El Acta por la Paz marcó una tregua entre el Gobierno y las organizaciones indígenas que impulsaron el Paro Nacional que paralizó a todo el país. Sin embargo, el ambiente político no logra tranquilizarse y la sociedad está a la expectativa de que el Presidente Lasso cumpla con las 10 demandas acordadas. Tras la reducción del precio de la gasolina y el diésel, el pueblo ecuatoriano espera la moratoria de las deudas financieras, alimentos a precio justo, generación de empleo e inversión en salud. El tiempo de descuento ya está corriendo. Los pueblos indígenas no volverán a dialogar si el Gobierno no cumple lo pactado.
El Acta por la Paz marcó una tregua entre el Gobierno y las organizaciones indígenas que impulsaron el Paro Nacional que paralizó a todo el país. Sin embargo, el ambiente político no logra tranquilizarse y la sociedad está a la expectativa de que el Presidente Lasso cumpla con las 10 demandas acordadas. Tras la reducción del precio de la gasolina y el diésel, el pueblo ecuatoriano espera la moratoria de las deudas financieras, alimentos a precio justo, generación de empleo e inversión en salud. El tiempo de descuento ya está corriendo. Los pueblos indígenas no volverán a dialogar si el Gobierno no cumple lo pactado.
Con la firma del Acta por la Paz suscrita el 30 de junio de 2022, las nacionalidades y movimientos sociales de Ecuador suspendieron el paro nacional con la condición de que el Gobierno de Guillermo Lasso cumpla el acuerdo en un plazo de 90 días. La Movilización Nacional, Popular y Plurinacional exige diez demandas para superar la crisis causada por las políticas neoliberales implementadas en los últimos meses.
Este gran levantamiento de magnitudes históricas duró 18 días y fue liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), las comunidades afrodescendientes, las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias, los estudiantes, los artistas y, los médicos y el personal de salud.
Considerada como una movilización histórica, la protesta aglutinó a sectores muy heterogéneos. Foto: Josué Araujo
Considerada como una movilización histórica, la protesta aglutinó a sectores muy heterogéneos. Foto: Josué Araujo
Las demandas del paro
Las movilizaciones se activaron en todas las provincias del Ecuador. En Quito se concentraron miles de mujeres y hombres de las nacionalidades de la Amazonía, Los Andes y la Costa, quienes recibieron el hospedaje solidario de las universidades. A su vez, los vecinos y vecinas de los barrios populares de la Capital brindaron alimentos, agua, medicinas y abrigos para apoyar la resistencia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se transformó en la sede de la Asamblea Popular permanente desde donde las organizaciones condujeron el histórico levantamiento.
La CONAIE, junta a las demás organizaciones, exigieron respuestas directas, efectivas y concretas a diez demandas que fueron presentadas ante el Presidente Lasso en las reuniones mantenidas los días 11 de junio, 5 de agosto, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021. Luego de que el Gobierno ignorara los reclamos durante más de un año de diálogo, los organizaciones indígenas volvieron a insistir con sus demandas:
1. Reducción (y no más aumentos) del precio de los combustibles y focalización del subsidio para agricultores, campesinos, transportistas y pescadores.
2. Moratoria y renegociación de las deudas con el sistema financiero para más de 4.000.000 de familias.
3. Precios justos en los productos del campo.
4. Generación de empleo y cumplimiento de los derechos laborales.
5. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, junto a la auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Derogación de los Decretos N° 95 y 151 que benefician al sector de hidrocarburos y minero.
6. Respeto a los 21 derechos colectivos de los pueblos indígenas: educación intercultural bilingüe; justicia indígena; consulta previa, libre e informada; organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7. Alto a la privatización de los sectores estratégicos.
8. Políticas de control de precios y freno a la especulación en los productos de primera necesidad.
9. Inversión en salud y educación.
10. Políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia en Ecuador.
Las 10 demandas planteadas por las organizaciones indígenas tuvieron el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Foto: Josué Araujo
Las 10 demandas planteadas por las organizaciones indígenas tuvieron el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Foto: Josué Araujo
El Acta por la Paz
Al no recibir ninguna respuesta del gobierno, las nacionalidades y las organizaciones sociales convocaron al paro nacional en ejercicio del derecho a la resistencia establecido en la Constitución de la República del Ecuador. La movilización, de carácter indefinido, se inició el 13 de junio, tras un año de un infructuoso diálogo. Con el propósito de desmovilizar el paro, el Gobierno actuó con desprecio hacia las nacionalidades, declaró el Estado de Excepción, acusó de terroristas a las organizaciones y ordenó la detención ilegal del Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza.
Durante los 18 días del paro, Ecuador vivió un régimen de dictadura fascista y racista: el Presidente se escondió en el Palacio de Carondelet y entregó el control del país a las Fuerzas Armadas y la Policía. Lejos de apaciguar el conflicto, desataron una brutal represión que causó seis muertos, 331 heridos y 152 detenidos. La Fiscalía General del Estado, controlada por el Gobierno, inició una persecución política y abrió 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales. La acusación contra los dirigentes y participantes de la movilización fue la misma que usan los gobiernos autoritarios: terrorismo y rebelión.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, que estuvo en Quito para dar seguimiento a las protestas, concluyó que el Estado ecuatoriano cometió “delitos de lesa humanidad”.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos concluyó que el Estado ecuatoriano cometió “delitos de lesa humanidad”.
Por su parte, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, que estuvo en Quito para dar seguimiento a las protestas, concluyó que el Estado ecuatoriano cometió “delitos de lesa humanidad”: desaparición forzada de personas; homicidios consumados (o en grado de tentativa); delitos contra la integridad física y lesiones oculares; privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias y tortura; delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta; y delitos contra la propiedad.
Frente a la grave conmoción social y política, causada por la incapacidad y falta de voluntad del Gobierno de Guillermo Lasso para responder las demandas sociales, las organizaciones solicitaron la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Conocido miembro del Opus Dei, la intervención de la Iglesia Católica fue fundamental para concretar una reunión entre los delegados del Gobierno Nacional y los líderes indígenas. Tras el encuentro, se suscribió el Acta por la Paz.
La represión provocó seis muertos, 331 heridos y 152 detenidos. Foto: Josué Araujo
La represión provocó seis muertos, 331 heridos y 152 detenidos. Foto: Josué Araujo
Acuerdos firmados para garantizar la paz
Entre los acuerdos firmados se destaca el Decreto N° 452 que dispone a los gobernadores de todas las provincias fortalecer los mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar la especulación económica, en especial a quienes elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial. Por otro lado, el Decreto N° 456 establece una serie de políticas públicas compensatorias dirigidas al ámbito rural y urbano que más han sufrido los altos costos de vida tras la pandemia del Covid-19 y la crisis logística internacional.
Para abordar una de las principales demandas que motivó el paro, el Ejecutivo firmó el Decreto Ejecutivo N° 462 que reduce el precio de la gasolina extra y EcoPaís, y el diésel en 10 centavos de dólar por galón. Como la medida fue considerada “insuficiente” por la CONAIE, el Gobierno se vio obligado a emitir el Decreto N° 467 que agregó una nueva reducción de 5 centavos de dólar. De este modo, se consiguió una reducción total de 15 centavos de dólar en el costo del galón del diésel y de las gasolinas, que son las más utilizados en Ecuador.
Se garantizó la consulta previa, libre e informada de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional Ecuatoriana.
Se garantizó la consulta previa, libre e informada de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH.
En materia de medio ambiente, la emisión del Decreto Ejecutivo N° 466 derogó el Decreto Ejecutivo N° 95 sobre hidrocarburos, que había sido promulgado el 7 de julio de 2021, y promovía la ampliación de la frontera petrolera en todo el país, particularmente en la Amazonía ecuatoriana. Este decreto afectaba los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. A su vez, se modificó el Decreto Ejecutivo N° 151, que contiene el Plan de Acción para el Sector Minero: se estableció que esta actividad no podrá desarrollarse en áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica.
Finalmente, se garantizó la consulta previa, libre e informada de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional Ecuatoriana. Asimismo, tras la pandemia, el Decreto N° 454 declaró en emergencia al sector de la salud. Las organizaciones y el Gobierno resolvieron instalar una mesa de diálogo durante 90 días con el objetivo de determinar nuevos acuerdos sobre las diez demandas exigidas.
Finalizado el plazo de los 90 días, se evaluará el cumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados pautados en el Acta por la Paz. Foto: Josué Araujo
Finalizado el plazo de los 90 días, se evaluará el cumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados pautados en el Acta por la Paz. Foto: Josué Araujo
Un diálogo con futuro incierto
La movilización plurinacional estalló en un contexto histórico marcado por la insostenible crisis estructural del Estado colonial del Ecuador, profundizada por la política neoliberal del actual gobierno. El ambiente político que se respira después de este paro nacional no es de paz como esperaba la sociedad. Por el contrario, se ha instalado un régimen autoritario y fascista que pretende imponer a sangre y fuego su agenda neoliberal.
Actualmente, en Ecuador se ha instalado el crimen organizado. Los cárteles del narcotráfico han permeado las entidades del Estado, a tal punto, que las propias instituciones militares y policiales están plagadas de “narco-generales”, según las denuncias de la Embajada de Estados Unidos en Quito. A su vez, cientos de personas privadas de su libertad han sido masacradas en las cárceles durante el último año. El sicariato domina las calles de las ciudades sembrando inseguridad y miedo por todo el territorio.
En Ecuador se ha instalado el crimen organizado. Los cárteles del narcotráfico han permeado las entidades del Estado, a tal punto, que las propias instituciones militares y policiales están plagadas de “narco-generales”.
En Ecuador se ha instalado el crimen organizado. Los cárteles del narcotráfico han permeado las entidades del Estado.
En este contexto, ya nadie cree en la palabra del presidente Lasso. Ha transcurrido un año en el ejercicio del poder y no ha cumplido uno solo de sus compromisos prometidos durante la campaña electoral. Menos aún las promesas realizadas durante el diálogo con las organizaciones sociales, lo cual demuestra una tremenda incapacidad para gestionar la compleja situación en la que se encuentra el país. El doble discurso, la mentira y la demagogia son las únicas herramientas de este gobierno.
En vez de garantizar un diálogo transparente y el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el Acta por la Paz, Guillermo Lasso y sus ministros están empeñados en deslegitimar a las nacionalidades y organizaciones sociales: sin prueba alguna, intentan vincularlas al narcotráfico y al terrorismo internacional. Mientras el Presidente continúe boicoteando las conversaciones, el Acta por la Paz no tiene futuro. Si fracasa, los pueblos indígenas no volverán a dialogar con un gobierno manchado de sangre, vaciado de verdad, autoritario e ilegítimo. El 30 de septiembre de 2022 finaliza el plazo.
Alfredo Vitery Gualinga es Sumak Runa Yachai Kuraga de la comunidad Kichwa Yana Yaku, del pueblo ancestral Kichwa Kawsak Sacha Pastaza-Amazonia del Ecuador.