El pasado 21 de noviembre, comenzó en Colombia un paro nacional que trascendió a todas las regiones del país. Más de dos millones de personas se sumaron a esta protesta pacífica convocada por organizaciones sociales, estudiantes, sindicalistas, indígenas, campesinos, académicos y algunos sectores políticos. l llamado a la movilización general se fue gestando semanas antes, soportado en una constelación de razones que devienen de la histórica violencia social, económica, política y armada, ahora exacerbada por la falta de conexión y las decisiones erráticas de un gobierno autista que insiste en mantenerse de espaldas a los derechos de las mayorías, y en conseguir la agonía del proceso de paz.
Por primera vez en Colombia, una movilización desborda a los mismos convocantes y se prolonga en el tiempo con manifestaciones inéditas: cacerolazos nocturnos, velatones, reuniones comunitarias, marchas y eventos artísticos, que aunque se inspiran y hacen causa común con los movimientos latinoamericanos y globales, tienen antecedentes y desarrollos particulares.
Sin lugar a dudas, la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en 2016, marcó un cambio en la vida del país. Hasta ese momento y durante décadas, la lucha contrainsurgente había capturado toda la atención, encubriendo los graves problemas de desigualdad, exclusión, corrupción, destrucción ambiental, narco paramilitarismo y masivas violaciones a Derechos Humanos y el DIH. Así, la confrontación interna contra las guerrillas y la adopción de políticas impuestas por Estados Unidos en la lucha contra las drogas –ambas centradas en zonas rurales del país–, aclimataron el ascenso de imaginarios colectivos y grupos de poder guerreristas que, una vez despojados del argumento conformacional ante la desmovilización de cerca de 13.000 guerrilleros de las FARC, vieron cómo emergía un ambiente más democrático al tiempo que languidecía el discurso de la guerra que alimentó el empoderamiento de los sectores de ultraderecha en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, directa o indirectamente vinculados al paramilitarismo.
Como portavoz y heredero de estas banderas, Iván Duque llega a la presidencia en 2018 no solo con el cometido de “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, sino de restablecer el poder y la incidencia política y social de las élites seculares y las derechas, siguiendo los lineamientos de su mentor Álvaro Uribe; de poderosos grupos financieros como el Sarmiento Angulo, el Grupo Empresarial Antioqueño, o Ardila Lule, así como de organismos internacionales como el FMI y la OCDE. Con estas directrices, el gobierno de Duque inició su mandato objetando el Acuerdo de Paz, especialmente en su contenido de justicia transicional y reforma rural, pero también paralizando los procesos de restitución de tierras despojadas a las víctimas. A esto se agregó el trámite de un paquete de reformas económicas en materia tributaria, laboral, pensional; la profundización de la confrontación directa con Venezuela al lado del grupo de Lima; el saboteo de leyes anticorrupción; la censura a medios de comunicación públicos o alternativos, y la flexibilización de estándares operacionales de la fuerza pública que implican una amenaza para las poblaciones especialmente de áreas rurales y favorecen el retorno de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” que tuvieron lugar durante los gobiernos de Álvaro Uribe entre 2002 y 20081 .
Narcotráfico , exterminio de líderes sociales y resistencias
Por otra parte, el país asiste a un cambio de coordenadas en los patrones de violencia y de control territorial en amplias regiones en las cuales se han fortalecido grupos de narco paramilitares, nutridos con algunos disidentes de la guerrilla que no se desmovilizaron o volvieron a las armas debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Estos grupos, aliados y auspiciados también por el narcotráfico mexicano, mafias y algunos terratenientes y empresarios2 , han entrado a las zonas antes ocupadas por las FARC disputándose el control de cultivos de coca y marihuana (parcialmente legalizada), y de zonas de explotación minera, muchas localizadas al interior o en proximidades de territorios colectivos étnicos y campesinos.
En este contexto, se ha recrudecido el exterminio sistemático de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos, especialmente en zonas rurales. Entre 2016 y julio de 2019, se registra el asesinato de 738 personas entre las cuales se cuentan 169 indígenas, 64 afro descendientes, y 289 campesinos ambientalistas, comunales, reclamantes de tierras o impulsores de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito3 . Al mismo tiempo, se han asesinado 158 desmovilizados de las FARC, lo cual no solo genera zozobra entre los excombatientes, sino que pone en riesgo el proceso de paz que ha continuado pese a las múltiples vicisitudes gracias a un apoyo indeclinable de la comunidad internacional y de sectores políticos, académicos, sociales y comunitarios4.
Pero en sincronía con estos factores adversos, se ha producido una revitalización de los movimientos y organizaciones sociales entre los cuales sobresalen los estudiantes, ambientalistas, comunidades negras, organizaciones de mujeres, campesinos e indígenas, todos golpeados por hechos de violencia y por las políticas gubernamentales neoliberales. De la misma manera, episodios intolerables de corrupción, amenaza ambiental por proyectos extractivos y de infraestructura, y el anuncio de reformas tributarias, laborales y pensionales que solo benefician a las grandes corporaciones y a los sectores más adinerados, han agitado la inconformidad y solidaridad entre millones de personas no organizadas que empiezan a sentirse identificadas en la indignación y la reivindicación de sus derechos individuales.
El 21N, el toque de queda y el “plan pánico”
Obviamente, el anuncio de la movilización no fue bien recibida por el gobierno ni por los integrantes de su partido, el Centro Democrático. Desde el comienzo, sus voceros y simpatizantes transmitieron una versión intimidante del paro valiéndose de mensajes que anticipaban vandalismo y lo estigmatizaban por una supuesta infiltración internacional “castro-chavista” y nexos con el Foro de Sao Paulo que, nuevamente, estaría trabajando para “desestabilizar las democracias de América Latina”5 . Las “premoniciones” oficiales dieron lugar al acuartelamiento de primer grado y a la militarización de las ciudades más importantes días antes del paro, sin que ello lograra contener la amplia participación ni debilitar la consigna unánime sobre su carácter pacífico.
Así, la movilización popular del 21N fue masiva y festiva, con algunos episodios vandálicos sin mayores consecuencias legales, pero sí notorios excesos de la fuerza pública sobre los manifestantes de algunas ciudades. No obstante en Cali, capital del Valle del Cauca, se habría presentado una situación de altercados más graves que sirvieron para justificar la implantación de un toque de queda durante el cual se produjeron extraños asedios y amenazas vandálicas a conjuntos de apartamentos. Aunque los residentes de estos lugares se vieron obligados a organizarse y protegerse con palos y algunas armas, al final del día no se registraron daños o hurtos reales, pero sí un despliegue policial y militar después de que los “vándalos” se habían retirado de los sitios amenazados.
El patrón de represión a la manifestación pacífica durante el día y, durante la noche, toque de queda, extraños asedios vandálicos a conjuntos residenciales, retirada de los supuestos delincuentes y llegada de la fuerza pública, se repitió el segundo día de la protesta, pero esta vez en la ciudad de Bogotá. Gracias a las redes sociales y el intercambio de información y videos, empezó a develarse una estrategia concebida para generar pánico y estimular el clamor ciudadano por el fin de la movilización y una mayor presencia de la fuerza pública, también con el ánimo de naturalizar la declaratoria de un estado de conmoción interior. Sin embargo, las comunidades, voceros políticos y sociales, y algunos medios de comunicación, pusieron en evidencia el “plan pánico” que, en últimas, generó mayor indignación y posicionó las consignas contra el miedo, oxigenando la protesta que se mantiene días después con movilizaciones, cacerolazos y diversas manifestaciones en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, entre muchas otras.
No es la primera vez que en América Latina se habla de interpretar este fenómeno en el marco de la “teoría del pánico moral”6 como estrategia para construir un otro peligroso y generar un escenario caótico valiéndose de chivos expiatorios (en este caso indigentes, pobres desviados y venezolanos), todo orquestado desde el mismo establecimiento para legitimar la violencia institucional, vulnerar el derecho a la protesta y contener las movilizaciones urbanas. Pero tampoco es la primera vez que un gobierno está desconectado de las demandas ciudadanas contemporáneas, del rechazo a las mentiras institucionales, de la condena a la represión y, en este caso, del clamor nacional por la construcción de paz. La reacción del Presidente Duque a un periodista que recientemente le preguntó por un bombardeo del Ejército en el que murieron destrozados o fueron ultimados cerca de 18 menores de edad entre niños, niñas y jóvenes7 , permite augurar que la energía de las movilizaciones pacíficas y sin miedo será duradera, mientras que el Presidente y su régimen continúen respondiendo tras las sombras de la caverna: “¿De qué me hablas, viejo?”
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1 Verdad Abierta. (2019). Falsos Positivos, una herida que sigue abierta. Disponible acá
2 Verdad Abierta. (2019). Solicitan investigar a cuatro grandes empresas por presunta financiación a paramilitares. Disponible acá
3 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz (2019). Informe líderes y defensores de DDHH asesinados al 26 de julio de 2019. Disponible acá
4 Diario El Tiempo. (2019). ONU condena homicidio de exFarc en Mesetas, Meta. Este año, según cifras de la entidad, van 63 exguerrilleros asesinados. Disponible acá
5 BBC News. (2019). Paro nacional: qué es el Foro de Sao Paulo, al que vinculan con las protestas en Chile o Colombia (y por qué le preocupa tanto a la derecha de América Latina). Disponible acá
6 En el marco de los estudios sociológicos sobre la desviación, la teoría del pánico social explicaría la construcción de un otro peligroso para la “sociedad respetable”, y justificaría su ataque para restablecer el orden moral. Ver: Fernández, Laura. (2017). Stanley Cohen, Demonios populares y ‘pánicos morales’: delincuencia juvenil, subculturas, vandalismo, drogas y violencias. Disponible acá
7 Publimetro (2019). Habrían sido 18 niños los muertos en bombardeo y 3 de ellos habrían sido fusilados por el Ejército. El presidente Iván Duque ordenó y celebró el ataque pocas horas después de haberse dado. Disponible acá
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Diana Mendoza es antropóloga, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.