La ley de la selva boliviana: ¿es posible una justicia al servicio de la naturaleza y los pueblos indígenas?

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En el pueblo de Rurrenabaque, los jueces agroambientales y las autoridades indígenas, originarias y campesinas se reunieron durante dos días para mejorar la coordinación y discutir los mecanismos de resolución de conflictos. El eje del debate estuvo puesto en las amenazas que viven los territorios amazónicos: la deforestación de los bosques, la contaminación de los ríos con mercurio y la disputa de la tierra entre campesinos e indígenas. A más de 15 años de la sanción de la Constitución Política del Estado, las jurisdicciones indígena y agroambiental encuentran obstáculos, pero siguen a la vanguardia de la escena internacional.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, Rurrenabaque es conocida como “la perla turística del Beni”. Con tan solo 19.662 habitantes, bañado por el río Beni y rodeado de cerros, este pueblo es muy apreciado por los visitantes europeos que vienen a conocer la Amazonía boliviana. “Esta topografía es única: tenemos cerros, planicie, fauna y flora. Dios nos dio ese privilegio y por eso promocionamos el turismo y nuestra cultura”, afirma con vehemencia el alcalde de Rurrenabaque, Elías Moreno.

El pueblo se hizo internacionalmente famoso durante la década del ’80, cuando el aventurero israelí Yosseph Ghinsberg ingresó a la selva desde Rurrenabaque, junto a tres amigos, en busca de una cantera de oro y de una aldea indígena tacana sin contacto con la sociedad occidental. La expedición terminó en tragedia: dos integrantes desaparecieron (sus cuerpos nunca fueron encontrados) y la balsa que transportaba al resto terminó destruyéndose en una cascada. Mientras el cuarto explorador fue rescatado por pescadores, Yossi estuvo tres semanas perdido, sobreviviendo en soledad a los peligros de la selva.

Finalmente, Yosseph fue rescatado por una expedición de lugareños y narró la experiencia en un libro titulado Jungle: a harrowing true story of survival. La historia se convirtió rápidamente en un best seller y generó que miles de jóvenes israelíes, recién salidos del servicio militar obligatorio, comenzaran a viajar a Bolivia para conocer el famoso pueblo ubicado en la Amazonía. La historia cambió en 2014, cuando el entonces presidente Evo Morales emitió un decreto para comenzar a exigir visa a los turistas de Israel, un aliado de Estados Unidos. El impacto en el turismo fue instantáneo.

Sin la misma cantidad de turistas que años atrás, la oferta hotelera de Rurrenabaque es un imán para aquellos eventos nacionales o internacionales que reúnan una gran cantidad de público. Especialmente, si la temática incluye a la Amazonía.

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La ciudad de Rurrenabaque desde las alturas, una de las principales atracciones turísticas de Bolivia. Foto: Damián Andrada

Un diálogo entre las justicias indígena y agroambiental

Hoy es 28 de abril y Rurrenabaque recibe a las autoridades que participan del Evento Amazónico de Deslinde Competencial en Recursos Naturales Renovables. Cerca de 100 líderes y lideresas indígenas, originarias y campesinas llegaron desde diferentes pueblos amazónicos para poder dialogar con las autoridades de la justicia agroambiental. El objetivo es conocer la normativa y delimitar las competencias que tiene cada jurisdicción, al mismo tiempo que mejorar la coordinación y cooperación interjurisdiccional, tal como obliga la Constitución Política del Estado. El encuentro cobra especial relevancia en el marco de la profundización del modelo extractivista en los territorios indígenas bolivianos.

La magistrada del Tribunal Agroambiental, Elva Terceros, explica que con la nueva Constitución sancionada en 2009, la Justicia Ordinaria, conformada por casi 1000 jueces, perdió competencias en favor de dos nuevas jurisdicciones. Por un lado, se creó la Justicia Agroambiental que, con 63 jueces y juezas a lo largo y ancho del país, dicta sentencias sobre los bosques de la Amazonía, las aguas de sus ríos y su biodiversidad. Por otro lado, el Estado Plurinacional sumó una justicia que no es nueva. “La jurisdicción Indígena Originaria Campesina siempre existió. Solo que comenzó a ser reconocida. Existen más de 24.000 comunidades y, por lo tanto, más de 24.000 autoridades. Esto significa que está presente en cada lugar del país”, comenta Terceros durante los discursos de apertura.

“Si con la jurisdicción Agroambiental logramos la coordinación, esa palabra mágica, podemos lograr muchas cosas juntos. Es importante que los jueces y las juezas puedan trabajar en conjunto con las organizaciones indígenas”

Por su parte, las autoridades indígenas reconocen la potencialidad de la complementación entre ambas jurisdicciones. Así lo manifiesta el presidente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Eloy Cartagena Yoamona: “Si con la jurisdicción Agroambiental logramos la coordinación, esa palabra mágica, podemos lograr muchas cosas juntos. Seguramente, vamos a solucionar los problemas agrarios que tenemos. Es importante que los jueces y las juezas puedan trabajar en conjunto con las organizaciones indígenas”. El dirigente agrega que el departamento de Pando está intentando cambiar su plan de uso de suelos para beneficiar la expansión de la frontera agrícola-ganadera. La propuesta busca copiar el modelo del agronegocio de Santa Cruz, algo que ya había hecho el departamento de Beni en 2019. Millones de hectáreas de bosques convertidas en campo para la soja o pasto para las vacas.

El caso de Pando nos sirve para ilustrar la disyuntiva que enfrenta el modelo boliviano. Con las reservas de gas en declive, el Gobierno de Luis Arce Catacora parece inclinarse por el extractivismo en los bosques, selvas y ríos amazónicos para conseguir los dólares que no ingresarán por los gasoductos que conectan al país con Argentina y Brasil. En este punto, comienzan algunas de las discusiones que estarán presentes durante el evento: ¿los suelos amazónicos están preparados para la producción agrícola y la cría de ganado? ¿La tierra debe ser dotada a las comunidades indígenas para garantizar su existencia o debe ser otorgada a los campesinos para cumplir una actividad productiva? ¿Qué jurisdicción tiene competencia para atender los conflictos que afectan a la naturaleza en los territorios indígenas?

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La Magistrada Elva Terceros durante los discursos de apertura del Evento Amazónico de Deslinde Competencial en Recursos Naturales Renovables. Foto: Damián Andrada

El objetivo de democratizar la justicia

Cuando la República de Bolivia se convirtió en un Estado Plurinacional en 2009, entre las múltiples transformaciones que se gestaron estuvo la de democratizar el acceso a una justicia que, como en otros países latinoamericanos, posee un marcado tinte colonial, racista y antropocéntrica. Y que, en los hechos, actuaba como el último dique de contención de la impunidad de las élites económicas. Si bien el cambio ha sido notorio, al punto de que los magistrados se eligen por el voto popular, las y los especialistas coinciden en que la Justicia sigue careciendo de independencia. En cuanto a las nuevas jurisdicciones creadas, las transformaciones van más lento de lo deseado.

La Jurisdicción Agroambiental tiene atribuciones sobre la resolución de conflictos vinculados a cuestiones agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. Asimismo, debe resolver demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; o sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. Su máximo órgano es el Tribunal Agroambiental, con sede en la capital Sucre, y la obligación de organizar y establecer a los juzgados en los diferentes municipios del país.

Las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina coinciden en que sus normas y procedimientos propios deben avanzar en el respeto a los derechos humanos y evitar las sanciones físicas.

Por su parte, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) es ejercida a través de la aplicación de sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Dado que cada comunidad tiene sus autoridades, es la Jurisdicción más democrática del país. Si bien la innovación jurídica que significa es notoria, una de las discusiones entre los especialistas radica en el ámbito de vigencia material en donde se ejerce la JIOC. Mientras en la Constitución su radio de acción es amplio, la ley que la reglamenta ha limitado sus competencias dentro de los territorios indígenas y campesinos.

Otro punto de conflicto es que, frente a la opinión pública, la Justicia Indígena Originaria Campesina aparece en la palestra mediática cuando una sanción no respeta a los derechos humanos: desde el linchamiento comunitario hasta atar al infractor a un árbol de palo santo para ser picado por las hormigas. En este sentido, las autoridades de la JIOC coinciden en que sus normas y procedimientos propios deben avanzar en el respeto a los derechos humanos y evitar las sanciones físicas.

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Las Autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina reconocen los avances, pero siguen reclamando igualdad de jerarquías. Foto: Damián Andrada

Extracción de madera y minería de oro Amazonía boliviana

Si bien Bolivia es conocida internacionalmente por la belleza cultural de su Altiplano, en realidad casi dos tercios de tu territorio corresponde a las Tierras Bajas. Esta región es el hogar de más de 30 pueblos indígenas que conviven en ecosistemas tan diversos como el monte chaqueño (compartido con Argentina y Paraguay), los fértiles valles dedicados a la producción de frutas y verduras, el bosque seco chiquitano y la Amazonía. Esta incomparable biodiversidad cobija entre 45 y 60 millones de hectáreas de bosques fundamentales para el equilibrio climático de la tierra. El problema es que también alberga una serie de recursos naturales codiciados por el modelo de desarrollo occidental.

Luis Acosta Arce es especialista en sistemas de producción y agricultura tropical sostenible y asesor del Tribunal Agroambiental: “Bolivia es uno de los 10 países más megadiversos del mundo. En este momento, las principales amenazas a los recursos naturales renovables son los incendios forestales, la presión sobre las especies maderables más requeridas por el mercado internacional (como el cedro, el tajibo y la mara) y, finalmente, los chaqueos y la agricultura migratoria. Primero se deforesta la zona y luego llegan personas a transformar ese bosque en un suelo de producción agrícola. Se deforestan cerca de dos canchas de fútbol por hora”.

Como en otros países amazónicos, la minería del oro seguirá funcionando por las necesidades económicas del Estado boliviano y porque los mineros constituyen un bloque de poder difícil de contrarrestar.

En cuanto a recursos no renovables, Acosta Arce resalta a la minería del oro: “Por un lado, las mineras no cumplen la ley y, por otro lado, es necesario que haya un aprovechamiento racional”. Diariamente, el mercurio que se utiliza para extraer el oro es vertido a ríos como el Beni y el Madre de Dios, y, por lo tanto, se contamina a toda la cuenca amazónica. Los problemas de salud comienzan cuando el mercurio es ingerido a través del consumo de pescado, uno de los principales alimentos de las comunidades de la región. Como el metal no se degrada en el organismo, daña el sistema nervioso, genera discapacidades y afecta, especialmente, a mujeres embarazadas y, a los niños y niñas. Incluso se ha encontrado mercurio en la leche materna.

El problema de la minería del oro parece no encontrar una solución a corto plazo. Como en otros países amazónicos, la minería seguirá funcionando por las necesidades económicas del Estado boliviano y, en segundo lugar, porque los mineros constituyen un bloque de poder difícil de contrarrestar. Por otro lado, Acosta Arce agrega que se debería realizar un tratamiento de mitigación ambiental a los desechos para que no afecten los cuerpos de agua. Esto difícilmente sucederá dado que la gracia de utilizar mercurio es su baja inversión. De hecho, el principal costo es la salud de los mineros y el daño a la biodiversidad: un pasivo que no impacta en el bolsillo de los operadores.

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El Río Beni y el Estrecho de El Bala, una maravilla de la naturaleza amenazada por la instalación de centrales hidroeléctricas. Foto: Damián Andrada

Las hidroeléctricas que amenazan al área protegida

A menos de una hora de Rurrenabaque se encuentra una de las principales atracciones naturales de Bolivia: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El acceso es a través del amarronado Río Beni que aguas arriba, a solo 13,5 kilómetros de Rurrenabaque, cruza el maravilloso Estrecho de El Bala. La superficie del área protegida supera los 1.895.750 de hectáreas y se extiende desde los 180 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.000, reuniendo ecosistemas tan diversos como el altiplano, los yungas, el bosque seco y la pampa. Además, alberga a 33 comunidades de indígenas tacanas, lecos y chimanes, y a familias de araonas no contactadas. Los turistas hacen excursiones de tres días con el objetivo de ver monos, guacamayos y mariposas. En cambio, cruzarse con jaguares o víboras puede no tener un final feliz.

La guía Rosa nos deja en el Puesto de Control El Bala. Un cartel grande da la bienvenida a los turistas que aprovechan para sacarse fotos: “Las acciones que tomes hoy con la naturaleza determinarán el trato que reciban tus hijos mañana”. El guardaparque explica que “el parque nacional más diverso del mundo” tiene un área de manejo integrado para que vivan las comunidades indígenas y puedan practicar su agricultura comunitaria. Entre las amenazas, está el crecimiento del narcotráfico, que conecta a Bolivia con Perú, e incluye la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas. A esto se suma el desmonte, los incendios forestales y, por supuesto, la llegada del mercurio a través de los ríos que bajan desde el departamento de La Paz.

Si bien el proyecto de las centrales hidroeléctricas está encarado bajo el eslogan de la “soberanía energética”, en verdad apunta a seguir manteniendo a Bolivia como el proveedor de energía de sus países vecinos.

Sin embargo, la principal amenaza pende de un hilo. Desde 1958, los gobiernos nacionales tienen el proyecto de construir una represa hidroeléctrica en el estrecho de El Bala. El proyecto fue retomado en 1998 por Hugo Banzer y, más tarde, en 2007 por Evo Morales. Y se complementa con una segunda represa en Chepete, a 70 kilómetros de Rurrenabaque. Las represas alcanzarían los 180 metros de altura y juntas tendrían una potencia instalada de 3.676 MW, con una generación total de 18.048 GWh por año. Si bien el proyecto está encarado bajo el eslogan de la “soberanía energética” y un mejor control del Río Beni frente a los desbordes durante las épocas de lluvia, en verdad apunta a seguir manteniendo a Bolivia como el proveedor de energía de sus países vecinos.

A pesar de la fuerte inversión calculada en 7.000 millones de dólares y su grave impacto ambiental, la actual falta de divisas que atraviesa la economía boliviana ha vuelto a llamar la atención del gobierno nacional. Esta vez bajo la conducción de Luis Arce Catacora. Las noticias han vuelto a poner en guardia no solo al pueblo de Rurrenabaque que vería, una vez más, afectado el turismo, sino también a las comunidades indígenas que sufrirían el impacto en sus ríos y territorios: los pueblo Mosetén, Tsimane, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona.

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Debia y Vicente son indígenas tacana de la comunidad de San Miguel del Bala. Se dedican a la agricultura, la cría de gallinas y el turismo comunitario. Foto: Damián Andrada

Una justicia que busca su lugar

Los pueblos indígenas y campesinos reconocen varias dificultades para acceder a la justicia. En primer lugar, no conocen la ley y los procedimientos, por eso destacan la realización de reuniones en las cuales se socializan la norma. Quienes conocen la normativa agregan que las leyes no reflejan la realidad de los pueblos indígenas originarios campesinos y que existen vacíos legales como la falta de protección a los árboles y plantas medicinales. De este modo, sienten que se imponen leyes sin tener en cuenta a las personas que viven día a día en el territorio.

A esto se suman otras dificultades como la falta de recursos humanos, de presupuesto y de conocimientos de quienes redactan las leyes y ejecutan las acciones de gobierno sobre los territorios. Por otro lado, pensar la posibilidad de control territorial y la acción de las fuerzas de seguridad, en zonas donde la economía ilegal se maneja como pez en el agua, con nexos transfronterizos muy bien aceitados y la vista gorda de los órganos de gobierno, es un punto de partida que la mayoría no ve posible revertir. Al menos en el corto plazo.

Con dificultades, la creación de la jurisdicción agroambiental, el reconocimiento de la justicia indígena y la comprensión de la naturaleza como sujeto de derechos ponen a Bolivia a la vanguardia de la escena internacional.

Finalmente, se cuestiona la igualdad de jerarquías. Si bien la Constitución Política del Estado contempla la igualdad, no siempre se cumple. “La Justicia Indígena Originaria Campesina siempre va estar supeditada a las demás jurisdicciones”, explica un dirigente campesino que se enoja porque no les permiten sumar hectáreas de tierra para la producción agrícola. La intromisión de la justicia ordinaria es un reclamo que se repite: el conflicto se profundiza porque estas decisiones no siempre respetan lo establecido en la Constitución.

A casi 15 años de la nueva Constitución Política del Estado, el funcionamiento de ambas jurisdicciones ha encontrado una serie de obstáculos que han demorado su potencial democratizador. Aún así, con la mirada en el largo plazo, es innegable que se ha abierto una ventana de transformación cuyos horizontes son imprevisibles. Con dificultades, la creación de la jurisdicción agroambiental, el reconocimiento de la justicia indígena y la comprensión de la naturaleza como sujeto de derechos ponen a Bolivia a la vanguardia de la escena internacional.