Bogotá, territorio ancestral de los muiscas y chibchas, fue el punto de encuentro de los pueblos indígenas del continente en la sesión preparatoria para asistir al VII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para América Latina y el Caribe. Hombres y mujeres indígenas llegaron para compartir sus experiencias de resistencia frente a los impactos negativos de las actividades empresariales en sus territorios y acordar propuestas para que se respeten sus derechos.
Bogotá, territorio ancestral de los muiscas y chibchas, fue el punto de encuentro de los pueblos indígenas del continente en la sesión preparatoria para asistir al VII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para América Latina y el Caribe. Hombres y mujeres indígenas llegaron para compartir sus experiencias de resistencia frente a los impactos negativos de las actividades empresariales en sus territorios y acordar propuestas para que se respeten sus derechos.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y el Foro Indígena del Abya Yala (FIAY) convocaron a un Caucus de Pueblos Indígenas que contó con la participación de más de 50 representantes de México, Perú, Chile, Guatemala, Ecuador y El Salvador. En un tono crítico, los pueblos indígenas volvieron a discutir con organismos internacionales una serie de opciones para que las actividades extractivas no sigan afectando sus territorios y sus derechos colectivos.
En sus palabras de bienvenida, el Secretario General de ONIC, Gerardo Jumi, explicó que el Caucus es una instancia de deliberación y destacó que durante el encuentro se acordarán recomendaciones que permitirán mantener el diálogo y el examen permanente sobre las actividades de las empresas que afectan negativamente los derechos de los pueblos indígenas. En la misma línea, el Coordinador de CAOI, Benito Calixto, explicó que el objetivo central del caucus es acordar conclusiones que serán llevadas a la plenaria del Foro Regional. Por su parte, el coordinador de FIAY, Amadeo Martínez, afirmó: “Esperamos que la declaración y las recomendaciones que se hagan, que han sido repetitivas, sean tomadas en cuenta”.
Del lado de los organismos internacionales, hubo participaciones destacadas: el Relator de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay; la Presidenta del Grupo de Trabajo de ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Fernanda Hopenhaym; el presidente del Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas, Darío Mejía; el especialista de la OIT Hernán Coronado; el Co-Director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin; y el Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), Gabriel Muyuy.
Durante la apertura, los líderes indígenas realizaron una ceremonia. Foto: Caucus Indígena
Durante la apertura, los líderes indígenas realizaron una ceremonia. Foto: Caucus Indígena
Pensar las responsabilidades de los Estados y las empresas
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos son un conjunto de 31 disposiciones que especifican los deberes y responsabilidades, tanto de los Estados como de las empresas, con respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos en el sector privado. Al ser de alcance mundial, crean una plataforma común para la acción y la rendición de cuentas. Los y las participantes coincidieron en destacar su importancia, pero también resaltaron el rol de otros instrumentos nacionales e internacionales existentes.
La presidenta del Grupo de Trabajo, Fernanda Hopenhaym, precisó que los Principios Rectores ratifican obligaciones que los Estados ya tenían y que están consagrados tanto en los instrumentos internacionales como en las constituciones nacionales. En la misma línea el presidente del Foro Permanente, Darío Mejía, advirtió: “Debemos tomar en cuenta que el Convenio 169 de la OIT tiene carácter vinculante para aquellos Estados que lo han ratificado. Para aquellos que no lo han hecho está la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y para América está la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Al respecto, Hernán Coronado apuntó que al menos 14 países de la región han ratificado el Convenio 169 y, por lo tanto, tienen la obligación jurídica de cumplir los derechos de los pueblos indígenas en el marco de las actividades extractivas que se realizan en sus tierras y territorios. Por otra parte, destacó que la consulta previa es una obligación estatal y un derecho de los pueblos indígenas. Finalmente, Gabriel Muyuy lamentó que los Principios Rectores no incluyeran, de manera clara y precisa, los instrumentos jurídicos vinculantes existentes.
El experto Hernán Coronado destacó que los 14 países de la región que ratificaron el Convenio 169 de la OIT están obligados a cumplir con la Consulta Previa. Foto: Caucus Indígena
El experto Hernán Coronado destacó que los 14 países de la región que ratificaron el Convenio 169 de la OIT están obligados a cumplir con la Consulta Previa. Foto: Caucus Indígena
A 11 de años de su aprobación
A partir de su experiencia, los participantes y los expertos concluyeron que la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas tienen “poco impacto” en la protección de los derechos indígenas. De hecho, los efectos negativos de las actividades empresariales se han acentuado durante la última década. A 11 años de su aprobación, Cali Tzay observa que los pueblos indígenas siguen sufriendo el impacto desproporcionado de los proyectos económicos en sus territorios. Incluso, pese a la existencia de obligaciones jurídicas para que los Estados garanticen el respeto de sus derechos colectivos a la tierra, al territorio y al consentimiento.
José Aylwin añadió que, a pesar de la aceptación general de los Principios Rectores, el impacto de las actividades empresariales en los derechos indígenas a nivel global se ha agravado: “Particularmente, las consecuencias de las actividades extractivas sobre las tierras y territorios, y en los recursos de los pueblos indígenas”. El experto identificó como un avance la elaboración de Planes de Acción Nacionales (PAN) sobre empresas y derechos humanos en 24 países, pero aclaró que solo en tres de ellos se hacen referencias a los derechos indígenas.
Sin embargo, una cuestión discutida por los asistentes es la ausencia de participación indígena. Jakeline Romero Epiayu, integrante de Fuerza Mujeres Wayúu, advirtió que en Colombia el Plan de Acción Nacional se elaboró sin colaboración indígena. Por su parte, Fernanda Hopenhaym reconoció que la situación es muy difícil para los indígenas afectados por las actividades empresariales: “Nuestro Grupo de Trabajo recibe denuncias constantes sobre perjuicios a sus derechos individuales y colectivos. América Latina es la región más peligrosa para defender los derechos territoriales y ambientales”.
El Caucus Indígena contó con la participación de más de 50 representantes de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Foto: Caucus Indígena
El Caucus Indígena contó con la participación de más de 50 representantes de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Foto: Caucus Indígena
La situación en los territorios indígenas
Varios asistentes se refirieron a sus experiencias de resistencia y a los impactos de las actividades empresariales en sus territorios y derechos. Juana Toledo, integrante del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala, comentó la experiencia de las consultas comunitarias realizadas en su país que lograron frenar la expansión del extractivismo en sus territorios y afirmó que los pueblos indígenas deben escoger qué tipo de desarrollo quieren en sus comunidades.
Desde México, Sara López Gonzales, indígena maya del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, se refirió al impacto de la construcción del “mal llamado Tren Maya”, los desalojos y la criminalización. En el caso de la experiencia chilena, Manuel Salvatierra, indígena del pueblo Licanantay e integrante del Consejo de Pueblos Atacameños, expresó su preocupación por los efectos que pueda sufrir su comunidad a raíz de la propuesta de construcción de un corredor bioceánico que involucra a cuatro países: Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.
“Las comunidades viven oleadas de represión de los Estados. Los mecanismos de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas deben actuar al respecto”.
“Las comunidades viven oleadas de represión de los Estados. Los mecanismos de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas deben actuar al respecto”.
Otros participantes pusieron el foco en la violencia que se vive alrededor de proyectos extractivos en territorios indígenas y, particularmente, en la falta de consulta libre, previa e informada. Josefina Tunki, del pueblo Shuar Arutam, denunció la violencia latente, denunció haber recibido amenazas e informó que tiene hermanos indígenas perseguidos y detenidos. Mientras que Esneda Saavedra, indígena Yukpa y consejera de ONIC, señaló que las mineras han traído violencia y contaminación a su territorio afectando la vida de los líderes, las mujeres, los niños y las niñas. Al igual que Tunki, resaltó el incumplimiento de la consulta previa.
Por su lado, Rigoberto Juárez Mateo explicó la situación que viven los pueblos indígenas de Guatemala. Como autoridad del Gobierno Plurinacional Ancestral Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti, conoce de cerca los padecimientos que sufren día a día: “Las comunidades viven oleadas de represión de los Estados. Los mecanismos de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas deben actuar al respecto”.
El encuentro también sirve como una rendición de cuentas de las actividades de las empresas privadas en los territorios indígenas. Foto: Caucus Indígena
El encuentro también sirve como una rendición de cuentas de las actividades de las empresas privadas en los territorios indígenas. Foto: Caucus Indígena
El cambio climático en primera persona
Las participantes no se olvidaron del impacto de las políticas contra el calentamiento global. Epiayu señaló que las mujeres Wayúu de Colombia son víctimas silenciosas del impacto de la construcción de parques eólicos en su territorio ubicado en La Guajira. Por su parte, Alicia Gonzales Silvestre denunció que, tras sufrir las consecuencia de la industria del cobre, el pueblo Licanantay de Chile ahora es víctima de una nueva presión para explotar el salar ubicado en su territorio para obtener litio, construir plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Desde su perspectiva, las energías renovables no son tan limpias como se suele señalar.
Los participantes expresaron su preocupación por el hecho de que las demandas y propuestas de los pueblos indígenas no son tomadas en cuenta en los foros sobre empresas y derechos humanos. En esa línea, el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, describió la situación que viven en Perú tras 50 años de explotación petrolera en su territorio: “Todas las instituciones estatales deben respetar nuestras leyes y autonomía. Solo deseamos vivir libres de contaminación”.
Benito Calixto, coordinador de CAOI, comentó que ya pasaron 11 años desde que los pueblos indígenas asisten a los foros sobre empresas y derechos humanos, y sienten que no se los escucha. Por su parte, Amadeo Martínez advirtió que las comunidades preguntan por los resultados de la participación indígena en los diálogos con las empresas: “Participamos para que nuestras voces sean escuchadas, para que podamos tener un diálogo de buena fe y que no se sigan metiendo a nuestros territorios”.
Benito Calixto, coordinador de CAOI, expresó que los pueblos indígenas no se sienten escuchados en los foros sobre empresas. Foto: Caucus Indígena
Benito Calixto, coordinador de CAOI, expresó que los pueblos indígenas no se sienten escuchados en los foros sobre empresas. Foto: Caucus Indígena
Principales demandas del Caucus Indígena
La declaración final resume las principales demandas indígenas frente a las actividades empresariales en sus territorios. Se le exige a los Estados ratificar y aplicar los estándares del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en especial en lo que se refiere al derecho a la participación y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI). Asimismo, se exige respetar el derecho a la libre determinación, la autonomía y los protocolos para la consulta previa.
Los Planes de Acción Nacional deben ser elaborados con participación indígena, incluir legislación sobre la debida diligencia de las empresas e implementar mecanismos participativos de reparación y mitigación de los impactos causados por las actividades empresariales. De igual manera, exigen a los Estados actuar con coherencia en la suscripción de acuerdos comerciales, incluir el respeto a los estándares sobre derechos indígenas, implementar el Acuerdo de Escazú e impulsar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.
Los Planes de Acción Nacional deben ser elaborados con participación indígena, incluir legislación sobre la debida diligencia de las empresas e implementar mecanismos participativos de reparación y mitigación.
Los Planes de Acción Nacional deben ser elaborados con participación indígena e implementar mecanismos de reparación.
Finalmente, a las empresas e instituciones financieras internacionales se les exige respetar la autonomía, la consulta previa, libre e informada, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas con relación al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Asimismo, se llama a los organismos internacionales a cooperar entre sí y con los pueblos indígenas para asegurar la protección de sus derechos. Así también, se les demanda crear y fortalecer el mandato de las organización indígenas para actuar en la protección de sus derechos y de los defensores.
Por su parte, los pueblos indígenas se comprometieron a promover su libre determinación, a desarrollar protocolos propios de consulta previa, a respetar la decisión de cada pueblos a establecer acuerdos con las empresas y de participar de los beneficios de la extracción de los recursos naturales de sus territorios. Los pueblos indígenas promoverán la participación de las mujeres indígenas y coordinarán con actores de la sociedad civil para fortalecer la acción de denuncias sobre vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas por las actividades empresariales.
Luis Vittor es asesor de la Coordinación General y Consejo Directivo del Foro Indígena de Abya Yala (FIAY). Durante su extensa trayectoria, ha trabajado con líderes de comunidades, organizaciones y redes de pueblos indígenas de Perú, la región Andina en Sudamérica y, recientemente, a nivel de América Latina.