Promovida por el Estado peruano, la minería informal del oro genera problemas medioambientales, incide de manera negativa en la cultura local y afecta el sistema de organización comunitaria. A su vez, la llegada de gente foránea representa una seria afectación a la salud pública: contribuye a propagar enfermedades de transmisión sexual, aumentan los casos de VIH y problemas en la piel. Mientras la minería Ilegal cuente con el apoyo del Congreso y genere dádivas a través de la corrupción, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún toma acciones para impedir que la extracción avance sobre su territorio.
La actividad de oro en el territorio awajún se remonta a 1549, durante la colonia española. En aquel entonces, no existía Perú ni Ecuador. Los primeros estudios antropológicos identificaron a los jibaros (shuar, achuar, wampis y awajún) como el grupo humano que ocupaba el lado noroccidental de la alta Amazonía, principalmente las cuencas del Chinchipe, Zamora, Morona y Marañón. En aquellos tiempos, se fundaron muchos campamentos mineros que servían como centros de expansión demográfica, entre ellos Valladolid, Sevilla de Oro, Logroño y Santiago de las Montañas. Sin embargo, con la sublevación jibara de 1599, gran parte de estos campamentos fueron destruidos.
Según las fuentes orales que se conservan hasta la actualidad, si bien el aumento del impuesto del oro de parte del gobernador de Macas colmó la paciencia de los ancestros, la introducción de nuevas enfermedades, las violaciones sexuales y el trato infrahumano del que era víctima la población nativa fue la razón de fondo de la explosión social que puso fin a la presencia extranjera en el territorio awajún.
La historia reciente de la actividad aurífera en la alta Amazonia tiene raíces centenarias y su faceta actual es la profundización del proyecto extractivista, cuyo principal fin es la ambición acumuladora. La minería del oro atenta contra el medio ambiente y, sobre todo, contra los Pueblos Indígenas y su forma de control territorial, conduciendo a la destrucción de sus estructuras socioeconómicas e identidades culturales. Las diversas agresiones que vienen sufriendo los Pueblos Indígenas y el medioambiente se repiten cíclicamente con la misma intensidad pero con diferentes caretas, como la actividad cauchera que se llevó miles de vidas humanas.
Concesiones mineras en la Amazonia y explotación ilegal de oro
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción de oro acumulada de enero a agosto del 2024 se extiende a 69,1 millones de gramos finos, lo cual representa un crecimiento de 10,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2023 cuando se reportaron 62,5 millones de gramos finos. La Minera Yanacocha S.R.L. es la principal productora en el país. Esta cifra no incluye a la producción ilegal de oro.
Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que las exportaciones de oro de procedencia ilegal rondaron los 6.840 millones de dólares en el 2024, un 41 por ciento de incremento respecto al 2023. También, sostiene que Perú exporta el 44 por ciento de todo el oro ilegal de Sudamérica.
En el territorio awajún existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas. Entre ellas, 11 ya han sido tituladas, representando 5.900 hectáreas.
En el territorio awajún existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas.
Entre 2020 y 2024, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) otorgó 510 concesiones mineras en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. De ese total, 17 concesiones se realizaron en el departamento de Loreto solamente durante el último año. En tanto, la empresa Sociedad Minera Vicus Exploraciones, adquirida a inicios del 2024 por la canadiense Palamina Corp, tiene 92 registros en San Martín y Ucayali. A su vez, Hannan Metals Perú —también de capital canadiense— posee 61 concesiones en San Martín.
En el territorio awajún, ubicado entre los ríos Marañón y Cenepa, existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas. Entre ellas, 11 ya han sido tituladas, representando 5.900 hectáreas. Estas concesiones comprometen los cantos o las riberas de los ríos.
El camuflaje del capital extranjero
Si bien en el Perú está prohibido otorgar concesiones mineras en la ribera de los ríos, cabecera de las cuencas, lagunas y zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, la realidad contradice la normativa. Un caso emblemático es la Cordillera de Cóndor. En 2004, el gobierno, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), acordó con el pueblo Awajún la creación del Parque Nacional Ichinkat Muja, fruto de un proceso de consulta. No obstante, la consulta fue ignorada por el Estado y se privilegió la actividad minera: se recortaron 65.000 hectáreas de las 153.000 de la extensión inicial del parque nacional.
Mediante el Decreto Supremo 023-2007-AG, el parque nacional fue creado en 2007 con una extensión total de 88.477 hectáreas. En el área excluida fueron otorgadas 111 concesiones mineras sin ni siquiera considerar la opinión de científicos que calificaron la biodiversidad de la zona como de alta prioridad para su conservación. Tampoco dieron importancia al hecho de que las áreas solicitadas para su concesión eran cabecera de las cuencas.
Los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica.
Los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica.
El artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, minas, tierras, bosques o aguas. Sin embargo, los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica. Este es el caso de Dorato Perú, que tiene de padre, digamos así, a la canadiense Dorato Resources y como aliado a Afrodita.
Independientemente de si estas empresas explotan o no el oro en sus concesiones adquiridas, la cuestión es si se observa el mandato constitucional que prohíbe a los extranjeros realizar, entre otros, alguna actividad minera directa o indirectamente dentro de los cincuenta kilómetros de las líneas fronterizas.
A río revuelto, ganancia de pescadores
La política de promoción económica para el desarrollo nacional es muy precaria y criminal. Por un lado, es precaria porque a nuestros representantes no les es cómodo fomentar la economía formal: privilegian la corrupción en el marco de la ilegalidad.
Por otra parte, es criminal porque la práctica de la informalidad llega a tal extremo que impacta sobre la biodiversidad y la salud ambiental de la población local. A los destructores de la cabecera de las aguas, las riberas de los ríos y la biodiversidad, el Estado los ha premiado otorgándoles plazos para su adecuación a la ley, a través de la figura de Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La figura de REINFO entró en vigencia en junio de 2017 y con esta ley se realizaron 90.265 registros. Sin embargo, sólo 2.108 consiguieron completar el proceso de formalización. El resto continuó trabajando ilegalmente con el aval del Congreso de la República, que otorgó prórrogas en reiteradas oportunidades. Recientemente se publicó la Ley 32213, que a través de su tercera Disposición Complementaria extendió la vigencia del REINFO hasta el 30 de junio de 2025, con posibilidades de una nueva prórroga.
Crisis minera en el territorio awajún
Actualmente, entre las amenazas que afronta el pueblo Awajún se encuentran cuatro focos geográficos muy críticos. El primero es el Tambo, ubicado en la Cordillera del Cóndor, donde la extracción de oro ilegal está destruyendo los paredones de las nacientes de las aguas que alimentan los ríos Comaina y Cenepa, tributarios del Río Marañón. Este foco afecta la vida y la salud de más de 12.000 habitantes awajún, además de los impactos al medio ambiente y la biodiversidad de la zona.
Por otra parte, la población del Río Cenepa experimenta la extracción del oro aluvial con más de 70 dragas de agentes informales procedentes, en su mayoría, de Madre de Dios. Al estar contaminado con mercurio, el Río Cenepa pone en riesgo a la población que consume el agua y sus recursos hidrobiológicos. El tercer punto crítico es el Río Santiago, que recibe los impactos directos de más de 30 dragas. El cuarto foco es Saramiriza, donde también se practica el saqueo ilegal de oro aluvial con presencia de cerca de 15 dragas.
A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial. Por eso, en los últimos 18 meses, ha promovido la creación de policías comunitarias.
A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial.
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), en coordinación con la comunidad y la policía ambiental, ha realizado una serie de acciones comunitarias de interdicción en Santiago, Cenepa y Saramiriza. Gracias a acciones articuladas, la Policía Nacional y la Fuerza Armada, en cumplimiento de órdenes impartidas por la Fiscalía Ambiental, ha logrado destruir 20 dragas en el territorio awajún durante los últimos 15 meses. A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado remover los cimientos que sostienen la presencia de la minería ilegal en las zonas críticas.
A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial. Por eso, en los últimos 18 meses, ha promovido la creación de policías comunitarias y desarrollado capacitaciones para el desenvolvimiento de sus roles con apoyo de la Policía Nacional del Perú.
A manera de conclusión
La minería ilegal opera en complicidad con las autoridades del Estado, incluyendo el Congreso de la República, que permite que miles de criminales contra el medio ambiente destruyan la Amazonia al legalizar sus cometidos. De esta forma, el sector minero informal se fortalece, convirtiendo las prórrogas para su formalización en un modus operandi.
El incremento del precio del oro a nivel internacional es el principal motor de la proliferación minera que se expande en casi toda la Amazonía peruana. Esta situación se agrava debido a que el Estado actúa con mucha pasividad y la asignación de presupuesto para los patrullajes es insuficiente. Además, una de las causas de expansión de la actividad ilegal aurífera se debe a la corrupción de parte de las autoridades encargadas de los monitoreos.
Hay que asegurar que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. En este contexto, es urgente identificar la ruta de oro desde su origen a través de óptimos procesos de trazabilidad.
Hay que asegurar que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos.
Ante este panorama, es importante fortalecer el sistema interno de control territorial mediante el establecimiento de puestos claves de vigilancia y el patrullaje en los puntos críticos. Se deben bloquear las vías de ingreso de la logística y la maquinaria que se usa para la extracción ilegal de oro en los ríos. Para lograrlo, es necesario contar con recursos para sostener la vigilancia de manera permanente.
El GTAA está impulsando políticas de acción y vigilancia a la minería ilegal dirigidas a erradicar este flagelo de su territorio. Esta meta exige promover alianzas para incidir a nivel nacional e internacional, asegurando que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. En este contexto, es urgente identificar la ruta de oro desde su origen a través de óptimos procesos de trazabilidad.
Gil Inoach Shawit es el primer Pamuk (gobernador) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA). Previamente, fue presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y asesor de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). En 2021, publicó Entre la Dependencia y la Libertad: Siempre Awajún.