México: autonomías bajo asedio en contextos de violencia extrema

En México ocurre un fenómeno paradójico. Si bien en los últimos años se ha registrado un avance importante en el reconocimiento jurídico de los derechos de libre determinación y autonomía, estos enfrentan dificultades en su materialización. Al mismo tiempo, amplias regiones indígenas experimentan una creciente expansión de la violencia criminal. De este modo, las autonomías indígenas se desarrollan entre las economías ilegales e intereses extractivos. En numerosos casos, son presionadas por actores gubernamentales que colaboran con esos grupos. Así, el crimen no constituye un fenómeno externo a la territorialidad indígena, sino una fuerza que penetra en los territorios, captura las instituciones locales, reconfigura relaciones comunitarias y amenaza las bases del autogobierno indígena.

El libro “México: autonomías de norte a sur en escenarios diversos”, publicado por IWGIA (2026) y coordinado por las autoras de este artículo, evidencia que la violencia criminal no se limita a un problema de seguridad pública: la criminalidad organizada constituye un mecanismo de control territorial que busca controlar recursos naturales, rutas estratégicas, actividades productivas y estructuras de gobierno comunitario. Los estudios de caso demuestran que, en muchos lugares, las autonomías indígenas se han convertido en espacios de disputa política entre proyectos comunitarios de autodeterminación y actores criminales interesados en controlar los territorios. 

Un libro que explica la erosión de la autonomía indígena

El Doctor en Sociología Carlos Rafael Rea revela que, en el estado de Nayarit, las comunidades indígenas quedan atrapadas en la confrontación armada entre organizaciones criminales, que generan desplazamiento forzado, reclutamiento de jóvenes, control económico de la vida cotidiana y erosión de las instituciones propias. La autonomía no desaparece de manera inmediata, pero sí experimenta un proceso de erosión y debilitamiento progresivo frente a poderes criminales capaces de sustituir o condicionar a las autoridades comunitarias. 

En Guerrero, el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), analizado por Evangelina Sánchez y Claudia Rangel, da cuenta de las complejidades de la relación entre criminalidad y autonomía. La experiencia muestra cómo las formas comunitarias de seguridad y justicia pueden convertirse en objetivos prioritarios de actores criminales y de intereses externos que buscan debilitarlas y fragmentar estos esfuerzos de resistencia. La violencia contra dirigentes, la cooptación y los intentos de desarticulación organizativa irrumpen como mecanismos recurrentes para reducir la capacidad de defensa comunitaria.

Los estudios de caso muestran cómo los grupos criminales instrumentalizan prácticas y mecanismos de la organización indígena para obtener legitimidad o acceso al poder local, produciendo una transformación profunda de la vida comunitaria. El análisis de Enriqueta Lerma sobre el pueblo Yaqui introduce la noción de “narcoetnocidio” para explicar cómo la criminalidad organizada no sólo ejerce violencia física, sino que también interviene sobre las estructuras políticas, simbólicas y culturales de la comunidad. En el mismo sentido, Medardo Tapia desarrolla el concepto de “acumulación social de la violencia” que explica el incremento de homicidios, extorsiones y otras formas de inseguridad que afectan la vida comunitaria en Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan, en el estado de Morelos.

Los ataques al autogobierno indígena

A lo largo de los capítulos, también se documenta el carácter difuso de las fronteras entre violencia criminal y violencia estatal. La profesora e investigadora Carmen Ventura examina las luchas de las comunidades nahuas y p’urhépechas por la defensa de sus territorios y la construcción de autonomías en escenarios de violencia estructural y despojo. La autora documenta cómo los Pueblos Indígenas de México enfrentan amenazas derivadas de economías ilegales, megaproyectos extractivos y políticas estatales excluyentes. 

Otros estudios destacan el despojo territorial, la captura de gobiernos locales, las amenazas a autoridades tradicionales, el asesinato de liderazgos comunitarios, el reclutamiento forzado de jóvenes y los desplazamientos de población. Los artículos demuestran que estos mecanismos no operan de manera aislada, sino como parte de estrategias complejas orientadas a controlar territorios indígenas y neutralizar formas autónomas de organización. 

Las múltiples evidencias presentadas dan cuenta de que el crimen organizado ataca directamente las instituciones de autogobierno, las formas de organización comunitaria y los proyectos de libre determinación de los Pueblos Indígenas.

El crimen organizado ataca directamente las instituciones de autogobierno, las formas de organización comunitaria y la libre determinación indígena.

Otros Pueblos Indígenas viven procesos de desarticulación, debilitamiento de sus instancias de decisión y de protección comunitaria. Enfrentan una “captura comunitaria” consistente en la compra de lealtades de sus autoridades, que se convierten en portavoces de los intereses de actores económicos hegemónicos y de economías ilegales, ya sea a través de prebendas o por el uso de la fuerza. 

Las múltiples evidencias presentadas dan cuenta de que el crimen organizado no sólo produce homicidios, desplazamientos o miedo, sino que ataca directamente las instituciones de autogobierno, las formas de organización comunitaria y los proyectos de libre determinación de los Pueblos Indígenas. Este análisis contribuye a replantear el debate sobre autonomías indígenas, para ir más allá de las discusiones centradas en la dimensión jurídica, y colocarlo en la perspectiva de la seguridad territorial, la defensa comunitaria y la persistencia de los pueblos en contextos de violencia extrema.

Las respuestas de los Pueblos Indígenas

Las comunidades reconfiguran sus gobiernos comunales, crean nuevas instancias para la construcción de consensos, estrechan relaciones regionales y, establecen alianzas para posicionarse en los procesos de negociación y en las estrategias de movilización política. En otros casos, recurren al derecho: para interponer amparos ante la violación de su derecho a la consulta previa y el despojo de sus territorios; solicitar la suspensión de obras; impedir la aplicación de leyes contra sus prácticas autonómicas; denunciar la contaminación de sus ecosistemas; reclamar por la liberación de sus presos; y pedir justicia para los desaparecidos y asesinados. Finalmente, acuden a organismos de derechos humanos para pedir protección y exigir el respeto a su libre determinación. 

Experiencias organizativas regionales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en la Costa Montaña de Guerrero, logró dar protección a sus habitantes y crear un sistema de justicia ampliamente reconocido durante más de 30 años. Sin embargo, actualmente, vive una situación crítica frente al asedio de capitales mineros, el desgaste de las políticas gubernamentales que buscan su institucionalización y las constantes incursiones armadas por parte del crimen organizado, que han generado el desplazamiento de más de 30.000 personas de sus comunidades, decenas de asesinatos y el encarcelamiento de sus defensores.

En Nayarit, las comunidades han desplegado distintas estrategias frente a la imposición de megaproyectos y la extrema violencia, como la revitalización de la policía comunitaria en el municipio Del Nayar, que tuvo eco a nivel regional. Sin embargo, sus dirigentes fueron aprehendidos y encarcelados bajo el cargo de asociación delictuosa, lo que condujo a su desarticulación. 

Alternativas colectivas para la seguridad territorial

Los territorios de los Pueblos Indígenas del sur y el sureste de México han sido el centro de proyectos geoestratégicos gubernamentales durante el periodo 2018-2024: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (que comprende diez polos de desarrollo) y el Tren Maya (con afectaciones ambientales y sociales de grandes dimensiones). La estrategia estatal consistió en la combinación de programas de asistencia social y acciones jurídicas, como la publicación de un decreto que concibió a los megaproyectos de interés público y de seguridad nacional, con el objetivo de atajar la serie de amparos contra estas obras. Además, se sumaron acciones de coerción, como el encarcelamiento, las amenazas a los defensores y la militarización en la región. 

Existen otras experiencias comunitarias en estados como Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Michoacán que, en el ejercicio de su autonomía, han creado guardias o policías comunitarias para resguardar sus territorios. Los integrantes son nombrados y regulados por las asambleas y los sistemas normativos, y prestan un servicio a la comunidad: atienden delitos, robo a casas, la  tala de madera y la defensa ante incursiones armadas. Aquí se destaca la experiencia de San Luis Potosí: en 90 de las 389 comunidades se determinó la prohibición de la venta de alcohol y en 22 de sus municipios indígenas se cuenta con cerca de 5.500 policías comunitarios. Estas acciones les permiten tener cierto control en materia de seguridad y ejercer su autonomía.

El despojo de los territorios por parte de los capitales mineros y agroexportadores, junto con la presencia de actores armados, pone en vilo los procesos autonómicos.

El despojo de los territorios por parte de los capitales mineros y agroexportadores, junto con los actores armados, pone en vilo los procesos autonómicos.

En Michoacán se ha reconocido el derecho a ejercer el denominado “presupuesto directo”, que consiste en la administración comunal de los recursos municipales que les corresponden de acuerdo con el número de población. Los recursos han sido significativos para cubrir los servicios básicos en más de 50 comunidades y crear nuevas instituciones de gobierno (algunas han fortalecido los gobiernos comunales y otras fueron desarticuladas por las disputas en la administración). 

Por otro lado, solo estas más 50 comunidades tienen derecho a contar con cuerpos de seguridad, lo que coloca a las más de 300 comunidades restantes en una situación de ilegalidad y las expone a la criminalización. No obstante, la violencia tiene presencia en toda la región. En consecuencia, el despojo de los territorios por parte de los capitales mineros y agroexportadores, junto con la presencia de actores armados, pone en vilo los procesos autonómicos.

Una situación de emergencia permanente

En el estado de Sonora, la construcción de un Acueducto y un gasoducto que cruza las tierras de los yaquis generó una amplia movilización. No obstante, su organización fue penetrada por actores del crimen organizado, quienes cooptaron a los jóvenes y, debilitaron los gobiernos tradicionales y la fuerza colectiva. En tanto, en Chiapas, la presencia paramilitar continua sobre los territorios indígenas (como parte de una estrategia de contrainsurgencia) aunado a los cacicazgos locales y a la presencia de actores de las economías ilegales, constituyen nuevos desafíos para la consolidación de los procesos autonómicos de facto. A ello, se suman los megaproyectos, los programas sociales impulsados por los Estados y la cooptación de líderes comunitarios.

Por su parte, la creación de nuevos municipios indígenas en Morelos, como una vía política para ejercer el poder y obtener seguridad, también ha sufrido tropiezos: las disputas entre líderes locales, las negociaciones con poderes gubernamentales y la incursión del crimen organizado han debilitado estos procesos. Finalmente, en Baja California, los kumiai resisten a las violencias estructurales que han reducido y fragmentado “su territorio grande”. En consecuencia, construyen alianzas con los nativos americanos, mantienen sus lazos afectivos espaciales, revitalizan la lengua, protestan contra el muro fronterizo, rechazan el saqueo de sus vestigios arqueológicos, siguen realizando ceremonias en sus sitios sagrados y practican sus conocimientos sobre el desierto.

Este breve recorrido nos permite señalar que las sociedades indígenas actuales viven en una situación de emergencia permanente. No sólo son sujetos de derecho, sino también sujetos políticos con capacidad de participar de manera activa en el diseño de leyes que estén a la altura de sus reclamos y con miras a la construcción de horizontes de esperanza.