Sorpresivamente, en las elecciones presidenciales, el outsider de extrema derecha Abelardo de la Espriella se impuso al candidato oficialista, Iván Cepeda, en unas elecciones marcadas por la polarización y las acusaciones cruzadas. Con base en lo expuesto por las propuestas de campaña, plan de gobierno y primeras designaciones ministeriales, el panorama de los derechos colectivos presenta riesgos de graves regresiones. La agenda minera y extractivista podría afectar especialmente la autodeterminación, gobernanza, protección territorial e, incluso, la pervivencia de los más de 115 Pueblos Indígenas de Colombia.
La segunda vuelta presidencial en Colombia ha dejado un alto nivel de polarización, graves y profundos cuestionamientos al sistema electoral y una latente confrontación violenta en un espacio cívico con alto riesgo de reducirse. Ello no solo es fruto de lo acontecido durante el periodo de campaña, sino de un proceso de varios años donde proyectos políticos de toda América Latina, en los que confluyen la derecha y extrema derecha, han ido ganando contiendas electorales que han producido graves consecuencias en retrocesos de derechos. De este modo, se ha ido dilapidando el pluralismo, el libre ejercicio de libertades y, los derechos colectivos, territoriales y culturales de las comunidades indígenas.
Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se observó una progresividad en el reconocimiento de derechos étnico-territoriales y de gobernanza ambiental de las comunidades indígenas. Una de sus prioridades fue la protección y garantía de los derechos territoriales, culturales y ambientales de los Pueblos Originarios, con “avances normativos en materia de autonomía territorial, fortalecimiento de los sistemas de conocimiento propio y reconocimiento de las autoridades ambientales”. Además, en los últimos cuatro años se impulsaron las reclamaciones de tierra en resguardos indígenas, a través de reparaciones colectivas, restablecimiento de derechos territoriales étnicos y restitución de tierras. Actualmente, los territorios colectivos legalizados en calidad de resguardos acumulados son un total de 935.
La política del racismo y la estigmatización
Durante la campaña política, el proyecto de extrema derecha se perfiló a través de discursos de discriminación, amenazas y estigmatización. El racismo apareció, de manera oportunista, en los comentarios hacia la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, la mayora indígena y senadora del pueblo Nasa, Aida Quilcué. Abelardo de la Espriella declaró que la lideresa era incapaz de asumir el rol de segunda dignataria del país: “¿Ustedes se quedarían tranquilos si al señor Cepeda le pasa algo y asume su fórmula vicepresidencial? Se las dejó ahí, analícenlo. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con Colombia”.
A ello se le sumaron declaraciones estigmatizantes, con amenazas y posibles restricciones a la legítima protesta y movilizaciones de los Pueblos Indígenas: “Conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad o van a saber también lo duro que muerde el tigre. Yo ese desorden de los indígenas y esa extorsión constante y esa presión no la voy a permitir. Son los dueños del 33% de la tierra en Colombia y siguen exigiendo más, una deuda ancestral que, a juicio de ellos, no hay como pagar. Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.
Estas falsas afirmaciones ya han generado discriminación, odio y racismo entre sus votantes, desconociendo los procesos históricos de restitución de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas sistemáticamente vulnerados y segregados de la política nacional, a pesar de sus aportes al cuidado y restauración de ecosistemas vitales para la pervivencia, no solo de sus gentes, sino de las comunidades humanas y no humanas del país. Ello sin mencionar la instrumentalización y fractura de los procesos organizativos y comunitarios, utilizando el descontento de algunas comunidades por incumplimiento de compromisos del gobierno saliente, y adhiriendo liderazgos indígenas a su campaña con el objetivo de sumar capital político e intentar matizar las amenazas y estigmatización racista.
Propuestas que afectan a las Pueblos Indígenas
Desde su plan de gobierno, el proyecto político de extrema derecha anunció peligrosos retrocesos en la garantía y protección de los derechos colectivos relacionados con la consulta previa, libre e informada. En consecuencia, desconoce la jurisprudencia vigente sobre este derecho y, paralelamente, le da vía libre a los procesos extractivistas que generarían un alto impacto en los ecosistemas bioculturales de todo el país.
En materia de “Economía”, sus propuestas sugieren que los licenciamientos ambientales y la consulta libre, previa e informada a las comunidades son trabas y cargas para el sector empresarial, por lo que propone licenciamientos express y acelerar las consultas. En cuanto a la “Política Minero-Energética”, expone supuestos tratamientos al sector extractivista a través de prejuicios ideológicos y desvaloriza los esfuerzos por adelantar procesos de transición energética justa y popular, que ya habían avanzado en el actual gobierno en consulta con las comunidades locales.
La falta de mención al pluriculturalismo y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas.
La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional.
En materia rural, en el apartado sobre “El Campo”, el programa de gobierno señala que se ha producido una “falsa reforma agraria” que desconoce los alcances de los procesos de restitución y entrega de tierras a comunidades rurales y, particularmente, resguardos indígenas. Propone, además, “ampliar la frontera agrícola productiva”, seguramente, a través de monocultivos industriales extensivos, lo cual pondría en alto riesgo ecosistemas esenciales para la pervivencia e integridad de los territorios indígenas y sus recursos vitales.
Finalmente, en la sección sobre cultura se propone “apoyo fiscal a nuevas empresas de acción cultural y a mega eventos culturales y deportivos que atraigan ingresos del exterior”. De este modo, se reduciría la cultura a las lógicas de mercado. La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas. Eventualmente, la ausencia de recursos podría afectar la protección de conocimientos propios, revitalización de lenguas y pervivencia de prácticas ancestrales, que aportan de forma directa a su supervivencia física.
Designaciones que anuncian el huracán
Adicionalmente, los recientes nombramientos en carteras ministeriales claves para la protección de los derechos de las comunidades étnicas, como es el Ministerio del Interior y el de Ambiente, parecen ser el preludio de futuras decisiones ultraderechistas. Estas políticas que significan un giro de 180 grados podrían materializarse de forma temprana a través de una suerte de fast track vía decretos presidenciales durante los primeros 90 a 100 días del nuevo gobierno, que entrará en vigor a partir del 7 de agosto.
En primer lugar, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, en 2018, como senador fue coautor del Proyecto de Ley Estatutaria 134, que pretendía reglamentar el derecho a la consulta previa. Este proyecto buscaba regular los procedimientos, plazos, competencias de autoridades y sus efectos, así como la coordinación entre el Estado y las comunidades étnicas. En el debate sobre el articulado, se presentaron críticas en cuanto a posibles mecanismos restrictivos para el ejercicio de este derecho, sin además prever consultas amplias a las comunidades directamente afectadas. En consecuencia, Lara Restrepo podría generar una agenda legislativa que busque restringir la consulta previa y otros derechos colectivos.
Por su parte, el ministro designado para la cartera de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, ya había hecho declaraciones sobre la consulta previa como un mecanismo “absolutamente transaccional”. Incluso había llegado a decir que “el tiempo de la consulta previa no puede seguir como un mecanismo extorsivo”, suscitando una grave deslegitimación de este derecho. Desde su perspectiva, las consultas han generado dificultades para el desarrollo de infraestructura. De más está decir que este tipo de declaraciones podría incentivar la estigmatización de las comunidades indígenas por, presuntamente, ir en contra del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que desconoce los proyectos de vida propios y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos para su bienestar.
Alertas que se encienden hacia el futuro
Probablemente, en los primeros meses de gobierno, la designación de ministros con estos perfiles facilitará la ejecución de políticas que busquen materializar el modelo extractivo a gran escala propuesto en el plan de gobierno. Fue justamente lo que anunció Abelardo de la Espriella en campaña: “¡En el gobierno del tigre vamos a explotar el subsuelo a lo que da!”. Esta postura no solo desconoce, sino que también amenaza modelos alternativos de bienestar que han sido consolidado por la gobernanza territorial en las comunidades étnicas, a través de apuestas propias para el sostenimiento mismo de la vida.
Finalmente, quisiera alertar, como advirtió la oposición liderada por Iván Cepeda, sobre posibles represiones y criminalización a la protesta social en el gobierno entrante. Esto podría traducirse en la limitación de las diversas expresiones de la movilización indígena y popular. La historia colombiana cuenta con procesos emblemáticos de Minga indígena que han jalonado la movilización civil en las carreteras y calles del país con el objetivo de exigir respeto y garantía de los derechos colectivos étnico-territoriales y de autodeterminación de los pueblos, esenciales para la construcción de paz desde una perspectiva territorial en Colombia.
Diana M. Ramírez Rosales es politóloga internacionalista con maestrías en Antropología del Desarrollo y Transformación Social, y en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural. Se especializa en los derechos bioculturales de las comunidades, la justicia socioambiental y el reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado.