI y a la libre determinación, tanto en la legislación como en la práctica.
En segundo lugar, la gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones, y no meramente consultivos, en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad, con financiamiento específico y respeto por la diversidad de sistemas de conocimiento. En tercer lugar, el papel de los créditos debe ser limitado. No deben servir para legitimar actividades destructivas mediante mecanismos de compensación ni para sustituir la regulación y la financiación pública. Por eso, se necesitan normas vinculantes para evitar la doble contabilización, el lavado verde y el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos de infraestructura en otros lugares.
Elegir un camino diferente
El impulso a los créditos de biodiversidad busca responder a un problema real: la insuficiente financiación crónica para la biodiversidad, especialmente en contextos donde los Pueblos Indígenas son sus principales custodios, pese a haber sufrido una histórica marginación. Sin embargo, la financiación directa de iniciativas de conservación lideradas por Pueblos Indígenas, junto con reformas legales destinadas a garantizar los derechos territoriales y de gobernanza, probablemente produciría resultados mucho más duraderos que los esquemas especulativos de créditos.
Que los Pueblos Indígenas decidan o no participar en estos mercados es una cuestión de libre determinación. Sin embargo, cualquier decisión debe basarse en el Consentimiento Libre, Previo e Informado, con información transparente sobre los riesgos y las alternativas existentes. Los gobiernos y los actores privados no deben considerar los esquemas de créditos como un atajo para evitar decisiones más difíciles, como poner fin a las industrias destructivas y enfrentar las relaciones de poder desiguales.
La cuestión fundamental es qué visiones de la naturaleza, el desarrollo y la justicia definirán el futuro. Si los créditos de biodiversidad simplemente reafirman la lógica extractiva que generó la crisis de biodiversidad, representarán una nueva ronda de sacrificios impuesta a los Pueblos Indígenas.
Rosario Carmona es doctora en Antropología y trabaja como consultora del programa sobre clima del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
Silje Heldt Zaltzman trabaja como asesora en biodiversidad para el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
Fer Rojas es doctora en Geografía y se desempeña como profesora asistente en el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.