En el país centroamericano, la población indígena representa solamente el 1,8% de la población nacional y su participación política ha sido sumamente limitada. La reciente victoria de Laura Fernández significa un viraje histórico hacia un gobierno conservador y una presidenta conservadora. Al nombrar al presidente saliente, Rodrigo Chaves Robles, como figura central de su gabinete, preanuncia una línea de continuidad con las políticas de los últimos cuatro años. De este modo, los Pueblos Indígenas no tienen razones para ilusionarse: todo parece indicar que la recuperación de tierras continuará empantanada en los trámites burocráticos.
La república de Costa Rica, considerada como una de las dos democracias plenas de toda Latinoamérica, vive grandes cambios económicos, sociales y políticos. El 1° de febrero, a solo tres horas de cerradas las urnas electorales, se anunció la inminente victoria de la candidata conservadora Laura Fernández Delgado. La elección nacional evidenció grandes cambios en el ámbito político: se definió en primera ronda electoral y fue la segunda vez que el pueblo eligió a una mujer presidenta. El presidente saliente, Rodrigo Chaves Robles, asumió dos ministerios centrales: el de Hacienda y el de la Presidencia. Paralelamente, se debilitó el multipartidismo de la Asamblea Legislativa.
Si bien históricamente el pueblo costarricense ha optado por candidatos presidenciales de centro, la elección de 2026 demostró un viraje a un gobierno conservador, con propuestas de “mano dura” a los crecientes desafíos que sufre el país. De igual manera, los diversos Pueblos Indígenas de Costa Rica mostraron un comportamiento similar al resto de la población. En las Juntas Electorales de Boruca (de mayoría indígena Brunka) y Amubri (de mayoría Bribri), el apoyo a la presidenta electa rondó el 57%. A nivel nacional, se estima que un 58% de la población que votó en territorios indígenas lo hizo por Laura Fernández.
El amplio apoyo de la población indígena a un gobierno conservador genera una serie de interrogantes: a qué razones respondió y si este gobierno representa un avance o retroceso en materia de derechos de los Pueblos Indígenas. Las dudas aparecen porque la Presidenta electa prometió “continuidad” al gobierno anterior, cuya retórica buscó deslegitimar los procesos de recuperación de tierras de los Pueblos Indígenas. Además, anunció el interés de avanzar con el controversial proyecto hidroeléctrico el Diquís. Este último fue suspendido en el 2011 durante la visita del ex Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Y, posteriormente, fue cancelado en el 2016.
El voto indígena a una presidenta conservadora
La presidenta contó con un amplio apoyo en las zonas costeras y rurales. Históricamente, estas zonas han tenido un lugar secundario en las prioridades de la política e inversión pública. Esta situación contrasta con lo que se percibe que ocurre en el valle central, la región del país que concentra más del 60% de la población y tiene cuatro de las principales ciudades, incluida la capital. Los ocho Pueblos Indígenas, que habitan 24 territorios legalmente reconocidos en Costa Rica, se encuentran a largas distancias de la capital. La mayoría de estos territorios se encuentran en el Pacífico y el Atlántico Sur, dentro de los cantones con menor índice de desarrollo humano del país. La retórica populista de la anterior y actual administración resonó en un amplio sector de la población que no se ha visto representada ni escuchada por los gobiernos centrales.
En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una serie de crecientes retos: una crisis educativa catalogada como el “apagón educativo”; una creciente desigualdad, dado que es es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); un aumento en el costo de vida; y la creciente e insólita crisis de inseguridad. En los últimos tres años, durante la administración de Chaves Robles, tuvo las tasas de homicidio más altas de su historia: 907 homicidios en 2023; 880 en 2024; y 873 en 2025. En efecto, el año 2023 fue el más violento de la historia del país, con una tasa de homicidios de 17,1 por cada 100,000 habitantes. La mayoría de estos homicidios están vinculados a disputas territoriales del crimen organizado y el narcotráfico.
En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder.
La escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En siete décadas, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir en la estructura de poder.
Los Pueblos Indígenas no son ajenos a esta creciente violencia. Dos defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas fueron asesinados en un contexto de defensa de tierras indígenas. El líder Sergio Rojas del pueblo Bribri fue asesinado en el 2019 por su defensa y liderazgo en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente por personas no indígenas. En un contexto similar, el líder del pueblo Brörán (Teribe), Jerhy Rivera, fue asesinado en 2020. Rojas y Rivera habían cumplido un rol fundamental en la defensa de las tierras indígenas en Costa Rica, de las cuales alrededor del 43% están en manos de personas no indígenas.
En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder: el país nunca ha tenido un ministro o viceministro indígena, y en la Asamblea Legislativa solo una persona autoidentificada como indígena ha ocupado un curul (escaño) recién durante el periodo 2022-2026. Esta ausencia no responde únicamente al tamaño poblacional (apenas 1,8% de la población nacional se identifica con un pueblo específico), sino a un sistema electoral que no prevé mecanismos diferenciados de participación para los Pueblos Indígenas.
Un plan de gobierno que no promete nada nuevo
En este contexto, el plan de gobierno de Laura Fernández promete “garantizar la dignidad humana de nuestra población indígena”, incluyendo el compromiso de fortalecer la participación política mediante “mecanismos de consulta eficientes y eficaces”. Esta consigna parece vacía de contenido debido a que promete algo que, jurídicamente, ya existe: desde 2018, Costa Rica cuenta con un mecanismo de consulta construido junto a los ocho Pueblos Indígenas.
El plan también promete “fortalecer el modelo de gobernanza” de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), una institución fundada en 1973 que arrastra décadas de cuestionamientos. Tras su visita a Costa Rica en 2021, el entonces Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Francisco Calí Tzay. documentó que la CONAI es “otra institución impuesta a los Pueblos Indígenas por el Estado y es inoperante”. Este pronunciamiento reafirmó la posición del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), que dos décadas antes ya había señalado que “en el pasado no ha cumplido sus funciones y tareas”.
La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional que fue del 30,92%.
La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%.
La promesa de “continuar con la recuperación y devolución de tierras” hereda un historial de bajo cumplimiento. El plan diseñado desde 2014 por el Ministerio de Justicia y Paz ha avanzado con lentitud frente a un problema de fondo: cerca del 43% del territorio legalmente reconocido a los Pueblos Indígenas permanece en manos de personas no indígenas. Este problema es central y crítico. Existen territorios indígenas como China Kichá del pueblo Bribri y Altos de San Antonio del pueblo Ngöbe, en los cuales los indígenas tienen control de solamente entre el 2 y el 3 por ciento de las tierras que legalmente les pertenecen. La falta de mecanismos efectivos, recursos e interés político han generado conflictos que costaron la vida a los líderes Sergio Rojas y Jerhy Rivera.
Frente a este historial, las promesas de campaña de Laura Fernández fueron recibidas con desconfianza. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) acusó a la entonces candidata de instrumentalizar las demandas de sus comunidades: ”Repudiamos la práctica de Laura Fernández y Fernando Zamora utilizando nuestras necesidades y derechos como mecanismo de campaña”. La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional que fue del 30,92%.
Una contradicción para los Pueblos Indígenas
¿Hasta dónde llega la “continuidad” que promete la nueva presidenta? Laura Fernández ofrece una pista importante. Nombró al expresidente Rodrigo Chaves Robles, quien terminó su periodo presidencial en mayo del 2026, como ministro de la Presidencia y de Hacienda. Este es un movimiento sin precedentes recientes en la política costarricense: mantuvo al expresidente como principal operador político y económico del nuevo gobierno. De este modo, extendió su inmunidad frente a investigaciones abiertas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones.
En consecuencia, el panorama que deja este ciclo electoral aparenta ser de continuidades más que de rupturas. En este punto existe una contradicción para los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Por un lado, un gobierno que ganó con amplio respaldo en territorios indígenas y que incluye en su plan de gobierno promesas explícitas de participación política, fortalecimiento institucional y devolución de tierras. Por otro, la continuidad de un gobierno cuya retórica y acciones dejaron entrever la falta de apoyo a los temas clave hacia las demandas de recuperación territorial.
Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución de tierras a los Pueblos Indígenas.
Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la devolución de tierras a Pueblos Indígenas.
En balance, el respaldo electoral de las comunidades indígenas a Laura Fernández no parece, entonces, resultado de una identificación profunda con su agenda hacia los Pueblos Indígenas. Más bien, podemos observar un reflejo de dinámicas más amplias, como el abandono histórico de las zonas rurales y costeras alejadas del Valle Central y la fatiga con un sistema de partidos tradicionales percibido como ajeno.
Los próximos cuatro años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución efectiva de tierras a los Pueblos Indígenas. Por otro lado, se podrían materializar las advertencias de organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), acerca de promesas de campaña que solo instrumentalizan las necesidades indígenas, sin atender sus causas estructurales. El elevado abstencionismo en los territorios indígenas sugiere que buena parte de la población ya no espera que ninguna de las dos respuestas provenga de las urnas.
Alancay Morales Garro es miembro del Pueblo Indígena Brunka de Costa Rica y asesor en Empresas y Derechos Humanos en International Work Group for Indigenous Affairs. Además, es licenciado en Derecho y Políticas de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Arizona e ingeniero electricista por la Universidad de Costa Rica.